Loable intento que no deja en mal lugar a España.
Si bien el carácter insular de Puerto Rico facilita su integración como Comunidad Autónoma, no me parece que la cosa fuese a ser precisamente un camino de rosas. Requeriría un régimen tras*itorio bastante largo que evitase tensiones excesivas con la situación actual de Puerto Rico.
Un régimen tras*itorio, régimen territorial y un régimen fiscal especial no son desconocidos en absoluto en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que es cierto que nuestra propia constitución facilitaría mucho la integración.
Preveo serios problemas con el sistema en Puerto Rico: Se trata de un territorio que lleva más de 100 años sujeto a un sistema legal anglosajón que requeriría un período tras*itorio de décadas modificar, pero podría hacerse. Sería necesario que se aprobase un Estatuto de Autonomía que tuviese en cuenta las peculiaridades electorales de la isla (que desconozco, pero que supongo que está sujeta a un sistema de circunscripciones uninominales de tipo americano para el Gobierno de la Isla, eso no es compatible con nuestra Constitución, que exige un sistema proporcional con ejecutivo elegido por la Asamblea, no directo, por lo que seguramente se requeriría una Reforma Constitucional). Para la elección de representantes en el Congreso de los Diputados y el Senado no haría falta modificar nada, salvo quizá el límite de diputados y senadores en el Congreso. Esto no es obligatorio, pero sería conveniente para incorporar más representantes que reflejen el aumento territorial y de población. Se puede hacer por un cambio legal, ya que la Constitución posibilita un Congreso de hasta 400 diputados (el actual tiene 350). Para la representación del Senado no sería necesaria reforma alguna, ya que la propia Constitución establece un número de senadores dependiente del territorio y de la población, con lo que ese aumento se llevaría a cabo automáticamente.
Creo que Puerto Rico se vería enormemente beneficiado al levantarse las restricciones comerciales que pesan sobre él en la actualidad, pero al ser enormemente dependiente de los Estados Unidos, podría haber un período tras*itorio problemático. Sería necesario un acuerdo tras*itorio de IVA, quizá al estilo del de Canarias y un sistema arancelario tras*itorio especial para evitar la carestía y el colapso económico inicial si se interrumpe o entorpece la relación comercial con los Estados Unidos de forma repentina.
Sería necesario definir la relación respecto a la Unión Europea a corto, medio y largo plazo: si bien como ciudadanos españoles los portorriqueños deberían de adquirir inmediatamente la Ciudadanía Europea, dándoles acceso a todo el Espacio Schengen y a vivir y trabajar en la UE, podría no ser de interés inmediato incorporar Puerto Rico al Espacio Económico Europeo por las dificultades que sobrevendrían en la isla al alterar drásticamente la relación comercial con los Estados Unidos. El no formar parte del EEE o la Unión Aduanera, nuevamente no es algo extraño en territorios de Estados de la UE alejados de la misma. Sería necesario también clarificar la moneda de uso legal (probablemente el euro), pero con un período de tras*ición y convivencia con el dólar. El principal reto yo creo que sería lograr un justo equilibrio fiscal que atendiese a las necesidades de Puerto Rico sin llegar a convertirla en un Paraíso Fiscal. Hay que tener además en cuenta que la integración inmediata en el EEE o la unión aduanera no me parece posible ni deseable.
Si bien la pretensión de estos portorriqueños de regresar a España como Comunidad Autónoma es loable, no se pueden ignorar tampoco los fuertes lazos que en estos más de 100 años Puerto Rico ha desarrollado con los Estados Unidos, para bien o para mal. Muchos portorriqueños tienen familia en ese país, han servido en sus Fuerzas Armadas, y tienen la nacionalidad de los Estados Unidos, lo que les permite votar allí y visitar y trabajar sin problemas en los Estados Unidos. Nuevamente, lo deseable sería un período tras*itorio que les permitiese ajustarse a la nueva realidad internacional en la que se encontrarían.
Tampoco puede ignorarse que, si bien los portorriqueños consideran el español su primer idioma, la presencia del inglés es fuerte allí, para bien o para mal, y es un hecho que no puede ser tampoco ignorado. No obstante, la existencia de Comunidades Autónomas con dos lenguas (o incluso más) cooficiales, siendo una de ellas el español, por supuesto, no es tampoco extraña a nuestro ordenamiento. En el caso de Puerto Rico, la posibilidad de que territorialmente sea cooficial el inglés no supone un problema importante, al ser una segunda lengua de estudio obligatorio en el resto de España. No obstante, serían los portorriqueños los que en su hipotético estatuto de autonomía podrían dirimir esta cuestión.
Las cuestiones relativas a seguridad social, sistema sanitario y seguridad ciudadana, requerirían también un período de ajuste bastante largo: nuevamente desconozco la situación de Puerto Rico, pero supongo que se basa en un sistema privado tipo estadounidense con prestaciones asistenciales tipo Medicare y Medicaid para las personas ancianas o con menos recursos. Este es un punto en el que tras*itoriamente España debería de comenzar aplicando la prestación universal de sanidad vía aseguramiento antes que mediante la titularidad de hospitales para ir acercándose progresivamente al sistema que rige en España. La Seguridad Ciudadana requeriría incorporar a las Fuerzas de Seguridad Existentes en Puerto Rico como policía autonómica propia inicialmente (sistema tampoco desconocido en nuestro ordenamiento) sin perjuicio de las tareas que correspondan a la Guardia Civil o la Policía Nacional.
La cuestión del sistema de pensiones se me escapa por completo, pero el España debería de asumir inicialmente el sistema de pensiones americano vigente para ir adoptando el esquema de la Seguridad Social vigente en el resto de España con tal vez ciertas peculiaridades locales.
En suma, si bien no es algo imposible de conseguir, me parece que esos portorriqueños tienen muy buenas intenciones, pero sin haber abordado el fondo de la complejidad del asunto, que requiere un estudio rigurosísimo y extraordinariamente extenso de la cuestión, antes de ser propuesto al público para que puedan decidir de forma bien informada.
