I. de A.
Madmaxista
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2
Al inicio del incendio, una mujer y el niño huyen de la casa. Luego otra mujer y un hombre intentan huir, pero son abatidos por los tiros de los guardias. El resto de los revolucionarios mueren abrasados vivos en el inmueble.
Son las ocho de la mañana. Rojas ha conseguido lo que quería. El pueblo casi entero está acojonado en sus casas. Pero, por alguna razón, juzga que aún hay que dar un paso más. Ordena registrar las casas una por una y proceder a la detención de sospechosos. Se generó una cuerda de 14 detenidos que, inexplicablemente, fueron fusilados, desarmados y atados, tras haber sido paseados frente al cuartelillo que horas antes tenían sitiado.
Los hechos hacen mella en la conciencia del teniente Fernández Artal, el cual probablemente tuvo algo muy parecido a un ataque de ansiedad. Rojas lo tranquiliza y de paso le recuerda que lo mejor que puede hacer es cerrar la boca sobre lo que ha visto y, luego, toma el camino de Madrid.
El día 12, el ministerio de la Gobernación, actual del Interior, regentado por Casares Quiroga, informa en una nota de los hechos de Casas Viejas. Da una cifra aproximada de víctimas (18 o 19), se refiere únicamente al episodio de la casa y los sitiados, asevera que la operación se realizó con bombas de mano y cita el incendio sólo para justificarlo como consecuencia de las mismas. Los hechos, sin embargo, habían tenido muchos testigos, especialmente desde las trochas de los alrededores del pueblo. Campesinos que pudieron huir de la represión posterior fueron a Medina Sidonia y comenzaron a contar lo que habían visto. El día 15, dos periódicos de Madrid deciden destacar enviados especiales. La Libertad envía nada menos que a Ramón J. Sender; y La Tierra envía a Eduardo de Guzmán, quizá su mejor informador y autor de interesantes libros sobre la República y la Guerra Civil. Pese a luchar con el mutismo oficial, de la mano o la pluma de estos enviados, el día 19 la prensa empieza a publicar retazos de verdad.
En aquel entonces la República tenía una costumbre hasta cierto punto insana por lo poco ejemplarizante que ha heredado nuestra democracia, y es ésa de dar a los parlamentarios más vacaciones que las de la hija del marqués. El Parlamento no abre sus puertas hasta el 1 de febrero pero, para cuando lo hace, lo hace para servir de caja de resonancia del enorme ***ón de Casas Viejas. Ese mismo día Eduardo Ortega y Gasset, diputado radical-socialista (y, por lo tanto, teórico socio del gobierno) presenta una interpelación y un informe en el que asevera con precisión que once personas han sido asesinadas mientras estaban atadas e inermes. Casares (inexplicablemente, diría yo) ni siquiera está en el hemiciclo, así pues tiene que contestar el subsecretario, Carlos Esplá, el cual hace un papelón que apenas calla las bocas menos exigentes.
El día 2 ya es Lerroux, es decir el jefe de la minoría opositora al gobierno más numerosa, el que se levanta, provocando la contestación del mismísimo Azaña, jefe de gobierno. En esta intervención, Azaña utiliza esa típica estrategia que dice que cuando no quieras hablar de lo particular, extiéndete en lo general. Azaña se lanza a peroratas sobre la acción general del gobierno y sobre Casas Viejas, además de decir que ya está todo aclarado, pronuncia la célebre, desgraciadísima frase, de «en Casas Viejas no ha ocurrido, que sepamos, sino lo que tenía que ocurrir». Esta frase sólo se justifica aceptando que Azaña era orate, que en mi opinión puede ser con mucha mayor probabilidad de lo que habitualmente se acepta; que, en ese momento, no supiera realmente lo que había pasado en Casas Viejas (pero si dijo eso sin saberlo, alto orate sí que era); o ambas cosas a la vez.
Se propone la creación de una comisión parlamentaria. El gobierno, que tiene casi 20 muertos sobre la mesa, tiene el cuajo de rechazarla (123 votos a 81).
