Juanmart
Cuñado nija
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Miles de casas del valle del Tiétar (Ávila), muchas de ellas pertenecientes a grandes fortunas, han sido construidas en plena naturaleza en espacios de alto valor ambiental y vulnerando la ley del suelo
Valle del Tiétar, al sur de Gredos, en la frontera entre Ávila, Toledo y Cáceres, un ejemplo de urbanismo disperso
No es una casa de campo, son miles de viviendas diseminadas en terreno rústico. La burbuja inmobiliaria no se ha detenido en algunas zonas rurales. Es el caso de Candeleda (5.200 habitantes), el municipio más extenso de Ávila, situado en el valle del Tiétar, al sur de Gredos, en la frontera entre Ávila, Toledo y Cáceres, un ejemplo de urbanismo disperso.
Candeleda es el epicentro de un boom especulativo de casas de lujo para ricos. Se calcula que, sólo en este municipio, existen más de 1.800 viviendas construidas en terreno rústico, algo que está prohibido por la ley del suelo.
Sólo en Candeleda, existen más de 1.800 viviendas construidas en terreno rústico, algo que está prohibido por la ley del suelo
También los pueblos vecinos de Arenas de San Pedro, Burgohondo, El Arenal, Fresnedilla, Piedralaves, La Adrada, Casavieja y algunos municipios más que gozan de un clima suave casi todo el año, tienen un paisaje de alto valor ecológico, son a pocos metros del Parque Regional de la Sierra de Gredos y tienen Madrid a menos de dos horas. En estos municipios, de moda entre algunas élites, se ha construido en espacios protegidos, montañas y zonas agrarias.
La Comisión de Urbanismo de Ávila y los ayuntamientos han estado dando miles de autorizaciones y licencias de construcción contrarias a la normativa.
El "interés" público de las viviendas privadas
"Se han estado dando permisos de viviendas para uso exclusivamente residencial en suelo rústico. Porque autoricen 'excepcionalmente estas viviendas, se requiere que el uso sea de interés público; pero el uso residencial, privado, no es de interés público. Por eso ya está el casco urbano del municipio y, si no hay suficiente espacio, el Ayuntamiento puede y debe modificar su planteamiento urbanístico ", explica en Diagonal Claudio Sartorius, urbanista y abogado de Ecologistas en Acción de Castilla y León.
Políticos como José María Michavila, Pedro Morenés o Francisco Granados tienen su residencia en el valle del Tiétar, la mayoría en suelo rústico
En el valle del Tiétar, políticos como José María Michavila (ex ministro del PP), Pedro Morenés (ministro de Defensa), Francisco Granados (ex número dos del PP madrileño) o familiares de Lucía Figar y de Alberto Ruiz Gallardón tienen su residencia, construida en suelo rústico en la mayoría de casos e incluso en espacios protegidos ... También banqueros: familiares de Botín y de las hermanas Koplovich; médicos como los López Ibor; aristócratas como los Gómez Acebo y empresarios y altos cargos de la administración.
Carretera de los pantanos
El camino desde Madrid es fácil. El M-501, la carretera de los pantanos, conduce al vergel del valle del Tiétar. Es la vía que Esperanza Aguirre defendió hasta el final, con su mano derecha del momento, Francisco Granados, ahora en prisión; María Dolores de Cospedal, cuando era consejera de la Comunidad de Madrid, y con el visto bueno de la que fue ministra de Medio Ambiente Elvira Rodríguez, hoy presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
La lentitud de la justicia contrasta con la rapidez de la Comunidad de Madrid para terminar la carretera, talar árboles e inundar la zona de asfalto
El desdoblamiento de la M-501 se llevó a cabo sin estudio de impacto ambiental. Aguirre adelante con la carretera y, tras las denuncias de los grupos ecologistas, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró la obra ilegal a raíz de sus impactos. El Tribunal Supremo lo ratificó. No obstante, este solicitó 490.000 euros a los ecologistas para detener las obras, cantidad que no se pudo lograr. La lentitud de la justicia contrasta con la rapidez de la Comunidad de Madrid para terminar la carretera, talar árboles e inundar la zona de asfalto.
presión urbanística
Sartorius señala que las construcciones en suelo rústico con alto valor ambiental se extienden por todo el valle del Tiétar: "Estos pueblos se han convertido en una extensión del levante español. En este caso, los que querían sol y buenas temperaturas durante nueve meses del año son personas que buscan la tranquilidad del campo que precisamente ellos mismos se encargan de destruir ".
