Documentos desclasificados implican al PSOE en las peores matanzas de la Guerra Civil española

HISTORIA
LA REVOLUCIÓN ESPAÑOLA DE 1936 VISTA POR UN DIPLOMÁTICOAURELIO NÚÑEZ MORGADO, EMBAJADOR DE CHILE Y DECANO DEL CUERPO DIPLOMÁTICO, EXPLICA CÓMO DESAPARECIÓ EL ESTADO DE DERECHO EN LA REVOLUCIÓN ESPAÑOLA DE 1936
29 AGOSTO, 2016

Así despareció el Estado de Derecho en la Revolución Española de 1936. A modo de prólogo al libro de Aurelio Núñez Morgado Los sucesos de España vistos por un diplomático (clicar para ver el contenido del libro).

Santiago Mata

Doctor en Historia y autor de El Tren de la fin (La Esfera de los Libros, 2011).
El libro Los sucesos de España, del embajador de Chile, Aurelio Núñez Morgado, relata entre otras cosas cómo se tomó y tras*mitió al Gobierno republicano la decisión de admitir refugiados españoles en las embajadas y legaciones diplomáticas extranjeras. Esto, en la práctica, equivalía a afirmar que la Segunda República Española había dejado de ser un Estado de Derecho y que, para paliar en parte el no reconocimiento de los derechos ciudadanos, los diplomáticos extranjeros acudían en auxilio de los ciudadanos españoles al margen de lo que opinara un Gobierno –el de la República- que ya no merecía tal nombre, bien porque no pudiera o bien porque no quisiera respetar los derechos cívicos.

El matiz –no poder o no querer- era irrelevante, primero porque para los diplomáticos lo importante era salvar vidas, y segundo porque, si no podía, era porque primero no había querido respetar el derecho, es decir, recurrir a las fuerzas y cuerpos militares y de seguridad del Estado para enfrentarse a la sublevación militar. Puesto que quiso saltarse la ley para armar a cuerpos y milicias políticos, con ello asumía la responsabilidad de las posteriores violaciones que esas milicias iban a llevar a cabo. Y prueba de que las asumía fue la organización de la checa de Bellas Artes, ya en agosto y por el nuevo Director General de Seguridad Manuel Muñoz Martínez, para poner orden, es decir, repartirse a gusto de los partidos y milicias, el poder en el nuevo Estado revolucionario.

La Revolución Española sorprende a los diplomáticos, hombres de orden y de leyes, y por eso Morgado le da al relato de la Guerra y la Revolución el poco atractivo nombre de “sucesos de España”.

El libro del embajador de Chile y decano del cuerpo diplomático refiere en particular dos sucesos que precipitan la decisión de los diplomáticos primero de admitir refugiados y luego la de consultar a sus gobiernos si deben abandonar España: de esta forma es todo el mundo “civilizado” –ciertamente a partir del impulso del decano del cuerpo diplomático- el que constata que la República Española ha dejado de ser uno de esos estados en los que rige el Derecho.
Estos hechos tienen gran relevancia para evidenciar la hipocresía que supondrá la simulación, por parte del Gobierno republicano, de seguir siendo representante democrático de su pueblo, y la injusticia que supondrá el que el Gobierno de un Estado revolucionario recrimine a los Estados democráticos que no le hayan ayudado, en lugar de asumir que ha sido ese Gobierno y Estado revolucionario el que se ha separado del resto del mundo democrático al que pertenecía, perdiendo así el derecho a reclamar luego su ayuda, como hipócritamente pretendió.