A los hagiógrafos de don Manuel Azaña les gusta recordar que, tras este debate, el presidente del Gobierno se aplicó a saber lo que realmente había pasado en Casas Viejas y de hecho encargó al teniente coronel Romeu una investigación. Todos estos datos son ciertos. Pero, sin embargo, no dejan de formar parte de una, a mi modo de ver, excesiva comprensión para con Azaña. El 2 de febrero, cuando se levanta en las Cortes para contestar a Lerroux, han pasado ya 20 días desde la matanza de Casas Viejas, y los abrumadores testimonios publicados por la prensa hacen imposible a nadie creer que la versión de Casares es la correcta. De hecho, el gesto de Azaña, encargando una investigación propia, deja ver claramente que él mismo lo piensa. Resulta muy difícil de creer que Azaña fuese a la sesión del día 2 completamente ciego. Que no supiera aún con certeza, tiene un pase. Pero que ni siquiera sospechase, eso no se lo cree ni el que asó la manteca. Así pues Azaña, en las Cortes, se levantó, si no para mentir, sí para sospechar que estaba mintiendo.
El 13 de febrero, en su diario, Azaña dice que recibe noticias de Casas Viejas y que se teme lo peor. Esta entrada del diario sirve para que quienes creen en él sustenten que antes no sabía nada. Pero eso mismo convierte a Azaña en un presidente del Gobierno delante del cual los policías se cargan impunemente a más de 15 personas y él se tira un mes entero sin saberlo.
El día 23 el diputado Salvador Sediles, sobreviviente de la sublevación de Jaca por cierto, hace público en el parlamento las averiguaciones hechas por los diputados por libre y sobre el terreno. Es la primera vez que en las Cortes se oye completa la versión real de lo ocurrido.
Azaña se levanta a contestar. Lo que hace es dividir los hechos en dos periodos distintos. Hay uno que va hasta las 8 de la mañana del 12 y otro que ocupa lo que ocurrió después. Del primero asevera que se respetó la legalidad a machamartillo. Y, sobre el segundo, realiza un retruécano políticamente irresponsable, o mejor yo diría impresentable: «¿Tenemos nosotros algo que ver con el que haya podido faltar a sus obligaciones en Casas Viejas ni en ninguna otra parte?» Acojonante. Un presidente del Gobierno confesando, neցro sobre blanco, que si alguien, utilizando el aval de formar parte de las fuerzas de seguridad, va y se pasa metiéndole unos tiritos a unos mataos, él no tiene por qué ser responsable. De la bronca que se montó el gobierno se hizo tanta caquita que se le disolvió el cuajo y acabó por permitir la formación de la comisión parlamentaria (173 votos contra 130).
Para aquel entonces el principal implicado en la cuestión, el capitán Rojas, estaba tratando de tapar bocas. Viajó a Sevilla para tratar de tranquilizar al cada vez más histérico Fernández Artal. Pero, sin embargo, mientras estaba haciendo eso, cinco capitanes de Seguridad firmaban un acta, que hacían llegar a Azaña, en la que, entre otras cosas, declaraban que en enero de 1933 el Director General de Seguridad les dio instrucciones «de que en los encuentros que hubiera con los revoltosos con motivo de los sucesos que se avecinaban en aquellos días, el gobierno no quería ni heridos ni prisioneros». Obsérvese que el acta pone en los labios de Menéndez las palabras «el gobierno no quiere». Para más inri, además de a Azaña, le enviaron el acta a un diputado de la oposición, el radical Tomás Peyre.
Los firmantes del documento fueron apartados del servicio y expedientados. Azaña, por su parte, llamó a su presencia a Rojas, quien confirmó en la entrevista haber recibido las órdenes y, consiguientemente, avaló el acta, aunque aún negaba las ejecuciones a sangre fría.
