No más burbujas. Se acabaron las gangas y llega la hora del compromiso. La decisión del Gobierno de reducir en un 35% las primas a la generación de energía fotovoltaica a partir de septiembre no es gratuita. La medida, avalada en primera persona por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sale al paso de los problemas del sector inmobiliario, en el que la suspensión de pagos de Martinsa-Fadesa no es más que la punta del iceberg. Y es que el Ejecutivo no quiere que las dificultades por las que atraviesa ese segmento se trasladen a la energía solar, vista en los últimos tiempos por las inmobiliarias como un negocio seguro en el que consolarse al contar hasta ahora con un marco tarifario regulado con una bonificación de hasta el 575% durante 25 años.
El Real Decreto que el Ministerio de Industria tiene previsto enviar a la Comisión Nacional de la Energía en los próximos días contempla una subvención de 33 céntimos de euro por kilovatio en el caso de paneles solares en el tejado y de 29 céntimos para los huertos solares en tierra, frente a los 45 céntimos actuales para ambos casos. Para el sector la cosa está clara: con esta medida el Gobierno echa el candado al sector, que según la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF) –que incluye a las principales empresas del sector como Bergé Generación, BP Solar, Fotowatio o Isofotón, entre otras- destruirá 40.000 empleos y sufrirá la renuncia de 16.000 millones de inversión. Un escenario poco menos que apocalíptico.
Pero lo que en parte inquieta a Industria –además de una prima que los propios productores estaban dispuestos a rebajar y que para muchos expertos resulta abusiva- es el porcentaje de esa inversión que pueda venir de advenedizos del ladrillo que busquen dinero fácil como refugio a la mala situación de su core business. De hecho, son ya muchas las inmobiliarias que no han querido dejar pasar una oportunidad tan prometedora. El caso más claro es el de la canaria Montebalito, un valor que en lo más álgido de la burbuja obtuvo revalorizaciones espectaculares en bolsa y que hace unos meses planteó una reordenación de sus negocios en la que daba prioridad al negocio solar sobre el inmobiliario. Es su comunicado a la CNMV, Montebalito solicitaba el cambio de clasificación sectorial y su intención de desinvertir en activos inmobiliarios. Sus planes pasan por la puesta en marcha de siete parques solares con una potencia de 70 megavatios, así como por proyectos en Italia.
El grupo Nozar tampoco quiso dejar pasar la oportunidad de entrar en un sector tan agradecido y adquirió una participación inferior al 5% en Solaria. Urbas obtuvo los derechos para la construcción de 45 megavatios en más de 20 plantas solares fotovoltaicas en Guadalajara y prevé expandirse por jovenlandia, Bulgaria, Rumania y Portugal. San José, tras comprar Parquesol, anunció la creación de una división energética centrada en el negocio solar. Sin olvidar las apuestas por la energía solar de Acciona (con Acciona Solar) o Sacyr (a través de Valoriza Energía). Falta por ver si con la nueva regulación, que en todo caso no tendrá carácter retroactivo, siguen adelante los proyectos que aún no están en marcha.
Riesgos para la salud
Precisamente la incertidumbre regulatoria ha hecho que todas las iniciativas se acelerasen en los últimos meses para aprovechar un marco tan benigno, con consecuencias a veces no deseadas. Según Javier Gorbeña, vicepresidente de la AEF y consejero delegado de Bergé Generación, la existencia de un plazo fijado hasta septiembre, “sin saber lo que va a pasar luego”, ha provocado un exceso de demanda y la “entrada masiva de productos asiáticos” defectuosos o de mala calidad que pueden provocar no sólo un mal funcionamiento de la red de electricidad o una menor vida útil de los equipos, sino mayores costes y un riesgo claro para la seguridad de quienes los manipulan.
Un efecto colateral de un boom que a nadie puede extrañar. Piénsese, ¿qué más puede pedir una empresa? Para empezar y con el fin de cumplir con Kyoto, el Gobierno obliga a las compañías eléctricas a comprar a un precio político la energía eléctrica procedente de energías renovables. Según el Real Decreto 436/2004, deben adquirir la electricidad generada a un precio bonificado de un 575% de la tarifa regulatoria media durante los primeros 25 años de vida de la instalación y en el 460% a partir de entonces.
Y, para continuar, una regulación con varios puntos neցros que muchas empresas han aprovechado con presuntos fraudes de ley que aún no está claro como resolverá la nueva regulación. Y es que, pese a que la ley limita la capacidad de explotación de las plantas fotovoltaicas a 100 kilovatios, las grandes instalaciones han parcelado sus campos para acceder a la prima. La obligación de que cada planta tenga un solo titular ha llevado a disfrazar con diferentes titularidades al mismo propietario.
En su esfuerzo de disuasión, el secretario general de la Energía, Pedro Marín, anunció que la nueva norma, en aras a sentar las bases de un desarrollo sostenible, fijará un tope de potencia de 300 megavatios, con cuatro registros trimestrales de 75 megavatios cada uno. Si la demanda supera ese umbral, la prima se reduciría todavía más, una disposición que también ha hecho que las productoras pongan el grito en el cielo.
Según un informe de la consultora DBK, el negocio de la energía solar alcanzará los 470 millones de euros en 2008, con un incremento del 125%, después de un 2007 espectacular. En el pasado ejercicio, el sector atrajo inversiones por 5.000 millones de euros, según datos de la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF), de la que se ha escindido AEF. Según estos registros, en 2007 se conectaron a la red eléctrica 428 megavatios, un 440% más que el año anterior, para un total de 593 instalados.