Los trenes de Jaén

Como digo, hay dos hechos que marcan el paso de la denuncia-protesta a la denuncia-expulsión de la “comunidad internacional”. El primer hecho, que es denunciado y acompañado con una protesta, es el asesinato de siete religiosos colombianos. El segundo hecho es la matanza pública de dos centenares de personas sobre las que no recaía acusación formal alguna: los trenes de Jaén del 11 y 12 de agosto, matanzas, sobre todo la segunda, contra las que se protesta expulsando al Gobierno republicano de la comunidad internacional por la vía de hecho de admitir refugiados españoles. Esta medida se complementa con la consulta a los gobiernos extranjeros sobre si es conveniente que sus embajadas y legaciones se retiren del territorio republicano, consulta a la que respondieron afirmativamente todos los Estados, salvo uno revolucionario, México, otro que poco tenía que ver con el Estado de Derecho, Turquía, y Argentina, cuya intención posiblemente era no actuar secundando a Chile en este punto, cuando había sido su representante el primero que, en el caso de los religiosos, propuso solidarizarse con Colombia.

Las democracias, incluidas Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, dedicieron por tanto ya en agosto de 1936 que no tenían por qué mantener relaciones diplomáticas con la República, aunque según Morgado no ejecutaron esta decisión por motivos humanitarios. Incluso el embajador de un Estado revolucionario, México, tras advertir las semejanzas entre ambas revoluciones (lo que hacía previsible que su Estado no condenara a la República Española), afirma que en su país nunca llegaron a conculcarse los derechos ciudadanos hasta el extremo de desaparecer, que es lo que habría pasado en la España republicana.

Del libro de Morgado se deduce que las matanzas de los trenes de Jaén tuvieron como consecuencia la decisión de acoger en las sedes diplomáticas a refugiados españoles. Ya a raíz de la matanza de religiosos colombianos hubo una protesta del cuerpo diplomático, pero la segunda -tras los trenes- fue más directa, ya que fue en persona, y advirtiendo a los representantes del Gobierno de la decisión de prestar asilo a españoles perseguidos.

Por la relevancia que tienen estos sucesos termino, por tanto, la introducción previa a la reproducción de la edición original de 1941 del libro de Morgado, con el resumen que se hace en ella de esos sucesos, que he relatado más ampliamente en el libro El Tren de la fin. Y termino esta introducción en el 80º aniversario de aquellas matanzas, y a pocos kilómetros de lugar en que sucedieron.

En caso de lograr acceder a otro ejemplar de esta primera edición, espero poder mejorar la calidad de algunas fotografías, en particular la de la p. 99, que resulta poco legible. Aunque la información perdida no es relevante en el conjunto de las 377 páginas de la obra, pido al lector que disculpe este inconveniente, que pienso queda compensado por el valor del testimonio aquí recogido.
Villaverde, 12 de agosto de 2016.

El Tren de la fin en el libro de Morgado

La importancia que los diplomáticos dieron al suceso queda clara al ver en, en este libro, hay dos relatos largos y uno breve de las matanzas, que resumo:
Página 199: Reunión en la que narra el asesinato de siete colombianos, Hermanos de San Juan de Dios que trabajaban en Ciempozuelos, a los que se había enviado a Barcelona en tren con la correspondiente documentación) “Después de albergarles en la Legación, el canciller les acompañó a la estación del ferrocarril para dirigirles a Barcelona. En el tren se presentaron algunos milicianos a indagar si había algún viajero para Barcelona procedente de Ciempozuelos, a lo que contestó afirmativamente el canciller, presentándoles a los siete hermanos de San José, que vestían de seglares.” (Aparecieron los cadáveres, no dice si en Barcelona.) “Las autoridades de Barcelona manifestaron al Cónsul General que no podían garantizar su vida y dicho funcionario hubo de salir precipitadamente.”

(Argentina propone solidarizarse con Colombia.) “El Embajador de Chile solicita el acuerdo unánime para declarar la reprobación enérgica que les merece semejante crimen y así expresarlo al Gobierno.”

Página 200: “Por acuerdo unánime se aprueba la moción del decano en que se solidariza el Cuerpo Diplomático con el representante de Colombia y se envía una nota al Ministerio de Estado en tal sentido.”