El 2 de marzo, la oposición ensayó una nueva censura al gobierno por el asunto de Casas Viejas. Azaña se defendió calificando el acta de los capitanes de movida política. Hubo quien pensó que había saltado la valla y que saldría de aquélla con los huevoncillos en su sitio. Pero apenas unas horas después, el día 3, Fernández Artal estalló. Estando en Madrid, se sinceró con sus compañeros del cuartel de Pontejos, los cuales le recomendaron que hablase, por lo que prestó en la DGS, y ante un abogado del Estado, una declaración en la que confirmaba la producción de ejecuciones sin legalidad alguna.
La publicación de esta confesión provocó la dimisión de Menéndez, incapaz ya de permanecer en el cargo. El consejo de ministros, en reunión de urgencia, ordenó un careo ante el juez de Rojas y Fernández Artal. Si lo montó para solucionar el asunto, la cosa le salió mal, porque fue Rojas el que se derrumbó y acabó por reconocerlo todo.
El 7 de marzo, mes y medio después de los hechos y dos semanas después del informe Sediles, Azaña se levantó en el Parlamento para reconocer los fusilamientos por primera vez. Presentó el nombramiento del juez especial como una demostración de la preocupación del gobierno por esclarecer los hechos.
El 10 de marzo, la comisión parlamentaria culminó sus trabajos, en los que hablaba de fusilamientos sumarios ordenados por la Dirección General de Seguridad. Se exculpaba totalmente a los miembros del gobierno. El 16 de marzo, la oposición boicoteó la votación de este dictamen, que quedó aprobado por 210 votos contra uno.
Sin embargo, la aritmética parlamentaria no lo es todo en democracia. El gobierno perdió, seguidas, las elecciones municipales parciales de abril de aquel año y, después, las convocadas para las vocalías del Tribunal de Garantías. La gota malaya de la oposición obligó a Azaña a dimitir en septiembre de 1933. Pocas semanas después, la derecha arrasaba en las urnas.
¿Cuál es la valoración que cabe hacer de Casas Viejas? Muchos historiadores han destacado, en los últimos años, la inocencia básica de Azaña, sosteniendo que el presidente del gobierno no supo de la existencia de los asesinatos impunes como muy pronto hasta el 19 de marzo. A mi modo de ver, esta interpretación no tiene pase. En democracia, como bien le recordarían una vez a Felipe González hablando del GAL, un presidente del gobierno es culpable tanto de saber, como de no saber. Porque el presi que no sabe que el seno de su administración se viola la ley es culpable de no saberlo, como lo es quien ordena dicha violación a sabiendas.
A mi modo de ver, además, en la oscuridad de esta historia queda desdibujada la figura de Arturo Menéndez. Es muy difícil pensar en un director general de Seguridad que da por su cuenta y riesgo una orden tan tajante como evitar la producción de heridos o prisioneros. Cualquier persona con dos dedos de frente sabe que eso es algo que se acabará volviendo contra uno mismo si, finalmente, sale a la luz y verdaderamente no se cuenta con apoyo de arriba. Así pues, me resulta muy difícil de creer que, cuando menos, don Santiago Casares Quiroga no estuviese informado, cuando no fuese el padre de la citada instrucción. Y, nuevamente, me cuesta creer que un ministro del Interior dé una orden así sin tener claro que Manitú la apoya.
Bartolomé Barba, capitán del ejército y destacado militar proalzamiento (fundaría la Unión Militar Española) fue por ahí contando, en esos días, que el día 11 se encontraba de guardia y que escuchó a Azaña decir «ni heridos ni prisioneros; tiros a la barriga». La mayoría de los historiadores se inclinan por pensar que esto fue una invención opositora y que Azaña nunca dio esa instrucción. Muy probablemente, es así. Don Manuel Azaña no es un malo. Es, tan sólo, un mal, bastante más malo de lo que se suele decir, presidente del gobierno.
La República, además, acabó por abrochar con este asunto de Casas Viejas uno de sus esperpentos legales más acendrados. Porque el ya ex director general de Seguridad vio su causa sobreseída en el proceso por los sucesos; proceso en el que el capitán Rojas fue condenado a 21 años de prisión. Quizá por el cabreo que se pilló por comerse el marrón él solito, llegada la guerra Rojas se pasó al otro bando y participó en la represión en Granada.
