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Dicen que cuando el Cardenal Juan Bautista Montini fue elegido Papa el 21 de junio de 1963 uno de los funcionarios del Gobierno del Generalísimo Franco dirigiéndose al entonces Jefe del Estado Español exclamó: Ha ocurrido lo peor para España, el cardenal Montini es el nuevo Papa. A lo que el Caudillo habría replicado: El Cardenal Montini ya no existe; ahora es el Papa Paulo VI y España le guardará el respeto y la filial obediencia que merece.
La anécdota, que supongo cierta, revela dos cosas: la primera que Franco fue realmente un gobernante católico, hijo fiel de la Iglesia a la que sirvió siempre como corresponde a un Príncipe cristiano; la segunda, que se equivocó redondamente pues el nuevo Papa llevaría adelante una guerra implacable, digna de mejor causa, contra el único Estado católico de Europa hasta lograr, tras la fin del Caudillo, su total desaparición. Una vez más pudo decirse con propiedad en la historia de España aquello del Cid: ¡Dios, qué buen vassallo! ¡si oviesse buen señor!
Las conflictivas relaciones de Montini con el régimen surgido tras la Cruzada del 18 de Julio de 1936 reconocen antecedentes lejanos. En su documentada obra La Iglesia y la Guerra Española (1936-1939), Blas Piñar recuerda que Juan Bautista Montini creció en el seno de una familia fuertemente comprometida con la Democracia Cristiana, de reconocida tendencia democratista y antifascista (un antifascismo, me permito acotar, no siempre fundado en las razones más correctas y acordes con la Doctrina Social de la Iglesia). El padre, Jorge, fue diputado por el Partido Popular cuyo fundador y presidente fue el sacerdote italiano Luigi Sturzo quien al llegar al poder Benito Mussolini se exilió en Estados Unidos. Este sacerdote, al igual que el filósofo francés Jacques Maritain, fue un crítico implacable del bando nacional durante la Guerra Española del 1936 a 1939 a la que negaba el carácter de Cruzada que le había sido reconocido por la casi totalidad del Episcopado Español. También un hermano suyo, Ludovico, había sido diputado por la Democracia Cristiana después de la Segunda Guerra en tanto que otro hermano, Francesco, tras emigrar a la Argentina, marchó a España donde se alistó en las Brigadas Internacionales y murió en combate del lado del bando rojo. El joven Juan Bautista, sobre el que gravaba además una fuerte influencia del pensamiento mariteniano, creció por tanto en un ambiente familiar e intelectual fuertemente hostil a Franco y a la Cruzada, hostilidad que llegaba, incluso, a apoyar abiertamente la causa republicana no obstante la feroz persecución religiosa desatada por la República y pese al explícito apoyo de la Santa Sede a la causa nacional[1].
En su época de Secretario de Estado de Pío XII eran conocidas las vinculaciones de Montini con Palmiro Togliatti, el histórico líder del Partido Comunista italiano, Al parecer, relata Blas Piñar, “tanto a Montini como a Togliatti les gustaba mucho el canto gregoriano”[2]. Durante la gestión de Montini como Secretario de Estado tuvo lugar un hecho escandaloso: el seguimiento y posterior detención por orden de Pío XII de Monseñor Alighiero Tondi, miembro del Partido Comunista que había ingresado al Instituto de los Jesuitas por orden del partido, por ende, un infiltrado, quien se desempeñaba como secretario particular de Monseñor Montini. Este Tondi había sido sorprendido mientras fotocopiaba documentos secretos de la Santa Sede; interrogado, confesó que era agente de la KGB y que enviaba a sus jefes moscovitas documentos robados relacionados con los sacerdotes y obispos que el Papa Pacelli enviaba secretamente a la Unión Soviética a fin de asistir a los fieles católicos y realizar ordenaciones. Gracias a este perverso espionaje (los documentos sustraídos por Tondi llegaban a destino por medio de Togliatti) aquellos sacerdotes y obispos enviados a las URSS fueron descubiertos y asesinados. De esta manera nada menos que el amigo y el secretario de Montini aparecía directamente involucrados en una acción de espionaje que costó la vida de los abnegados enviados secretos del Papa al “paraíso” comunista. Este escándalo tuvo por resultado la destitución de Montini como Secretario de Estado y su traslado a la sede arzobispal de Milán[3].