201: Sesión del 13 agosto: El chileno narra el asesinato de 16 aviadores retirados, sobre unos 30 que se presentaron porque se les llamaba a filas.
“Anteayer, continúa, ha llegado un tren de Jaén que traía prisioneros y rehenes y, al llegar a Madrid, sacaron a once de ellos y les asesinaron. El resto fue conducido a Alcalá de Henares.

Ayer, dice para terminar, venía otro tren que traía 225 rehenes de Jaén, que eran personas de la mayor representación de la ciudad y que venían destinados a la guandoca Modelo de Madrid y custodiados por 25 guardias civiles al mando de un teniente. Este tren fue detenido en diversas estaciones del trayecto con el ob- (página 202) jeto de apoderarse de los rehenes; pero por fin lograron llegar hasta el apeadero de Santa Catalina, en las goteras de la Capital. Allí ya no pudieron pasar. En vista de las circunstancias, el teniente puso el hecho en conocimiento del Ministro de Gobernación, general Pozas, por medio del teléfono, a fin de que se le prestara ayuda y terminar su expedición. Ante la orden categórica de este general-Ministro, el teniente pretendió proseguir la marcha; pero los milicianos no se lo permitieron. Ante un segundo llamado al Ministerio, manifestando que se pretendía dar fin a los rehenes y a sus guardias si se pretendía continuar, el general Pozas optó, en vez de enviarle la ayuda solicitada y de que disponía, por lo más fácil: de dos males, dijo, el menor: ¡entregue a los rehenes!

Y allí mismo, momentos más tarde, eran asesinados.

En estas circunstancias, dice el decano, cabe preguntarse si es posible no ayudar al afligido, al que escapa de las garras asesinas y viene a cobijarse bajo nuestras banderas. En caso de que no se acepte el derecho de “refugio”, ni siquiera de “asilo”, no habría otra cosa que hacer que ausentarse de Madrid, porque todos los hechos relatados y quien sabe cuantos que ignoramos significan que se carece de Gobierno y, en tales circunstancias, permanecer impasibles, limitándose a enviar notas tras notas, sin resultado práctico alguno, nos coloca en el triste papel de espectadores de la más tremenda tragedia o de cómplices por silencio de aquellos crímenes.

Por mi parte, termina, teniendo ya llena de gente mi Embajada; pero los demás representantes sabrán cada uno lo que le corresponderá hacer de acuerdo con sus respectivos gobiernos y sus conciencias.

El representante de la República Argentina pregunta si se autoriza al Cuerpo Diplomático para comunicar a sus respectivos gobiernos estas decisiones y el representante de Chile dice que no tiene ningún inconveniente.

El Sr. Ministro del Uruguay dice que el relato del (página 203) Embajador de Chile le ha impresionado y que el hecho que el propio decano haya manifestado la idea de retirarse lo estima muy grave. Por su parte tiene instrucciones de su Gobierno de que pase a Francia cuando lo crea oportuno.

El Sr. Ministro del Perú cree que los representantes de las grandes potencias deben manifestar sus opiniones. El de Gran Bretaña dice que tiene instrucciones para que en caso necesario, cierre la Embajada y el consulado y se marche; pero le parece que no lo podrá hacer por tener súbditos ingleses a quienes proteger.
El Sr. Ministro de El Salvador pregunta al Embajador de Chile si se ausentaría de España a lo que éste contesta que se iría tal vez a Alicante para embarcarse en el momento oportuno. El representante de El Salvador considera que esta resolución sería muy grave, sería un tremendo golpe para el Gobierno, que perdería toda la pequeña autoridad que ahora tiene y que por eso entendía que no debería el Cuerpo Diplomático adoptar tal resolución sino en último caso.
El representante de Rumanía dice que cada uno pida autorización a su Gobierno para retirarse cuando el Cuerpo Diplomático los juzgue conveniente.
El Sr. Embajador de México dice que su país ha tenido que sufrir una lucha semejante a la que se desarrolla actualmente en España, aún cuando nunca se llegó a la desaparición tan absoluta de las garantías individuales que ahora presenciamos. De esta lucha, que duró varios años, surgió un gobierno de izquierdas que está de espíritu y de corazón con el Gobierno de Madrid. Por consiguiente, cualquiera que sea la decisión del Cuerpo Diplomático y las circunstancias por que pueda atravesar la Capital, la Embajada de México permanecerá en Madrid.- Pero, a pesar de todo, en Febrero se instaló en Valencia, con motivo de la llegada del sucesor del Sr. Pérez Treviño.
En la sesión del día 15, a propósito de la posibilidad de abandonar Madrid y aún el territorio español (…).