Origen: Historias de España: Casas Viejas
Al inicio del incendio, una mujer y el niño huyen de la casa. Luego otra mujer y un hombre intentan huir, pero son abatidos por los tiros de los guardias. El resto de los revolucionarios mueren abrasados vivos en el inmueble.
Son las ocho de la mañana. Rojas ha conseguido lo que quería. El pueblo casi entero está acojonado en sus casas. Pero, por alguna razón, juzga que aún hay que dar un paso más. Ordena registrar las casas una por una y proceder a la detención de sospechosos. Se generó una cuerda de 14 detenidos que, inexplicablemente, fueron fusilados, desarmados y atados, tras haber sido paseados frente al cuartelillo que horas antes tenían sitiado.
Los hechos hacen mella en la conciencia del teniente Fernández Artal, el cual probablemente tuvo algo muy parecido a un ataque de ansiedad. Rojas lo tranquiliza y de paso le recuerda que lo mejor que puede hacer es cerrar la boca sobre lo que ha visto y, luego, toma el camino de Madrid.
El día 12, el ministerio de la Gobernación, actual del Interior, regentado por Casares Quiroga, informa en una nota de los hechos de Casas Viejas. Da una cifra aproximada de víctimas (18 o 19), se refiere únicamente al episodio de la casa y los sitiados, asevera que la operación se realizó con bombas de mano y cita el incendio sólo para justificarlo como consecuencia de las mismas. Los hechos, sin embargo, habían tenido muchos testigos, especialmente desde las trochas de los alrededores del pueblo. Campesinos que pudieron huir de la represión posterior fueron a Medina Sidonia y comenzaron a contar lo que habían visto. El día 15, dos periódicos de Madrid deciden destacar enviados especiales. La Libertad envía nada menos que a Ramón J. Sender; y La Tierra envía a Eduardo de Guzmán, quizá su mejor informador y autor de interesantes libros sobre la República y la Guerra Civil. Pese a luchar con el mutismo oficial, de la mano o la pluma de estos enviados, el día 19 la prensa empieza a publicar retazos de verdad.
En aquel entonces la República tenía una costumbre hasta cierto punto insana por lo poco ejemplarizante que ha heredado nuestra democracia, y es ésa de dar a los parlamentarios más vacaciones que las de la hija del marqués. El Parlamento no abre sus puertas hasta el 1 de febrero pero, para cuando lo hace, lo hace para servir de caja de resonancia del enorme ***ón de Casas Viejas. Ese mismo día Eduardo Ortega y Gasset, diputado radical-socialista (y, por lo tanto, teórico socio del gobierno) presenta una interpelación y un informe en el que asevera con precisión que once personas han sido asesinadas mientras estaban atadas e inermes. Casares (inexplicablemente, diría yo) ni siquiera está en el hemiciclo, así pues tiene que contestar el subsecretario, Carlos Esplá, el cual hace un papelón que apenas calla las bocas menos exigentes.
El día 2 ya es Lerroux, es decir el jefe de la minoría opositora al gobierno más numerosa, el que se levanta, provocando la contestación del mismísimo Azaña, jefe de gobierno. En esta intervención, Azaña utiliza esa típica estrategia que dice que cuando no quieras hablar de lo particular, extiéndete en lo general. Azaña se lanza a peroratas sobre la acción general del gobierno y sobre Casas Viejas, además de decir que ya está todo aclarado, pronuncia la célebre, desgraciadísima frase, de «en Casas Viejas no ha ocurrido, que sepamos, sino lo que tenía que ocurrir». Esta frase sólo se justifica aceptando que Azaña era orate, que en mi opinión puede ser con mucha mayor probabilidad de lo que habitualmente se acepta; que, en ese momento, no supiera realmente lo que había pasado en Casas Viejas (pero si dijo eso sin saberlo, alto orate sí que era); o ambas cosas a la vez.
Se propone la creación de una comisión parlamentaria. El gobierno, que tiene casi 20 muertos sobre la mesa, tiene el cuajo de rechazarla (123 votos a 81).
