Pucherazo del 36 justifica el golpe nacional

En realidad no hubo un solo pucherazo, sino dos, más un golpe de estado parlamentario; y mientras tanto, en las calles las bandas de matones de la izquierda se dedicaban a los actos revolucionarios del saqueo, el incendio y el crimen político. Los pucherazos se produjeron en las parlamentarias de febrero –celebradas en dos vueltas– y en la revisión de los resultados en la comisión de actas de las Cortes, en marzo; el golpe parlamentario fue la destitución inconstitucional de Alcalá Zamora, en abril.

De las dos elecciones más importantes de los años 30, las municipales de 1931 y las parlamentarias de 1936, no tenemos los datos oficiales, porque los Gobiernos, ambos de centro-izquierda, no los dieron, lo que hace sospechar de su legitimidad. Los resultados se reconstruyeron en las décadas posteriores. En el caso de las elecciones del 12 de abril de 1931 se dan las cifras de 22.000 concejales monárquicos y 5.700 de las listas de la conjunción republicano-socialista, aparte de los correspondientes al PNV, la Liga Regionalista catalana y la Esquerra Republicana de Cataluña. La caída de la Monarquía se debió no a las urnas, sino a la desmoralización del rey y sus cortesanos y a las maniobras golpistas de los socialistas y los republicanos burgueses.

Las Cortes más democráticas, disueltas antes de plazo

Las elecciones de 1936 se celebraron después de que el presidente de la República, el exministro de Alfonso XIII (de Fomento y Guerra) Niceto Alcalá Zamora, dictase la disolución de las Cortes elegidas en noviembre de 1933, en las que la CEDA, la coalición de derechas, obtuvo 115 diputados, mientras que el PSOE consiguió sólo 59. Las izquierdas y Manuel Azaña trataron de que Alcalá Zamora impidiese la apertura de esas Cortes, a las que consideraban ilegítimas, pero éste se negó. Sin embargo, sí obstaculizó el funcionamiento de las Cortes, hasta el punto de que el 7 de enero de 1936 recurrió a su facultad constitucional de disolverlas (lo podía hacer dos veces durante su mandato de seis años).

Las primeras Cortes ordinarias de la República, elegidas en lo que el historiador Stanley Payne considera las elecciones más libres y tras*parentes registradas en España hasta entonces (las primeras en las que participaron las mujeres, por cierto), duraron sólo dos de los cuatro años previstos.

La reciente publicación de la primera parte de las memorias inéditas de Alcalá Zamora, recuperadas en 2008 gracias a la intervención de los historiadores César Vidal y Jorge Fernández-Coppel, aporta más datos sobre el pucherazo de la izquierda, sobre todo del PSOE, en las elecciones de febrero.

Los burgueses quieren favorecer a la izquierda

Tanto Alcalá Zamora como el presidente de Gobierno que él había nombrado, el masón y sexagenario Manuel Portela (que también había sido ministro de la Monarquía, en 1923, y que en la guerra se ofrecerá a los nacionales y a los gente de izquierdas como personalidad de prestigio), estaban convencidos de la victoria de la coalición de derechas, el Frente Nacional Contrarrevolucionario; hasta el punto de que el primero aconsejó al segundo echar una mano a las candidaturas de izquierdas. Así lo explica en esta frase (gramaticalmente incorrecta, por cierto):

Con motivo de ser hoy la proclamación de candidatos, se confirma y acentúa cuán lejos de vocingleras e impacientes ilusiones están las posibilidades de la izquierda, a pesar de que Portela promete, y yo se lo aconsejo reiteradamente, procure no quitarles un acta y aun favorecerles lícitamente en cuanto pueda.

La misma tarde del día de las votaciones, los militantes de izquierdas salieron armados en cuadrillas y causaron tal terror, que numerosos alcaldes y concejales huyeron y varios gobernadores civiles dimitieron. Los izquierdistas aprovecharon el vacío de poder para manipular la documentación electoral y preñar las urnas. Fue el caso de Cáceres, donde ganó la CEDA, pero la izquierda convirtió en vencedora a la candidatura del Frente Popular, encabezada por José Giral.

Los primeros resultados que se conocieron fueron los de las ciudades de Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Sevilla, donde el Frente Popular quedó primero; eso, más los tumultos perfectamente preparados (Alcalá Zamora reconoce que el PSOE había elaborado listas negras), amedrentó a las derechas y a las autoridades. El mismo Alcalá Zamora, que se negó a declarar el estado de guerra para no provocar a la izquierda ni justificar "un golpe de estado reaccionario", su gran miedo, cuenta que su mujer se trasladó al Palacio de Oriente para evitar cualquier ataque.