Como Arzobispo de Milán, Montini tuvo su primer enfrentamiento público con Franco. Fue a causa de un pedido suyo de clemencia por unos anarquistas condenados a fin en 1963: un tal Grinau, ejecutado el 20 de abril de 1963, y otros dos, Granados y Salgado, ejecutados el 17 de agosto de ese año. El Caudillo denegó el pedido de clemencia aduciendo, lo que era estrictamente cierto, que se trataba de peligrosos agentes comunistas autores de numerosos crímenes durante la guerra. El historiador José Andrés Gallego, en su libro La época de Franco, refiriéndose a estos hechos escribe: “La petición de gracia del entonces Cardenal Montini para unos anarquistas condenados a fin anticipó las difíciles relaciones entre Franco y Montini, después que éste fuera elegido Papa”; y añade a continuación esta interesante observación: “La negativa de Franco a renunciar al anacrónico derecho de presentación fue sólo parte del conflicto, en cuyo fondo estaba el contraste entre la Iglesia del Segundo Concilio Vaticano, que Pablo VI había llevado a puerto, y el régimen de Franco”[4].
Esta última observación resume la clave de todo este asunto. El Concilio Vaticano II, principalmente a través de la Declaración Dignitatis humanae, sobre la libertad religiosa imprimió un cambio radical en el modo de concebir las relaciones de la Iglesia con los Estados. El Estado Católico (que suponía la tolerancia de los otros cultos en los casos en que ello resultara necesario en orden al bien común) fundado en lo que se conocía como “la unión del Trono y del Altar” y que hasta entonces constituía el ideal del Estado promovido y alentado por el Magisterio (con las consiguientes actualizaciones que los tiempos aconsejaban) fue directamente dejado de lado y sustituido por una nueva concepción, la llamada “libertad religiosa” que consagró, de hecho, el pluralismo indiscriminado de todas las religiones y aún del ateísmo con prescindencia de toda referencia específica de los Estados a reconocer los derechos de la verdadera religión. Pero ocurría que, precisamente, el Estado que Franco había construido tras la victoria del 39 era un Estado explícitamente confesional cuya legislación se conformaba en todo con la doctrina de la Iglesia. En 1953, y tras no pocas y laboriosas negociaciones, España había suscripto con la Santa Sede un Concordato tenido en su tiempo como modelo. Dicho Concordato reconocía en su Preámbulo que su objetivo era regular las relaciones entre la Santa Sede y el Estado Español “en conformidad con la ley de Dios y la tradición de la nación española”. El artículo primero, por su parte, declaraba que la Religión Católica “seguía siendo la única de la Nación española”. Además completaba la restauración de los privilegios del Clero, que habían sido eliminados en una parte en políticas liberales, consagraba la absoluta libertad de la Iglesia respecto de cualquier eventual control o censura de parte del Estado, sostenía el libre ejercicio en todo el territorio español de las actividades de los grupos de Acción Católica, aseguraba la independencia de la Iglesia, garantizaba el aspecto jurídico de la misma y la validez del Matrimonio Canónico. Pero el punto que finalmente resultaría el más cuestionado fue que este Concordato confería al Jefe del Estado el derecho de presentar los Obispos para su designación por parte de Roma. Sin duda, ante los nuevos aires conciliares, todo esto resultaba anacrónico. Paulo VI fue la piqueta encargada de llevar a cabo la destrucción sistemática de este Estado visto como un inadmisible residuo de un pasado definitivamente superado.
Los primeros conflictos surgieron a raíz del mencionado derecho de presentación de obispos. Paulo VI presionó a Franco forzándolo a que renunciase a este derecho. El Caudillo no cedió alegando entre otras razones precisamente la existencia del Concordato que en ese caso debía ser revisado o reformado. En respuesta a esta negativa, Paulo VI puso en marcha una astuta política de designación de Obispos que, de hecho, representaba una franca violación de los términos del Concordato. Merced a esta política en poco tiempo la configuración del Episcopado Español cambió por completo con la designación de obispos fuertemente comprometidos con el progresismo y el aggiornamento conciliar y francamente desafectos al régimen franquista cuando no decididos opositores; estos obispos se hicieron con el control total de la Iglesia española reduciendo a sus pares de la “vieja guardia” a un grupo minoritario y silenciado.
