Cirujano de hierro
Será en Octubre
La multitudinaria convocatoria en Plaza Castilla acumula a más de 300 personas ante el Juzgado.
A primera hora de la mañana de este miércoles, unas 300 personas hacían cola para acceder al Juzgado de Instrucción número 1 de Plaza Castilla. Esta aglomeración, que ha durado varias horas, sólo suponía un 10% del total de personas citadas, cuyo número ascendía a 3.500, aproximadamente.
Economist & Jurist ha podido hablar con algunos de los allí citados, quienes han calificado de “abusivo” o “intolerante” el comportamiento por parte de la Administración de Justicia. Algunos involucrados cuentan con representación jurídica, mientras que una gran mayoría no puede acceder a estos servicios, o bien por falta de recursos, o bien por desconocimiento de los trámites de solicitud de un abogado de oficio.
Esta considerable citación de personas en las puertas de los Juzgados de Plaza Castilla se debe a un caso relacionado con la famosa ‘Ley Rider’. En esta ocasión la empresa demandada protagonista ha sido Amazon, líder global en comercio electrónico, ha adoptado una estrategia única para sus operaciones de reparto en España, centrando su enfoque en la gestión de centros logísticos y la utilización de algoritmos para la distribución global, en vez de contratar directamente repartidores. Una estrategia en línea con su modelo de negocio orientado a la eficiencia y la reducción de costos
Tras colaboraciones no fructíferas con grandes empresas de paquetería locales, debido a bajos márgenes de beneficio, Amazon implementó Amazon Flex en 2017, un sistema basado en repartidores autónomos remunerados por hora, pero enfrentó críticas legales, especialmente tras la introducción de la ‘Ley Rider‘. Como respuesta, Amazon presentó un modelo con DSP (Socio de Servicio de Entrega), empresas independientes financiadas por particulares que contratan repartidores y operan bajo la marca de Amazon, aunque no son considerados empleados directos de la multinacional.
A pesar de que la líder global en comercio electrónico afirma limitar su rol a la logística y dejar la gestión de reparto a los DSP, ha habido denuncias sobre su influencia en las operaciones de estos, incluyendo la planificación de rutas y seguimiento del rendimiento de los repartidores, generando preocupaciones sobre la precariedad laboral y los derechos de los trabajadores.
La cuestión ahora enjuiciada es resolver si Amazon cumple con las obligaciones legales que existen respecto a los riders‘. Mientras tanto, sindicatos y asociaciones, como la ADAE, buscan mejorar las condiciones laborales y clarificar la relación entre Amazon, los DSP y los repartidores.
Cientos de ‘riders’ hacen cola en los Juzgados de Plaza de Castilla para declarar contra Amazon
A primera hora de la mañana de este miércoles, unas 300 personas hacían cola para acceder al Juzgado de Instrucción número 1 de Plaza Castilla. Esta aglomeración, que ha durado varias horas, sólo suponía un 10% del total de personas citadas, cuyo número ascendía a 3.500, aproximadamente.
Economist & Jurist ha podido hablar con algunos de los allí citados, quienes han calificado de “abusivo” o “intolerante” el comportamiento por parte de la Administración de Justicia. Algunos involucrados cuentan con representación jurídica, mientras que una gran mayoría no puede acceder a estos servicios, o bien por falta de recursos, o bien por desconocimiento de los trámites de solicitud de un abogado de oficio.
Esta considerable citación de personas en las puertas de los Juzgados de Plaza Castilla se debe a un caso relacionado con la famosa ‘Ley Rider’. En esta ocasión la empresa demandada protagonista ha sido Amazon, líder global en comercio electrónico, ha adoptado una estrategia única para sus operaciones de reparto en España, centrando su enfoque en la gestión de centros logísticos y la utilización de algoritmos para la distribución global, en vez de contratar directamente repartidores. Una estrategia en línea con su modelo de negocio orientado a la eficiencia y la reducción de costos
Tras colaboraciones no fructíferas con grandes empresas de paquetería locales, debido a bajos márgenes de beneficio, Amazon implementó Amazon Flex en 2017, un sistema basado en repartidores autónomos remunerados por hora, pero enfrentó críticas legales, especialmente tras la introducción de la ‘Ley Rider‘. Como respuesta, Amazon presentó un modelo con DSP (Socio de Servicio de Entrega), empresas independientes financiadas por particulares que contratan repartidores y operan bajo la marca de Amazon, aunque no son considerados empleados directos de la multinacional.
A pesar de que la líder global en comercio electrónico afirma limitar su rol a la logística y dejar la gestión de reparto a los DSP, ha habido denuncias sobre su influencia en las operaciones de estos, incluyendo la planificación de rutas y seguimiento del rendimiento de los repartidores, generando preocupaciones sobre la precariedad laboral y los derechos de los trabajadores.
La cuestión ahora enjuiciada es resolver si Amazon cumple con las obligaciones legales que existen respecto a los riders‘. Mientras tanto, sindicatos y asociaciones, como la ADAE, buscan mejorar las condiciones laborales y clarificar la relación entre Amazon, los DSP y los repartidores.
Cientos de ‘riders’ hacen cola en los Juzgados de Plaza de Castilla para declarar contra Amazon