El fistro Portela dimitió y el 19 de febrero Alcalá Zamora encargó la presidencia del Gobierno a Manuel Azaña, sin que siquiera se hubieran comunicado los resultados oficiales de la primera vuelta. Desde el Gobierno, el Frente Popular dirigió la segunda vuelta.

Los documentos de las memorias robadas

La Secretaría General de la Presidencia de la República elaboró para el presidente un promedio de los votos obtenidos por las candidaturas el día 16, que es una de las novedades de este libro:

– Izquierda: 4.358.903.

– Centro y PNV: 556.010.

– Derecha: 4.155.126.

Entre los dos bloques había una diferencia en sufragios de 203.000. A la vista de las violencias ejecutadas por las bandas de pistoleros de las izquierdas cabe preguntarse si el Frente Popular no habría quedado por debajo del Frente Nacional de haber sido completamente libres las elecciones.

Otra de las novedades son las previsiones del reparto de actas entregado a Alcalá-Zamora en las horas posteriores a las elecciones por el Gobierno de Portela y que muestran una mayoría para las derechas:

– CEDA: 134, más incluso que los 115 obtenidos en 1933.

– Ministeriales (el centro montado por Alcalá-Zamora y Portela): 115.

– PSOE: 55, cuatro menos que en la legislatura anterior.

– Izquierda Republicana: 56.

– Renovación Española: 23, en auge.

– Liga: 20.

– Comunistas: 2.

– Falange: 1.

– PNV: 7.

Por muy desigual que fuera la ley electoral elaborada por las Cortes de Azaña y el PSOE, la diferencia de votos auténtica no habría dado una distancia tan grande en diputados entre ambos bloques como la que quedó tras la segunda vuelta.

El 24 de febrero Manuel Becerra, que fue ministro de Justicia en el último Gobierno de Portela, le dijo a Alcalá-Zamora que al menos cincuenta actas cambiaron de la derecha a la izquierda durante el primer pucherazo.

El escándalo de la comisión de actas

El segundo tuvo lugar con la Cortes ya abiertas, lo que ocurrió el 17 de marzo: se formó una comisión para la revisión de las actas discutidas presidida por el socialista Indalecio Prieto. De las 456 actas presentadas, sólo 187 no tenían protesta de legitimidad. A los debates de la comisión los precedió una campaña de desprestigio de la prensa de izquierdas. El Socialista de 20 de marzo escribió: "Ni un solo diputado de derechas puede afirmar que alcanzó limpiamente su escaño".

En esa comisión el Frente Popular, con el respaldo del PNV, robó un puñado más de escaños a la derecha: la CEDA pasó de 101 diputados a 88 y el PSOE subió de 88 a 99. Así cambiaron de siglas 32 actas, que fueron en su mayoría a la izquierda. Además, se anularon las elecciones en dos provincias donde la derecha había ganado, Cuenca y Granada, y se ordenó que se repitieran en mayo. Ante la violencia de las bandas socialistas y comunistas, las derechas renunciaron a presentarse en Granada, donde los milicianos detenían en las calles a sus adversarios, y el Frente Popular ganó en Cuenca.

Al final del proceso, el Frente Popular, unido al Frente d’Esquerres catalán, superaba los 280 diputados.

Una vez construida una mayoría absoluta con fraudes y tiros, la misión de esas Cortes ilegítimas fue la destitución de Alcalá Zamora por un mecanismo inconstitucional. El 8 de abril de 1936, veinte meses antes de cumplir su mandato, el abogado andaluz fue destituido por la misma izquierda a la que tanto había ayudado, al disolver las Cortes con mayoría de derechas (a las que calificó de "Parlamento fernandino") y ordenar a Portela que procurase favorecer a los candidatos del Frente Popular. Sólo cinco diputados votaron en contra de su remoción