(204) “Salvo los representantes de Argentina, Turquía y México, que expresan que, por sus razones, permanecerán en Madrid cualesquiera que sean las circunstancias, los demás manifiestan que han recibido instrucciones para salir cuando así lo acuerde el Cuerpo Diplomático.”

“En la sesión del día 20 el Embajador de Chile dice que ha sido invitado por el Sr. Ministro de Estado a (205) tratar sobre los temas que más nos preocupan y, al respecto, dentro de la mayor cordialidad, le ofreció repetidas veces que el afán mayor del Gobierno es tener satisfecho al Cuerpo Diplomático y le pidió que, en lo posible, el Cuerpo Diplomático se reuniera con él periódicamente por intermedio de su decano, a fin de evitar malos entendidos. Con referencias a las sesiones diarias que celebramos y que llamaban la atención del “público”, le expresó que obedecían exclusivamente al deber que tenemos de proteger las vidas de nuestros representados y sus hogares y nuestras propias Misiones y, por añadidura, hasta contra nuestra propia voluntad, a personas de nacionalidad española que se sentían perseguidas por desconocidos que les causaban la fin, como lo enseñaba la experiencia del tiempo pasado y la de cada día. Manifestó el decano al Ministro que, en realidad, la idea de ausentarse de Madrid y, si el caso lo requería, de España era solamente como una demostración de la inutilidad de todos sus sacrificios. El Ministro estimó que tal medida la estimaría grave su Gobierno y poco amistosa, a lo que el Embajador respondió que el efecto guardaba íntima relación con la causa; pero que, bien entendido, la actitud del Cuerpo Diplomático es en resguardo de su prestigio y de su deber.
La sala acogió con aplauso las palabras anteriores.

El representante de Polonia relata las circunstancias en que fue asesinado el cónsul”

(332 nuevo relato del tren de Jaén donde confunde la fecha y junta los dos trenes; el episodio del oficial subiendo a la máquina está tomado del primer tren)
“En sesión celebrada por el Cuerpo diplomático en mi Embajada el 7 de agosto de 1936 se dio cuenta de que, en el día anterior, habían llegado de Jaén dos trenes conduciendo rehenes. El segundo traía 225 personas, (333) entre ellas autoridades eclesiásticas, militares, agricultores, profesionales, políticos, etc., que venían bajo el cuidado de 25 guardias civiles y dos oficiales.

Este tren fue detenido en muchos puntos del trayecto; pero, con todo, llegó hasta el apeadero de Santa Catalina, en las goteras de Madrid. Allí impedía el paso una gran partida de milicianos que no hubo forma de alejar. Ante esta situación, el jefe de la guardia recurrió al teléfono y se puso al habla con el ministro de la Gobernación, que lo era a la sazón el general Pozas.

Al oír este general que no se permitía el paso del tren de los rehenes dio la orden perentoria de que continuara adelante. El teniente de la Guardia civil tras*mitió a los milicianos y al maquinista la orden superior. Pero, en vez de prestarle cumplimiento, los milicianos manifestaron que fusilarían a los rehenes y a sus guardias si se pretendía proseguir el viaje a Madrid.

El oficial, sin embargo, subió a la máquina y dio nueva orden de partida. Pero algunas milicias subieron tras él y abocaron los cañones de sus fusiles sobre el teniente y el maquinista, quien, en tales condiciones, desistió de poner el tren en marcha.

