Los juristas preparan ya el texto de la ley de amnistía

La ansiada amnistía propuesta y solicitada por las fuerzas independentistas catalanas como moneda de cambio para aupar a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno comienza ya a dibujarse como una realidad. Después de años en los que era un tema tabú, grupos de juristas próximos al Ejecutivo ya han empezado a diseñar un texto que encaje dentro de la Constitución, en un trabajo a contra reloj para lograr la investidura del líder socialista y evitar una repetición electoral.

Durante este verano se ha gestado públicamente la idea de la amnistía como una opción plausible para solucionar de forma definitiva el conflicto iniciado en Catalunya a raiz del procés . Durante la anterior legislatura, el Gobierno indultó a los condenados por sedición, entre ellos al líder de ERC, Oriol Junqueras. Después se derogó este delito y se modificó el de malversación de caudales públicos como una muestra por parte del Ejecutivo de intentar desinflamar la situación catalana.

Sin embargo, con el mapa político que ha quedado tras las elecciones del 23 de julio, Sánchez no va a tener otro remedio que dar un paso más y para los independentistas no pude ser otro que la aprobación de una ley de amnistía.

La primera duda sobre si este perdón es constitucional parece que ha quedado resuelta entre los juristas que analizan un futuro texto. Su argumento es que la Constitución no prohíbe la amnistía, lo que sí reprueba la Carta Magna son los indultos generales. Estos juristas creen que lo que pretendía el constituyente era evitar dejar en manos del Ejecutivo central la amnistía. Por eso para aprobarla tiene que ser por ley orgánica, que implica una mayoría absoluta y por tanto son dos conceptos jurídicos distintos.

La clave ahora es definir el alcance de la amnistía y los argumentos con los que se apruebe la norma. Ahí es donde va a estar el verdadero debate entre los dos partidos que a día de hoy todavía conforman el Gobierno en funciones, PSOE y Sumar, y los partidos independentistas.

Las plataformas independentistas calculan que a día de hoy hay 1.432 personas investigadas en procedimientos penales, tal y como recoge Òmnium Cultural. A esto se añaden 1.200 afectados por procedimientos administrativos y contables, en el marco de “una causa general contra el independentismo”, según denuncian.

Esta cifra sería el máximo al que podría afectar la amnistía, con el expresidente Carles Puigdemont en el núcleo de los beneficiarios. Sin embargo, los juristas consultados creen que esta cifra debería ser considerablemente reducida.

La manera de lograrlo es acotar los actos a amnistiar. En la propuesta presentada en el Congreso de los Diputados por los partidos independentistas en 2021 –y que ni siquiera fue admitida a trámite– se planteaba una amnistía por actos ocurridos desde el 1 de enero de 2013 vinculados a la preparación, la organización, la convocatoria, la financiación, el favorecimiento, la promoción, la ejecución y la celebración tanto del proceso participativo sobre el futuro político de Catalunya de 9 de noviembre de 2014, impulsado por Artur Mas, como del referéndum de autodeterminación de 1 de octubre de 2017. También reclamaban que fueran amnistiados los actos de protesta en la vía pública de rechazo por la actuación de las autoridades gubernamentales o jurisdiccionales relacionadas con el 1-O.

El objetivo es, entre otros, permitir que Puigdemont pueda regresar a España sin antecedentes penales, levantar la inhabilitación de los ya condenados, cerrar las causas contables abiertas en el Tribunal de Cuentas que puede acabar con el embargo de los bienes de decenas de personas –entre ellas los principales dirigentes independentistas hasta 2017 como Mas, Puigdemont o Junqueras–, y frenar los procesos judiciales abiertos por violencia, como los vinculados a los CDR. Sin embargo, los juristas consultados explican que en ningún caso se debe fijar personas concretas porque entonces sí podría considerarse un indulto general encubierto.

Precisamente, en los trabajados abiertos, como por ejemplo el grupo de juristas elegidos por Sumar, se pretende definir hasta dónde puede llegar. “Es un debate político, no jurídico”, argumentan. Sin embargo, otros juristas sí consideran que es necesario definir bien el alcance para una posterior hipotética revisión por parte del Tribunal Constitucional.

Por eso auguran fricciones entre los dos bloques para fijar la exposición de motivos. Los independentistas quieren que se les reconozca su condición de víctimas de la represión del Estado español y de una persecución política y judicial a través de una causa general contra el movimiento independista catalán, con las consiguientes indemnizaciones millonarias.

Sin embargo, estas fuentes jurídicas explican que la amnistía es un acto de perdón a través del cual se decide hacer borrón y cuenta nueva. A su juicio, en ningún caso podría pasar por avalar la legalidad de las leyes de desconexión o el 1-O aunque quede perdonado. Además, insisten que el objetivo de la amnistía será establecer unas bases para que todas las partes sigan trabajando por la resolución del conflicto catalán pero dentro del marco constitucional y dentro de la voluntad de cerrar una etapa conflictiva

La ley eh egual para todoh e todah