Hacienda me llama... el motivo es acojonante ¡Actualizado tras respuesta de la AEAT!
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Lombroso
Madmaxista
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Si tienes o has tenido un negocio sabrás que joroba que tú hagas las cosas más o menos bien a nivel fiscal e impositivo, mientras tu competencia trata de eludir todo lo que puede y, en consecuencia, ser más competitivo que tú. Por ejemplo, tener a la mitad de la plantilla trabajando sin contrato. Eso hace que soporte menos gastos de SS y demás, y aunque el precio no lo es todo, pueda ofrecer unos precios mejores que tú, robándote clientela. De ahí que por mí, que persigan a quien hace las cosas rematadamente mal.
Una cosa es que hagas determinados trabajos en B, que todos hacemos y seguiremos haciendo, o en el supuesto de trabajos puntuales, que haya empleados a los que no des de alta unas determinadas horas. Otra cosa distinta es que tengas la piratería como forma de funcionar. En ese caso probablemente acabarás cayendo, y por mí que cuanto más pronto, mejor.
Chatarrero
Vuelta al cobre
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El estado en su conjunto no son mas que servicios auxiliares de Hacienda.
Dado el gran número de estas 'comprobaciones', la AT debe tener un sistema informático para analizar los recursos, aceptarlos y comunicarlo así al contribuyente, o bien desecharlos y emitir la correspondiente propuesta de sanción. Sólo en casos muy aislados se recurrirá a humanos, porque los recursos humanos de la AT son limitados, y el número de esas 'comprobaciones' es enorme...
newdawnfades
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pabloiseguro
Ansiando el apocalipsis
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Imposible. Falta la anual donde puedes regularizar lo que te salga de los huevones. Aparte, hacienda no comprueba semejantes cosas. Directamente, te meten una propuesta de sanción por no presentar el modelo, 200 euros por trimestre y fuera.
Alexcandas
Madmaxista
Si no existen retenciones no hace falta presentar ni 111 ni 115 pero el 111 por trabajadores importantisimo tenerlo al dia , no es la primera vez que Hacienda pide modelos sin necesidad
O para "coaccionar"....
Hacienda abrió un expediente a la denunciante del 'caso De Miguel' 3 días antes de ratificar sus acusaciones en el juicio
El diputado foral de Bizkaia afirma en las Juntas que no puede hablar de casos concretos, pero ha insistido en que las inspecciones se realizan cuando existen «indicios»
La Hacienda foral de Bizkaia comunicó a Ainhoa Alberdi, la denunciante del 'caso De Miguel', la apertura de una inspección por supuestas irregularidades fiscales el 2 de marzo de 2018. La notificación llegó un viernes, tres días antes de que la abogada bilbaína estuviese citada a declarar en la Audiencia Provincial de Álava para ratificar las acusaciones que afectaban a algunos de los principales dirigentes del PNV alavés y de la Diputación foral del territorio. Su denuncia fue el inicio de una investigación que sacó a la luz la mayor trama de corrupción descubierta, juzgada y sentenciada en Euskadi.
La apertura de la inspección fiscal a Alberdi a escasas 72 horas de su declaración judicial ha sido tratada hoy en la comisión de Hacienda y Finanzas de las Juntas Generales de Bizkaia. Ha sido Xabier Benito, representante de Elkarrekin Podemos-IU, el que ha pedido la comparecencia del diputado de Hacienda, José María Iruarrizaga, para que ofrezca explicaciones sobre este asunto. El juntero se ha preguntado «cuál es la probabilidad» de que se comunique una investigación fiscal en una «fecha tan desafortunada».
Iruarrizaga, como siempre que se le pregunta por expedientes concretos, ha insistido en que la ley no le permite ofrecer información fiscal de contribuyentes concretos. Sin embargo, sí explicó el «detallado» procedimiento que da pie a la apertura de una inspección tributaria. El diputado ha subrayado que se abren expedientes cuando se detectan «indicios» de que un contribuyente no está declarando todo lo que debe. A partir de ese momento, se inicia una investigación preliminar en la que participan al menos «cuatro funcionarios». En este sentido, ha destacado que la inspección como tal sólo se hace cuando los trabajadores públicos con conocimiento del expediente ratifican la existencia de indicios de fraude.
Siempre expresándose en términos generales, Iruarrizaga ha añadido que la investigación recae entonces en otros funcionarios. Además, ha recalcado que el procedimiento ha podido desarrollarse durante «meses» antes de que a una persona le llegue una carta anunciando la apertura de una inspección. Es decir, que no hay alguien que decida cuándo se envía una misiva de estas características. El diputado ha insistido en que se trata de un procedimiento «muy tasado» y que se desarrolla «con mucha objetividad» por parte los funcionarios, sobre los que no existe «sombra de duda» Por último, ha manifestado que no puede hablar de cómo acabó el expediente y con qué resultados. Aunque el juicio se desarrolló en 2018, la abogada bilbaína había acudido a la Fiscalía en 2009.
Fuentes del entorno de Alberdi han confirmado la existencia de esta comunicación tres días antes de su citación judicial. Los mismos medios explican que también le pidieron que presentase en el plazo de un mes documentación de los últimos cuatro años. En ese momento, además, su declaración estaba programada para desarrollarse durante tres jornadas completas. Esta investigación terminó con una «regularización fiscal», añaden las mismas fuentes.
