Hay un estudio muy interesante sobre una cuestión de más actualidad que nunca, y que ayuda a comprender mucho de lo que pasó y pasa en España:
La red de negocios de la Casa Rothschild en España como una estructura de toma de decisiones y de gestión empresarial.
Miguel A. López-Morell. Universidad de Murcia.
José María O’Kean Alonso. Universidad Pablo de Olavide.
Entre otras cosas cuenta cómo la Casa Rothschild en España formaba "clientelas reclutadas entre la clase política española. A través de ellas se buscaba ni más ni menos que influir políticamente sobre el Gobierno y demás instituciones del Estado en su provecho".
"La forma más común de compensar a estos colaboradores ocasionales o conseguir favores suyos, fue el incorporarlos a los consejos de administración de las empresas directamente controladas por la familia en España. En el caso de la empresa ferroviaria MZA, el fenómeno tomó una dimensión escandalosa, puesto que su consejo de Administración de Madrid encontramos entre 1856 y 1935, en total, nada menos que trece Ministros de Hacienda: Juan Alvarado, Manuel Bermúdez de Castro, José Manuel Collado, Venancio González, Alejandro Llorente, José Salamanca, José Canalejas, Amos Salvador, que lo fue por dos veces, y Juan Francisco Camacho, Pedro Salaverría y Gabino Bugallal, que desempeñaron hasta cuatro veces el cargo; nueve ministros de Fomento: Albareda, Alejandro Pidal y el Conde de Xiquena, por dos veces; y tres presidentes del Consejo de Ministros: Alejando Mon, Eduardo Dato, García Prieto y Bugallal. El estipendio por estos cargos de consejero alcanzaba un mínimo de 10.000 ptas. al año desde la fundación, a los que se podían añadir otras 500 ptas. mensuales por asistencia de los Consejos" y así un sinfín de corrupciones y sobornos.
Finalizando el estudio se dice:
"... trabajaban con ahínco los parlamentarios a sueldo de la Compañía en Madrid, que actuaron con bastante eficacia. Al menos en tanto que funcionaron las bases políticas de la Restauración. A partir de la instauración de la dictadura de Primo de Rivera, con el consiguiente estrangulamiento del sistema caciquil clásico en el Congreso, no pararon de surgirle problemas al gigante minero británico. El más importante, sin duda, un expediente a gran escala por evasión de impuestos. Tras hallarse motivos, el gobierno obligó a pagar una multimillonaria multa a Ríotinto, por no declarar correctamente sus exportaciones, que llegó a desequilibrar las cuentas de la compañía durante algunos años."