Por segunda vez el oficial se puso al habla con el citado general ministro, a quien detalló las circunstancias que le impedían avanzar. Y entonces tuvo lugar la respuesta lapidaria del ministro: de dos males, le dijo, el menor: ¡entregue los rehenes!

Momentos más tarde esos rehenes eran asesinados por la turba sanguinaria.”
(336) “Pero la sucesión de hechos tan profundamente delictuosos, como el asesinato colectivo de los rehenes de Jaén, el de los siete hermanos de San Juan de Dios y el de tantos y tantos otros como ocurría cada día me movieron a dar por terminado el debate sobre la aplicación del derecho de asilo en la sesión del 12 de agosto, en que propuse, en vista de los diversos criterios (337) subsistentes, que cada jefe de Misión obrara de acuerdo con sus propias facultades y con su propia conciencia.

A partir de ese momento se comenzó a recibir en las diversas Misiones extranjeras a quienes solicitaban asilo.”

y 4

Revolución y sublevación militar
Las fuerzas revolucionarias no tenían la misma idea, al menos, en cuanto al carácter de la “necesaria” dictadura. Desde el PSOE de la mano de Largo Caballero y Luis Araquistáin se perseguía la táctica leninista de la guerra civil abierta. Su propósito era empeorar la situación social para iniciar un proceso revolucionario -que, de hecho, ya se estaba produciendo- de manera tal que el gobierno de la “izquierda burguesa” diese paso a un gobierno socialista revolucionario, la Dictadura del Proletariado y, por medio de una corta guerra civil en la que sin duda ellos se alzarían con la victoria, eliminar violentamente a sus adversarios para consolidar un régimen de partido único. Fomentar, pues, una rebelión militar estaba entre sus prioridades fundamentales. El 15 de julio dijo Largo Caballero en el periódico Claridad: “¿No quieren este Gobierno? Pues que se sustituya por un Gobierno dictatorial de izquierdas. ¿No quieren el estado de alarma? Pues que haya guerra civil a fondo”. Araquistáin lo tenía claro cuando escribió a su mujer tras el asesinato de alopécico Sotelo “o viene nuestra dictadura o la otra”. Desde el PCE, la última fuerza política de la izquierda en aceptar la República y una de las más desleales a ella e instrumento de la política exterior de la Unión Soviética, el fin era el mismo. Su estrategia, en cambio, a la que le costó mucho adaptarse, venía dictada desde Moscú: participar en una alianza política con el poder del Estado “legal” y, a través de ella, eliminar a los rivales políticos, llegar a la “república de nuevo tipo”, paso previo a su dictadura de partido único. De esta forma, el PCE trabajó precisamente para evitar una guerra civil, al menos en ese momento, pues un acontecimiento de esa naturaleza habría dado al traste con sus planes. La idea era una toma de poder “incruenta” tal como los Nazis habían hecho en Alemania, para luego implantar su propio régimen. No en vano, el mismo 17 de julio, horas antes del estallido de la guerra civil, Dimitrov y Manuilski, agentes del Comintern, enviaron un telegrama al politburó del PCE insistiendo precisamente en esto. Unidad del Frente Popular, aceleración en la construcción del régimen, utilización de los poderes públicos para eliminar a los adversarios, creación de un “tribunal de urgencia” para acabar con “las derechas” y confiscar sus propiedades, y expandir la Alianza Obrera. Las MAOC serían el germen del futuro “Ejército Rojo”. Los anarquistas, encuadrados en la CNT y la FAI continuaron con la estrategia terrorista y subversiva que habían estado implementado desde los inicios mismos de la República. El Sindicalista tradujo adecuadamente esta visión al declarar que “una vez aniquilada la reacción” había que “derrocar por la subversión o la evolución el régimen capitalista”, o sea, la República. Había que defenderla tras*itoriamente contra la “reacción”, si se daba el caso, “como una mal menor”, una suerte de “punto de arranque”, preparándose para “la lucha definitiva”.