A los hagiógrafos de don Manuel Azaña les gusta recordar que, tras este debate, el presidente del Gobierno se aplicó a saber lo que realmente había pasado en Casas Viejas y de hecho encargó al teniente coronel Romeu una investigación. Todos estos datos son ciertos. Pero, sin embargo, no dejan de formar parte de una, a mi modo de ver, excesiva comprensión para con Azaña. El 2 de febrero, cuando se levanta en las Cortes para contestar a Lerroux, han pasado ya 20 días desde la matanza de Casas Viejas, y los abrumadores testimonios publicados por la prensa hacen imposible a nadie creer que la versión de Casares es la correcta. De hecho, el gesto de Azaña, encargando una investigación propia, deja ver claramente que él mismo lo piensa. Resulta muy difícil de creer que Azaña fuese a la sesión del día 2 completamente ciego. Que no supiera aún con certeza, tiene un pase. Pero que ni siquiera sospechase, eso no se lo cree ni el que asó la manteca. Así pues Azaña, en las Cortes, se levantó, si no para mentir, sí para sospechar que estaba mintiendo.
El 13 de febrero, en su diario, Azaña dice que recibe noticias de Casas Viejas y que se teme lo peor. Esta entrada del diario sirve para que quienes creen en él sustenten que antes no sabía nada. Pero eso mismo convierte a Azaña en un presidente del Gobierno delante del cual los policías se cargan impunemente a más de 15 personas y él se tira un mes entero sin saberlo.
El día 23 el diputado Salvador Sediles, sobreviviente de la sublevación de Jaca por cierto, hace público en el parlamento las averiguaciones hechas por los diputados por libre y sobre el terreno. Es la primera vez que en las Cortes se oye completa la versión real de lo ocurrido.
Azaña se levanta a contestar. Lo que hace es dividir los hechos en dos periodos distintos. Hay uno que va hasta las 8 de la mañana del 12 y otro que ocupa lo que ocurrió después. Del primero asevera que se respetó la legalidad a machamartillo. Y, sobre el segundo, realiza un retruécano políticamente irresponsable, o mejor yo diría impresentable: «¿Tenemos nosotros algo que ver con el que haya podido faltar a sus obligaciones en Casas Viejas ni en ninguna otra parte?» Acojonante. Un presidente del Gobierno confesando, neցro sobre blanco, que si alguien, utilizando el aval de formar parte de las fuerzas de seguridad, va y se pasa metiéndole unos tiritos a unos mataos, él no tiene por qué ser responsable. De la bronca que se montó el gobierno se hizo tanta caquita que se le disolvió el cuajo y acabó por permitir la formación de la comisión parlamentaria (173 votos contra 130).
Para aquel entonces el principal implicado en la cuestión, el capitán Rojas, estaba tratando de tapar bocas. Viajó a Sevilla para tratar de tranquilizar al cada vez más histérico Fernández Artal. Pero, sin embargo, mientras estaba haciendo eso, cinco capitanes de Seguridad firmaban un acta, que hacían llegar a Azaña, en la que, entre otras cosas, declaraban que en enero de 1933 el Director General de Seguridad les dio instrucciones «de que en los encuentros que hubiera con los revoltosos con motivo de los sucesos que se avecinaban en aquellos días, el gobierno no quería ni heridos ni prisioneros». Obsérvese que el acta pone en los labios de Menéndez las palabras «el gobierno no quiere». Para más inri, además de a Azaña, le enviaron el acta a un diputado de la oposición, el radical Tomás Peyre.
Los firmantes del documento fueron apartados del servicio y expedientados. Azaña, por su parte, llamó a su presencia a Rojas, quien confirmó en la entrevista haber recibido las órdenes y, consiguientemente, avaló el acta, aunque aún negaba las ejecuciones a sangre fría.
El 2 de marzo, la oposición ensayó una nueva censura al gobierno por el asunto de Casas Viejas. Azaña se defendió calificando el acta de los capitanes de movida política. Hubo quien pensó que había saltado la valla y que saldría de aquélla con los huevoncillos en su sitio. Pero apenas unas horas después, el día 3, Fernández Artal estalló. Estando en Madrid, se sinceró con sus compañeros del cuartel de Pontejos, los cuales le recomendaron que hablase, por lo que prestó en la DGS, y ante un abogado del Estado, una declaración en la que confirmaba la producción de ejecuciones sin legalidad alguna.
