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Madmaxista
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El soborno de 30 millones en Guatemala que salpica, a través de Villarejo, a la ministra Dolores Delgado
Cómo el pago de 30 millones de dólares del rico cántabro Pérez Maura al presidente de Guatemala termina en escándalo en España
Y el papel jugado por el comisario Villarejo en sus citas con miembros de la Justicia para evitar la extradición del acaudalado empresario
El caso salpica de lleno a la ministra Dolores Delgado y a su amigo y ex juez Baltasar Garzón. Los fiscales de Guatemala nos cuentan cómo empezó todo
2 oct. 2018
Un camión blindado con tres millones de dólares en su interior llega el 16 de diciembre de 2014 al Palacio Nacional de Guatemala. El dinero ha recorrido 10.000 kilómetros desde España y va destinado al presidente del país, Otto Pérez Molina, que es quien lo recibe en su despacho, en sobres embalados...Ésta es la historia de cómo un escándalo de soborno en Guatemala por parte de un importante empresario español cruzó el océano y ha acabado manchando, cuatro años después, a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y a su amigo el ex juez estrella Baltasar Garzón, gracias a un cuarto actor que enlaza a estos tres personajes: el siniestro ex comisario de la Policía Nacional y rostro de las llamadas cloacas del Estado José Manuel Villarejo.
1. Soborno en Guatemala
La primera escena de esta película de empresarios, jueces, fiscales, políticos, policías y fajos de dólares data de diciembre de 2014. El camión repleto de dinero llega, en los citados sobres embalados, al despacho del presidente, Otto Pérez Molina. El presunto pagador es español y se llama Ángel Pérez Maura: vicepresidente del Grup Marítim Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB) y, según el último ranking de grandes fortunas elaborado por EL MUNDO, miembro de la 156ª familia más rica de España (300 millones de euros de patrimonio), una estirpe presente en el sector naviero desde el siglo XIX. En España -según las investigaciones posteriores- ha sido Pérez Maura quien ha dado el visto bueno a un negocio suculento: sobornar con 30 millones de dólares a las máximas autoridades de Guatemala para gestionar durante 25 años prorrogables el principal puerto de mercancías del país centroamericano, donde pretende construir una terminal de contenedores. Pero al acaudalado empresario cántabro sólo le dará tiempo a pagar 12 de los 30 millones convenidos entre los años 2013 y 2015, antes de que el negocio se le venga abajo. Una investigación emprendida por la Fiscalía de Guatemala y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) provoca que el 15 de abril de 2016 se desmorone el contrato a dedo, sin concurso público, que el Gobierno de Otto Pérez Molina ha cerrado con él.
La primera pieza en caer es el delfín del empresario en Guatemala, el también español Juan José Suárez Meseguer, que es arrestado y que hoy sigue en prisión preventiva, acusado de los delitos de asociación ilícita y cohecho activo, a la espera de juicio. Ese mismo destino le esperaba a Pérez Maura, pero aquel día tuvo suerte: estaba fuera del país, en España, a salvo de la Justicia guatemalteca, que llegó a emitir una alerta roja de búsqueda y captura internacional contra él a través de la Interpol. Así que, tras ser acusado de los mismos delitos que su socio -incluido el fraude-, apenas tuvo que pasar unas horas en la Audiencia Nacional para prestar declaración. Después quedó en libertad. Pese a que el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Guatemala, Juan Francisco Sandoval, sostiene en declaraciones a Crónica que la orden de Interpol «sigue activa para el resto de países», lo cierto es que en la web de este organismo internacional ya no aparecen el nombre ni la fotografía de Pérez Maura.
2. La 'operación Villarejo'
Cuando el escándalo estalla gracias a las revelaciones de uno de los testigos de la trama, Ángel Pérez Maura está en España. Pero la amenaza de la extradición a Guatemala le hace temer. Por eso, según la investigación que se desarrolla en la Audiencia Nacional, el empresario contrata al ya ex comisario de la Policía Nacional José Manuel Villarejo para que haga cuanto esté en su mano con el fin de paralizar el proceso de extradición. El objetivo se consiguió. Es cierto que no es excepcional que España no admita la extradición de sus ciudadanos nacionales. Pero también es cierto que, en este caso, la extradición fue rechazada. La Audiencia Nacional dijo no. Y ese proceso es el que ahora, indirectamente, ha puesto en aprietos a la ministra Delgado. Los pagos millonarios detectados de Pérez Maura a Villarejo están siendo investigados por la Audiencia Nacional en una pieza secreta del caso Tándem por el que Villarejo se encuentra en prisión, denominada Pit. La sospecha de los investigadores, según ha revelado El Confidencial, es que Villarejo utilizó su relación con Dolores Delgado, entonces fiscal de la Audiencia Nacional, y con el abogado y ex juez Baltasar Garzón para bloquear la entrega del empresario.
