IZQUIERDA UNIDA Programa Marco Municipales y Autonómicas 2015. Programa, programa, programa

Programa Marco Municipales y Autonómicas 2015

ÍNDICE

DEMOCRACIA

ADMINISTRACIONES DEMOCRÁTICAS

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN

tras*PARENCIA

UN PUEBLO CON MEMORIA

ECONOMÍA

AUDITORÍA CIUDADANA DE LA DEUDA

BANCA PÚBLICA

REFORMA FISCAL

FRAUDE FISCAL

CAMBIO DE MODELO PRODUCTIVO

REMUNICIPALIZAR SERVICIOS

CREAR EMPLEO DIGNO Y DE CALIDAD

POLÍTICA DE GASTO AUSTERA Y RACIONAL

PROPUESTA DE TRABAJO GARANTIZADO

SERVICIOS PÚBLICOS

EDUCACIÓN DE TOD@S Y PARA TOD@S

LA SALUD ES UN DERECHO Y NO UNA MERCANCÍA

SERVICIOS SOCIALES QUE GARANTICEN LA PROTECCIÓN SOCIAL

LA VIVIENDA ES UN DERECHO

UNA JUSTICIA PARA TODOS/AS

UNA CULTURA POPULAR

MEDIO AMBIENTE

CIUDADES Y MUNICIPIOS SOSTENIBLES

TURISMO SOSTENIBLE

AGUA

ENERGÍA

RESIDUOS

ESPACIOS VERDES Y BIODIVERSIDAD

CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA

DERECHOS ANIMALES

AGRICULTURA ECOLÓGICA

IGUALDAD

MUJER MUNICIPAL

MUJER AUTONÓMICO

LGTBI

MIGRACIONES, XENOFOBIA Y RACISMO

PAZ Y SOLIDARIDAD

http://www.izquierda-unida.es/sites...Electoral_Municipales_Autonomicas_IU_2015.pdf

Programa Marco Municipales y Autonómicas 2015 | IZQUIERDA UNIDA

Salud y Libertad

DEMOCRACIA

¿Qué propuestas harías para que funcione
la democracia en tu municipio o en tu
Comunidad Autónoma?

La profundización democrática solo será posible reformando las formas de hacer política y apostando por la democracia participativa para conseguir un cambio político sustancial que conlleve un giro económico, social cultural y ético desde la participación ciudadana y la trasparencia en la gestión de lo público.

1. ADMINISTRACIONES DEMOCRÁTICAS

−Defendemos que la descentralización del Estado es la mejor garantía de para unos servicios más cerca delos ciudadanos. Por eso nos comprometemos a derogar la Ley anti-Ayuntamientos del PP. Los Ayuntamientos necesitan más financiación, más trasparencia y más democracia, no menos. Por eso proponemos devolver competencias a los ayuntamientos y establecer una Ley de Administración Local que garantice la suficienciaeconómica de los municipios, bajo el principio de subsidiariedad, es decir, el principio según el cual losasuntos han de ser resueltos, en la medida de lo posible, en las instancias más cercanas a la ciudadanía.

−Queremos ampliar las competencias de las Comunidades Autónomas de acuerdo con un modelo de Estado Federal solidario que sea útil para la superación de los desequilibrios territoriales y que garantice la calidad universal de los derechos sociales.

−Defendemos la autonomía financiera de las administraciones locales y, por eso proponemos una Ley de Financiación Local, orientada a la política de los tres tercios, que asegure la suficiencia financiera de los municipios y sus competencias.

−Es necesaria una Reforma de las Leyes electorales en las CCAA para garantizar la proporcionalidad y que todos los votos valgan lo mismo. Proponemos reformar los factores que provocan la desproporción y la desigualdad del voto, como son: el tamaño de las circunscripciones, su magnitud, la barrera electoral, la fórmula electoral y que todos los partidos concurran en igualdad de condiciones.

−Entendemos que las Diputaciones provinciales son entidades anacrónicas de difícil control por la ciudadanía, confuncionamiento opaco y en muchos acaso instrumentalizadas por los caciquismos locales. Somos partidarios de su desaparición, sustituyéndolas por otras entidades más representativas (comarcas, entes supramunicipales…).

-Democratizar el funcionamiento de los Parlamentos y los Ayuntamientos para asegurar la trasparencia en la toma de decisiones, la participación de las minorías y el control ciudadano.

−No habrá democracia plena mientras los ciudadanos no podamos elegir el Jefe del Estado, por ello defendemos la República. Defendemos un Estado Federal solidario en el que todos los ciudadanos tengamos garantizados nuestros derechos en condiciones de igualdad.

−Defendemos, asimismo, un Estado laico, es decir la separación efectiva entre estado e iglesia.