Para Javier Perandones, arquitecto y vocal de las organizaciones ambientales a la Comisión de Urbanismo de Ávila, donde se someten a información los proyectos de estas viviendas, "hay una absoluta dejadez de funciones de las administraciones porque, sencillamente, la visión ambiental no existe ". Asegura que "desde la cabecera del Tiétar hacia adelante y en toda la zona del Alberche, cuanto más cerca de Madrid, más ocupación del suelo".
El arquitecto, que reside en uno de los municipios afectados, sostiene que Candeleda es un caso singular porque "la llegada de ciertas personas de alto poder adquisitivo ha hecho de imán para que otra gente del mismo nivel económico instale allí ".
La economía del ladrillo
Sin embargo, por el alcalde de Candeleda, Miguel Hernández (PSOE), prohibir las residencias privadas en la naturaleza "es acabar con la economía de Candeleda". Explica en Diagonal que él es proteccionista y que se opuso a la construcción de una urbanización de 500 chalets en sierra hace unos años.
Para Perandones "el problema es complejo desde el punto de vista socioeconómico". También en el ámbito legal "porque estamos un poco al pleistoceno, aunque, afortunadamente, gracias a algunos abogados que están recorriendo las licencias urbanísticas, ya hay jueces que están poniendo las cosas en su sitio".
La protección del suelo ha ido ganando espacio en la legislación. La ley del suelo de 2007 reconoció que el suelo rural tiene valor ambiental por sí mismo y llama a "el urbanismo compacto y la protección del suelo agrario".
La ley del suelo de 2007 reconoció que el suelo rural tiene valor ambiental por sí mismo y llama a "el urbanismo compacto y la protección del suelo agrario"
Sartorius denuncia que "en estos ayuntamientos, ha existido una complicidad de todas las partes implicadas: los técnicos que redactan los proyectos de las viviendas, los propietarios de los terrenos, los contratistas ... un totum revolutum en el que todos han hecho negocio. Además, se han vendido los terrenos rústicos, agrarios, a precio semiurbano, con edificabilidad asegurada ", dice.
Según Perandones, las licencias para construir las casas en el campo en el valle del Tiétar se dan "para que estos ayuntamientos cuentan con una permisividad absoluta hacia el suelo rústico".
Recursos ante la Junta
En este proceso de denuncia, también han tomado parte organizaciones ambientales locales, como la Plataforma contra la Especulación Urbanística de Candeleda, que ha visto como se urbanizan las zonas con mayor valor ambiental y el campo se llenaba de vallas.
Estas asociaciones afirman que, muchas veces, los permisos de construcción se pedían cuando las casas ya se habían levantado. En otros casos, las evaluaciones del impacto ambiental de las viviendas aprobaban después de dar las autorizaciones y no antes, como pide la normativa.
Obras de una vivienda en terreno no urbanizable en Candeleda
Obras de una vivienda en terreno no urbanizable en Candeleda / Ecologistas en Acción
Coincide un vecino de Candeleda que no desea revelar su nombre: "Aquí, lo que ha estado ocurriendo es que alguien iba al Ayuntamiento -antes con el PP y ahora con el PSOE- y decía que se quería construir una casa en la sierra y le respondían: vale, tú comienza la construcción y ya vamos pidiendo los permisos. Esto ha sido una ciudad sin ley ".
La presión de los grupos ambientales consiguió que, en octubre de 2014, se aprobara una reforma de la ley de urbanismo autonómica que prohíbe de manera contundente construir viviendas en suelo rústico.