Los hechos son los siguientes. El expediente de solicitud de extradición a Guatemala echó a andar en abril de 2016. En julio, el fiscal de la Audiencia Nacional encargado del caso solicitó el archivo alegando falta de documentación por parte de Guatemala, y el caso quedó provisionalmente archivado. Un año después se reabrió pero volvió a archivarse en espera de nuevos papeles. El asunto coleó hasta el pasado mes de mayo, cuando la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó denegar la extradición del empresario. No obstante, el fiscal guatemalteco Juan Francisco Sandoval señala que aún no tiene noticias oficiales de ese carpetazo. «Todavía no se ha notificado por la vía diplomática a la Unidad de Asuntos Internacionales o al despacho de la fiscal general lo resuelto por la Audiencia Nacional», afirma. De momento, la Justicia guatemalteca está a la espera de que Ángel Pérez Maura sea al menos juzgado en España, aunque sea únicamente por el delito de cohecho activo. El fiscal Sandoval lo confirma: «Sí obtuvimos una copia que fue remitida vía Interpol en la que la Audiencia Nacional indicó que había delito que perseguir y que las autoridades españolas quedan abiertas a una petición para que Pérez Maura sea juzgado en el Reino de España».
3. Las pruebas
Crónica ha tenido acceso a parte de la investigación en Guatemala contra Pérez Maura. Según esas pesquisas, las pruebas contra quien encabeza desde 2014 la naviera Pérez y Cía -propietario de terminales de contenedores en diferentes puertos españoles y cuya familia siempre ha mantenido una buena amistad con el Rey emérito Juan Carlos I- son prácticamente irrefutables. Existen comunicaciones entre él y su delfín, Juan José Suárez Meseguer, donde ambos acuerdan el calendario de pagos en concepto de sobornos. El negocio consistía en evitar una licitación pública y así conseguir gestionar durante 25 años un total de 34 hectáreas en el Puerto Quetzal, situado en el departamento de Escuintla, al sur de Guatemala, concretamente, a 100 kilómetros de la capital. Para ello, Pérez Maura -hijo de Elena García Botín, sobrina del ex presidente del Banco Santander, Emilio Botín- creó en mayo de 2012 una empresa ad hoc denominada Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), filial de TCB, que llegó a controlar 10 puertos estratégicos en el mundo, incluido uno en Turquía.
Poco después, Pérez Maura nombró como director y representante legal a su hombre de confianza, Juan José Suárez Meseguer. Él fue quien se encargó de elaborar a petición de Pérez Maura un calendario de pagos para contentar a los cobradores: no sólo el presidente, sino también la vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti. Según ese esquema que Suárez envió a Ángel Pérez Maura, el pago de los 30 millones de dólares convenidos se iría realizando de manera progresiva entre 2013 y 2015. Con el siguiente reparto: el montante principal, 24,5 millones, iría para el presidente y la vicepresidenta de Guatemala; otros cinco millones estarían destinados a los negociadores argentinos que habían puesto en contacto a los españoles con el Gobierno del país centroamericano desde la etapa del presidente Álvaro Colom en 2011; y los 500.000 dólares restantes servirían para cubrir gastos. Los investigadores cuentan además con un cuadro que Suárez envió a su jefe en el que detalla varios pagos: 10 millones bajo el nombre de Opciones, 14 millones bajo el epígrafe de Asesoría, 5,5 millones con el título de Argentinos...