Nos sumamos a las medidas propuestas por Europa Laica:
http://laicismo.org/data/docs/archivo_1533.pdf

2. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

No queremos gobernar por delegación, sino con participación. La participación ciudadana se constituye en el eje vertebral y trasversal de nuestra propuesta, que se fundamenta en el convencimiento de que a mayor participación, mayor democracia.
Desde la Administración se debe trabajar conjuntamente con la sociedad civil y trabajar porque la gente participe. No debemos dejar el control democrático a banqueros o empresas y, por ello, queremos impulsar desde el ámbito autonómico y municipal procesos de intervención directa en las decisiones que se toman en los municipios y en sus Comunidades.

Se trata de avanzar a una democracia participativa que ponga a los ciudadanos y ciudadanas en el centro de la política y la economía y que posibilite su participación en las decisiones de los Gobiernos, en la planificación y ejecución de las políticas públicas y en la gestión de los servicios públicos.

−Reforma del procedimiento de las Iniciativas Legislativas Populares, permitiendo que se usen para crear, reformar o derogar normas en cualquier órgano de competencia normativa y reduciendo el número de firmas exigidos.

−Establecer mecanismo de consultas populares o referéndums para asuntos de trascendencia autonómica o municipal.

−Fomentar la participación ciudadana en la gestión de los bienes y servicios públicos, que permita a la ciudadanía participar en la elección de los modelos de organización, funcionamiento y definición de objetivos de los servicios públicos. El ejercicio de este derecho se puede realizar a través de mecanismos como la democracia representativa, directa y comunitaria, como pueden ser las audiencias públicas, las asambleas de barrio, los consejos autónomos municipales o los observatorios populares.

−Establecimiento de presupuestos participativos, para que en la gestación, gestión y control de los presupuestos de las administraciones públicas haya participación de los ciudadanos/as.

−Defendemos la participación de los ciudadanos/as y de los trabajadores/as en los órganos de dirección de los organismos autónomos o empresas públicas.

−Revocabilidad de los cargos públicos o moción de censura ciudadana de los presidentes de las Comunidades Autónomas y alcaldes y de los diputados y senadores, adaptándolo a los diferentes procedimientos de elección de cada uno de estos cargos. El procedimiento de revocación se podría poner en marcha tras*currida la mitad del período para el cual fue elegido el cargo público, por un número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras de la circunscripción. Una vez conseguidas las firmas suficientes se sometería a votación popular la propuesta de revocación.

3. MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN

−Aprobación de una ley integral y severa anti-corrupción, incorporando el delito de enriquecimiento ilícito (patrimonio injustificado) o presunciones sobre la titularidad de bienes u obligaciones de declarar o medidas cautelares que impongan el cese de políticos imputados y el abandono del cargo. Los corruptos tendrán que asumir los costes directos e indirectos que reportan de sus acciones delictivas: aquello evadido o dañado, perjuicios a terceros, costes de restitución del derecho lesionado y costes judiciales. Ley expropiatoria de bienes adquiridos mediante prácticas corruptas.

−Control estricto del absentismo de los cargos electos en sus respectivas responsabilidades. Sanciones específicas por dejación de funciones.

−Los salarios de los representantes electos no pueden exceder al del funcionario de rango más alto de la administración en la que ejerce su labor.

−Eliminación de los complementos por cargo. Pago de los gastos justificados en base a los desplazamientos. Impedir la acumulación de dietas. El cobro de dietas se hará en función de la asistencia a las reuniones o plenos de los órganos de los que se forma parte y de una cuantía ajustada a la dedicación que requiere.

-Eliminación de los planes de pensiones privados u otras prestaciones otorgadas por el hecho de ser cargo público y que sean pagados con cargos a los presupuestos de cualquier institución pública.

−Eliminación de la inmunidad asociada al cargo en lo relativo a los delitos de corrupción. Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.

−Publicación obligatoria del patrimonio de todos los cargos públicos.

−Regulación estricta de incompatibilidades durante el ejercicio de cargos públicos para evitar la simultaneidad con la participación en entidades privadas.

−Una incompatibilidad radical para la gestión y contratación del sector público por empresas que cuenten en sus órganos de gestión o abonen cualquier tipo de servicio a quienes, como gestores o responsables del sector público, hayan trabajado en la Adminisitración los tres años anteriores.
−Impedir que en los tres años siguientes al cese de sus funciones puedan ejercer funciones en empresas privadas o prestar servicios remunerados en las mismas que desarrollen actividades en los sectores en que desplegaron directamente responsabilidades en el ejercicio de su cargo, cuando las empresas hayan sido objeto de privatización o se beneficien de contratos públicos de servicios externalizados, ayudas financieras o ventajas fiscales de naturaleza contractual.