La presión de los grupos ambientales consiguió que, en octubre de 2014, se aprobara una reforma de la ley de urbanismo autonómica que prohíbe construir viviendas en suelo rústico
"Es un paso importante que la Junta de Castilla y León haya rectificado. Una vivienda en suelo rústico es un atentado al medio ambiente, no es su lugar. No hay interés público en una residencia privada y reconocer esto ha sido una conquista tremenda. Unos argumentos que hemos estado utilizando desde hace tiempo, basándonos en sentencias de 2008 y de 2015, y también el principio del urbanismo compacto ".
Ángel Marinero, director general de Urbanismo de Castilla y León, reconoce en Diagonal que, gracias a las "denuncias de los grupos ecologistas, los tribunales han entendido que debe haber requisito de interés público y eso ya está contemplado en la ley autonómica de 2014 ", afirma. E insiste: "Ya no es posible construir estas viviendas".
Atentado contra el medio ambiente
Ecologistas en Acción de Castilla y León hace años que denuncia este grave impacto ambiental y, en los últimos meses, se han recorrido más de 30 autorizaciones de viviendas en suelo rústico en el Valle del Tiétar ante la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, permisos que habían recibido el visto bueno de la Comisión de Urbanismo de Ávila, dependiente de la Conselleria.
Ahora, estos municipios reaccionan. En Candeleda, varios portavoces de grupos políticos representados en el Ayuntamiento han declarado en Diagonal que están preocupados porque, dicen: "Este problema puede llevarnos a la ruina".
Para el alcalde de Candeleda, "el error es que la Junta de Castilla y León no debería haber admitido los recursos de los ecologistas". Hernández añade: "Ahora, desde el Ayuntamiento estamos en una situación de incertidumbre y con mucho miedo de actuar".
En los últimos meses, se han recorrido más de 30 autorizaciones de viviendas en suelo rústico en el Valle del Tiétar
La mayoría de las autorizaciones que se han recorrido perderán los permisos de construcción y se convertirán en ilegales. Pero Hernández sostiene: "A nosotros nos dijeron que podíamos dar la licencia". Y como las casas y las mansiones ya se han levantado, la norma marca restituir el suelo a su estado original, es decir, demolerlas.
"Esto supondría millones de euros (de dinero público) para que se tendrán que pagar indemnizaciones importantes a los propietarios. Si hablamos de legalidad, los propietarios de las viviendas tenían licencias. Los responsables son los que dieron los permisos ", explica Sartorius.
Para el director general de Urbanismo de Castilla y León, la ley de urbanismo "contemplaba la posibilidad de construir viviendas unifamiliares aisladas en suelo rústico; esto ha sido a la ley del 56, también en la ley del 76, y luego a la ley del suelo de Castilla y León de 1999. Es en 2014, cuando se prohíbe ", explica. Pero omite que, en cualquier caso, los años anteriores, había que tener en cuenta el "interés público" de la construcción.
Desde Ecologistas en Acción, se espera que se revoquen otras veinte autorizaciones para construir en suelo rústico dadas por la comisión de urbanismo provincial
Marinero reconoce que los tribunales han dado la razón a los ambientalistas: "Desde 2010, hay alguna sentencia que acoge este argumento y, hoy, los tribunales han entendido que tenía que haber un requisito de interés público sobre estas viviendas". El director general mantiene que, ahora, las licencias de los ayuntamientos deben acogerse a la legalidad, con todas las consecuencias.
Desde Ecologistas en Acción, se espera que se revoquen otras veinte autorizaciones para construir en suelo rústico dadas por la comisión de urbanismo provincial y las licencias entregadas por los ayuntamientos. Pero añaden que "casi todas las viviendas ya están construidos".
Sobre la demolición de las construcciones, Marinero declara: "Si, estas viviendas ya construidas, se les deniega la autorización y fracasan todas las posibilidades de encaje en el marco normativo, deberíamos ir hacia la desaparición de las viviendas" .
Por su parte, el alcalde de Candeleda carga contra el director general: "No entendemos por qué hay un cambio de actitud". Mientras tanto, los abogados de los propietarios de aquellas viviendas ya han recurrido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma.
A pesar de todo, dice Sartorius: "Son las comunidades autónomas las que regulan los usos excepcionales del suelo. Y esa es la clave. La Junta de Castilla y León ha permitido construir en terrenos rústicos, al tiempo que reconoce los valores ambientales del territorio ".
