Documentos desclasificados implican al PSOE en las peores matanzas de la Guerra Civil española

Memoria histórica versus libertad – Alfonso Bullón de Mendoza

«No es el momento de luchar contra la dictadura de Franco, pues murió hace cuarenta y dos años. Es el momento de luchar en defensa de la libertad que hoy disfrutamos frente a los nuevos aspirantes a tiranos, frente a los que pretenden dejar sin efecto el artículo 20 de nuestra Constitución, que defiende la libertad de expresión en general y la libertad de cátedra en particular»
ALFONSO BULLÓN DE MENDOZA 07/02/2018 08:59h

La ley de Memoria Histórica fue una mala ley. Es verdad que tenía aspectos positivos, como facilitar la búsqueda de los cadáveres de las víctimas de la guerra que aún yacían en el lugar de su ejecución, o potenciar los estudios históricos sobre el periodo. Pero en su planteamiento general había un claro deseo de revanchismo por parte de quienes perdieron la guerra. El punto fundamental de su falsificación de la historia consiste en poner el comienzo de la gran tragedia española del siglo XX en el alzamiento del 18 de julio de 1936, olvidando las causas que llevaron a él, causas que, según Ortega, eran lo primero y más sustancial que había que conocer para opinar del conflicto, y que incluyen hechos tan significativos como que el Frente Popular llegó al poder falsificando el resultado electoral.

Al PSOE y sus adláteres no les interesaba recordar estos antecedentes, y por tanto su visión se limita a que en 1936 había un régimen democrático plenamente equiparable con el que hoy disfrutamos, y unos señores malos, muy malos, que se sublevaron contra él porque no les gustaba la libertad. Y en virtud de ello se ha obligado a cambiar los nombres de numerosas calles y quitar cuantos símbolos podían recordar el régimen de Franco.

La ley era mala, pero empeorable, y a ello se han dedicado con ahínco diversos gobiernos autonómicos, como los de Andalucía, Valencia y Aragón. Se trata de textos similares y que anticipan el que ha presentado el PSOE a las Cortes el pasado 14 de diciembre, sin duda el más sectario y liberticida de todos. Un comentario a fondo de dicho escrito exigiría mucho más espacio del disponible, por lo que señalaré los aspectos que considero más graves para el futuro de España y de la libertad.

El artículo 32 dispone que el Ministerio de Educación se encargará de «la inclusión de la memoria democrática» en «el currículo de la educación primaria, secundaria obligatoria, bachillerato y para personas adultas. Asimismo impulsará, en colaboración con las universidades, la incorporación de la memoria democrática en los estudios universitarios». Un programa de adoctrinamiento en todos los niveles de la enseñanza que irá acompañado del adoctrinamiento del profesorado, mediante la inclusión en sus planes de formación de «la actualización científica, didáctica y pedagógica en relación con el tratamiento escolar de la memoria democrática con el objetivo de dotar al profesorado de herramientas conceptuales y metodológicas adecuadas». El artículo 35 establece que a través de los medios de comunicación públicos se promocionará el conocimiento de la memoria democrática y «se elaborará un manual de estilo para el adecuado tratamiento de la información en materia de memoria histórica». Sobran comentarios.

Toda nación, y más una nación que no pasa por sus mejores momentos, necesita impulsar elementos que potencien su cohesión. Si la memoria democrática fuera el estudio de cómo tras la fin de Franco los políticos del régimen y las fuerzas de la oposición se pusieron de acuerdo para implantar un régimen de libertades, su propagación podría servir para fomentar la unión entre los españoles. Pero la memoria democrática, tal y como está concebida, es la asunción de que en España hubo una guerra civil con buenos y malos, que ganaron los malos, que los malos estuvieron en el poder durante varias décadas, y que gracias a la lucha contra los malos de fuerzas tan democráticas a lo largo de toda su historia como los comunistas, los socialistas o los nacionalistas volvió a España la democracia idílica de 1936. La renuncia al espíritu de la tras*ición (y a la verdad) es evidente, y por eso algunos sectores políticos plantean una nueva tras*ición. «Y puesto que la tras*ición fue una tras*ición hacia la democracia –afirma Stanley Payne– presumiblemente marcaría el comienzo del abandono de la democracia».

En este sentido parecen ir las disposiciones adicionales del texto, donde se propone una alteración del Código Penal para que se condene a penas de hasta cuatro años de prisión a quienes «enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión pública o de difusión el franquismo», y «quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguna de las víctimas». Sanciones que se ven agraviadas en el caso del profesorado: «Se impondrá además la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo superior entre tres y diez años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia».