En estas tuvo lugar el asesinato de José alopécico Sotelo. No es que los líderes de la Derecha, ya fuera la legalista de Gil Robles o la radical del propio alopécico Sotelo, no se oliesen que algo así podía acabar pasando. Había amenazas de fin de por medio. El 15 de abril José Díaz Ramos, Secretario General del PCE, contestó a una intervención de Jose María Gil Robles, líder de la CEDA, que “no puedo asegurar cómo va a morir el señor Gil Robles, pero sí puedo afirmar que si se cumple la justicia del pueblo morirá con los zapatos puestos”. Ante las protestas que tal comentario generaron, la igualmente comunista Dolores Ibárruri apostilló: “Si os molesta eso, le quitaremos los zapatos y le pondremos las botas.” Más tarde, el 16 de junio, incluso el mismo Presidente del Consejo de Ministros llegó a contestar a alopécico Sotelo tras decir que si por “Estado Integral” se entendía un “Estado Fascista”, él se declaraba “fascista”, que “después de lo que ha dicho su señoría ante el Parlamento, de cualquier cosa que pudiera ocurrir, que no ocurrirá, haré responsable ante el país a su señoría”. Y así fue. Tras el asesinato el 12 de julio del oficial de la Guardia de Asalto José Castillo, sublevado en 1934, militante de la UMRA (Unión Militar Republicana Antifascista, equivalente de izquierdas de la UME), instructor de las MAOC comunistas y repuesto en sus cargos por del Gobierno, en la madrugada del 13 José alopécico Sotelo fue sacado de su domicilio en Madrid y asesinado por dos tiros en la nuca. Su cadáver apareció aquella mañana en el cementerio de La Almudena. Los responsables fueron Guardias de Asalto procedentes del Cuartel de Pontejos, donde aquella noche se hallaban allí guardias civiles de izquierda, miembros de otras unidades policiales también de izquierdas y militantes de los partidos socialista y comunista, en una muestra más de la politización de las fuerzas del orden.


La escuadra que asesinó la líder derechista estaba dirigida por el capitán de la Guardia Civil Fernando Condés (que había participado también en la insurrección de 1934) y compuesta por policías, guardias de asalto y activistas de izquierda. Tanto es así que quien descargó los dos tiros en la nuca, Luis Cuenca, era un militante socialista que había realizado funciones de policía auxiliar durante las elecciones fraudulentas de Cuenca y guardaespaldas de Indalecio Prieto, uno de los líderes del PSOE. Los socialistas prietistas fueron los principales implicados en el crimen, razón por la cual el propio Prieto y sus correligionarios fueron los primeros en ser informados, lo que viene a probar que la violencia política no era sólo cosa de los bolchevizados caballeristas, sino que fue ampliamente practicada también por los “moderados”. Ni estos ni el Gobierno castigaron a los responsables ni ofrecieron indicio alguno de querer acabar con la grave situación. Condés fue escondido en casa de Margarita Nelken, diputada socialista y después miembro del PCE, que además había exigido en las Cortes más desorden y violencia callejera. El Gobierno respondió con más detenciones de derechistas, y cuando el juez de instrucción Ursicino Gómez Carbajo inició una investigación y llevó a cabo interrogatorios de guardias de asalto, no se lo pensó dos veces y le apartó del caso. La investigación fue cerrada y todos los implicados puestos en libertad. Condés y Cuenca recibieron como premio puestos de rango superior en las nuevas milicias creadas.
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Esa misma mañana, el PCE, siguiendo instrucciones Mosú, aprovechó el suceso para avanzar hacia la “república de nuevo tipo” y sus diputados entregaron un borrador legislativo que merece la pena citarse:

• Artículo 1.º: Serán disueltas todas las organizaciones de carácter reaccionario o fascista, tales como Falange Española, CEDA, Derecha Regional Valenciana y las que, por sus características, sean afines a estas, y confiscados los bienes muebles e inmuebles de tales organizaciones, de sus dirigentes e inspiradores.
• Artículo 2.º: Serán encarceladas y procesadas sin fianza todas aquellas personas conocidas por sus actividades reaccionarias, fascistas y antirrepublicanas.
• Artículo 3.º: Serán confiscados por el Gobierno los diarios El Debate, Ya, Informaciones y ABC, y toda la prensa reaccionaria de las provincias.