Gran valor ambiental
Este territorio cuenta con grandes áreas reguladas por figuras de protección, como la Red Natura 2000, una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), un Lugar de Interés Comunitario (LIC) y la zona del Plan de Recuperación de la águila imperial y la cigüeña de color, en peligro de extinción.
Pero las consecuencias de todas estas viviendas y las construcciones anexas son un grave impacto ambiental. Cuando se levanta una casa, explican desde la Plataforma contra la Especulación Urbanística de Candeleda, también se destruye el territorio para hacer conducciones de agua, carreteras, torres eléctricas, fosas sépticas, etc.
Las consecuencias de todas estas viviendas y las construcciones anexas es un grave impacto ambiental
Perandones explica que el impacto de las residencias en suelo rústico tiene un efecto sinérgico: "Si sumamos todas las casas del valle, todas las carreteras, todos los caminos privados que se están abriendo, todos los cerrados ... los animales no pasan ". Asegura que "este es un territorio con una centralidad ambiental muy fuerte que se está perdiendo y sustituyendo por una centralidad humana".
El representante de los grupos ambientales recuerda que estos municipios cuentan con especies protegidas como el águila imperial, la cigüeña de color y otras como el lince ibérico, en proceso de recuperación.
Los ecologistas denuncian, también, que la compañía que da luz a las viviendas, Hidroeléctrica Virgen de Chilla, empresa local, está llenando la montaña de torres eléctricas sin hacer ningún estudio de impacto ambiental. Esta hidroeléctrica ha sido requerida por la Junta de Castilla y León recientemente que "adapte" (entierre) los 44.991 lineales extendidos por todo el territorio rústico de Candeleda.
Pero la picaresca no se acaba. Las organizaciones ecologistas también denuncian que, ahora, muchos propietarios están pidiendo permisos para levantar casas en suelo rústico y utilizan el "típico truco de la caseta de herramientas", algo que sí permite la ley del suelo, pero sólo para construcciones vinculadas a el uso agrario y ganadero. En el municipio de El Arenal, están proliferando estas peticiones y los propietarios del terreno se construyen casas pequeñas, de una sola planta, con piscina, con los permisos de la comisión de urbanismo y del Ayuntamiento.
Para Luis Oviedo, abogado ambientalista de Castilla y León, lo que está sucediendo es que la Junta "ve el suelo como una oportunidad de negocio". "Las directrices son que todo vale: que vienen a cazar, cerramos el campo; que quieren construir en suelo rústico protegido, damos los permisos. La burbuja inmobiliaria se ha trasladado al campo ", denuncia Oviedo.
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Políticos y aristócratas
En Candeleda y los pueblos vecinos, tienen sus mansiones nombres conocidos de la política como José María Michavila (con un complejo de varias construcciones y muchas fuentes, que algunos llaman El Generalife) o Pedro Morenés, ministro de Defensa. Francisco Granados, impulsor de la M-501, tiene una gran finca de caza. La familia de Lucía Figar, ex consejera del PP, también tiene residencia en Candeleda.
Los hermanos Ricardo y Francisco Luis Montoro Alemán, con una importante fortuna y propietarios de muchos edificios en Madrid, también tienen una segunda residencia allí. Familiares de Ruiz Gallardón, Alfonso Ussía y las hermanas Koplovitz son otros de los que cuentan con residencias en la zona. También el sobrino de Botín, Íñigo O'Shea, que ha levantado un complejo turístico, y los millonarios filipinos Zóbel Ayala. O empresarios como Luis Carabias, que se ha construido una casa con piscina cerca del pantano de Rosarito; Fernando Peralta, que tiene residencia; Carolina Sánchez, empresaria que ha construido un hotel, etc.
Todos ellos se encuentran en el campo de golf municipal de Candeleda, construido sobre suelo protegido (Red Natura 2000, zona de campeo del águila imperial y de la cigüeña de color) y sin estudio de impacto ambiental. El anterior alcalde del PP de este municipio hizo grandes inversiones en el campo de golf que utilizan estos visitantes, mientras que el agua pública fue privatizada para las personas de Candeleda.
