Vlad_Empalador
Será en Octubre
“¿Cuántas veces lo hemos hablado? ¿Qué está fallando? No es algo que esté en nuestras manos”, dice una profesora a otra en el colegio público Juan Ramón Jiménez de Madrid. El centro es de los llamados línea uno —solo un aula de 25 estudiantes por cada nivel— y en la primera ronda de matriculaciones no consiguen llenar las plazas. El colegio, en cuyo patio hay una pequeña zona de juegos y una cancha, está en el distrito de Tetuán, donde la renta media anual de los hogares es de 32.624 euros. Sin embargo, en sus aulas no hay una representación equitativa de la realidad económica del barrio. Más del 50% de sus 205 alumnos reciben beca de comedor, lo que quiere decir que los ingresos familiares son de 9.000 euros al año o inferiores.
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El Juan Ramón Jiménez, en el que el 95% de los alumnos son de origen viajero —de ellos el 50% han obtenido la nacionalidad española—, es un ejemplo de segregación escolar, que es la separación de los niños en diferentes centros educativos según su perfil socioeconómico. En concreto, es un colegio gueto, que, según la definición de la ONG Save the Children, se da cuando el nivel de concentración de alumnado con bajos recursos en un mismo centro supera el 50%.
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En los últimos años, la Comisión Europea, el Comité de Derechos del Niño o la ONU han urgido a España a revisar y aprobar políticas que frenen la segregación escolar, que afecta al 46,8% de los centros educativos del país —nueve de cada diez son públicos—, según el estudio Magnitud de la segregación escolar por nivel socioeconómico, publicado en 2018 por dos investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid. En ese informe, se refleja una gran disparidad entre regiones: Baleares o Galicia presentan una baja segregación —entre Suecia y Finlandia, los países con la tasa más baja de la Unión Europea—, mientras en Madrid es “altísima” —entre Hungría y Rumanía, los dos países con la mayor tasa de la UE—.
En los centros madrileños, la segregación ha aumentado un 35,8% en los últimos 10 años. Es muy complicado identificar una única causa de la segregación, pero los expertos consultados coinciden en que la raíz está en las políticas educativas diseñadas por los Gobiernos autonómicos. En el caso de la Comunidad de Madrid, sindicatos como CC OO y asociaciones de familiares de alumnos como la Fapa Giner de los Ríos denuncian que el Gobierno del PP les expulsó de las comisiones de escolarización en el año 2013. Esos organismos son los encargados de supervisar la distribución de los estudiantes y de decidir a qué centros enviar a los alumnos que se matriculan en convocatoria extraordinaria.
En 2013 la Comunidad de Madrid aprobó el decreto de libertad de elección de centro e introdujo una novedad: las direcciones de área territorial designarían a los integrantes de esas comisiones, que pasaron a llamarse Servicios de Apoyo a la Escolarización (SAE). “Funcionan de forma opaca y ya no podemos fiscalizar sus decisiones”, señala Aida San Millán, secretaria de juventud de CC OO. “Están perpetuando la situación de los centros gueto porque mandan a alumnado con necesidades especiales a los mismos centros. Tienen que equilibrar la balanza”, explica José Luis Pazos, expresidente de la Fapa.
En el anteproyecto de la nueva ley de educación que se llevará al Consejo de Ministros para su aprobación en las próximas semanas hay un punto que regula precisamente esa práctica. La medida señala que los miembros de las comisiones de escolarización, en el caso de las familias de los estudiantes y del profesorado, tendrán que ser designados por esos mismos colectivos, y no por la Administración. Fuentes del ministerio informan de que esa nueva regulación busca paliar situaciones como la de Madrid.
El instituto madrileño Jaime Vera, cercano al estadio Santiago Bernabéu, no para de recibir alumnos hasta mayo. El 45% de sus estudiantes son pagapensiones, y solo el 50% de los que llegan a bachillerato se presentan a la Selectividad. Desde octubre hasta enero, la SAE les ha mandado 50 alumnos de origen extranjero. En el centro, nadie sabe si en otros institutos sucede lo mismo, pero reconocen que avanzar en el programa académico no es sencillo: han llegado a tener 27 nacionalidades y los problemas con el idioma dificultan la tarea. La solución no está en sus manos.
"LOS PROFESORES EVITAN ESOS COLEGIOS, Y LOS PROYECTOS EDUCATIVOS NO SON ESTABLES"
“No sabemos si los docentes huyen de los centros escolares con altos niveles de segregación o directamente no los escogen, pero muchas veces están sobresaturados por la falta de medios para atender situaciones complicadas”, señala Álvaro Ferrer, coautor del estudio De la segregación socioeconómica a la educación inclusiva, de Save the Children. Según el informe, que analiza los datos del último informe PISA de 2015, ese tipo de centros disponen de menos recursos—un 40% de ellos no ofrecen actividades extraescolares— y el nivel formativo de los profesores es inferior.
El 36,2% de los docentes que dan clase en centros con bajos niveles de segregación tienen estudios de posgrado, mientras que en los de alta, ese porcentaje se reduce al 5,8%. Además, participan cuatro veces menos en programas de formación permanente. La alta movilidad del profesorado en esos centros imposibilita el desarrollo de proyectos educativos estables que puedan atraer a diferentes perfiles de alumnado. “Las familias catalogan el colegio como no deseable y acaba estigmatizado”, apunta Ferrer.