−Medidas contra el tras*fuguismo. El tras*fuguismo es uno de los peores descréditos para la vida política y una deformación de la voluntad popular. Por ello, IU no admitirá en sus listas un miembro integrado en la candidatura de otra formación, mientras mantenga el cargo conseguido en su partido original.

−Limitación en el número de asesores y de cargos de confianza política y tras*parencia en los nombramientos y en sus retribuciones.

−Reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para limitar las revisiones de los precios de la contratación, evitar las divisiones injustificadas de los contratos e incorporar las garantías y reformas establecidas por la Unión Europea.

−Las contrataciones se realizarán a través de comisiones específicas, cuyo funcionamiento será tras*parente, sus decisiones públicas y en las que participarán los representantes de todos los grupos municipales. Sus componentes tendrán acceso a los expedientes de contratación.

−Nueva regulación económica del régimen de gestión indirecta del sector público en cualquiera de sus modalidades, modificando sustancialmente los sectores a los que pueda acceder, condiciones de licitación, los sistemas de control, actualización de costes, etcétera.

−Reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, de la Ley de Gobierno local y de la Ley de financiación de las Haciendas Locales, para que todos los alcaldes y concejales tengan la obligación de depositar su declaración de bienes e intereses en un registro público; para que a partir de cierto importe económico o más de un año de duración, las licencias, convenios y contratos especialmente los contratos de obras y servicios de larga duración (agua, residuos, seguridad, espacios públicos)- sean adoptados por el Pleno municipal y no se limite su decisión al debate en la comisión de gobierno, en la que no está representada la oposición; y para que todos los grupos municipales estén representados en las empresas públicas y en las mesas de contratación.

−Creación de un Registro público de recalificaciones de suelo. El Ayuntamiento incorporará en los expedientes urbanísticos la historia registral de las tras*acciones que sobre los suelos afectados se hayan realizado en los diez años anteriores. Desarrollo urgente de las medidas preventivas contempladas en la Ley de Suelo 8/2007, con especial atención a las plusvalías públicas, para que el planeamiento municipal no se pueda convertir en plusvalías privadas en su integridad y se incremente la participación pública de la plusvalía en beneficio del interés general, así como a la tras*parencia, información pública y participación ciudadana en los acuerdos e instrumentos de planeamiento urbanístico, incluyendo los convenios municipales, que han de ser públicos en tiempo real a través de la red. Aplicación de la Disposición adicional novena de la Ley de Suelo, mediante la creación en todos los Municipios, de un Registro de Actividades y de un Registro de Bienes Patrimoniales de cada cargo público, las variaciones producidas durante el período del ejercicio del cargo, con una declaración final con ocasión del cese y al terminar el mandato. La Ley de Suelo debe clarificar y armonizar las competencias, reducir plazos, simplificar las normas y los procedimientos urbanísticos y hacerlos más tras*parentes y accesibles, evitando toda discrecionalidad. Fijación de precios máximos de venta del suelo.

−Creación de un Cuerpo de Inspectores, ajenos a los Ayuntamientos, que vigilen la legalidad de los planeamientos urbanísticos. Incremento de la fiscalidad de las plusvalías obtenidas. Medidas de sujeción de las plusvalías de urbanismo al interés general, de tal modo que los beneficios derivados de las recalificaciones de suelo y del aumento de la edificabilidad reviertan en beneficio de la sociedad.

−Inspección sistemática de Hacienda a los alcaldes y concejales de urbanismo de los Ayuntamientos con población superior a 50.000 habitantes y de aquellos otros en los que se hayan adoptado importantes medidas urbanísticas.

−Establecer, por plazo de cinco años, un registro público de actividades profesionales de miembros del Gobierno, altos cargos, así como gestores públicos que cesen en el desempeño de sus funciones.

−Regulación de criterios de tras*parencia y de los límites tolerados en los regalos e invitaciones a cargos públicos y cargos de libre designación. Prohibición de percibir obsequios o invitaciones por parte de contratistas de la institución. Los obsequios con valor superior a 200 euros serán rechazados o entregados a la institución. Se creará un Registro Público de Obsequios e Invitaciones para cuantías inferiores a 200 euros.

−Apostamos por una función pública profesionalizada, por lo cual se deberán limitar los puestos de libre designación a los estrictamente necesarios, se favorecerá una carrera profesional basada en los principios del mérito y capacidad, generalizándose el sistema de concurso como instrumento de provisión de puestos, Acabar con el clientelismo que se produce en la asignación de puestos directivos de libre designación y con el ejército de asesores que rodea a los altos cargos, que supone la creación de administraciones paralelas.

