Además, la ley lusa da un paso más que la española y obliga a los propietarios a alquilar sus viviendas vacías. Esta última medida, una de las más controvertidas y criticadas, afecta a aquellas viviendas que lleven desocupadas más de dos años. El Estado, en último término, actuará como mediador entre inquilino y propietario, cobrando la renta al primero y pagándola al segundo. "La regulación ha contado con el rechazo de todo el sector por su carácter intervencionista y por actuar de espaldas al mercado", denuncia Reganha. Los mercados de Lisboa, Oporto y las ciudades situadas en la zona del litoral son los más tensiodados del país.
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