En enlace, la persona encargada de recibir el dinero y de trasladarlo a sus destinatarios, era Juan Carlos Monzón, secretario privado de la vicepresidenta de Guatemala y una pieza fundamental en el caso, ya que fue precisamente él quien reveló todas estas ilegalidades a la Fiscalía y a la CICIG, a cambio de recuperar su libertad el pasado 15 de junio. Pérez Maura tenía comunicación directa con Monzón, a quien llegó a enviarle un mensaje pidiéndole verse: «Y te presento el documento que he preparado por si tienes alguna sugerencia», añadía, en referencia al cronograma de pagos definitivo que fue finalmente acordado en Cancún (México) entre Suárez y quien se convertiría en su delator. En este cuadro ya no había referencia a los conseguidores argentinos, a raíz de que la vicepresidenta se negara a que terceras personas se beneficiaran de los sobornos. En cambio, el documento sí detallaba la forma en que Pérez Maura pagaría a los políticos guatemaltecos: 8,5 millones de dólares los recibirían «al contado» en concepto de «asesoría», mientras que otros 15,5 millones se abonarían mediante un «contrato de acciones» de la filial de TCB en Guatemala.
La investigación pudo certificar que la empresa de Pérez Maura abonó en suma 12 millones de dólares en sobornos, de los cuales Otto Pérez Molina recibió 4,2 (que destinó a la compra de fincas y una lancha), al igual que Baldetti (que los empleó en ampliar un terreno). Tres de esos millones llegaron en aquel camión. Pero todo quedó ahí. En 2015, ambos mandatarios fueron encarcelados en el marco del caso de defraudación aduanera, conocido como La Línea. Y el negocio se fue al garete. «Todo el dinero viene de España a través de diferentes mecanismos para hacerlo llegar a sus destinatarios», detallan fuentes de la investigación, que destacan que el contrato entre Pérez Maura y el Gobierno de Guatemala se hizo «en fraude de los intereses del Estado con un pago a los funcionarios que estuvieron involucrados». El montante, además, podría haber sido superior. En una comunicación de Pérez Maura a su delfín Suárez datada en diciembre de 2012, en un momento en el que les exigían dos millones de dólares más de soborno, el empresario protesta: «No vamos a pagar un céntimo más. (...) Es impresentable y no tenemos que aceptar ningún cambio».
Ángel Pérez Maura llegó a mantener al menos tres encuentros con el propio Otto Pérez Molina en la Casa Presidencial (que quedaron registrados en el libro de visitas en el año 2014) con el fin de negociar los pagos. Pero no fue la única vez que el presidente y el empresario se vieron personalmente. Después de que en julio de 2012, Pérez Maura y la Empresa Portuaria Quetzal, perteneciente al Gobierno, suscribieran su primer contrato, el empresario español asistió en el Palacio Nacional a un foro llamado Mitos y Realidades de Puerto Quetzal, en el que el presidente trató de convencer a sus gobernados de las ventajas del acuerdo. «Si algo tenemos que hacer es actuar con legalidad. Si aquí hay algo ilegal, yo soy el primero en estar dispuesto a que esto no avance porque no estamos ocultando nada detrás de esta inversión, ni hay ningún negocio de alguien», defendió Pérez Molina. Sentado en la misma mesa con la vicepresidenta Baldetti, el millonario español le miraba atentamente.
4. La ministra
Con la revelación de los presuntos pagos de Ángel Pérez Maura al ex comisario Villarejo es como empezó, el pasado lunes, el tortuoso camino de desgaste de la ministra, al trascender que en la agenda incautada a Villarejo, y dentro de su estrategia para ayudar al empresario, se encuentra una cita que podría ser con Delgado, a la que identificó con el alias Dos (y otra con M., probablemente Garzón, al que el ex policía se referiría como Mago). Tanto el Ministerio de Justicia como la defensa de Villarejo han negado que ese encuentro llegara a celebrarse. A partir de ahí, la escalada de nuevas informaciones en torno a la ministra y su relación con Villarejo ha sido imparable. La web Moncloa.com ha difundido incómodas grabaciones realizadas por el policía de una comida con sobremesa larga que en octubre de 2009 -años antes del caso Pérez Maura- compartió en el restaurante madrileño Rianxo el triángulo formado por Delgado, Garzón y Villarejo. El ambiente de familiaridad que se percibe en esas conversaciones informales ha desmontado las explicaciones iniciales de Dolores Delgado, que en un primer momento negó cualquier tipo de relación con el hombre de las cloacas. La investigación continúa abierta. Y la ministra, señalada.
