Documentos desclasificados implican al PSOE en las peores matanzas de la Guerra Civil española

Los ocho carmelitas asesinados en agosto de 1936 a los que Carmena ha retirado la placa
03 de febrero de 2016 por Redacción FNFF
Los ocho carmelitas asesinados en agosto de 1936 a los que Carmena ha retirado la placa, por Juan E. Pflüger

Juan E. Pflüger
La Gaceta

Carmena no ha esperado a cumplir ni siquiera los requisitos que su grupo municipal había impuesto para implantar la venganza vía Ley de Memoria Histórica. Tras aprobarse la retirada de placas y el cambio de denominación de calles y edificios de uso deportivo y educativo, se acordó que había una comisión encargada de justificar cada caso. Sin embargo el equipo que dirige la alcaldesa Manuela Carmena ha empezado a retirar placas sin cumplir esa premisa.

No es casual que entre las primeras víctimas de esta imposición sesgada de la historia por decreto se encuentren inocentes que fueron asesinados por los precedentes ideológicos de podemitas, comunistas y socialistas. El viernes 29 de enero ordenó arrancar la placa que recuerda el asesinato de ocho carmelitas en el cementerio de Carabanchel. Si el objetivo es retirar “homenajes” a franquistas, debe explicarnos qué tenían de franquistas estos 8 jóvenes seminaristas de entre 18 y 22 años que habían sido detenidos pocos días después del alzamiento.

Ahora está claro: el objetivo no es retirar homenajes, es borrar de la memoria los crímenes cometidos por sus antecesores ideológicos. Es eliminar cualquier resto de los cobardes asesinatos que, por ideología –no otra cosa sino una ley ideológica es la Memoria Histórica-, fueron cometidos. Especialmente crueles los que, como este de los ocho jóvenes religiosos, se cometieron por repruebo a la fe. Un repruebo inducido por ideologías políticas como el socialismo, el comunismo o el anarquismo, líneas de pensamiento que Podemos y sus “confluencias” (entiéndase marcas blancas) están reivindicando desde el primer momento en el que salieron a la luz pública.

Pero veamos cómo fueron asesinados estos peligrosos jóvenes que, dicho sea de paso, supieron morir defendiendo sus creencias más profundas.

Ahora está claro: el objetivo no es retirar homenajes, es borrar de la memoria los crímenes cometidos por sus antecesores ideológicos. Es eliminar cualquier resto de los cobardes asesinatos que, por ideología –no otra cosa sino una ley ideológica es la Memoria Histórica-, fueron cometidos. Especialmente crueles los que, como este de los ocho jóvenes religiosos, se cometieron por repruebo a la fe. Un repruebo inducido por ideologías políticas como el socialismo, el comunismo o el anarquismo, líneas de pensamiento que Podemos y sus “confluencias” (entiéndase marcas blancas) están reivindicando desde el primer momento en el que salieron a la luz pública.

Pero veamos cómo fueron asesinados estos peligrosos jóvenes que, dicho sea de paso, supieron morir defendiendo sus creencias más profundas. El 27 de julio de 1936, la guerra llevaba 9 días de desarrollo, la Guardia de Asalto –cuerpo que recibía órdenes de la autoridad política y no grupos de exaltados como se suele justificar desde la izquierda- detuvo a los treinta religiosos que había en el Convento del Carmen de Onda en Castellón. Inmediatamente se les condujo a Valencia, donde veinte fueron separados del resto (algunos de los cuales sufrieron martirios y asesinato).

Los nueve más jóvenes fueron alojados en un convento en Valencia antes de ser enviados a Madrid, donde debían ser juzgados. Eran: fr. Alberto García, fr. Francisco Pérez, fr. Silvano Villanueva, fr. Ángel Sánchez, fr. Angelo Reguilón, fr. Bartolomé Fanti Andrés, fr. Ricardo Román y el Hno. Fr. Franco Arranz, además de fr. Isidoro Garrido que escapó por el camino.

