Dice que ha entrado en política porque cuando los derechos de los internautas los avalaban los jueces, desde el poder legislativo se cambió de árbitro. ¿Qué futuro le augura a la Ley Sinde-Wert, cómo tiene pensado enfrentarla desde el nuevo tablero de juego y cómo sería una Ley Bravo?
Es difícil augurar el futuro de la Ley Sinde sabiendo que el PSOE y el PP la apoyan, pero es evidente que ese será uno de mis caballos de batalla en el Congreso y mi objetivo declarado es acabar con ella.
La ley que a mí me gustaría es muy parecida a la que lleva Podemos en su programa, en el que participé activamente.
En cuestiones de propiedad intelectual, en Podemos entendemos que hay dos intereses que hay que equilibrar y los dos son intereses exclusivamente sociales: el interés de los ciudadanos para acceder a la cultura con libertad y el interés de los ciudadanos para que los autores puedan sostenerse con su trabajo para que sigan creando y así tener algo a lo que acceder. La persecución de los ciudadanos que descargan obras intelectuales como vía de solución del conflicto abierto con la llegada de Internet está absolutamente descartada para nosotros y tenemos claro que la solución solo puede pasar por la adaptación de los modelos de negocio y la búsqueda de vías alternativas de remuneración. El programa de Podemos, además, incentiva la creación colectiva y la gestión de obras copyleft mediante la promoción de entidades de gestión destinadas al efecto, la derogación de la Ley Sinde, del canon AEDE, la implantación progresiva del software libre en las administraciones públicas y la ampliación de los derechos de cita, de parodia y de copia privada.
El canon digital de España es ilegal según acaba de dictar la UE, ¿qué futuro le augura a las compensaciones por copia privada y qué alternativas propone?
En puridad la UE todavía no ha dictado ninguna resolución, aunque sí tenemos las conclusiones del dictamen del abogado general del TJUE, que suelen seguirse en la gran mayoría de los casos. Las conclusiones del abogado son lógicas: el cálculo de lo que se cargue en concepto de canon en los Presupuestos Generales del Estado tiene que guardar relación con los perjuicios que genera la copia privada a la que se encuentra ligado, es decir, por los perjuicios que genera a los titulares de derechos esa copia que la ley considera lícita. De este modo, el cálculo no se puede hacer antes de saber cuáles son esos perjuicios, como se pretendía.
Al contrario de lo que se cree habitualmente, el llamado “canon de copia privada” no se paga para paliar los efectos de las copias que la ley define como ilegales sino para hacer eso mismo por las que la ley considera lícitas por estar dentro de la definición de “copia privada”. El problema es que con la última reforma del PP, la copia privada, esto es, las copias para uso privado que se consideran legales, son limitadísimas. Básicamente son legales las copias que se hacen del original que has comprado y las que haces de la tele o la radio. Es decir, las copias que acostumbra a hacer la familia Alcántara, pero que en 2016 y en plena era de Internet están absolutamente desfasadas. En consecuencia, el canon que se cargue en los Presupuestos Generales del Estado por la copia privada debe guardar relación con los perjuicios que esas copias que ahora se permiten --muy muy pocas-- cause a los titulares de los derechos. Si las entidades de gestión quieren recibir una mayor cantidad en concepto de canon, tendrá que hacerse también en la ley un paralelo y proporcional aumento del número de copias que se consideren legales. De lo contrario, la cantidad a recibir debe ser tan exigua como las copias que se permiten legalmente a día de hoy.
En cuanto a las alternativas de remuneración, personalmente --Podemos está a la espera de lo que diga definitivamente la justicia sobre el actual canon para definir su postura-- siempre he apoyado no prohibir lo que en la práctica es imposible de frenar en Internet y ofrecer como alternativa un sistema de remuneración semejante a la Licencia General Opcional (LGO) propuesta en su día en Francia o las propuestas de remuneración de Richard Stallman o William Fisher, citadas en Free Culture de Lessig. Ambos sistemas (la LGO y las de Fisher y Stallman) parten de la base de que lo que es aprovechado por todos debe ser sostenido por todos. La LGO se diferencia del antiguo canon digital que estuvimos padeciendo en que no es indiscriminada y no la gestiona una entidad privada entre sus socios, sino el Estado. El sistema planteado por Fisher, similar al de Stallman, es explicado así en Free Culture de Lessig: Fisher sugiere una forma muy ingeniosa para esquivar el callejón sin salida en el que se halla Internet. De acuerdo con su plan, todos los contenidos susceptibles de tras*mitirse digitalmente serían (1) marcados con una huella digital (no importa lo fácil que es evitar estas marcas; ya veremos que no hay incentivos para hacerlo). Una vez que los contenidos han sido marcados, los empresarios desarrollarán (2) sistemas que controlen cuántos ejemplares de cada contenido se distribuyeron. A partir de estos números, (3) después se compensará a los artistas. La compensación sería pagada por un (4) impuesto al efecto [...] La propuesta de Fisher es muy similar a la propuesta de Richard Stallman para DAT. A diferencia de la de Fisher, la propuesta de Stallman es pagar a los artistas de un modo directamente proporcional, aunque los artistas más populares recibirían más que los menos populares. Como es típico en Stallman, su propuesta se adelanta al debate actual en algo así como una década
http://ctxt.es/es/20160120/Politica...-España-Entrevistas-El-15M-llega-al-poder.htm
Es difícil augurar el futuro de la Ley Sinde sabiendo que el PSOE y el PP la apoyan, pero es evidente que ese será uno de mis caballos de batalla en el Congreso y mi objetivo declarado es acabar con ella.