El soborno de 30 millones en Guatemala que salpica, a través de Villarejo, a la ministra Dolores Delgado | Crónica
Cómo el pago de 30 millones de dólares del rico cántabro Pérez Maura al presidente de Guatemala termina en escándalo en España
Y el papel jugado por el comisario Villarejo en sus citas con miembros de la Justicia para evitar la extradición del acaudalado empresario
El caso salpica de lleno a la ministra Dolores Delgado y a su amigo y ex juez Baltasar Garzón. Los fiscales de Guatemala nos cuentan cómo empezó todo
2 oct. 2018
Un camión blindado con tres millones de dólares en su interior llega el 16 de diciembre de 2014 al Palacio Nacional de Guatemala. El dinero ha recorrido 10.000 kilómetros desde España y va destinado al presidente del país, Otto Pérez Molina, que es quien lo recibe en su despacho, en sobres embalados...Ésta es la historia de cómo un escándalo de soborno en Guatemala por parte de un importante empresario español cruzó el océano y ha acabado manchando, cuatro años después, a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y a su amigo el ex juez estrella Baltasar Garzón, gracias a un cuarto actor que enlaza a estos tres personajes: el siniestro ex comisario de la Policía Nacional y rostro de las llamadas cloacas del Estado José Manuel Villarejo.
1. Soborno en Guatemala
La primera escena de esta película de empresarios, jueces, fiscales, políticos, policías y fajos de dólares data de diciembre de 2014. El camión repleto de dinero llega, en los citados sobres embalados, al despacho del presidente, Otto Pérez Molina. El presunto pagador es español y se llama Ángel Pérez Maura: vicepresidente del Grup Marítim Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB) y, según el último ranking de grandes fortunas elaborado por EL MUNDO, miembro de la 156ª familia más rica de España (300 millones de euros de patrimonio), una estirpe presente en el sector naviero desde el siglo XIX. En España -según las investigaciones posteriores- ha sido Pérez Maura quien ha dado el visto bueno a un negocio suculento: sobornar con 30 millones de dólares a las máximas autoridades de Guatemala para gestionar durante 25 años prorrogables el principal puerto de mercancías del país centroamericano, donde pretende construir una terminal de contenedores. Pero al acaudalado empresario cántabro sólo le dará tiempo a pagar 12 de los 30 millones convenidos entre los años 2013 y 2015, antes de que el negocio se le venga abajo. Una investigación emprendida por la Fiscalía de Guatemala y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) provoca que el 15 de abril de 2016 se desmorone el contrato a dedo, sin concurso público, que el Gobierno de Otto Pérez Molina ha cerrado con él.
La primera pieza en caer es el delfín del empresario en Guatemala, el también español Juan José Suárez Meseguer, que es arrestado y que hoy sigue en prisión preventiva, acusado de los delitos de asociación ilícita y cohecho activo, a la espera de juicio. Ese mismo destino le esperaba a Pérez Maura, pero aquel día tuvo suerte: estaba fuera del país, en España, a salvo de la Justicia guatemalteca, que llegó a emitir una alerta roja de búsqueda y captura internacional contra él a través de la Interpol. Así que, tras ser acusado de los mismos delitos que su socio -incluido el fraude-, apenas tuvo que pasar unas horas en la Audiencia Nacional para prestar declaración. Después quedó en libertad. Pese a que el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Guatemala, Juan Francisco Sandoval, sostiene en declaraciones a Crónica que la orden de Interpol «sigue activa para el resto de países», lo cierto es que en la web de este organismo internacional ya no aparecen el nombre ni la fotografía de Pérez Maura.
2. La 'operación Villarejo'
Cuando el escándalo estalla gracias a las revelaciones de uno de los testigos de la trama, Ángel Pérez Maura está en España. Pero la amenaza de la extradición a Guatemala le hace temer. Por eso, según la investigación que se desarrolla en la Audiencia Nacional, el empresario contrata al ya ex comisario de la Policía Nacional José Manuel Villarejo para que haga cuanto esté en su mano con el fin de paralizar el proceso de extradición. El objetivo se consiguió. Es cierto que no es excepcional que España no admita la extradición de sus ciudadanos nacionales. Pero también es cierto que, en este caso, la extradición fue rechazada. La Audiencia Nacional dijo no. Y ese proceso es el que ahora, indirectamente, ha puesto en aprietos a la ministra Delgado. Los pagos millonarios detectados de Pérez Maura a Villarejo están siendo investigados por la Audiencia Nacional en una pieza secreta del caso Tándem por el que Villarejo se encuentra en prisión, denominada Pit. La sospecha de los investigadores, según ha revelado El Confidencial, es que Villarejo utilizó su relación con Dolores Delgado, entonces fiscal de la Audiencia Nacional, y con el abogado y ex juez Baltasar Garzón para bloquear la entrega del empresario.
