El Pionero
Alcalde y presidente de Fútbol Paco premium
La bajada de alumnos por el descenso de la natalidad sigue avanzando imparable por el sistema educativo. Si desde hace años estaba impactando con fuerza en el segundo ciclo de Educación Infantil (de tres a seis años), ahora ya se ha hecho evidente también en el siguiente nivel, la primaria (de seis a 12 años): el curso que acaba de terminar estudiaron esa etapa 2.795.572 alumnos, 147.322 menos que cuatro años antes, lo que supone una bajada del 5%, según las cifras publicadas por el Ministerio de Educación.
Numerosos expertos ―incluidos los que redactaron hace unos meses el capítulo educativo de la Estrategia España 2050 para el Gobierno― abogan por aprovechar el descenso del alumnado —se calcula que de unos 800.000 hasta mitad de siglo— para mejorar la calidad de la enseñanza, manteniendo la inversión e incrementando así el gasto por estudiante. El problema es que eso requiere, aparte de importantes esfuerzos de previsión y reorganización, romper con algunas inercias administrativas a la hora de repartir los recursos docentes cada año.
Álvaro Ferrer, especialista de educación en Save the Children, opina: “Es una oportunidad, pero tiene riesgos. Por un lado, tienes que decidir dónde mantienes líneas [clases] y dónde las cierras, dónde mantienes ratios [número de alumnos por clase] y dónde los reduces, y eso se puede traducir en favorecer una distribución más equilibrada del alumnado o más segregación escolar”. Y todo eso, añade, hay que equilibrarlo con la eficiencia en el gasto: “Hay que pensar en qué punto hay que cerrar un colegio porque ya no es eficiente y quizá es mejor redistribuir esos recursos para dotar de más especialistas al sistema: educadores sociales, trabajadores sociales, profesorado de apoyo…”.
La tarea no es sencilla, para empezar porque los descensos no se producen de la misma manera en todas las comunidades —en Canarias, la bajada en primaria ha sido del 10% y en Extremadura, del 8,1%, mientras en Navarra ha sido menor del 1%— ni dentro de las mismas regiones. De hecho, las zonas rurales se ven afectadas mucho antes por los problemas de escasez, pero en estos casos el criterio de eficiencia se debe compensar con otros, como la importancia de fijar población, opina Ferrer. Marc Fuster, analista de la OCDE, concuerda: “El cierre de escuelas se percibe generalmente como medida de último recurso, particularmente en aquellos contextos donde el impacto social y económico es mayor, como en los municipios pequeños”.
Pero más allá de las diferencias geográficas, la otra gran dificultad para reordenar la situación está en el hecho de que las dos redes que deben garantizar el acceso a la educación, la pública y la concertada (privada subvencionada), juegan con reglas distintas. La primera está sometida de forma inmediata a las decisiones de la Administración, pero actuar sobre la segunda —por ejemplo, para reorganizar la oferta de plazas— es mucho más complicado, pues durante el tiempo de vigencia de los conciertos —se renuevan cada seis años en primaria— no se pueden alterar las condiciones en las que se firmó. Así, allí donde compiten las dos redes, la pública tiene normalmente las de perder a la hora de hacer el ajuste más inmediato.
Catarroja, en Valencia, es un buen ejemplo de los temores. Vicent Mañes, presidente de la federación estatal de asociaciones de directores de centros públicos de infantil y primaria (Fedeip), trabaja allí: “Es un municipio de 28.000 habitantes en el que convivimos cinco colegios públicos y tres concertados. Este año han solicitado plaza en infantil de tres años 150 alumnos menos que el año anterior. Y ese es un diferencial muy importante”, explica. Añade: “Nosotros lo que defendemos es que la concertada vuelva a ser lo que fue un principio: una red subsidiaria de la pública”.
En la estadística de infantil se nota claramente que la pública pierde alumnado a mayor velocidad que la privada: un 20,6% en la última década, frente al 15,9% (la concertada está dentro de esta última cifra, pues la estadística del curso 2021-2022, todavía provisional, no la distingue de la privada pura). En primaria, sin embargo, la diferencia es por el momento más pequeña: 5,2% de caída frente a 4,5% en los últimos cuatro años. Sin embargo, en ese tiempo la pública ya ha perdido peso respecto a la privada, pasando de acoger el 67,8% de los estudiantes de primaria al 67,6%. Es una bajada de apenas dos décimas, pero es llamativo que se produzca en años de crisis, pues de los contextos económicos desfavorables la pública solía salir reforzada, ya que en los centros de titularidad estatal la gratuidad de la enseñanza está garantizada, algo que no ocurre en todos los concertados.
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En ese contexto, además de una planificación que equilibre la oferta entre las dos redes, la otra gran demanda del profesorado es la reducción de las ratios máximas, una bajada de alumnos por aula que, entre otras cosas, permitiría mantener, al menos en parte, al profesorado de refuerzo por las medidas anticovid que ha facilitado el trabajo durante los tres últimos tres cursos. Así lo reclama tanto la federación estatal de directores que preside Mañes como los sindicatos CCOO, UGT y Ustea.