Valle del Tiétar, al sur de Gredos, en la frontera entre Ávila, Toledo y Cáceres, un ejemplo de urbanismo disperso
No es una casa de campo, son miles de viviendas diseminadas en terreno rústico. La burbuja inmobiliaria no se ha detenido en algunas zonas rurales. Es el caso de Candeleda (5.200 habitantes), el municipio más extenso de Ávila, situado en el valle del Tiétar, al sur de Gredos, en la frontera entre Ávila, Toledo y Cáceres, un ejemplo de urbanismo disperso.
Candeleda es el epicentro de un boom especulativo de casas de lujo para ricos. Se calcula que, sólo en este municipio, existen más de 1.800 viviendas construidas en terreno rústico, algo que está prohibido por la ley del suelo.
Sólo en Candeleda, existen más de 1.800 viviendas construidas en terreno rústico, algo que está prohibido por la ley del suelo
También los pueblos vecinos de Arenas de San Pedro, Burgohondo, El Arenal, Fresnedilla, Piedralaves, La Adrada, Casavieja y algunos municipios más que gozan de un clima suave casi todo el año, tienen un paisaje de alto valor ecológico, son a pocos metros del Parque Regional de la Sierra de Gredos y tienen Madrid a menos de dos horas. En estos municipios, de moda entre algunas élites, se ha construido en espacios protegidos, montañas y zonas agrarias.
La Comisión de Urbanismo de Ávila y los ayuntamientos han estado dando miles de autorizaciones y licencias de construcción contrarias a la normativa.
El "interés" público de las viviendas privadas
"Se han estado dando permisos de viviendas para uso exclusivamente residencial en suelo rústico. Porque autoricen 'excepcionalmente estas viviendas, se requiere que el uso sea de interés público; pero el uso residencial, privado, no es de interés público. Por eso ya está el casco urbano del municipio y, si no hay suficiente espacio, el Ayuntamiento puede y debe modificar su planteamiento urbanístico ", explica en Diagonal Claudio Sartorius, urbanista y abogado de Ecologistas en Acción de Castilla y León.
Políticos como José María Michavila, Pedro Morenés o Francisco Granados tienen su residencia en el valle del Tiétar, la mayoría en suelo rústico
En el valle del Tiétar, políticos como José María Michavila (ex ministro del PP), Pedro Morenés (ministro de Defensa), Francisco Granados (ex número dos del PP madrileño) o familiares de Lucía Figar y de Alberto Ruiz Gallardón tienen su residencia, construida en suelo rústico en la mayoría de casos e incluso en espacios protegidos ... También banqueros: familiares de Botín y de las hermanas Koplovich; médicos como los López Ibor; aristócratas como los Gómez Acebo y empresarios y altos cargos de la administración.
Carretera de los pantanos
El camino desde Madrid es fácil. El M-501, la carretera de los pantanos, conduce al vergel del valle del Tiétar. Es la vía que Esperanza Aguirre defendió hasta el final, con su mano derecha del momento, Francisco Granados, ahora en prisión; María Dolores de Cospedal, cuando era consejera de la Comunidad de Madrid, y con el visto bueno de la que fue ministra de Medio Ambiente Elvira Rodríguez, hoy presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
La lentitud de la justicia contrasta con la rapidez de la Comunidad de Madrid para terminar la carretera, talar árboles e inundar la zona de asfalto
El desdoblamiento de la M-501 se llevó a cabo sin estudio de impacto ambiental. Aguirre adelante con la carretera y, tras las denuncias de los grupos ecologistas, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró la obra ilegal a raíz de sus impactos. El Tribunal Supremo lo ratificó. No obstante, este solicitó 490.000 euros a los ecologistas para detener las obras, cantidad que no se pudo lograr. La lentitud de la justicia contrasta con la rapidez de la Comunidad de Madrid para terminar la carretera, talar árboles e inundar la zona de asfalto.
presión urbanística
Sartorius señala que las construcciones en suelo rústico con alto valor ambiental se extienden por todo el valle del Tiétar: "Estos pueblos se han convertido en una extensión del levante español. En este caso, los que querían sol y buenas temperaturas durante nueve meses del año son personas que buscan la tranquilidad del campo que precisamente ellos mismos se encargan de destruir ".