Según la literalidad del texto, me temo que un profesor que explique las razones de los alzados para sublevarse, señale que entre las víctimas de la represión franquista hubo quienes estuvieron implicados en las decenas de miles de asesinatos cometidos en la zona frentepopulista, o se atreva a decir que en la época de Franco hubo en España un gran desarrollo económico y social, es susceptible de ser enviado a la guandoca e inhabilitado para ejercer su profesión. Y sin embargo es evidente que quienes se sublevaron tuvieron buenos motivos para hacerlo (se comparta o no su decisión), que no todas las víctimas de la represión franquista eran ángeles de la caridad, y que en la época de Franco se produjo un desarrollo político y social que facilitó enormemente la tras*ición política.

No es el momento de luchar contra la dictadura de Franco, pues murió hace cuarenta y dos años. Es el momento de luchar en defensa de la libertad que hoy disfrutamos frente a los nuevos aspirantes a tiranos, frente a los que pretenden dejar sin efecto el artículo 20 de nuestra Constitución, que defiende la libertad de expresión en general y la libertad de cátedra en particular. Contra quienes pretenden que sea el Estado, y no los historiadores, en el ejercicio libre de su profesión, quien construya la Historia. Como señalaban hace varios años algunos de los más reputados historiadores franceses: «La historia no es un objeto jurídico. En un Estado libre, no corresponde ni al Parlamento ni a la autoridad judicial definir la verdad histórica. La política del Estado, aun cuando esté animada por las mejores intenciones, no es la política de la historia».

Por todo ello, cuando llegue la hora de votar esta ley en las Cortes, es bueno que nuestros representantes tengan claro que no estarán votando sobre si la dictadura de Franco fue buena o mala, sino a favor o en contra de la libertad en la España del siglo XXI.

Alfonso Bullón de Mendoza es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo

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Los archivos, la izquierda y la Guerra Civil

Letras Libres

Stephen Schwartz
31 enero 2011


En una inesperada coincidencia, la caída de los regímenes comunistas y la apertura (en algunos casos temporal) de sus archivos a principios de la década de 1990 se produjeron tras un proceso similar de hallazgos documentales en España en torno a la Guerra Civil, en la que el comunismo desempeñó una función central. La divulgación de los archivos en España tras la fin de Franco estuvo mejor organizada y fue más completa y exhaustiva que la de países como Rusia.

La apertura, publicación y estudio del material de los archivos, sin embargo, se retrasó con respecto a la reedición y producción de nuevos libros sobre la historia de los republicanos radicales en España, incluidos el movimiento anarcosindicalista, el psoe, el POUM y Esquerra Republicana de Cataluña. Los descubrimientos documentales y los nuevos volúmenes historiográficos más útiles versaban sobre esos partidos. En cambio, en España se han producido pocos textos novedosos sobre el “oficial” Partido Comunista de España (PCE), y –aparte de la documentación de las relaciones entre el pce como miembro de la Internacional Comunista y su principal adversario en la izquierda, el POUM, que se consideraba comunista pero antiestalinista– el material sobre el pce proviene generalmente de los archivos rusos, cuya limitada apertura es extraordinariamente valiosa. Un libro que recoge documentos soviéticos acerca de la guerra, España traicionada, originalmente publicado en inglés, ha supuesto una contribución excepcional a las nuevas perspectivas sobre la contienda.1

La Guerra Civil y la historia de la izquierda

La Guerra Civil española ya se consideraba uno de los temas históricos más perdurables y fecundos del siglo XX por la cantidad de producciones académicas y literarias que había generado cuando murió Franco. Entonces se publicaron muchos materiales de fuentes primarias, y nuevas obras de análisis en muchos idiomas, la mayoría a partir de fuentes secundarias, siguen apareciendo en el siglo XXI.
En estas páginas me ocuparé de obras excepcionales basadas en descubrimientos realizados en los archivos, o que introduzcan documentación previamente desconocida sobre el comunismo, el POUM y las demás fuerzas radicales del conflicto.

Los nuevos volúmenes, reediciones y materiales de archivo más interesantes tienen que ver con el POUM. Aunque entre 1937 y 1975 se publicaron algunas obras valiosas sobre los partidos de izquierda en España, en el extranjero no se había editado casi nada representativo sobre el POUM o su punto de vista. En cambio, los comunistas y anarquistas desarrollaron en numerosos países una intensa actividad editorial, que dirigían tanto al público local como a sus adeptos. El psoe y la izquierda catalana, aparte de los periódicos para exiliados y memorias para los suyos, no habían publicado fuera de España y los países de su diáspora, Francia y América Latina.