Actas con raspaduras y dígitos cambiados para añadir más votos que los reales a los candidatos del Frente Popular en Jaén, donde hubo urnas con más votos que votantes; recuento adulterado gravemente en La Coruña; fraude en Cáceres, Valencia -con escrutinios a puerta cerrada sin testigos- o Santa Cruz de Tenerife, donde "la victoria oficiosa del centro-derecha se convirtió en un corto triunfo del FP, que se anotó los cuatro escaños de las mayorías; desvíos de votos en Berlanga, Don Benito y Llerena para perjudicar a la CEDA... Al menos el 10% del total de los escaños repartidos (lo que supone más de 50) no fue fruto de una competencia electoral en libertad, sostienen Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García, los autores de '1936: Fraude y Violencia'. El libro supone, según el historiador Stanley G. Payne, "el fin del último de los grandes mitos políticos del siglo XX". "España se ha vuelto Coruña", dejó escrito Niceto Alcalá-Zamora para referir cómo se generalizó lo ocurrido en La Coruña, que para el ex presidente de la República ejemplificaba "esas póstumas y vergonzosas rectificaciones" acontecidas con las actas electorales. Si a los 240 asientos conseguidos por el Frente Popular se le restan los que fueron fruto del fraude, las izquierdas solas no habrían llegado al Gobierno.

