La rueda del diablo. O te vendes y entras en la rueda del diablo o no prosperas como inspector de Hacienda

Pobres, cuánta solidaridad me infunden
 

AUDIENCIA NACIONAL

La Fiscalía rechaza entregar a un pandillero a El Salvador por el riesgo de que se vulneren sus derechos humanos​

La Audiencia Nacional celebra una vista el próximo miércoles para estudiar su posible entrega

La Corte Internacional de Derechos Humanos ha manifestado su "preocupación" por las "deplorables condiciones" en las que se encuentran los presos en El Salvador


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La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recomendado que España no entregue a El Salvador a un hombre acusado de ser un pandillero y colaborador de los 'Revolucionarios' del Barrio 18, una de las organizaciones criminales a las que ha declarado la guerra el presidente de la nación, Nayib Bukele. El Ministerio Público ha justificado su decisión a través de un escrito consultado por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA y en el que explica que "la situación actual" en El Salvador "resulta ser un compendio de todas las vulneraciones posibles de derechos procesales fundamentales" y que existe un "estado penitenciario calamitoso".

Durante la vista, que se celebrará este miércoles en la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, no se juzgarán los delitos presuntamente cometidos por el acusado, sino que se ponderará si se cumplen las garantías procesales mínimas en El Salvador para que reciba un juicio justo. Una circunstancia que ya es complicada, por ejemplo, si se tiene en cuenta que a pesar de su ausencia ya fue condenado en abril del año pasado a tres años y cuatro meses de prisión.

En ese sentido, y como uno de los motivos en los que se sustenta la Fiscalía para recomendar rechazar la petición, la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH) ya manifestó su "preocupación" por las "deplorables condiciones" en las que se encuentran los presos en El Salvador, pues le recuerda al país centroamericano que los Estados "tienen el deber jurídico ineludible de [...] garantizar la vida, salud e integridad de todas las personas que se encuentren bajo su custodia.

Avisaba de la policía​

Detenido en España cuatro meses después de esa condena, el supuesto pandillero lleva desde entonces en prisión provisional. En su país sostienen que desde 2012, y hasta al menos el verano de 2016, fue un colaborador activo de una "organización criminal estable en el tiempo y perfectamente jerarquizada" conocida como los "Dieciocho Revolucionarios", una banda conocida por operar en el llamado Barrio 18 y a cuyos miembros se les conoce como 'homeboys'.

Su papel dentro de la organización, mantienen las autoridades salvadoreñas, era el de avisar de cualquier actividad policial que se produjera en la zona mientras ellos celebraban reuniones en las que se "planificaban extorsiones, se realizaba venta de droja a terceros" y "se planificaba y ejecutaba la compra de armas con las que [después] cometer homicidos".

A pesar de que no pudo estar presente durante la celebración del juicio, el hombre de 45 años ya habría sido condenado en El Salvador a tres años y cuatro meses de prisión en abril del año pasado por un delito de agrupación ilícita en perjuicio de la paz pública. El equivalente en España sería un delito de pertenencia a organización criminal.

Sin embargo, y a pesar de que en condiciones normales, y en virtud del acuerdo de extradición entre ambos países, la Fiscalía habría recomendado la entrega del preso, el Ministerio Público recuerda que la Corte Internacional de Derechos Humanos ha instado "a El Salvador a investigar a quienes resulten responsables de violaciones de los derechos humanos en observancia al debido proceso legal y absoluto respeto a las garantías judiciales".

Además, y más allá del procedimiento judicial, la CIDH ha expresado "preocupación por las deplorables condiciones de detención que enfrentarían las personas detenidas", consistentes, por ejemplo, en una "deficiente infraestructura, condiciones de insalubridad, falta de higiene, atención médica insuficiente y escaso e inadecuado acceso al agua".
 
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14:08 3. La maraña de normas del sistema tributario.​
16:06 Responsabilidad ante errores: Del contribuyente o del asesor fiscal?​
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31:49 6. ¿Cómo se evalúa el desempeño de los técnicos de Hacienda?​
37:30 7. Los TEA: el paso obligado antes de ir al juez​
38:29 8. La presunción de veracidad de las actas.​
38:53 Las praxis poco éticas con la lista pública de deudores.​
41:56 Proporción de liquidaciones recurridas que gana el contribuyente.​
44:58 9. Carácter ejecutivo de las liquidaciones. Consecuencias de inspecciones agresivas.​
58:20 10. El rol de la Administración Tributaria en un concurso de acreedores.​
1:02:00 Cuba: La imposición implícita​
 
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1:02:00 Cuba: La imposición implícita​

Tiene un libro muy bueno donde cuenta todo esto el corolario de tanta discrecionalidad en la actuación inspectora es que el hermanísimo no paga y no le pasa nada.
 

 

 


El documental es muy bueno. Vivimos en un país rarísimo que a unos funcionarios que en el resto del mundo son grises contables no muybien pagados los trata con más mimo que a los que operan cánceres infantiles o gestionan complejos proyectos de cualquier tipo. Llamativo es.
 
Última edición:
El documental es muy bueno. Vivimos en un país rarisimo que a unao funcionarios que en el resto del mundo son grises contables no muy joen pagados los trata con más mimo que a los que operan cánceres infantiles o gestionan complejos proyectos de cualquier tipo. Llamativo es.

La idea final es hacer que todo el mundo sea igual, porque de esta forma se implantan 'políticas' mucho más fácil. Para eso necesitas perros, como inspectores de hacienda, etc...

Las enfermeras cobrarán casi igual que los médicos, a los vulnerables no se les tocará de sus vivendas, los profes de taller empezarán a cobrar igual que los que tienen carrera, etc.... y así hasta que todo el mundo tenga el mismo nivel económico
 
Pues yo creo que los incentivos deberian ser mayores.

PERO, PERO, PERO...

Solo en el caso en el que los investigados sean realmente culpables. Si abren expedientes como al de lorenzo, es decir abrir por abrir, ir a juicio, con el gasto en recursos que eso representa para el sistema, en lugar de incentivos deberian ser penalizados con el costo del proceso.
 
Otro clarísimo caso de investigaciones prospectivas por parte del aparato del estado.
 
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