Piden más de veinte años de guandoca para varios policías locales de Badajoz por asaltar una vivienda, agredir a los vecinos y detenerlos ilegalmente

La Audiencia Provincial juzgará este mes a cuatro agentes de la Policía Local de Badajoz por allanamiento de jovenlandesada, detención ilegal, lesiones, delitos contra la integridad jovenlandesal, falsedad en documento oficial y falso testimonio. Los acusados se enfrentan a más de 20 años de guandoca cada uno.

El juicio comenzará el 12 de septiembre y podría alargarse hasta tres días. Los procesados son un oficial y tres agentes. Los hechos juzgados tuvieron lugar en plena esa época en el 2020 de la que yo le hablo, durante el confinamiento domiciliario. Fue entonces cuando, según el escrito de acusación de la Fiscalía de Badajoz, los policías entraron sin autorización en un piso de Valdepasillas, agredieron a cuatro personas que se encontraban en el interior y detuvieron a dos de ellos. La acusación también considera que las víctimas fueron vejadas y que los agentes mintieron posteriormente para ocultar estos hechos.

El Ayuntamiento de Badajoz prefiere no aclarar si los tres agentes y el oficial implicados siguen en activo. «No podemos valorar ningún proceso en curso ni dar información que afecte en el juicio», aseguran desde el Consistorio pacense. Además de las penas de guandoca a las que se enfrentan, la Fiscalía también pide la inhabilitación para estos funcionarios y el abono de varias indemnizaciones.

Una de las pruebas más importantes en el proceso legal serán dos vídeos que se pueden ver junto a esta información. En los mismos, grabados por una mujer que resultó herida, se puede apreciar una primera visita de la Policía Local a la casa en la que no hay incidentes, pero también una segunda acción, una hora después, en la que acceden por la fuerza cuando el propietario trataba de cerrar la puerta.

La Fiscalía mantendrá en el juicio que el 30 de mayo de 2020 cuatro agentes de la Policía Local de Badajoz se personaron en un domicilio de la plaza Francisco Vera. Su visita se produjo a las 4.10 horas «por propia iniciativa por ruidos y posibles molestias a los vecinos», según el escrito de acusación. Se da la circunstancia de que esta plaza de Valdepasillas está frente a la comisaría.

Tras llamar al piso, el ocupante del mismo abrió a los agentes. Era el residente de la vivienda junto a su novia, que fue la persona que grabó, oculta en otra habitación, las dos visitas policiales. En la casa había, en ese momento, otras dos personas.

Los municipales pidieron al varón que les entregara su DNI y éste se negó tanto a identificarse como a entregarles este documento. Con un tono correcto y educado les indicó que «estaba en su domicilio, no en la vía pública». También les informó de que era abogado.

Tras su negativa, los policías le advirtieron que sería doblemente sancionado, tanto por negarse a identificarse como por las molestias que causaba en el piso. Finalmente se marcharon indicándole que cesara el ruido.

Una hora después, a las 5.15 de la madrugada, la policía volvió al mismo piso de la plaza Francisco Vera. En ese caso fueron tres agentes y un oficial que no se había personado en la primera visita. A las 5.23 horas el perjudicado abrió de nuevo la puerta y el oficial volvió a pedirle el DNI. Fue entonces cuando el dueño de la vivienda les respondió que no lo tenía y se dispuso a cerrar la puerta. En ese momento el mando policial dio un violento empujón a la puerta y entró en la casa seguido por los otros tres agentes. Los funcionarios accedieron a la vivienda sin orden judicial y sin consentimiento de los ocupantes.

En uno de los vídeos se aprecia la entrada de los agentes y cómo el afectado corre para alejarse de ellos y tropieza con su novia, que estaba grabando la escena. Entonces se cortan las imágenes.

La Fiscalía sostiene que posteriormente se produjo un forcejeo. La violencia fue tal que se rasgaron las ropas del propietario de la vivienda. Su novia intervino para evitar que los policías lo sacasen de la casa a rastras mientras les recriminaba que no tenían autorización para actuar de este modo. Ella, según el escrito de acusación, también fue zarandeada y brutalmente golpeada por los policías.

Tras esta escena intervinieron las otras dos personas que estaban en el piso. Se interpusieron entre los agentes y el joven que había abierto la puerta, que logró zafarse. Aprovechó ese momento para llamar a la Policía Nacional y pedir socorro. No dijo que habían entrado los locales en su casa, sino unos asaltantes con palos.

Cuando los agentes supieron que había pedido socorro a la Policía Nacional, decidieron detener también a su novia. Entonces se produjo otro enfrentamiento en el que, según mantiene la Fiscalía, los agentes municipales usaron sus defensas (porras) para golpearlos en miembros y cabeza. Finalmente se llevaron al dueño de la casa arrastrándolo por las escaleras hasta el rellano «donde emplearon una agresividad desproporcionada para reducirlo dejándolo inconsciente», indica el escrito de la acusación.

El afectado fue introducido en el ascensor completamente desnudo, lo pusieron de rodillas y lo esposaron. Este joven sufre desde entonces una enfermedad neurológica degenerativa. Fue trasladado al hospital y posteriormente a la Jefatura Superior de la Policía Nacional en condición de detenido.

Tras los hechos los cuatro policías narraron lo sucedido, según la Fiscalía, «mutando de forma sustancia lo sucedido». No dijeron que habían entrado en la vivienda sin autorización. En su lugar mantuvieron que habían escuchado los gritos de alguien que pedía ayuda desde el interior del piso, que el joven afectado ya estaba desnudo cuando llegaron y que habían sido los ocupantes los que les habían agredido a ellos. Mantuvieron esta versión hasta saber que existían los vídeos.

La Fiscalía entiende que el oficial de policía cometió un allanamiento de jovenlandesada (2 años y medio de prisión), dos delitos de detención ilegal (cinco años cada uno), tres delitos de lesiones (un año de guandoca por cada uno), dos delitos leves de lesiones (multa de 600 euros por cada), un delito contra la integridad jovenlandesal por trato degradante (dos años), un delito de falsedad de documento oficial cometido por funcionario público en concurso ideal con un delito de acusación y denuncia falsa (cinco años de guandoca) y un delitos de falso testimonio (dos años de guandoca). Son 24 años y medio de prisión. Al resto de los agentes los acusa de los mismos hechos excepto de uno de los delitos de lesiones.

Ojalá les acabe condenando el Supremo. Sería una noticia muy muy buena.