Ilustración realizada a partir de un cartel del PCE, obra de Josep Renau, de 1938
Tras un meticuloso empeño detectivesco, consultar y desempolvar los archivos y actas, una a una, de cada provincia, además de otras fuentes primarias -memorias y prensa-, los prestigiosos historiadores Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García han reconstruido, casi minuto a minuto, el relato del recuento de las últimas elecciones generales anteriores a la Guerra Civil. Y publican, por primera vez, tras consultar todas las actas, los resultados oficiales de las elecciones del 16 de febrero de 1936, que pasaron a la historia como las de la gran victoria del Frente Popular y situaron a Manuel Azaña al frente del Gobierno de la II República. No sólo confirman que la derecha se impuso por 700.000 votos en el conjunto de España, sino que explican los casos más escandalosos de fraude.Vuelcos increíbles y recuentos de papeletas interrumpidas. Papeletas que aparecen a última hora, en bloque y a veces en sobres abiertos, para decantar el resultado en una mesa. Otras con tachaduras, borrones y raspaduras... En La Coruña, Orense, Cáceres, Málaga, Jaén, Santa Cruz de Tenerife, Granada o Cuenca ocurrieron cosas muy raras. Todas influidas por una circunstancia sabida pero que ha pasado relativamente desapercibida: en mitad del recuento -que ocupaba varios días- dimitió el Gobierno de Portela -a quien los autores responsabilizan en gran parte del desaguisado-. El nuevo Gobierno, "sólo de Azaña", como diría el presidente de la República, Alcalá Zamora, para subrayar que lo integraban figuras secundarias de la Izquierda Republicana y Unión Republicana, condicionó las horas decisivas del escrutinio.Las elecciones de febrero de 1936 fueron limpias; la campaña, muy sucia. Se cerró, precisan los autores, con 41 muertos y 80 heridos de gravedad. La violencia se instaló en las calles y los comicios adquirieron un carácter plebiscitario en un ambiente viciado, radicalizado, polarizado y caníbal. Fueron unos comicios en pie de guerra en los que parecía ventilarse el futuro de la República. Ahora el libro de los historiadores y expertos en el periodo Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García, que recogen en la obra 1936. Fraude y Violencia en las elecciones del Frente Popular (Espasa), descubre la verdad de lo ocurrido. Se trata de una mastodóntica y absolutamente novedosa investigación que, como subraya el hispanista Stanley Payne, pone fin a uno de los "grandes mitos políticos del siglo XX». Porque los profesores de la Universidad Rey Juan Carlos (Álvarez imparte allí Historia del Pensamiento Político y Villa, Historia Política) desmontan leyendas construidas en torno a la victoria de las izquierdas. Lo que sucedió durante los días posteriores a la votación no fueron manifestaciones de entusiasmo, celebración y alborozo de simpatizantes del Frente Popular, sino prácticas coactivas y de intimidación organizadas e instigadas por las autoridades interinas provinciales, que aprovecharon el cambio repentino de Gobierno el día 19. Se extendieron por todo el país, generaron un clima de inseguridad jurídica en torno al recuento e influyeron en los resultados finalmente admitidos. Los autores, además de publicar por vez primera los resultados oficiales de aquellas elecciones, identifican los casos de fraude, falseamiento y manipulación. Detallan caso a caso, vuelcos inexplicables y recuentos interrumpidos; papeletas que aparecen a última hora, en bloque, para decantar el resultado en una mesa y otras con tachaduras, borrones y raspaduras. Demuestran que algo más del 10% del total de escaños de esas nuevas Cortes, más de 50, no fue fruto de una libre competencia electoral. Nunca hubo un acta única con los resultados oficiales. Las Juntas Provinciales informaban del recuento a la Central, que lo trasladaba al Congreso. El cómputo final debía aparecer en los anuarios estadísticos del año siguiente. No fue así. Hasta el momento, los historiadores hacían proyecciones sobre la base de la relación entre las cifras publicadas en prensa y la asignación final de escaños. El fraude fue directamente promovido o pasivamente respaldado por las autoridades provinciales interinas del Frente Popular, que obraron con total impunidad y pudieron hacerse con la documentación electoral tras el cambio de Ejecutivo, hecho que propició la dimisión de los gobernadores civiles y presidentes de Diputación o simplemente su expulsión o detención -en algunos casos para preservar "su seguridad"-. Por supuesto, la ola de violencia desatada entre los días 16 y 19 precipitó los acontecimientos. En algunos lugares los alborotadores obligaron a las autoridades de un hospital de leprosos a dejar marchar a los enfermos.Las elecciones se falsearon fundamentalmente en mesas de Málaga y Santa Cruz de Tenerife, donde hubo de repetirse la votación. Aunque sin la fiscalización y presencia de apoderados de centristas y representantes de las derechas. Fueron, según se desprende del nuevo libro, una auténtica farsa. El día 20 debían abrirse de nuevo 57 colegios de la capital malacitana. Se disputaban nada menos que 29.000 votos. Los resultados del día 16 favorecieron con holgura al FP. Por eso resulta un misterio que la coalición cambiara de candidato (práctica legal), el socialista Luis Dorado, que tenía que sacar 13.000 votos de diferencia respecto del cedista para asegurar su escaño. Militantes del FP ocuparon en la víspera la sede del Gobierno Civil y sustituyeron al gobernador por un concejal afín. Lo mismo hicieron en el Ayuntamiento y la Diputación. El nuevo gobernador clausuró las sedes de la CEDA y Falange y detuvo a varios afiliados. Finalmente, el cedista Emilio Hermida retiró su candidatura (lo que no impedía que fuera votado). Hubo disturbios y tiroteos, pero votó todo el mundo: unos 29.000 censados. Casi 28.000, al socialista Dorado. En Santa Cruz de Tenerife el triunfo parecía asegurado para el representante de centro-derecha, que llevaba, según el Gobierno Civil y a falta de abrir los últimos colegios, una ventaja de 11.000 votos. El centrista Félix Benítez de Lugo, dándose por vencedor, pidió el voto por las candidaturas republicanas para frenar a socialistas y comunistas (el sistema electoral era de lista y mayoritario en circunscripciones plurinominales).El día 19 se produjo un giro inesperado: candidatos del FP invitaron al gobernador a dejar su puesto. La razón era sencilla: no tenía sentido que