Los hechos son los siguientes. El expediente de solicitud de extradición a Guatemala echó a andar en abril de 2016. En julio, el fiscal de la Audiencia Nacional encargado del caso solicitó el archivo alegando falta de documentación por parte de Guatemala, y el caso quedó provisionalmente archivado. Un año después se reabrió pero volvió a archivarse en espera de nuevos papeles. El asunto coleó hasta el pasado mes de mayo, cuando la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó denegar la extradición del empresario. No obstante, el fiscal guatemalteco Juan Francisco Sandoval señala que aún no tiene noticias oficiales de ese carpetazo. «Todavía no se ha notificado por la vía diplomática a la Unidad de Asuntos Internacionales o al despacho de la fiscal general lo resuelto por la Audiencia Nacional», afirma. De momento, la Justicia guatemalteca está a la espera de que Ángel Pérez Maura sea al menos juzgado en España, aunque sea únicamente por el delito de cohecho activo. El fiscal Sandoval lo confirma: «Sí obtuvimos una copia que fue remitida vía Interpol en la que la Audiencia Nacional indicó que había delito que perseguir y que las autoridades españolas quedan abiertas a una petición para que Pérez Maura sea juzgado en el Reino de España».
3. Las pruebas
Crónica ha tenido acceso a parte de la investigación en Guatemala contra Pérez Maura. Según esas pesquisas, las pruebas contra quien encabeza desde 2014 la naviera Pérez y Cía -propietario de terminales de contenedores en diferentes puertos españoles y cuya familia siempre ha mantenido una buena amistad con el Rey emérito Juan Carlos I- son prácticamente irrefutables. Existen comunicaciones entre él y su delfín, Juan José Suárez Meseguer, donde ambos acuerdan el calendario de pagos en concepto de sobornos. El negocio consistía en evitar una licitación pública y así conseguir gestionar durante 25 años un total de 34 hectáreas en el Puerto Quetzal, situado en el departamento de Escuintla, al sur de Guatemala, concretamente, a 100 kilómetros de la capital. Para ello, Pérez Maura -hijo de Elena García Botín, sobrina del ex presidente del Banco Santander, Emilio Botín- creó en mayo de 2012 una empresa ad hoc denominada Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), filial de TCB, que llegó a controlar 10 puertos estratégicos en el mundo, incluido uno en Turquía.
Poco después, Pérez Maura nombró como director y representante legal a su hombre de confianza, Juan José Suárez Meseguer. Él fue quien se encargó de elaborar a petición de Pérez Maura un calendario de pagos para contentar a los cobradores: no sólo el presidente, sino también la vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti. Según ese esquema que Suárez envió a Ángel Pérez Maura, el pago de los 30 millones de dólares convenidos se iría realizando de manera progresiva entre 2013 y 2015. Con el siguiente reparto: el montante principal, 24,5 millones, iría para el presidente y la vicepresidenta de Guatemala; otros cinco millones estarían destinados a los negociadores argentinos que habían puesto en contacto a los españoles con el Gobierno del país centroamericano desde la etapa del presidente Álvaro Colom en 2011; y los 500.000 dólares restantes servirían para cubrir gastos. Los investigadores cuentan además con un cuadro que Suárez envió a su jefe en el que detalla varios pagos: 10 millones bajo el nombre de Opciones, 14 millones bajo el epígrafe de Asesoría, 5,5 millones con el título de Argentinos...