El 28 de julio fueron trasladados a Madrid, llegando a primera hora de la mañana a la estación de Atocha, donde sus guardianes recibieron la orden de trasladarlos a Segovia. Ante la imposibilidad de realizar el viaje se optó por acomodarlos en un asilo de ancianos que había en las proximidades de la estación. Allí quedaron recluidos a la espera de traslado, un viaje que se retrasaba inexplicablemente. Hasta que la noche del 17 de agosto un grupo de milicianos irrumpió en la sala de reuniones en la que dormían los ocho religiosos y los subieron en dos camionetas.

Fueron bajados a culatazos junto al muro del cementerio de Carabanchel y situados frente a los focos de los vehículos en los que habían sido trasladados. Allí mismo, sin juicio, sin trámite legal alguno, fueron fusilados.

Toledo, dos meses de orgía de sangre hasta la liberación del Alcázar
Juan E. Pflüger
/ 26 octubre, 2015
Poco tardaron las milicias de los partidos del Frente Popular en iniciar la cacería en la capital castellanomanchega. Cerca de un millar de milicianos, que no estaban controlados por la Comandancia Militar, sino que eran dirigidos directamente por los partidos políticos, se dedicaron a sembrar la fin en Toledo y los municipios próximos. Solamente en la ciudad del Tajo, en los dos meses que media desde el inicio de la Guerra Civil hasta la entrada de las tropas nacionales, hubo casi 500 asesinatos políticos.

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Los crímenes empezaron el 23 de julio, pese a que toda la ciudad, salvo el Alcázar, estaba en manos gubernamentales. No había apoyo en la sociedad civil fuera de los muros de la fortaleza ni movimientos favorables al alzamiento. Dentro del edificio, un centenar de falangistas se había sumado a los sublevados.
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A media tarde del día 23 de julio varios grupos de milicianos empezaron a detener a personalidades de la derecha y a religiosos. Mientras que las personas con vinculaciones políticas eran detenidas para ser interrogadas, los curas y monjas que eran detenidos, eran asesinados sobre la marcha. Sin proceso ninguno ni simulacro de “justicia popular”.
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Hasta tal punto era dura la represión que se cometía en la retaguardia que los mandos de la Columna Toledo, encargada del asedio al Alcázar, llegan a pedir en sus informes que se controle la situación para no tener que distraer sus esfuerzos bélicos.
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En muchas ocasiones, los desmanes frentepopulistas eran respuestas a un éxito militar de los defensores del Alcázar. Así ocurrió con el mayor fusilamiento masivo cometidos durante los poco más de dos meses de resistencia. La noche del 22 de agosto, un avión del bando nacional sobrevoló a baja altura el edificio y pudo arrojar al patio suministros para los sitiados. A la mañana siguiente, dos aviones republicanos bombardearon intentando derribar un muro del Alcázar, pero fallaron con la puntería y las bombas impactaron en la vanguardia frentepopulista causando docenas de muertos.
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Como represalia al error de la aviación gubernamental, los milicianos de la retaguardia asaltaron la guandoca de Toledo esa misma noche y sacaron a 70 presos que fueron atados por parejas y llevados a la puerta del Cambrón, donde habían dispuesto dos ametralladoras con las que se asesinó a los prisioneros, a los que se dejó morir desangrados, sin dar el tiro de gracia. Entre los muertos se encontraba Luis Moscardó, hijo del militar que dirigía la defensa del Alcázar. Esa misma tarde se había producido la famosa conversación telefónica entre padre e hijo.

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El único intento por aparentar que se intentaba controlar la represión de los milicianos en la retaguardia se produjo el 2 de septiembre, cuando se llevaba asesinando seis semanas y ya habían muerto centenares de personas. Se formó un “Tribunal Popular” en la sede del antiguo Palacio Arzobispal. Presidido por tres magistrados de carrera y con representación de todos los partidos y sindicatos del Frente Popular, fue sistemáticamente ignorado por las milicias que siguieron asesinando hasta el mismo 27 de septiembre, día en el que la columna de Badajoz liberó la ciudad del terror rojo.