siguiera en él si su Gobierno había dimitido. Ugetistas, cenetistas y miembros del FP exigieron a Azaña en varias ciudades la apertura de cárceles para liberar a los "presos sociales" y la entrega a las izquierdas de los ayuntamientos, esto último para impedir que la derecha alterase los resultados. El día 20 se declaró el estado de guerra en la ciudad. El candidato radical se retiró. Proclamada una huelga general, las elecciones no se celebraron. No obstante, en ocho de nueve colegios aparecieron las papeletas del FP: 3.700 votos fantasma que contribuyeron, junto con otras manipulaciones de las actas, a dar un vuelco al resultado de la provincia. También tenían que votar el día 20 los electores del pueblo jienense de Alcaudete. Acudieron a las urnas mientras la Junta Provincial procedía al escrutinio. Total, que las izquierdas se impusieron en ese feudo de tradición conservadora por 599 a 0. En Linares aparecieron urnas sin precintar y en cinco de la provincia había más votos que votantes censados. Asimismo, en Valencia, La Coruña o Cáceres se rompieron o interceptaron urnas. En Valencia las fuerzas estaban igualadas. El cambio de Gobierno precipitó un aparatoso recuento de 21 municipios: las izquierdas ganaron por 400 votos, los suficientes. La Junta Provincial se negó a un recuento oficial, porque "ya se había hecho a puerta cerrada". En La Coruña el cómputo se prolongó hasta el día 24: los resultados de 188 actas no se correspondían con las certificaciones de las mesas. "España se ha vuelto Coruña", escribió Alcalá Zamora. Allí las autoridades interinas exigieron la presentación inmediata de las actas de 56 colegios y amenazaron con una huelga general si no se encontraba una solución "satisfactoria para las izquierdas". Los candidatos de las derechas fueron arrestados por un día acusados de fraude. Y en siete municipios de Cáceres la documentación llegó a la Junta Provincial con el lacrado roto y los sobres abiertos. En cinco mesas desapareció el acta de la votación. Los investigadores ilustran con muchos ejemplos de maniobras similares que el cambio de autoridades modificó el reparto final de escaños. Interrumpieron el recuento donde la contienda estaba más ajustada. El día 20, cuando se reunían las Juntas Provinciales, el procedimiento para introducir confusión fue parecido en muchos sitios: las izquierdas denunciaban a las derechas por manipulación y fraude, impugnaban los resultados e incluso detenían a sus representantes. Hasta ese momento, la mayoría del FP sólo se daba "por supuesta".El propio Portela, cuyo escaño por Pontevedra estaba en el aire, rehusó avanzar resultados antes del día 20. Algunas embajadas adelantaban el día 18 un empate, lo cual convertía en decisiva la segunda vuelta, que a la postre fue irrelevante, a pesar de tener que realizarse en un buen número de provincias. Las izquierdas pusieron en marcha su aparato propagandístico: el FP "no se dejaría arrebatar la victoria"; "¿Tienen el mismo valor, políticamente, el medio millón de sufragios logrados en Madrid y Barcelona que los 50.000 arrancados a los campesinos palentinos por el caciquismo?". Las consignas del PCE iban dirigidas al nuevo Gobierno, cuyo deber era ajustar las Cortes, "desembarazadas de impurezas", a las preferencias electorales, que nada tenían que ver con las de "un capitán de industria como March". Las izquierdas no estaban dispuestas a admitir un escrutinio que no les otorgara la victoria. Según el estado de opinión que se creó, partiendo con la ventaja adquirida, cualquier vuelco durante el escrutinio era fraudulento. El FP se impondría en número de escaños, pero estaba en juego la mayoría parlamentaria suficiente: 240 asientos. ¡Bingo!, obtuvieron más de 50 escaños de manera dudosa. Los números salieron tras el cambio de Gobierno, pues antes de esa fecha y en los dos primeros días de recuento, los datos de Alcalá Zamora, Azaña y el embajador británico coincidían: entre 216 y 217 diputados para el FP. Si a los 240 asientos conseguidos por el Frente Popular se le restan los que fueron fruto del fraude, las izquierdas solas no habrían llegado al Gobierno. En total había 473 escaños en liza.El Gobierno de Azaña era legal y legítimo, pues correspondía al presidente disolver y nombrar otro, pero su "inteligencia política" no sale bien parada. Este libro precisa todo lo que ocurre en esos cuatro días. El 19 lo cambió todo. Tras la "huida" de Portela, el FP se hizo con el poder local, hecho decisivo para condicionar el recuento y crear una atmósfera intimidatoria. Los desórdenes no se produjeron como reacción a los rumores de golpe sino para asegurar una mayoría parlamentaria al FP. El Estado de Derecho quedó de facto suspendido. La tarea que han hecho Tardío y Villa es prodigiosa. Para demostrar el fraude han seguido un escrupuloso método de verificación de los aspectos legales y formales de las elecciones. Después han comparado votos escrutados en las mesas y los resultados proclamados por las juntas -aquí está la progenitora del cordero del falseamiento-. Y por último, han analizado la justificación de las impugnaciones. Han sido más de cinco años de investigación. No recurren a documentos secretos. Todos son públicos. Había que expurgarlos, ordenarlos y construir el puzle. La mayoría de los papeles no habían sido consultados antes. Los autores han recorrido España y han escudriñados los archivos del Foreign Office, el Quai d'Orsay y el archivo del Vaticano para contar desde distintos ángulos seis meses decisivos en la historia de España, desde diciembre de 1935 hasta la primavera del 36.Los autores testan la calidad democrática de la República y sostienen que la CEDA resistió electoralmente. Demuestran que había una sólida base sociológica para construir una República inclusiva. Por desgracia, sostienen en conversación con Crónica, "la estrategia del Frente Popular en la discusión de las actas en el Congreso y el hecho de que la izquierda republicana, con Azaña a la cabeza, no se plantara ante el radicalismo socialista, fue lo que una vez más dinamitó los puentes de diálogo con la oposición conservadora. Eso constituyó un duro golpe para la consolidación de la joven democracia republicana". En todo caso, no dan pábulo a las tesis revisionistas que proyectan determinados acontecimientos sobre el Golpe del 36. Cuentan hechos desnudos, con máximo rigor y sin prejuicios. Muy pocas veces se puede decir de un libro que es definitivo. 1936. Fraude y Violencia lo es.