En enlace, la persona encargada de recibir el dinero y de trasladarlo a sus destinatarios, era Juan Carlos Monzón, secretario privado de la vicepresidenta de Guatemala y una pieza fundamental en el caso, ya que fue precisamente él quien reveló todas estas ilegalidades a la Fiscalía y a la CICIG, a cambio de recuperar su libertad el pasado 15 de junio. Pérez Maura tenía comunicación directa con Monzón, a quien llegó a enviarle un mensaje pidiéndole verse: «Y te presento el documento que he preparado por si tienes alguna sugerencia», añadía, en referencia al cronograma de pagos definitivo que fue finalmente acordado en Cancún (México) entre Suárez y quien se convertiría en su delator. En este cuadro ya no había referencia a los conseguidores argentinos, a raíz de que la vicepresidenta se negara a que terceras personas se beneficiaran de los sobornos. En cambio, el documento sí detallaba la forma en que Pérez Maura pagaría a los políticos guatemaltecos: 8,5 millones de dólares los recibirían «al contado» en concepto de «asesoría», mientras que otros 15,5 millones se abonarían mediante un «contrato de acciones» de la filial de TCB en Guatemala.
La investigación pudo certificar que la empresa de Pérez Maura abonó en suma 12 millones de dólares en sobornos, de los cuales Otto Pérez Molina recibió 4,2 (que destinó a la compra de fincas y una lancha), al igual que Baldetti (que los empleó en ampliar un terreno). Tres de esos millones llegaron en aquel camión. Pero todo quedó ahí. En 2015, ambos mandatarios fueron encarcelados en el marco del caso de defraudación aduanera, conocido como La Línea. Y el negocio se fue al garete. «Todo el dinero viene de España a través de diferentes mecanismos para hacerlo llegar a sus destinatarios», detallan fuentes de la investigación, que destacan que el contrato entre Pérez Maura y el Gobierno de Guatemala se hizo «en fraude de los intereses del Estado con un pago a los funcionarios que estuvieron involucrados». El montante, además, podría haber sido superior. En una comunicación de Pérez Maura a su delfín Suárez datada en diciembre de 2012, en un momento en el que les exigían dos millones de dólares más de soborno, el empresario protesta: «No vamos a pagar un céntimo más. (...) Es impresentable y no tenemos que aceptar ningún cambio».
Ángel Pérez Maura llegó a mantener al menos tres encuentros con el propio Otto Pérez Molina en la Casa Presidencial (que quedaron registrados en el libro de visitas en el año 2014) con el fin de negociar los pagos. Pero no fue la única vez que el presidente y el empresario se vieron personalmente. Después de que en julio de 2012, Pérez Maura y la Empresa Portuaria Quetzal, perteneciente al Gobierno, suscribieran su primer contrato, el empresario español asistió en el Palacio Nacional a un foro llamado Mitos y Realidades de Puerto Quetzal, en el que el presidente trató de convencer a sus gobernados de las ventajas del acuerdo. «Si algo tenemos que hacer es actuar con legalidad. Si aquí hay algo ilegal, yo soy el primero en estar dispuesto a que esto no avance porque no estamos ocultando nada detrás de esta inversión, ni hay ningún negocio de alguien», defendió Pérez Molina. Sentado en la misma mesa con la vicepresidenta Baldetti, el millonario español le miraba atentamente.
4. La ministra
Con la revelación de los presuntos pagos de Ángel Pérez Maura al ex comisario Villarejo es como empezó, el pasado lunes, el tortuoso camino de desgaste de la ministra, al trascender que en la agenda incautada a Villarejo, y dentro de su estrategia para ayudar al empresario, se encuentra una cita que podría ser con Delgado, a la que identificó con el alias Dos (y otra con M., probablemente Garzón, al que el ex policía se referiría como Mago). Tanto el Ministerio de Justicia como la defensa de Villarejo han negado que ese encuentro llegara a celebrarse. A partir de ahí, la escalada de nuevas informaciones en torno a la ministra y su relación con Villarejo ha sido imparable. La web Moncloa.com ha difundido incómodas grabaciones realizadas por el policía de una comida con sobremesa larga que en octubre de 2009 -años antes del caso Pérez Maura- compartió en el restaurante madrileño Rianxo el triángulo formado por Delgado, Garzón y Villarejo. El ambiente de familiaridad que se percibe en esas conversaciones informales ha desmontado las explicaciones iniciales de Dolores Delgado, que en un primer momento negó cualquier tipo de relación con el hombre de las cloacas. La investigación continúa abierta. Y la ministra, señalada.
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