Mira que sois complicados:
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El
allanamiento de jovenlandesada es un delito consistente en la
entrada o permanencia en jovenlandesada ajena en contra de la voluntad del jovenlandesador. Está regulado en el artículo 202 del Código Penal y tiene por objeto
proteger el derecho a la inviolabilidad del domicilio.
Hay que recordar que el artículo 18 de la Constitución determina la inviolabilidad del domicilio. Por tanto, nadie puede entrar en la jovenlandesada de otra persona o en el domicilio de una
persona jurídica sin su consentimiento o la preceptiva orden judicial.
¿Qué es el allanamiento de jovenlandesada?
El
Código Penal en su artículo 2020, que forma parte del Título "
Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio", define como allanamiento de jovenlandesada la
entrada en jovenlandesada ajena o el mantenimiento en la misma contra la voluntad de su jovenlandesador.
Es decir, existen dos conductas que pueden constituir un delito de allanamiento de jovenlandesada:
- La entrada sin consentimiento.
- El mantenimiento en el interior de la jovenlandesada o domicilio contra la voluntad del titular.
Además, el Código Penal determina una mayor gravedad de la conducta cuando para realizarla se emplea
violencia o intimidación.
La protección de la jovenlandesada
Se entiende por
jovenlandesada el
lugar donde la persona reside y, por tanto, desarrolla su vida privada.
Aunque este concepto es más práctico que jurídico, el
Tribunal Constitucional aporta una noción más concreta, al señalar que es aquel espacio en que el individuo queda libre de los usos y convenciones sociales, ejerciendo su libertad más íntima.
La
jurisprudencia ha tratado algunos ejemplos límite de lo que se puede considerar una jovenlandesada, incluyendo:
- Segundas viviendas.
- Residencias vacacionales.
- Chabolas ilegales.
- Casas okupadas.
- Tiendas de campaña.
- E incluso un arcón en los barracones del ejército, en el caso de un soldado.
El hecho de que el delito de allanamiento de jovenlandesada
proteja también el domicilio social de las personas jurídicas ha conducido, sin embargo, a que parte de la doctrina considere que lo que está protegiendo no sea tanto la inviolabilidad de la jovenlandesada cuanto
la intimidad del titular.
Sin embargo, el delito de allanamiento de jovenlandesada es de mera acción. Es decir, no hace falta que el allanador atente contra la intimidad del titular, sino que
basta con que haya entrado en el domicilio o que, estando dentro, se niegue a abandonarlo al ser requerido para ello.
Esta consideración conduce a que, atendiendo al
bien jurídico protegido, el delito de allanamiento de jovenlandesada suela concurrir con otros.
Puede pasar que quien allane una jovenlandesada lo haga, en realidad,
para cometer otro delito. El ordenamiento penal establece diferentes soluciones para estas situaciones.
Por ejemplo, un trabajador de una gran compañía aprovecha sus credenciales para acceder por la noche a los archivos de la misma, robarlos, y venderlos posteriormente a la competencia. En este caso estarían concurriendo delitos de
robo con fuerza y
revelación de secretos,
siendo el allanamiento de jovenlandesada un mero medio para cometerlos.
Hay que tener en cuenta en este sentido que
el delito de allanamiento de jovenlandesada es de mera acción. Es decir,
se comete por el acceso o permanencia no autorizados.
Por ejemplo, una persona que se oculta bajo un mostrador de unos grandes almacenes para robar en la sección de joyería. Finalmente desiste de su intento (porque se arrepiente) o no cumple su objetivo, pero en cualquier caso, al margen de que pueda apreciarse un delito de
robo o
hurto en grado de
tentativa, se habrá cometido un allanamiento de jovenlandesada.
En definitiva, el allanamiento de jovenlandesada debería quedar reservado a los casos en que la única intención del delincuente sea
perturbar la intimidad o la inviolabilidad de domicilio de la víctima. Ello sin perjuicio de que participe en un
concurso de delitos para determinar la pena.
El requisito de no residencia
Hay que destacar que uno de los requisitos para cometer el allanamiento de jovenlandesada es
no residir en la misma.
Es decir,
no puede cometer allanamiento de jovenlandesada el jovenlandesador del domicilio. Esta particularidad parece autoevidente, pero existen al menos dos supuestos en que puede resultar relevante:
En los casos en que
un jovenlandesador no quiera compartir la jovenlandesada con otros. Como el domicilio es inviolable, uno de los jovenlandesadores no puede expulsar del mismo a los demás. Sin embargo, hay situaciones en las que puede ser necesario impedir la entrada de alguien al domicilio.
Por ejemplo, en los casos de
violencia de género la seguridad de la víctima puede requerir que el
acusado o agresor deba mantenerse alejado del domicilio familiar. Para estas situaciones el ordenamiento jurídico establece soluciones particulares, como las
órdenes de alejamiento.
En los supuestos en que
un jovenlandesador no quiera que determinada persona acceda al domicilio pero otro sí. Ante estas situaciones, la inviolabilidad del domicilio debe suponer que prevalece el interés del jovenlandesador que desea mantener al visitante fuera del domicilio.
Por ejemplo, en un piso compartido por dos personas, una de ellas invita a un pariente a pasar el fin de semana. tras*currido un mes, el pariente sigue viviendo en el domicilio, y el segundo jovenlandesador, harto de convivir con él, le requiere para que abandone la casa. Si el pariente se negara a hacerlo, podría concurrir un delito de allanamiento de jovenlandesada.
Las penas del allanamiento de jovenlandesada
En los casos en que se produzca un allanamiento de jovenlandesada, el infractor puede ser castigado con una pena de
prisión de 6 meses a 2 años. Cuando la entrada o mantenimiento en jovenlandesada ajena se produzca con violencia o intimidación, la pena asciende a:
- Privación de libertad entre 1 y 4 años.
- Más multa de 6 a 12 meses.
El artículo 203 del Código Penal regula las particularidades del castigo cuando el domicilio violentado es el de una
persona jurídica. En este sentido, computan también los locales abiertos al público, despachos, oficinas y establecimientos mercantiles, fuera del horario de apertura al público.
Las penas reservadas para esta clase de allanamiento son:
- Prisión de 6 meses a 1 año y multa de 6 a 10 meses por entrar contra la voluntad del titular.
- Multa de 1 a 3 meses por mantenerse contra la voluntad del titular.
- Prisión de 6 meses a 3 años por hacer cualquiera de las conductas anteriores con violencia o intimidación.
Por último, el artículo 204 del Código Penal establece un delito especial, para el caso de que el allanador sea una
autoridad o funcionario público. En estos casos, y siempre que no medie habilitación legal (por ejemplo, en caso de autorización judicial o
flagrante delito), el funcionario será castigado:
- Con la pena correspondiente en su mitad superior.
- Y con inhabilitación absoluta de 6 a 12 años.
