pandillero
El espíritu que acelera
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Millones de dólares de Alba Petróleos, filial salvadoreña de la venezolana PDVSA, fueron desviados en préstamos a colaboradores cercanos del entonces alcalde de Nuevo Cuscatlán y actual mandatario. Infobae revela detalles del caso de Carolina Recinos, la comisionada presidencial que acaba de ser incluida en una lista de funcionarios centroamericanos corruptos confeccionada por el Departamento de Estado
Por Héctor Silva Ávalos
Martha Carolina Recinos de Bernal y su esposo Efrén Arnoldo Bernal Chévez firmaron el préstamo el 29 de diciembre de 2012 a las 10:25 a.m.: USD 227.000 de la sociedad Alba Petróleos de El Salvador (filial local de la petrolera estatal venenezolana PDVSA). Los documentos fueron avalados por el notario José Mauricio Cortez Avelar, quien entonces ya era representante legal de la entidad que prestó el dinero.
A primera vista, una tras*acción común y corriente: un matrimonio obtiene un préstamo de una financiera -Alba Petróleos lo era entonces- para consolidar sus deudas hipotecarias, que era el destino de los USD 227.000 según consta en documentos legales en poder del autor de esta nota.
Más de ocho años después de aquella firma, sin embargo, el asunto parece mucho más complicado.
Hoy, Carolina Recinos es la Comisionada Presidencial para las Operaciones del Gabinete de Gobierno del presidente Nayib Bukele; un nombre pomposo para describir el cargo de una de las funcionarias más poderosas de El Salvador. Su esposo es el embajador salvadoreño en Rusia. Y Cortez Avelar es un hombre que ha sido investigado en Estados Unidos y El Salvador por su supuesta participación en un esquema masivo de lavado de dinero.
Recinos aparece en una lista de funcionarios centroamericanos a los que el Departamento de Estado de Estados Unidos señala por sospechas de vínculos con actos de corrupción o narcotráfico, publicada el 17 de mayo pasado. De la funcionaria de Bukele, los estadounidenses dicen que “ha participado en significativos actos de corrupción durante su tiempo en el cargo”.
La inclusión de Recinos y otros cuatro funcionarios salvadoreños en la lista del Departamento de Estado ha deteriorado aún más la relación entre Bukele y Washington, que reclamó al presidente salvadoreño porque diputados oficialistas destituyeron a cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general para nombrar, en su lugar, a reemplazos afines al bukelismo.
Alba Petróleos de El Salvador (Apes), la empresa que prestó dinero a los esposos Bernal Recinos, fue sancionada en marzo de 2019 por el gobierno de los Estados Unidos por sospechas de que a través de ella y otras empresas “se diseñaron una variedad de confabulaciones para malversar miles de millones de dólares”.
Apes es una de varios conglomerados público-privados creados la década pasada en Centroamérica y el Caribe por el régimen venezolano que entonces dirigía Hugo Chávez con dinero de la petrolera estatal PDVSA. En el papel, el destino de esos fondos era la asistencia para la cooperación en temas de desarrollo social y económico, pero investigaciones posteriores en varios países, incluso en Venezuela, determinaron que el dinero terminó alimentando un esquema masivo de corrupción y lavado de dinero.
En El Salvador, la Fiscalía General de la República (FGR) allanó a finales de mayo de 2019 al menos 23 empresas relacionadas con Alba Petróleos en el marco de una investigación formal por lavado.
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www.infobae.com
Por Héctor Silva Ávalos
Martha Carolina Recinos de Bernal y su esposo Efrén Arnoldo Bernal Chévez firmaron el préstamo el 29 de diciembre de 2012 a las 10:25 a.m.: USD 227.000 de la sociedad Alba Petróleos de El Salvador (filial local de la petrolera estatal venenezolana PDVSA). Los documentos fueron avalados por el notario José Mauricio Cortez Avelar, quien entonces ya era representante legal de la entidad que prestó el dinero.
A primera vista, una tras*acción común y corriente: un matrimonio obtiene un préstamo de una financiera -Alba Petróleos lo era entonces- para consolidar sus deudas hipotecarias, que era el destino de los USD 227.000 según consta en documentos legales en poder del autor de esta nota.
Más de ocho años después de aquella firma, sin embargo, el asunto parece mucho más complicado.
Hoy, Carolina Recinos es la Comisionada Presidencial para las Operaciones del Gabinete de Gobierno del presidente Nayib Bukele; un nombre pomposo para describir el cargo de una de las funcionarias más poderosas de El Salvador. Su esposo es el embajador salvadoreño en Rusia. Y Cortez Avelar es un hombre que ha sido investigado en Estados Unidos y El Salvador por su supuesta participación en un esquema masivo de lavado de dinero.
Recinos aparece en una lista de funcionarios centroamericanos a los que el Departamento de Estado de Estados Unidos señala por sospechas de vínculos con actos de corrupción o narcotráfico, publicada el 17 de mayo pasado. De la funcionaria de Bukele, los estadounidenses dicen que “ha participado en significativos actos de corrupción durante su tiempo en el cargo”.
La inclusión de Recinos y otros cuatro funcionarios salvadoreños en la lista del Departamento de Estado ha deteriorado aún más la relación entre Bukele y Washington, que reclamó al presidente salvadoreño porque diputados oficialistas destituyeron a cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general para nombrar, en su lugar, a reemplazos afines al bukelismo.
Alba Petróleos de El Salvador (Apes), la empresa que prestó dinero a los esposos Bernal Recinos, fue sancionada en marzo de 2019 por el gobierno de los Estados Unidos por sospechas de que a través de ella y otras empresas “se diseñaron una variedad de confabulaciones para malversar miles de millones de dólares”.
Apes es una de varios conglomerados público-privados creados la década pasada en Centroamérica y el Caribe por el régimen venezolano que entonces dirigía Hugo Chávez con dinero de la petrolera estatal PDVSA. En el papel, el destino de esos fondos era la asistencia para la cooperación en temas de desarrollo social y económico, pero investigaciones posteriores en varios países, incluso en Venezuela, determinaron que el dinero terminó alimentando un esquema masivo de corrupción y lavado de dinero.
En El Salvador, la Fiscalía General de la República (FGR) allanó a finales de mayo de 2019 al menos 23 empresas relacionadas con Alba Petróleos en el marco de una investigación formal por lavado.
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