La nueva ley de educación evaluará a los alumnos según sus 'valores' y no por conocimientos

Esta evaluación ha circulado por colegios e institutos de Andalucía un manifiesto en el que los profesores firmantes han denunciado los problemas que se encuentran para «comprender, asumir y aplicar» la 'ley Celaá' por «farragosa» e «ininteligible». En Asturias ha habido caceroladas en los recreos en contra de la «apresurada» y «embarullada» puesta en marcha de la reforma educativa del Gobierno. Docentes de Cantabria han reclamado en otra carta retrasar la implantación de la ley: «Es inviable ponerla en práctica pues, tras sucesivas lecturas e intercambiar impresiones, nos resulta incomprensible, confusa y contradictoria».

Se trata de la primera vez en la historia educativa que los que se encargan de enseñar admiten que no saben cómo hacerlo. Y no es por falta de capacidad ni de interés, sino porque en poco tiempo han tenido que introducir en sus aulas conceptos como el «perfil de salida», los «indicadores de logro» o las «situaciones de aprendizaje» sin tener «instrucciones claras» para poder implementarlos.

El arranque de la Lomloe ha dejado a buena parte de los docentes sumidos en el «desconcierto», la «desorientación», la «inquietud» y la «ansiedad». En la recta final de la primera evaluación, han avisado: «No entendemos nada, no sabemos cómo hacerlo».

La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha pedido «paciencia» y ha dicho que su ministerio «está estableciendo cursos de formación para aplicar de la mejor manera la Lomloe», pero Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, asegura, como el resto de profesores consultados, que «la formación está siendo claramente insuficiente». «Debería haber habido un programa específico de formación de docentes. Es un error enorme y hay una responsabilidad compartida entre el Ministerio y las CCAA», denuncia.

«La mayoría de docentes apoya los objetivos de la Lomloe, pero hay un descontento generalizado con cómo se está implantando», añade Maribel Loranca, secretaria general de Enseñanza de UGT.

Éste es el balance de una primera evaluación «caótica»:


La novena ley educativa de la democracia se aprobó en diciembre de 2020, pero no ha sido hasta este curso cuando ha aterrizado en las aulas con los nuevos currículos. El Ministerio tardó mucho en tener su desarrollo normativo y eso causó que las CCAA se retrasaran en los suyos. Siete regiones comenzaron el curso sin sacarlos y todavía hoy, a estas alturas de curso, hay cuatro que no los tienen todos: País Vasco y Andalucía no han aprobado ninguno; a Canarias le faltan los de la ESO y Bachillerato, y a Murcia, el de Bachillerato.

Eso ha llevado de cabeza a los profesores, que necesitan esas normas para elaborar sus programaciones, donde se detalla todo lo que enseñan. Otros años tienen varios meses para redactarlas y las suelen entregar antes de noviembre. Esta vez «los gobiernos regionales han presionado para que estuvieran en diciembre», según Mario Gutiérrez, responsable de Educación de CSIF, un sindicato que ha recibido estos meses centenares de denuncias de centros educativos de toda España pidiendo que se pare la Lomloe.

Por primera vez los docentes han tenido que programar a la vez que dan sus clases y enseñar al tiempo que aprenden sobre la marcha las nuevas metodologías, que van envueltas en una jerga que no tienen muy clara. «Tengo cada vez más papeleo que completar y menos tiempo para quedarme en el recreo a resolver dudas a los alumnos», resume Laura Marcilla, profesora de Matemáticas de un instituto público de Valencia.


La 'ley Celaá' supone pasar de un aprendizaje basado en los contenidos a otro basado en las competencias o desempeños de los alumnos. Ya no sólo hay que evaluar los conocimientos que demuestra el estudiante en un examen sino si «adopta de forma consciente y motivada un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable», tiene «compromiso con la igualdad de género, la cohesión social y el logro de la ciudadanía mundial» o «acepta el error como parte del proceso de aprendizaje y se adapta a las situaciones de incertidumbre».

«La evaluación es sumativa, formativa y socializadora y se le da más importancia al desarrollo social y a los valores», explica Ricardo Cervera, director en un centro público integrado de Zaragoza.

El problema es que las competencias son «muy subjetivas». «¿Cómo evaluamos si un alumno se toma mejor o peor un fracaso, si es machista o si tiene suficiente ciudadanía mundial? La nueva ley obliga a calificar valores, algo que recuerda a la Formación del Espíritu Nacional del franquismo, y sienta precedentes peligrosos», apunta Santiago Herrero, jefe de Departamento de Geografía e Historia en un instituto de Castellón.

Coincide con él Susana Parra, profesora de Lengua en un instituto de Madrid: «El curso pasado un inspector decía que no debíamos dedicar parte de las notas a la actitud porque el alumno tiene derecho a una evaluación objetiva. Ahora cambia la ley y, de forma subjetiva, hay que evaluar la competencia ciudadana, la iniciativa emprendedora y otras actitudes».

Se están dando situaciones surrealistas. Un padre de Barcelona cuenta que a su hijo «le han suspendido Educación Física porque no es suficientemente colaborativo, a pesar de que hace atletismo y ha quedado el primero en los 400 metros». Mientras, una progenitora de Madrid explica que, en esta misma asignatura, la profesora «ha aprobado a su hijo, a pesar de que ha suspendido con mala nota la mayoría de pruebas físicas, porque ha tenido buen comportamiento».

Pilar Antón, profesora de Biología en un instituto de Cataluña, avisa de que «a la hora de evaluar lo que sabe un alumno de 3º de la ESO [14-15 años] puede contar lo mismo una canción que un examen». «En un curso de formación nos han dicho que ahora de lo que se trata es de ampliar las herramientas de evaluación, que también pueden ser una canción, un dibujo o un vídeo. Y yo decido cuánto quiero que cuente: puedo aprobar a un alumno sin que haga un solo examen», añade.