La falta de material de fuentes fiables sobre el POUM era especialmente problemática. El POUM, sus actitudes políticas y su lugar en la clase trabajadora española y catalana, y en la historia de la Guerra Civil, se habían convertido en un tema importante en el debate político, historiográfico y popular gracias a los acontecimientos, pero también al testimonio de tres autores extranjeros: George Orwell, Franz Borkenau y Gerald Brenan.2 Aunque no podemos culparles a ellos, se habían establecido tres mitos políticos sobre el POUM. El primero, articulado por los simpatizantes de la URSS, consistía en que era una pequeña secta trotskista comparable a los grupos que había en muchos otros países, cuando en realidad era una importante fuerza política en Cataluña, mucho más influyente que el PCE.

El segundo, propuesto por los trotskistas, era que los dirigentes del POUM habían sido “masacrados”, junto a los anarcosindicalistas, a manos de agentes dirigidos por los soviéticos, después de que el gobierno ordenara la supresión del POUM en 1937. El cofundador del POUM, Andreu Nin i Pérez (1892-1937), un importante escritor catalán, figura del movimiento obrero y conseller de justicia de la Generalitat revolucionaria, fue asesinado por los estalinistas. Poner a un supuesto trotskista al frente de la administración de la justicia en Cataluña cuando comenzaban las purgas de Moscú era una muestra de rechazo a los argumentos de las autoridades rusas y debió de horrorizar a los líderes estalinistas. Aunque el POUM no era oficialmente trotskista, su antiestalinismo lo acercaba a esa tendencia, algunos trotskistas luchaban en sus filas y no denunciaba a Trotski y sus acólitos conforme a la ortodoxia estalinista. Pero probablemente la cifra de miembros del POUM, trotskistas y anarquistas asesinados por los comunistas no supera la treintena. Las afirmaciones trotskistas sobre el asesinato sistemático de los miembros del POUM y los anarquistas parecen reflejar cierto resentimiento, porque el POUM había rechazado el consejo de Trotski y de sus seguidores en España y el extranjero. Y, sobre todo, el POUM y el movimiento anarquista estaban profundamente arraigados en Cataluña y no se les podía eliminar fácilmente.

El tercer error histórico es creer que Nin, funcionario soviético entre 1921 y 1930, era “secretario”, o pertenecía al personal de Trotski cuando este asumió responsabilidades de Estado.3 Nin ocupaba un alto cargo en la Internacional Sindical Roja y trabajaba en las principales estructuras de la Internacional Comunista y del pce. Durante las luchas internas del Partido Comunista ruso se convirtió en miembro de una Comisión Internacional del Centro de la oposición, pero no trabajó directamente con Trotski. Victor Serge recordaba: “Formaba parte, en Moscú, de la Comisión Internacional del Centro de la oposición, junto al portavoz de Zinóviev, Kharitonov, Radek, Fritz Wolf (que capituló y no obstante fue fusilado en 1937), Andrés Nin, el búlgaro Lebedev (o Stepanov, un opositor clandestino que nos traicionó y fue más tarde, durante la revolución, en España, agente del Comintern) y otros dos o tres militantes cuyos nombres he olvidado.”4 Rebajar a Nin –una personalidad revolucionaria importante– a un puesto burocrático subordinado a Trotski refleja la ignorancia de autores extranjeros que no sabían de su relevancia en el periodismo y el movimiento obrero en Cataluña.
Pere Pagès (1916-2003), que firmaba como Víctor Alba y que fue mi mentor a la hora de escribir sobre el POUM,5 había intentado “rehabilitar” la reputación del partido con libros que aparecieron antes del final del franquismo, y dos de los primeros volúmenes de documentación reeditada sobre el partido tras la fin del dictador aparecieron por iniciativa suya. El primero fue La Nueva Era. Antología de una revista revolucionaria, una colección de artículos de un periódico revolucionario antiestalinista publicados entre 1930 y 1936. Más útil era La revolución española en la práctica,6 un compendio de documentos teóricos y políticos que el POUM produjo durante la guerra, que aportó a los historiadores su primera fuente primaria sobre la actividad del partido durante la contienda en muchos años.