Al respecto Blas Piñar relata en su mencionado libro una conversación que Joaquín Ruíz Giménez, al finalizar como embajador de España ante la Santa Sede mantuvo con Paulo VI. El Papa le recomendó al diplomático saliente que fundara en España la Democracia Cristiana a lo que Ruíz Giménez respondió que eso era imposible porque el Episcopado Español apoyaba a Franco con quien simpatizaba. Paulo VI fue muy claro: Usted preocúpese del Partido, porque de los obispos me encargo yo[5]. Vaya si se encargó de los obispos. El mismo Blas Piñar me dijo, en cierta ocasión, que la abolición del Estado Católico en España había sido obra casi exclusiva de los obispos designados por Paulo VI. El cambio radical del Episcopado culminó con la designación del Cardenal Vicente Enrique y Tarancón en la Sede Primada de Toledo en reemplazo del fallecido Cardenal Casimiro Morcillo. Tarancón, enemigo declarado de Franco, iba a ser la pieza clave de Paulo VI en su descabellada guerra contra un Estado católico.
Las tensiones fueron in crescendo. Obedeciendo a las directivas del Concilio el Estado Español confesionalmente católico se vio obligado a reformar el artículo 6 del Fuero de los Españoles dejando de lado la doctrina tradicional sobre la libertad de cultos en la que dicho artículo se había inspirado[6]. La tensión llegó a un punto máximo en 1975, poco antes de la fin de Franco: un grupo de cinco terroristas etarras fue condenado a fin por un Tribunal Militar en El Goloso. Paulo VI, reiterando su gesto de la época de Arzobispo de Milán, pidió el indulto de los condenados los que, pese al pedido papal, fueron ejecutados en septiembre de 1975. A raíz de esta condena se desató una indigna campaña mundial de desprestigio contra el Gobierno español que presentaba a esos terroristas, autores de brutales asesinatos de policías, mujeres y aún niños, como si fueran unos honrados opositores a la “dictadura”. El pedido del Papa, formulado no sólo a través de gestiones diplomáticas sino hecho público ante la multitud reunida en la Plaza de San Pedro durante el rezo del Angelus, se sumaba, así a esta campaña aumentando enormemente la presión contra el Gobierno. Franco, que había indultado a cuatro de los procesados, ya que en principio eran nueve los sentenciados, respondió que con profunda tristeza se veía obligado a no acceder al pedido del Santo Padre en defensa de una elemental justicia. Pero un hecho más vendría a incrementar las tensiones: en octubre de ese mismo 1975 un policía que había sido afectado a la custodia del Tribunal de El Goloso que condenó a los cinco terroristas fue vilmente asesinado por los compañeros de andanzas de los fusilados. Todo el pueblo español esperaba ansiosamente una condena del Papa a este hecho aberrante. Fue en vano pues la única respuesta de Paulo VI fue el más sepulcral de los silencios[7].
Pocos meses después de estos episodios Francisco Franco Bahamonde, Caudillo de España, entregaba su alma a Dios. Se iniciaba, de este modo, el oscuro período de la llamada tras*ición que culminaría con la liquidación total del Estado erigido sobre la limpia Victoria del Primero de Abril de 1939. El mismo Blas Piñar nos cuenta que a la fin de Franco, según testimonio del Cardenal Tarancón, Paulo VI tuvo palabras de reconocimiento hacia su figura y su obra: “Ha hecho mucho bien a España y ha proporcionado un desarrollo extraordinario y una época de larguísima paz. Franco merece un final glorioso y un recuerdo digno de gratitud”; y al leer el Testamento de Franco, exclamó: “¡Me equivoqué con este hombre!”[8].
Reconocimiento sin duda valioso que habla bien de Paulo VI. Pero tardío. El mal ya estaba hecho y sus consecuencias duran hasta hoy. Franco se llevó a la tumba el último Estado Católico de Occidente, un Estado fruto de una larga y paciente obra de reconstrucción, levantado sobre la sangre y el sacrificio de miles de héroes y de mártires que regaron con su sangre las tierras de España.
Paulo VI y la España de Franco