Entre las recomendaciones a las Administraciones, la ONG cree que es vital fortalecer las comisiones de escolarización para que aseguren prácticas inclusivas. El 88,9% de los centros gueto en España son de titularidad pública.
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El Juan Ramón Jiménez, en el que el 95% de los alumnos son de origen viajero —de ellos el 50% han obtenido la nacionalidad española—, es un ejemplo de segregación escolar, que es la separación de los niños en diferentes centros educativos según su perfil socioeconómico. En concreto, es un colegio gueto, que, según la definición de la ONG Save the Children, se da cuando el nivel de concentración de alumnado con bajos recursos en un mismo centro supera el 50%.
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En los últimos años, la Comisión Europea, el Comité de Derechos del Niño o la ONU han urgido a España a revisar y aprobar políticas que frenen la segregación escolar, que afecta al 46,8% de los centros educativos del país —nueve de cada diez son públicos—, según el estudio Magnitud de la segregación escolar por nivel socioeconómico, publicado en 2018 por dos investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid. En ese informe, se refleja una gran disparidad entre regiones: Baleares o Galicia presentan una baja segregación —entre Suecia y Finlandia, los países con la tasa más baja de la Unión Europea—, mientras en Madrid es “altísima” —entre Hungría y Rumanía, los dos países con la mayor tasa de la UE—.
En los centros madrileños, la segregación ha aumentado un 35,8% en los últimos 10 años. Es muy complicado identificar una única causa de la segregación, pero los expertos consultados coinciden en que la raíz está en las políticas educativas diseñadas por los Gobiernos autonómicos. En el caso de la Comunidad de Madrid, sindicatos como CC OO y asociaciones de familiares de alumnos como la Fapa Giner de los Ríos denuncian que el Gobierno del PP les expulsó de las comisiones de escolarización en el año 2013. Esos organismos son los encargados de supervisar la distribución de los estudiantes y de decidir a qué centros enviar a los alumnos que se matriculan en convocatoria extraordinaria.
En 2013 la Comunidad de Madrid aprobó el decreto de libertad de elección de centro e introdujo una novedad: las direcciones de área territorial designarían a los integrantes de esas comisiones, que pasaron a llamarse Servicios de Apoyo a la Escolarización (SAE). “Funcionan de forma opaca y ya no podemos fiscalizar sus decisiones”, señala Aida San Millán, secretaria de juventud de CC OO. “Están perpetuando la situación de los centros gueto porque mandan a alumnado con necesidades especiales a los mismos centros. Tienen que equilibrar la balanza”, explica José Luis Pazos, expresidente de la Fapa.
En el anteproyecto de la nueva ley de educación que se llevará al Consejo de Ministros para su aprobación en las próximas semanas hay un punto que regula precisamente esa práctica. La medida señala que los miembros de las comisiones de escolarización, en el caso de las familias de los estudiantes y del profesorado, tendrán que ser designados por esos mismos colectivos, y no por la Administración. Fuentes del ministerio informan de que esa nueva regulación busca paliar situaciones como la de Madrid.
El instituto madrileño Jaime Vera, cercano al estadio Santiago Bernabéu, no para de recibir alumnos hasta mayo. El 45% de sus estudiantes son pagapensiones, y solo el 50% de los que llegan a bachillerato se presentan a la Selectividad. Desde octubre hasta enero, la SAE les ha mandado 50 alumnos de origen extranjero. En el centro, nadie sabe si en otros institutos sucede lo mismo, pero reconocen que avanzar en el programa académico no es sencillo: han llegado a tener 27 nacionalidades y los problemas con el idioma dificultan la tarea. La solución no está en sus manos.
"LOS PROFESORES EVITAN ESOS COLEGIOS, Y LOS PROYECTOS EDUCATIVOS NO SON ESTABLES"
“No sabemos si los docentes huyen de los centros escolares con altos niveles de segregación o directamente no los escogen, pero muchas veces están sobresaturados por la falta de medios para atender situaciones complicadas”, señala Álvaro Ferrer, coautor del estudio De la segregación socioeconómica a la educación inclusiva, de Save the Children. Según el informe, que analiza los datos del último informe PISA de 2015, ese tipo de centros disponen de menos recursos—un 40% de ellos no ofrecen actividades extraescolares— y el nivel formativo de los profesores es inferior.
El 36,2% de los docentes que dan clase en centros con bajos niveles de segregación tienen estudios de posgrado, mientras que en los de alta, ese porcentaje se reduce al 5,8%. Además, participan cuatro veces menos en programas de formación permanente. La alta movilidad del profesorado en esos centros imposibilita el desarrollo de proyectos educativos estables que puedan atraer a diferentes perfiles de alumnado. “Las familias catalogan el colegio como no deseable y acaba estigmatizado”, apunta Ferrer.
Entre las recomendaciones a las Administraciones, la ONG cree que es vital fortalecer las comisiones de escolarización para que aseguren prácticas inclusivas. El 88,9% de los centros gueto en España son de titularidad pública.