Para Javier Perandones, arquitecto y vocal de las organizaciones ambientales a la Comisión de Urbanismo de Ávila, donde se someten a información los proyectos de estas viviendas, "hay una absoluta dejadez de funciones de las administraciones porque, sencillamente, la visión ambiental no existe ". Asegura que "desde la cabecera del Tiétar hacia adelante y en toda la zona del Alberche, cuanto más cerca de Madrid, más ocupación del suelo".
El arquitecto, que reside en uno de los municipios afectados, sostiene que Candeleda es un caso singular porque "la llegada de ciertas personas de alto poder adquisitivo ha hecho de imán para que otra gente del mismo nivel económico instale allí ".
La economía del ladrillo
Sin embargo, por el alcalde de Candeleda, Miguel Hernández (PSOE), prohibir las residencias privadas en la naturaleza "es acabar con la economía de Candeleda". Explica en Diagonal que él es proteccionista y que se opuso a la construcción de una urbanización de 500 chalets en sierra hace unos años.
Para Perandones "el problema es complejo desde el punto de vista socioeconómico". También en el ámbito legal "porque estamos un poco al pleistoceno, aunque, afortunadamente, gracias a algunos abogados que están recorriendo las licencias urbanísticas, ya hay jueces que están poniendo las cosas en su sitio".
La protección del suelo ha ido ganando espacio en la legislación. La ley del suelo de 2007 reconoció que el suelo rural tiene valor ambiental por sí mismo y llama a "el urbanismo compacto y la protección del suelo agrario".
La ley del suelo de 2007 reconoció que el suelo rural tiene valor ambiental por sí mismo y llama a "el urbanismo compacto y la protección del suelo agrario"
Sartorius denuncia que "en estos ayuntamientos, ha existido una complicidad de todas las partes implicadas: los técnicos que redactan los proyectos de las viviendas, los propietarios de los terrenos, los contratistas ... un totum revolutum en el que todos han hecho negocio. Además, se han vendido los terrenos rústicos, agrarios, a precio semiurbano, con edificabilidad asegurada ", dice.
Según Perandones, las licencias para construir las casas en el campo en el valle del Tiétar se dan "para que estos ayuntamientos cuentan con una permisividad absoluta hacia el suelo rústico".
Recursos ante la Junta
En este proceso de denuncia, también han tomado parte organizaciones ambientales locales, como la Plataforma contra la Especulación Urbanística de Candeleda, que ha visto como se urbanizan las zonas con mayor valor ambiental y el campo se llenaba de vallas.
Estas asociaciones afirman que, muchas veces, los permisos de construcción se pedían cuando las casas ya se habían levantado. En otros casos, las evaluaciones del impacto ambiental de las viviendas aprobaban después de dar las autorizaciones y no antes, como pide la normativa.
Obras de una vivienda en terreno no urbanizable en Candeleda
Obras de una vivienda en terreno no urbanizable en Candeleda / Ecologistas en Acción
Coincide un vecino de Candeleda que no desea revelar su nombre: "Aquí, lo que ha estado ocurriendo es que alguien iba al Ayuntamiento -antes con el PP y ahora con el PSOE- y decía que se quería construir una casa en la sierra y le respondían: vale, tú comienza la construcción y ya vamos pidiendo los permisos. Esto ha sido una ciudad sin ley ".
La presión de los grupos ambientales consiguió que, en octubre de 2014, se aprobara una reforma de la ley de urbanismo autonómica que prohíbe de manera contundente construir viviendas en suelo rústico.
La presión de los grupos ambientales consiguió que, en octubre de 2014, se aprobara una reforma de la ley de urbanismo autonómica que prohíbe construir viviendas en suelo rústico
"Es un paso importante que la Junta de Castilla y León haya rectificado. Una vivienda en suelo rústico es un atentado al medio ambiente, no es su lugar. No hay interés público en una residencia privada y reconocer esto ha sido una conquista tremenda. Unos argumentos que hemos estado utilizando desde hace tiempo, basándonos en sentencias de 2008 y de 2015, y también el principio del urbanismo compacto ".