Se da la circunstancia de que la declaración de Ainhoa Alberdi –y las pruebas que aportó– fue uno de los pilares sobre los que se asentó la condena del Supremo a los exdirigentes del PNV alavés. El alto tribunal, que ratificó a grandes rasgos la condena previa de la Audiencia de Álava, estableció el pasado enero una pena de 12 años y 4 meses de guandoca para el cabecilla de la trama, el exdiputado foral Alfredo de Miguel, quien en todo caso cumplirá un máximo de 9 años en prisión. A Koldo Ochandiano se le impusieron 7 años y medio, mientras que a Aitor Tellería se le condenó a 5 años y un mes. Todos ellos se aprovecharon de «la gran influencia» de sus cargos políticos para enriquecerse –cobraban comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de contratos públicos– y deberán ingresar en prisión, algo que todavía no han hecho.
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Hacienda abrió un expediente a la denunciante del 'caso De Miguel' 3 días antes de ratificar sus acusaciones en el juicio
El diputado foral de Bizkaia afirma en las Juntas que no puede hablar de casos concretos, pero ha insistido en que las inspecciones se realizan cuando existen «indicios»
La Hacienda foral de Bizkaia comunicó a Ainhoa Alberdi, la denunciante del 'caso De Miguel', la apertura de una inspección por supuestas irregularidades fiscales el 2 de marzo de 2018. La notificación llegó un viernes, tres días antes de que la abogada bilbaína estuviese citada a declarar en la Audiencia Provincial de Álava para ratificar las acusaciones que afectaban a algunos de los principales dirigentes del PNV alavés y de la Diputación foral del territorio. Su denuncia fue el inicio de una investigación que sacó a la luz la mayor trama de corrupción descubierta, juzgada y sentenciada en Euskadi.
La apertura de la inspección fiscal a Alberdi a escasas 72 horas de su declaración judicial ha sido tratada hoy en la comisión de Hacienda y Finanzas de las Juntas Generales de Bizkaia. Ha sido Xabier Benito, representante de Elkarrekin Podemos-IU, el que ha pedido la comparecencia del diputado de Hacienda, José María Iruarrizaga, para que ofrezca explicaciones sobre este asunto. El juntero se ha preguntado «cuál es la probabilidad» de que se comunique una investigación fiscal en una «fecha tan desafortunada».
Iruarrizaga, como siempre que se le pregunta por expedientes concretos, ha insistido en que la ley no le permite ofrecer información fiscal de contribuyentes concretos. Sin embargo, sí explicó el «detallado» procedimiento que da pie a la apertura de una inspección tributaria. El diputado ha subrayado que se abren expedientes cuando se detectan «indicios» de que un contribuyente no está declarando todo lo que debe. A partir de ese momento, se inicia una investigación preliminar en la que participan al menos «cuatro funcionarios». En este sentido, ha destacado que la inspección como tal sólo se hace cuando los trabajadores públicos con conocimiento del expediente ratifican la existencia de indicios de fraude.
Siempre expresándose en términos generales, Iruarrizaga ha añadido que la investigación recae entonces en otros funcionarios. Además, ha recalcado que el procedimiento ha podido desarrollarse durante «meses» antes de que a una persona le llegue una carta anunciando la apertura de una inspección. Es decir, que no hay alguien que decida cuándo se envía una misiva de estas características. El diputado ha insistido en que se trata de un procedimiento «muy tasado» y que se desarrolla «con mucha objetividad» por parte los funcionarios, sobre los que no existe «sombra de duda» Por último, ha manifestado que no puede hablar de cómo acabó el expediente y con qué resultados. Aunque el juicio se desarrolló en 2018, la abogada bilbaína había acudido a la Fiscalía en 2009.
Fuentes del entorno de Alberdi han confirmado la existencia de esta comunicación tres días antes de su citación judicial. Los mismos medios explican que también le pidieron que presentase en el plazo de un mes documentación de los últimos cuatro años. En ese momento, además, su declaración estaba programada para desarrollarse durante tres jornadas completas. Esta investigación terminó con una «regularización fiscal», añaden las mismas fuentes.
Se da la circunstancia de que la declaración de Ainhoa Alberdi –y las pruebas que aportó– fue uno de los pilares sobre los que se asentó la condena del Supremo a los exdirigentes del PNV alavés. El alto tribunal, que ratificó a grandes rasgos la condena previa de la Audiencia de Álava, estableció el pasado enero una pena de 12 años y 4 meses de guandoca para el cabecilla de la trama, el exdiputado foral Alfredo de Miguel, quien en todo caso cumplirá un máximo de 9 años en prisión. A Koldo Ochandiano se le impusieron 7 años y medio, mientras que a Aitor Tellería se le condenó a 5 años y un mes. Todos ellos se aprovecharon de «la gran influencia» de sus cargos políticos para enriquecerse –cobraban comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de contratos públicos– y deberán ingresar en prisión, algo que todavía no han hecho.
Hacienda abrió un expediente a la denunciante del 'caso De Miguel' 3 días antes de ratificar sus acusaciones en el juicio
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Sonic The Hedgehog
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Lo van a pagar los borricos.
Las pilinguis, la coca, untar a los ERC-tarras y las off-shore en R. Dominicana de Abono y Mr. X. no se pagan solas, hamijos.
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jajaja me recuerda cuando la cartarera me dejo 6 cartas de esas de golpe
,su cara...como diciendo...pobre...En una empresa que estuve hace tiempo nos hicieron hacernos autónomos, se suponía que la gestoría de la empresa se encargaba de todos los papeleos... pero al año siguiente vimos como no habían gestionado adecuadamente las altas de autónomo y nos toco pagar multas por culpa de esos me gusta la fruta.
Ahora esto sería ilegal.
Ahora esto sería ilegal.
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