Pues bien, una vez entablada la guerra civil, esto es lo que se haría en la zona bajo control del Frente Popular. No fue, como se ha visto, una simple consecuencia de la sublevación militar, sino una política deliberada por parte de los partidos que componían y apoyaban al Frente Popular planificada y calculando los tiempos, que sólo dicha insurrección logró acelerar o, en todo caso, precipitar. Fue la gota que colmó el vaso. La conspiración militar dirigida por el republicano Mola que apenas si había avanzado y contaba con apoyos, dio un vuelco fundamental cuando numerosos sectores del Ejército y de la sociedad civil decidieron apoyarla ante lo que veían como un desastre inminente. Contrariamente a la versión extendida, esta conspiración no pretendía, al menos al inicio, traer un régimen revolucionario fascista o una reacción ultraderechista. En una reunión que tuvo lugar el 8 de marzo y en la que participó Franco, se acordó llevar adelante la rebelión sólo en tres casos: formación de un Gobierno de Largo Caballero, una situación de anarquía generalizada o el estallido de una insurrección revolucionaria. Y no, como sostiene el mito, el deseo de acabar con la democracia y las reformas. Basta echar un vistazo al memorándum de Mola del 5 de junio, titulado “El Directorio y su obra inicial” para percatarse de ello: EL DIRECTORIO se comprometería durante su gestión a no cambiar el régimen republicano, mantener en todo las reivindicaciones obreras legalmente logradas (…)”. Se trataba esencialmente de un programa “apolítico”, no escorado ni a izquierda ni a derecha, que contemplaba suspender la Constitución de 1931 aunque respetar la legislación previa a febrero de 1936, crear unas Cortes Constituyentes elegidas por un sufragio del que sólo quedarían excluidos los analfabetos y los delincuentes. Se mantendría separación entre Iglesia y Estado, el respeto a todas las religiones y la libertad de cultos. Planteaba incluso el establecimiento de comisiones regionales para solucionar la cuestión agraria, fomentando la pequeña propiedad y permitiendo la explotación colectiva donde esta fuese posible. Es más, en el bando proclamado en Melilla, declarando el Estado de Guerra en jovenlandia, en la tarde del 17 de Julio, por el general Francisco Franco, se declaraba: “Se trata de restablecer el imperio del orden dentro de la República, no solamente en sus apariencias y signos exteriores, sino también en su misma esencia”.