La publicación de esta confesión provocó la dimisión de Menéndez, incapaz ya de permanecer en el cargo. El consejo de ministros, en reunión de urgencia, ordenó un careo ante el juez de Rojas y Fernández Artal. Si lo montó para solucionar el asunto, la cosa le salió mal, porque fue Rojas el que se derrumbó y acabó por reconocerlo todo.
El 7 de marzo, mes y medio después de los hechos y dos semanas después del informe Sediles, Azaña se levantó en el Parlamento para reconocer los fusilamientos por primera vez. Presentó el nombramiento del juez especial como una demostración de la preocupación del gobierno por esclarecer los hechos.
El 10 de marzo, la comisión parlamentaria culminó sus trabajos, en los que hablaba de fusilamientos sumarios ordenados por la Dirección General de Seguridad. Se exculpaba totalmente a los miembros del gobierno. El 16 de marzo, la oposición boicoteó la votación de este dictamen, que quedó aprobado por 210 votos contra uno.
Sin embargo, la aritmética parlamentaria no lo es todo en democracia. El gobierno perdió, seguidas, las elecciones municipales parciales de abril de aquel año y, después, las convocadas para las vocalías del Tribunal de Garantías. La gota malaya de la oposición obligó a Azaña a dimitir en septiembre de 1933. Pocas semanas después, la derecha arrasaba en las urnas.
¿Cuál es la valoración que cabe hacer de Casas Viejas? Muchos historiadores han destacado, en los últimos años, la inocencia básica de Azaña, sosteniendo que el presidente del gobierno no supo de la existencia de los asesinatos impunes como muy pronto hasta el 19 de marzo. A mi modo de ver, esta interpretación no tiene pase. En democracia, como bien le recordarían una vez a Felipe González hablando del GAL, un presidente del gobierno es culpable tanto de saber, como de no saber. Porque el presi que no sabe que el seno de su administración se viola la ley es culpable de no saberlo, como lo es quien ordena dicha violación a sabiendas.
A mi modo de ver, además, en la oscuridad de esta historia queda desdibujada la figura de Arturo Menéndez. Es muy difícil pensar en un director general de Seguridad que da por su cuenta y riesgo una orden tan tajante como evitar la producción de heridos o prisioneros. Cualquier persona con dos dedos de frente sabe que eso es algo que se acabará volviendo contra uno mismo si, finalmente, sale a la luz y verdaderamente no se cuenta con apoyo de arriba. Así pues, me resulta muy difícil de creer que, cuando menos, don Santiago Casares Quiroga no estuviese informado, cuando no fuese el padre de la citada instrucción. Y, nuevamente, me cuesta creer que un ministro del Interior dé una orden así sin tener claro que Manitú la apoya.
Bartolomé Barba, capitán del ejército y destacado militar proalzamiento (fundaría la Unión Militar Española) fue por ahí contando, en esos días, que el día 11 se encontraba de guardia y que escuchó a Azaña decir «ni heridos ni prisioneros; tiros a la barriga». La mayoría de los historiadores se inclinan por pensar que esto fue una invención opositora y que Azaña nunca dio esa instrucción. Muy probablemente, es así. Don Manuel Azaña no es un malo. Es, tan sólo, un mal, bastante más malo de lo que se suele decir, presidente del gobierno.
La República, además, acabó por abrochar con este asunto de Casas Viejas uno de sus esperpentos legales más acendrados. Porque el ya ex director general de Seguridad vio su causa sobreseída en el proceso por los sucesos; proceso en el que el capitán Rojas fue condenado a 21 años de prisión. Quizá por el cabreo que se pilló por comerse el marrón él solito, llegada la guerra Rojas se pasó al otro bando y participó en la represión en Granada.
Origen: Historias de España: Casas Viejas