Sin embargo, algunos expertos advierten contra bajadas generales y lineales, pues sería ineficaz y muy caro. “Es la solución políticamente más sencilla, porque te evitas cerrar ningún centro, con la polémica que eso conlleva, y además es muy bien recibida por el profesorado, pero no es nada eficaz”, insiste Ferrer, que pone un ejemplo de la complejidad de un asunto que puede tener efectos indeseados: “En Cataluña han bajado las ratios solo en la pública, pero no en la concertada, por lo tanto, el efecto huida de determinadas familias se puede acentuar”, ya que la privada subvencionada tendrá espacios por los que seguir creciendo.
Recetas imaginativas para romper inercias
Ferrer entiende que es difícil romper algunas inercias y plantear algunos debates necesarios ―“Hay una oportunidad de avanzar hacia un modelo más exigente de concertada; que quien esté dentro cumpla de verdad con el servicio público y reciba financiación suficiente”—, y recalca que existe mucho margen para bajar ratios de forma selectiva, allí donde haga falta —por ejemplo, en centros con mucho alumnado con necesidades de apoyo—, para jugar con la reserva de plazas (aquellas que se dejan para los alumnos que llegan durante el curso) y para repensar la forma de plantear las dotaciones de profesorado para cada centro. “Tenemos que ir hacia una lógica de reparto de recursos por necesidad. Quizá no podemos seguir pensando en el [esquema de un] aula con un docente, en una cifra determinada por cada tantos alumnos, porque es bastante más complejo cuando hay muchos centros que están avanzando hacia modalidades de organización que rompen el aula; con agrupaciones heterogéneas, con codocencia [dos profesores que comparten las clases]”.
Marc Fuster, analista de la OCDE, repasa numerosas alternativas al cierre de colegios, a la luz de otras experiencias europeas de pérdida acelerada de alumnado, sobre todo, la que se produjo en Estonia hace algo más de una década: “[Se puede] reconsiderar la forma en que se prestan los servicios dentro de los centros, como en los casos en que alumnos de distintas edades se mezclan en la misma clase, y entre centros, por ejemplo, manteniendo la provisión de educación infantil y primaria de proximidad, y consolidando la oferta en niveles superiores para alumnos mayores y más independientes. Se puede considerar también el fomento de la cooperación entre centros para compartir y optimizar recursos (humanos, materiales y pedagógicos)”. Asimismo, habla de la posibilidad de liberar recursos para expandir la educación para menores de tres años o para “dedicar mayores esfuerzos a garantizar el acceso a una oferta de educación no formal de calidad, a partir de extraescolares y/o programas de verano”.
Numerosos expertos ―incluidos los que redactaron hace unos meses el capítulo educativo de la Estrategia España 2050 para el Gobierno― abogan por aprovechar el descenso del alumnado —se calcula que de unos 800.000 hasta mitad de siglo— para mejorar la calidad de la enseñanza, manteniendo la inversión e incrementando así el gasto por estudiante. El problema es que eso requiere, aparte de importantes esfuerzos de previsión y reorganización, romper con algunas inercias administrativas a la hora de repartir los recursos docentes cada año.
Álvaro Ferrer, especialista de educación en Save the Children, opina: “Es una oportunidad, pero tiene riesgos. Por un lado, tienes que decidir dónde mantienes líneas [clases] y dónde las cierras, dónde mantienes ratios [número de alumnos por clase] y dónde los reduces, y eso se puede traducir en favorecer una distribución más equilibrada del alumnado o más segregación escolar”. Y todo eso, añade, hay que equilibrarlo con la eficiencia en el gasto: “Hay que pensar en qué punto hay que cerrar un colegio porque ya no es eficiente y quizá es mejor redistribuir esos recursos para dotar de más especialistas al sistema: educadores sociales, trabajadores sociales, profesorado de apoyo…”.
La tarea no es sencilla, para empezar porque los descensos no se producen de la misma manera en todas las comunidades —en Canarias, la bajada en primaria ha sido del 10% y en Extremadura, del 8,1%, mientras en Navarra ha sido menor del 1%— ni dentro de las mismas regiones. De hecho, las zonas rurales se ven afectadas mucho antes por los problemas de escasez, pero en estos casos el criterio de eficiencia se debe compensar con otros, como la importancia de fijar población, opina Ferrer. Marc Fuster, analista de la OCDE, concuerda: “El cierre de escuelas se percibe generalmente como medida de último recurso, particularmente en aquellos contextos donde el impacto social y económico es mayor, como en los municipios pequeños”.