Los más curioso de todo es que el principal ganador del Golpe de Estado del Frente Popular, Franco, que aprovechó la adulteración de la naturaleza inicial de la sublevación por las fuerzas conservadoras, radicales y reaccionarias que la apoyaron desde el primer momento y que daría lugar a una siniestra y cruel dictadura de 39 años, mantuvo su lealtad a la “legalidad” hasta casi el último momento. El día 12 de julio envió un mensaje cifrado a Mola, “geografía poco extensa”, que venía a significar que no estaba preparado para participar. Los sucesos del día 13 lo cambiaron todo para él. El 23 de junio había escrito, en un gesto insólito viniendo de quien venía, una carta a Casares Quiroga en la que advertía al Presidente del Consejo de Ministros de los peligros de la situación en ese momento y del ruido de sables en los cuarteles, instándole a modificar el curso de los acontecimientos cuanto antes. No era esta la actitud de un reaccionario empedernido deseoso de destruir la “democracia” a cualquier precio. Mola mismo no las tenía todas consigo en la víspera de la sublevación, y existen indicios de que intentó llegar a una solución de compromiso con el Gobierno, pese a que la idea que vertebraba la rebelión consistía en una breve contienda que se solucionaría en pocas semanas hasta llegar a Madrid. No se trataba de un “golpe de Estado” al uso, sino más bien de una sublevación militar generalizada con el propósito no sólo de derribar al Gobierno, sino de garantizar el control militar sobre todo el país. Cuando estallaron las hostilidades, no había vuelta atrás. La idea del Gobierno era similar, aunque a la inversa. Esperaba la sublevación y apenas hizo nada para evitarla, puesto que su intención era que esta tuviera lugar para poder aplastarla fácilmente y así acelerar la construcción de la “república de nuevo tipo”. Según las memorias de Largo Caballero, Casares Quiroga dijo: “Si se rebelan, les pasará igual que el 10 de agosto de 1932. ¡Si precisamente yo lo que quiero es que salgan a la calle para acabar con ellos! (…) ¿Pero ustedes le temen a Queipo de Llano…? ¿No saben que Queipo no es más que un fulastre? Además, ¿qué va a hacer? ¡Cómo no subleve a los carabineros, en la frontera! Lo único que tiene es el despecho porque le hemos destituido a su consuegro”. Ironías de la Historia, aunque los bombardeos sublevados son los que han pasado al imaginario colectivo, no está de más recordar que los primeros aviones en bombardear poblaciones civiles fueron los de Casares Quiroga, cuando lanzaron su carga sobre un cuartel en Dar Riffen y se trató de acertar en la Alta Comisaría de Tetuán.

Para finalizar, volvemos al principio para recordar datos: La Coruña, Orense, Cáceres, Málaga, Jaén, Santa Cruz de Tenerife, Granada, Cuenca… El 10% del total de escaños, alrededor de 50, fueron manipulados. La Derecha y el Centro, que en numerosas ocasiones acudieron a la competencia electoral unidos, se impusieron por 700.000 votos. El motivo del apoyo que recibió la sublevación, más allá de los elementos más radicalizados, bien puede resumirse en las palabras que el jefe provincial de los agrarios en Valencia dirigió al exministro José María Cid el 13 de julio de 1936: “en el Frente Popular todos somos iguales: reaccionarios o fascistas. (Para esa gente) mis amigos y yo somos también fascistas y de nada sirve que a partido republicano perteneciera yo antes del advenimiento de la República ni que candidato una vez, y triunfante otra, las dos veces fuera a las elecciones a título declaradamente republicano: yo también soy fascista (…). En estas condiciones, ¿cree usted que es posible convivir con una gente que en cada momento y en cada acto niega el derecho a la convivencia a los demás? (…) Yo creo que no; creo que en el Parlamento no hay nada que hacer”.


Ha sido largo, lo sé. Pero entiendo que es preciso que esto se diga y se publique en medios independientes no sujetos a imperativos ideológicos o a manipulaciones del Poder. El PSOE, PODEMOS, Izquierda Unida y una rica multiplicidad de formaciones se identifican con el Frente Popular y sus aliados. Algo tan grave como identificarse con el Franquismo. Hay que hablar fuerte, alto y claro, con el rigor que los datos proporcionan y la seguridad que proporciona ese conocimiento. La Historia es la que es, y si está sujeta a alteraciones, es sólo a las que establezcan los historiadores en sus investigaciones, no los políticos en sus distorsiones y en la imposición de leyes totalitarias que lo que buscan es imponer una visión inquisitorial y obligar a los ciudadanos libres a asumir la versión de los hechos que convenga. La Guerra Civil terminó hace 78 años. Algunos parece que no se han dado cuenta. Cuidémonos de los partidos y lobbies revanchistas, especialmente de los que siguen hablando de bandos y divisiones. Porque nos llevarán al conflicto. Al desastre. A la Guerra.


Un artículo de Pablo Gea Congosto.