La ley que a mí me gustaría es muy parecida a la que lleva Podemos en su programa, en el que participé activamente.
En cuestiones de propiedad intelectual, en Podemos entendemos que hay dos intereses que hay que equilibrar y los dos son intereses exclusivamente sociales: el interés de los ciudadanos para acceder a la cultura con libertad y el interés de los ciudadanos para que los autores puedan sostenerse con su trabajo para que sigan creando y así tener algo a lo que acceder. La persecución de los ciudadanos que descargan obras intelectuales como vía de solución del conflicto abierto con la llegada de Internet está absolutamente descartada para nosotros y tenemos claro que la solución solo puede pasar por la adaptación de los modelos de negocio y la búsqueda de vías alternativas de remuneración. El programa de Podemos, además, incentiva la creación colectiva y la gestión de obras copyleft mediante la promoción de entidades de gestión destinadas al efecto, la derogación de la Ley Sinde, del canon AEDE, la implantación progresiva del software libre en las administraciones públicas y la ampliación de los derechos de cita, de parodia y de copia privada.
El canon digital de España es ilegal según acaba de dictar la UE, ¿qué futuro le augura a las compensaciones por copia privada y qué alternativas propone?
En puridad la UE todavía no ha dictado ninguna resolución, aunque sí tenemos las conclusiones del dictamen del abogado general del TJUE, que suelen seguirse en la gran mayoría de los casos. Las conclusiones del abogado son lógicas: el cálculo de lo que se cargue en concepto de canon en los Presupuestos Generales del Estado tiene que guardar relación con los perjuicios que genera la copia privada a la que se encuentra ligado, es decir, por los perjuicios que genera a los titulares de derechos esa copia que la ley considera lícita. De este modo, el cálculo no se puede hacer antes de saber cuáles son esos perjuicios, como se pretendía.
Al contrario de lo que se cree habitualmente, el llamado “canon de copia privada” no se paga para paliar los efectos de las copias que la ley define como ilegales sino para hacer eso mismo por las que la ley considera lícitas por estar dentro de la definición de “copia privada”. El problema es que con la última reforma del PP, la copia privada, esto es, las copias para uso privado que se consideran legales, son limitadísimas. Básicamente son legales las copias que se hacen del original que has comprado y las que haces de la tele o la radio. Es decir, las copias que acostumbra a hacer la familia Alcántara, pero que en 2016 y en plena era de Internet están absolutamente desfasadas. En consecuencia, el canon que se cargue en los Presupuestos Generales del Estado por la copia privada debe guardar relación con los perjuicios que esas copias que ahora se permiten --muy muy pocas-- cause a los titulares de los derechos. Si las entidades de gestión quieren recibir una mayor cantidad en concepto de canon, tendrá que hacerse también en la ley un paralelo y proporcional aumento del número de copias que se consideren legales. De lo contrario, la cantidad a recibir debe ser tan exigua como las copias que se permiten legalmente a día de hoy.
En cuanto a las alternativas de remuneración, personalmente --Podemos está a la espera de lo que diga definitivamente la justicia sobre el actual canon para definir su postura-- siempre he apoyado no prohibir lo que en la práctica es imposible de frenar en Internet y ofrecer como alternativa un sistema de remuneración semejante a la Licencia General Opcional (LGO) propuesta en su día en Francia o las propuestas de remuneración de Richard Stallman o William Fisher, citadas en Free Culture de Lessig. Ambos sistemas (la LGO y las de Fisher y Stallman) parten de la base de que lo que es aprovechado por todos debe ser sostenido por todos. La LGO se diferencia del antiguo canon digital que estuvimos padeciendo en que no es indiscriminada y no la gestiona una entidad privada entre sus socios, sino el Estado. El sistema planteado por Fisher, similar al de Stallman, es explicado así en Free Culture de Lessig: Fisher sugiere una forma muy ingeniosa para esquivar el callejón sin salida en el que se halla Internet. De acuerdo con su plan, todos los contenidos susceptibles de tras*mitirse digitalmente serían (1) marcados con una huella digital (no importa lo fácil que es evitar estas marcas; ya veremos que no hay incentivos para hacerlo). Una vez que los contenidos han sido marcados, los empresarios desarrollarán (2) sistemas que controlen cuántos ejemplares de cada contenido se distribuyeron. A partir de estos números, (3) después se compensará a los artistas. La compensación sería pagada por un (4) impuesto al efecto [...] La propuesta de Fisher es muy similar a la propuesta de Richard Stallman para DAT. A diferencia de la de Fisher, la propuesta de Stallman es pagar a los artistas de un modo directamente proporcional, aunque los artistas más populares recibirían más que los menos populares. Como es típico en Stallman, su propuesta se adelanta al debate actual en algo así como una década
http://ctxt.es/es/20160120/Politica...-España-Entrevistas-El-15M-llega-al-poder.htm