Ángel Marinero, director general de Urbanismo de Castilla y León, reconoce en Diagonal que, gracias a las "denuncias de los grupos ecologistas, los tribunales han entendido que debe haber requisito de interés público y eso ya está contemplado en la ley autonómica de 2014 ", afirma. E insiste: "Ya no es posible construir estas viviendas".
Atentado contra el medio ambiente
Ecologistas en Acción de Castilla y León hace años que denuncia este grave impacto ambiental y, en los últimos meses, se han recorrido más de 30 autorizaciones de viviendas en suelo rústico en el Valle del Tiétar ante la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, permisos que habían recibido el visto bueno de la Comisión de Urbanismo de Ávila, dependiente de la Conselleria.
Ahora, estos municipios reaccionan. En Candeleda, varios portavoces de grupos políticos representados en el Ayuntamiento han declarado en Diagonal que están preocupados porque, dicen: "Este problema puede llevarnos a la ruina".
Para el alcalde de Candeleda, "el error es que la Junta de Castilla y León no debería haber admitido los recursos de los ecologistas". Hernández añade: "Ahora, desde el Ayuntamiento estamos en una situación de incertidumbre y con mucho miedo de actuar".
En los últimos meses, se han recorrido más de 30 autorizaciones de viviendas en suelo rústico en el Valle del Tiétar
La mayoría de las autorizaciones que se han recorrido perderán los permisos de construcción y se convertirán en ilegales. Pero Hernández sostiene: "A nosotros nos dijeron que podíamos dar la licencia". Y como las casas y las mansiones ya se han levantado, la norma marca restituir el suelo a su estado original, es decir, demolerlas.
"Esto supondría millones de euros (de dinero público) para que se tendrán que pagar indemnizaciones importantes a los propietarios. Si hablamos de legalidad, los propietarios de las viviendas tenían licencias. Los responsables son los que dieron los permisos ", explica Sartorius.
Para el director general de Urbanismo de Castilla y León, la ley de urbanismo "contemplaba la posibilidad de construir viviendas unifamiliares aisladas en suelo rústico; esto ha sido a la ley del 56, también en la ley del 76, y luego a la ley del suelo de Castilla y León de 1999. Es en 2014, cuando se prohíbe ", explica. Pero omite que, en cualquier caso, los años anteriores, había que tener en cuenta el "interés público" de la construcción.
Desde Ecologistas en Acción, se espera que se revoquen otras veinte autorizaciones para construir en suelo rústico dadas por la comisión de urbanismo provincial
Marinero reconoce que los tribunales han dado la razón a los ambientalistas: "Desde 2010, hay alguna sentencia que acoge este argumento y, hoy, los tribunales han entendido que tenía que haber un requisito de interés público sobre estas viviendas". El director general mantiene que, ahora, las licencias de los ayuntamientos deben acogerse a la legalidad, con todas las consecuencias.
Desde Ecologistas en Acción, se espera que se revoquen otras veinte autorizaciones para construir en suelo rústico dadas por la comisión de urbanismo provincial y las licencias entregadas por los ayuntamientos. Pero añaden que "casi todas las viviendas ya están construidos".
Sobre la demolición de las construcciones, Marinero declara: "Si, estas viviendas ya construidas, se les deniega la autorización y fracasan todas las posibilidades de encaje en el marco normativo, deberíamos ir hacia la desaparición de las viviendas" .
Por su parte, el alcalde de Candeleda carga contra el director general: "No entendemos por qué hay un cambio de actitud". Mientras tanto, los abogados de los propietarios de aquellas viviendas ya han recurrido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma.
A pesar de todo, dice Sartorius: "Son las comunidades autónomas las que regulan los usos excepcionales del suelo. Y esa es la clave. La Junta de Castilla y León ha permitido construir en terrenos rústicos, al tiempo que reconoce los valores ambientales del territorio ".