Parra dice que en su instituto seguirán evaluando mediante exámenes y trabajos, pero ahora le darán «más peso en la nota» a la observación diaria de lo que hace cada alumno en el aula. En algunos centros este trabajo diario de los estudiantes contará como el examen.

Francisco Venzalá, presidente nacional del sindicato mayoritario Anpe, habla de "incertidumbre y confusión ante los criterio, lo que pudiera generar indefensión o problemas de interpretación con las familias. Hay criterios que, dependiendo de lo que considere el docente sobre el grado de adquisición de una competencia, le otorga una puntuación relativa", dice.


Este curso coexisten las antagónicas 'ley Wert' y 'ley Celaá', lo que provoca una especie de bicefalia a los docentes. La Lomce sigue vigente en los cursos pares, donde se mantienen las notas numéricas, mientras que en los cursos impares, que ya son Lomloe, se han erradicado estas calificaciones. Hay bastantes diferencias por CCAA y por centros.

En la Comunidad Valenciana, muchos colegios de Primaria han decidido tirarse a la piscina en las dos primeras evaluaciones y suprimir también los clásicos insuficientes, suficientes, bienes, notables y sobresalientes para reemplazarlos por evaluaciones cualitativas; es decir, un pequeño comentario de cada asignatura.

Otras regiones, como la Comunidad de Madrid, han mantenido tanto las notas tradicionales como las numéricas, a efectos informativos para los padres. «Hay diferencia entre suspender con un 4 o con un 1 o lograr un notable con un 7 o con un 8. Aquel era un lenguaje que comprendían bien los alumnos y pedían las familias», lamenta la profesora Marcilla.

Las instrucciones han tardado en llegar y, cuando lo han hecho, han complicado la tarea a los profesores. Ha ocurrido en la Comunidad Valenciana, donde los profesores recibieron, sólo unos días antes de comenzar las evaluaciones, las normas con la nueva codificación en la aplicación informática. En la ESO se plantea como «una calificación a la inversa» -el 1 es el equivalente al sobresaliente, el 2 al notable, el 3 al bien, el 4 al suficiente y el 5 al insuficiente- mientras que en Bachillerato se mantiene como hasta ahora -el 1 equivale al 1 y el 10 al 10-, lo que puede aumentar el riesgo de error a la hora de poner las notas.

Los profesores también denuncian que el nuevo sistema les obliga a multiplicar el número de notas. «Si tengo cuatro grupos de 25 alumnos y les tengo que evaluar de los 23 criterios de evaluación y para cada criterio obtengo tres notas, una para cada evaluación, voy a tener que poner a final de curso 6.900 notas», se queja una de ellas.


La Lomloe anima a los docentes a que trabajen con «situaciones de aprendizaje», una especie de simulaciones de problemas cercanos a las motivaciones de los alumnos para que comprendan mejor los conceptos. Antoni González Picornell, presidente de la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos (Fedadi), pone un ejemplo: «Los alumnos se organizan por equipos en la construcción de un edificio y tienen que diseñar la instalación de placas solares y el agua potable o calcular cuánto mide el edificio. Se trata de que, cuando salgan del aula, le den una utilidad práctica a lo aprendido. Es más trabajo pero puede ser motivador y es un sistema que se ha implantado con éxito en Canadá».

Otros profesores tienen más dudas. «Uno de los nuevos lemas es que el alumno sea el centro del aprendizaje: tenemos que diseñar situaciones en torno a sus motivaciones. Pero, ¿y si no le motiva la Guerra Mundial?», se pregunta Herrero. Venzalá critica la "excesiva dificultad a la hora de relacionar por escrito las situaciones de aprendizaje, saberes básicos, competencias específicas y competencias clave, a partir de un perfil de salida".

CSIF denuncia que algunas CCAA fuerzan a los docentes a usar estas metodologías, algo que «atenta contra la libertad de cátedra y la autonomía pedagógica». Por otro lado, los profesores creen que es «imposible» dar atención individualizada o poner medidas de apoyo a los alumnos, como predica la ley, con las actuales ratios. Por eso todos los sindicatos están pidiendo una bajada en el número de alumnos por aula y en el número de horas lectivas, pero las administraciones no ceden.

Mientras tanto, cada vez está ganando más peso un movimiento de resistencia que ha logrado ya paralizar la obligatoriedad del aprendizaje por ámbitos (fusión de asignaturas) en la Comunidad Valenciana y que a finales de noviembre catalizó todo el malestar en un multitudinario congreso en Barcelona. La Lomloe ha sido trending topic en Twitter en varias ocasiones durante estos meses y muchos profesores están saliendo en las redes para declarar que «la ley es un escape room» donde las notas «se ponen con emojis». Uno de esos docentes diagnostica: «Se está creando una marea. Probablemente no llegue a derivar en una protesta multitudinaria en las calles porque es una ley de izquierdas. Pero, si esto lo hubiera hecho el PP, ya nos habríamos levantado todos».

Guerrero_termonuclear dijo:

Quieren fabricar votantes de izquierda, valores le llaman a su sarama ideologica.

Es inteligente y controla todas las materias y contenidos pero es un "niño de derechas" pues suspenso, es orate pero es tras*género y progre, matrícula de honor.

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Sí. Pero no te quepa duda que en los colegios privados, donde van los hijos de los que han hecho esta ley, sí se dará formación y educación de calidad, que se evaluará por méritos de conocimiento, generando así dos clases sociales muy bien diferenciadas.