Pero más allá de las diferencias geográficas, la otra gran dificultad para reordenar la situación está en el hecho de que las dos redes que deben garantizar el acceso a la educación, la pública y la concertada (privada subvencionada), juegan con reglas distintas. La primera está sometida de forma inmediata a las decisiones de la Administración, pero actuar sobre la segunda —por ejemplo, para reorganizar la oferta de plazas— es mucho más complicado, pues durante el tiempo de vigencia de los conciertos —se renuevan cada seis años en primaria— no se pueden alterar las condiciones en las que se firmó. Así, allí donde compiten las dos redes, la pública tiene normalmente las de perder a la hora de hacer el ajuste más inmediato.
Catarroja, en Valencia, es un buen ejemplo de los temores. Vicent Mañes, presidente de la federación estatal de asociaciones de directores de centros públicos de infantil y primaria (Fedeip), trabaja allí: “Es un municipio de 28.000 habitantes en el que convivimos cinco colegios públicos y tres concertados. Este año han solicitado plaza en infantil de tres años 150 alumnos menos que el año anterior. Y ese es un diferencial muy importante”, explica. Añade: “Nosotros lo que defendemos es que la concertada vuelva a ser lo que fue un principio: una red subsidiaria de la pública”.
En la estadística de infantil se nota claramente que la pública pierde alumnado a mayor velocidad que la privada: un 20,6% en la última década, frente al 15,9% (la concertada está dentro de esta última cifra, pues la estadística del curso 2021-2022, todavía provisional, no la distingue de la privada pura). En primaria, sin embargo, la diferencia es por el momento más pequeña: 5,2% de caída frente a 4,5% en los últimos cuatro años. Sin embargo, en ese tiempo la pública ya ha perdido peso respecto a la privada, pasando de acoger el 67,8% de los estudiantes de primaria al 67,6%. Es una bajada de apenas dos décimas, pero es llamativo que se produzca en años de crisis, pues de los contextos económicos desfavorables la pública solía salir reforzada, ya que en los centros de titularidad estatal la gratuidad de la enseñanza está garantizada, algo que no ocurre en todos los concertados.
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En ese contexto, además de una planificación que equilibre la oferta entre las dos redes, la otra gran demanda del profesorado es la reducción de las ratios máximas, una bajada de alumnos por aula que, entre otras cosas, permitiría mantener, al menos en parte, al profesorado de refuerzo por las medidas anticovid que ha facilitado el trabajo durante los tres últimos tres cursos. Así lo reclama tanto la federación estatal de directores que preside Mañes como los sindicatos CCOO, UGT y Ustea.
Sin embargo, algunos expertos advierten contra bajadas generales y lineales, pues sería ineficaz y muy caro. “Es la solución políticamente más sencilla, porque te evitas cerrar ningún centro, con la polémica que eso conlleva, y además es muy bien recibida por el profesorado, pero no es nada eficaz”, insiste Ferrer, que pone un ejemplo de la complejidad de un asunto que puede tener efectos indeseados: “En Cataluña han bajado las ratios solo en la pública, pero no en la concertada, por lo tanto, el efecto huida de determinadas familias se puede acentuar”, ya que la privada subvencionada tendrá espacios por los que seguir creciendo.
Recetas imaginativas para romper inercias
Ferrer entiende que es difícil romper algunas inercias y plantear algunos debates necesarios ―“Hay una oportunidad de avanzar hacia un modelo más exigente de concertada; que quien esté dentro cumpla de verdad con el servicio público y reciba financiación suficiente”—, y recalca que existe mucho margen para bajar ratios de forma selectiva, allí donde haga falta —por ejemplo, en centros con mucho alumnado con necesidades de apoyo—, para jugar con la reserva de plazas (aquellas que se dejan para los alumnos que llegan durante el curso) y para repensar la forma de plantear las dotaciones de profesorado para cada centro. “Tenemos que ir hacia una lógica de reparto de recursos por necesidad. Quizá no podemos seguir pensando en el [esquema de un] aula con un docente, en una cifra determinada por cada tantos alumnos, porque es bastante más complejo cuando hay muchos centros que están avanzando hacia modalidades de organización que rompen el aula; con agrupaciones heterogéneas, con codocencia [dos profesores que comparten las clases]”.
Marc Fuster, analista de la OCDE, repasa numerosas alternativas al cierre de colegios, a la luz de otras experiencias europeas de pérdida acelerada de alumnado, sobre todo, la que se produjo en Estonia hace algo más de una década: “[Se puede] reconsiderar la forma en que se prestan los servicios dentro de los centros, como en los casos en que alumnos de distintas edades se mezclan en la misma clase, y entre centros, por ejemplo, manteniendo la provisión de educación infantil y primaria de proximidad, y consolidando la oferta en niveles superiores para alumnos mayores y más independientes. Se puede considerar también el fomento de la cooperación entre centros para compartir y optimizar recursos (humanos, materiales y pedagógicos)”. Asimismo, habla de la posibilidad de liberar recursos para expandir la educación para menores de tres años o para “dedicar mayores esfuerzos a garantizar el acceso a una oferta de educación no formal de calidad, a partir de extraescolares y/o programas de verano”.
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