Gran valor ambiental
Este territorio cuenta con grandes áreas reguladas por figuras de protección, como la Red Natura 2000, una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), un Lugar de Interés Comunitario (LIC) y la zona del Plan de Recuperación de la águila imperial y la cigüeña de color, en peligro de extinción.
Pero las consecuencias de todas estas viviendas y las construcciones anexas son un grave impacto ambiental. Cuando se levanta una casa, explican desde la Plataforma contra la Especulación Urbanística de Candeleda, también se destruye el territorio para hacer conducciones de agua, carreteras, torres eléctricas, fosas sépticas, etc.
Las consecuencias de todas estas viviendas y las construcciones anexas es un grave impacto ambiental
Perandones explica que el impacto de las residencias en suelo rústico tiene un efecto sinérgico: "Si sumamos todas las casas del valle, todas las carreteras, todos los caminos privados que se están abriendo, todos los cerrados ... los animales no pasan ". Asegura que "este es un territorio con una centralidad ambiental muy fuerte que se está perdiendo y sustituyendo por una centralidad humana".
El representante de los grupos ambientales recuerda que estos municipios cuentan con especies protegidas como el águila imperial, la cigüeña de color y otras como el lince ibérico, en proceso de recuperación.
Los ecologistas denuncian, también, que la compañía que da luz a las viviendas, Hidroeléctrica Virgen de Chilla, empresa local, está llenando la montaña de torres eléctricas sin hacer ningún estudio de impacto ambiental. Esta hidroeléctrica ha sido requerida por la Junta de Castilla y León recientemente que "adapte" (entierre) los 44.991 lineales extendidos por todo el territorio rústico de Candeleda.
Pero la picaresca no se acaba. Las organizaciones ecologistas también denuncian que, ahora, muchos propietarios están pidiendo permisos para levantar casas en suelo rústico y utilizan el "típico truco de la caseta de herramientas", algo que sí permite la ley del suelo, pero sólo para construcciones vinculadas a el uso agrario y ganadero. En el municipio de El Arenal, están proliferando estas peticiones y los propietarios del terreno se construyen casas pequeñas, de una sola planta, con piscina, con los permisos de la comisión de urbanismo y del Ayuntamiento.
Para Luis Oviedo, abogado ambientalista de Castilla y León, lo que está sucediendo es que la Junta "ve el suelo como una oportunidad de negocio". "Las directrices son que todo vale: que vienen a cazar, cerramos el campo; que quieren construir en suelo rústico protegido, damos los permisos. La burbuja inmobiliaria se ha trasladado al campo ", denuncia Oviedo.
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Políticos y aristócratas
En Candeleda y los pueblos vecinos, tienen sus mansiones nombres conocidos de la política como José María Michavila (con un complejo de varias construcciones y muchas fuentes, que algunos llaman El Generalife) o Pedro Morenés, ministro de Defensa. Francisco Granados, impulsor de la M-501, tiene una gran finca de caza. La familia de Lucía Figar, ex consejera del PP, también tiene residencia en Candeleda.
Los hermanos Ricardo y Francisco Luis Montoro Alemán, con una importante fortuna y propietarios de muchos edificios en Madrid, también tienen una segunda residencia allí. Familiares de Ruiz Gallardón, Alfonso Ussía y las hermanas Koplovitz son otros de los que cuentan con residencias en la zona. También el sobrino de Botín, Íñigo O'Shea, que ha levantado un complejo turístico, y los millonarios filipinos Zóbel Ayala. O empresarios como Luis Carabias, que se ha construido una casa con piscina cerca del pantano de Rosarito; Fernando Peralta, que tiene residencia; Carolina Sánchez, empresaria que ha construido un hotel, etc.
Todos ellos se encuentran en el campo de golf municipal de Candeleda, construido sobre suelo protegido (Red Natura 2000, zona de campeo del águila imperial y de la cigüeña de color) y sin estudio de impacto ambiental. El anterior alcalde del PP de este municipio hizo grandes inversiones en el campo de golf que utilizan estos visitantes, mientras que el agua pública fue privatizada para las personas de Candeleda.