Apertura de los archivos españoles

El proceso oficial de la apertura de los archivos fue más lento. A diferencia de los gobiernos de países ex comunistas, la democracia española no tenía “razones de Estado” para bloquear la divulgación de sus contenidos, sobre todo acerca de la guerra. La organización y preparación de documentos para el uso de los estudiosos fue ejecutada con admirable exhaustividad, profesionalidad y tras*parencia, y permitió un periodo relativamente largo de investigación.

No obstante, algunos archivos fueron objeto de polémica. El Estado franquista había establecido un Archivo General de la Guerra Civil en Salamanca, para apoyar una investigación judicial destinada a acusar a la izquierda de crímenes cometidos durante el conflicto, y se emplearon pruebas en juicios individuales contra personalidades de la oposición. El centro incluía los archivos de la Generalitat de Cataluña, que, como otras fuentes republicanas, los vencedores habían tomado al final de la guerra. La Generalitat pidió que se le devolvieran esos recursos y, tras un proceso de veinte años en el cual se opusieron el Partido Popular y el ayuntamiento de Salamanca, en 2006 los materiales finalmente se trasladaron a Barcelona.7

Otras instituciones entraron en el debate, que resolvió una decisión judicial. Entre ellas estaba la sucesora de la sección catalana del pce, ahora Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), que pedía la restitución de todos los documentos a sus dueños originales. La cnt arguyó que sus papeles no debían entregarse a la Generalitat sino a la propia organización anarquista, y la comunidad judía de Barcelona también prefería administrarlos por su cuenta. Pero no se ha intentado impedir que los estudiosos los empleen libremente, como ha ocurrido en Rusia.

Sin embargo, no se han abierto los archivos oficiales de las ejecuciones franquistas durante la Guerra Civil. Los materiales que describían la vigilancia de anarquistas, extremistas vascos y otras personas consideradas enemigas del Estado aún no se han hecho públicos en España, a diferencia de lo ocurrido en países como Alemania y la ex Yugoslavia.

Algunos archivos que grupos de izquierda guardaron en el extranjero fueron tras*feridos a universidades y fundaciones españolas. Por ejemplo, el Centro de Estudios Históricos Internacionales (CEHI)8 recibió una colección de documentos del POUM e inauguró una sala dedicada a los fundadores del partido.
En 1988, el Archivo Histórico Nacional de Madrid entregó al cehi el dossiersobre el proceso de 1937 a los líderes del POUM (salvo Nin, que había sido asesinado) por parte del Tribunal Especial de Espionaje y Alta Traición, que las autoridades republicanas habían establecido apresuradamente ese mismo año. Fueron acusados de provocar los desórdenes de los “sucesos de mayo” de 1937 con el propósito de producir una insurrección militar. Además, se les acusó de desertar del frente de Aragón para apoyar las protestas en Barcelona; de propaganda subversiva; de posesión ilegal de información militar secreta; de posesión ilegal y tráfico de armas con el objeto de organizar un levantamiento; de contrabando de dinero y objetos de valor a Francia; de uso de códigos secretos y relaciones y comunicaciones con sospechosos extranjeros. Parte de los documentos de la acusación parece directamente tomada de documentos similares de los procesos de Moscú.

El dossier incluía tras*cripciones de los interrogatorios

a Nin durante su periodo en prisión, materiales del juicio de 1938 contra el comandante militar del poum Josep Rovira i Canals y numerosos memorandos escritos por investigadores de la policía secreta. No había pruebas de quién había apiolado a Nin o de dónde estaba enterrado su cuerpo.9 El elemento más llamativo contenía las notas de los investigadores sobre el propio Orwell (“Enric”, por Eric Blair, su verdadero nombre) y su esposa, Eileen Blair. En Homenaje a Cataluña, Orwell describió con cierta ligereza su persecución por parte de los agentes soviéticos en Barcelona. Pero el dossier revelaba que la investigación de los Blair era cualquier cosa menos inocua. Los investigadores anónimos los describían como “trotskistas pronunciados”, lo que sin duda es falso; y como agentes de enlace entre el Independent Labour Party y el POUM, lo que tampoco es cierto.10 El documento incluía la frase “enlace con Moscú”, sin explicación adicional. La implicación es clara: Orwell era un objetivo importante y probablemente habría sido liquidado o secuestrado y enviado a Rusia si lo hubieran atrapado. El volumen, El proceso del POUM,11 que no reproduce las notas sobre todos los extranjeros investigados del dossier, sigue siendo una fuente indispensable para los historiadores de la Guerra Civil y los biógrafos de Orwell.