Más medidas en el documento “45 medidas contra la corrupción”, en:

http://www.izquierda-unida.es/sites/default/files/doc/45_Medidas_Contra_Corrupcion.pdf


4. tras*PARENCIA

En una verdadera democracia sólo es posible una auténtica participación por parte de la ciudadanía si ésta puede acceder en igualdad de condiciones a todo tipo de información que se encuentre en poder de cualquier autoridad pública o de cualquier entidad privada que realice funciones públicas. La mejor herramienta para garantizar el pleno reconocimiento y ejercicio de este derecho es la existencia de una ley específica de acceso a la información.

La información de las instituciones públicas debe ser accesible a los ciudadanos y, al mismo tiempo, las instituciones deben ser proactivas en el ofrecimiento y puesta a disposición de esa información para los ciudadanos. España es uno de los pocos países de la UE que carece de una ley que regule el acceso a la información pública, por lo que desde IU nos comprometemos a impulsar la elaboración de una Ley de Acceso a la Información Pública basada en los siguientes principios:

−El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental de toda persona, que debe poder ejercerse sin necesidad de justificar las razones por las que se solicita la información.

−El derecho de acceso a la información se aplica a todas las entidades públicas, a todos los poderes del Estado y a todas aquellas entidades privadas que realicen funciones públicas.

−El derecho de acceso a la información se aplica a toda la información elaborada, recibida o en posesión de las entidades públicas, sin importar cómo esté almacenada.

−Principio de publicidad de la información: el secreto y la denegación de la información son la excepción y sólo podrá fundamentarse en razones muy específicas, como la seguridad nacional o la investigación de delitos.

−Las entidades públicas, a iniciativa propia, deben poner a disposición del público información básica y esencial sin que sea necesario realizar una solicitud.

5. UN PUEBLO CON MEMORIA

Recordar y dignificar la memoria de las víctimas del franquismo y restituir los derechos perdidos por ellos y sus descendientes es una necesidad democrática, porque la democracia no será plena en nuestro país hasta que no se reconozca el pasado neցro de nuestra historia y se tribute el homenaje que se merecen los hombres y mujeres
que se enfrentaron a él. Por ello proponemos:

−Elaboración de Leyes de Memoria en las CCAA.

−En los municipios, borrar de nuestras calles y plazas cualquier referencia honrosa al pasado franquista que hemos padecido en nuestro país.


ECONOMÍAA

La crisis económica la estamos pagando los trabajadores y las trabajadoras ¿Qué medidas crees que son las más urgentes para salir de la crisis y crear empleo?

1. AUDITORÍA CIUDADANA DE LA DEUDA

Queremos saber a quiénes y a qué empresas se ha beneficiado con dinero público, para poder ejercer un mejor control sobre el gasto. Por eso, proponemos una Auditoría ciudadana de la deuda en las CCAA y en cada municipio, especialmente de las grandes ciudades. En el caso municipal, es preciso desvelar las deudas municipales por prestación de servicios, que no son de su competencia, pero que tienen una financiación de otras Administraciones insuficiente y tardía. Esa auditoría se concentraría en las emisiones de deuda pública de las CC.AA. y algunos Ayuntamientos y en el contenido, procedimientos de licitación y pago de los grandes contratos públicos que han generado deudas municipales o autonómicas.

En todo caso, se prestará una especial atención a los sobreprecios sobre el inicialmente pactado y sobre la actividad de las empresas públicas dependientes de Ayuntamientos, Diputaciones, Consorcios Locales y CC.AA.

2. BANCA PÚBLICA

Necesitamos una banca al servicio del interés general y no de intereses privados de la élite financiera.

Proponemos crear una Banca Pública, a través del mantenimiento de la nacionalización de las entidades intervenidas, la utilización de los derechos de voto y gestión en función del capital y otras ayudas públicas aportados a cada institución y la creación de nuevos bancos públicos.

Su objetivo será facilitar el crédito a empresas y familias para desarrollar una economía real y sostenible creadora de empleo.


3. REFORMA FISCAL

Queremos que todas las rentas tributen de la misma manera, sean del capital o del trabajo y que paguen más los que tienen y ganan más. Proponemos una Reforma Fiscal suficiente para las necesidades públicas, equitativa y progresiva, para que quienes hoy no pagan, o pagan poco, tributen por sus beneficios: impuesto de grandes fortunas y patrimonios, aumento de la contribución fiscal del beneficio de los bancos, grandes empresas y tras*acciones financieras. Ningún privilegio fiscal en el IBI o en otros impuestos, tasas y precios públicos para la Iglesia Católica o cualquier otra confesión religiosa.

La fiscalidad autonómica debe estar enfocada hacia su tras*formación con criterio federal. El principio de progresividad fiscal y persecución del fraude debe llevarse también a las Haciendas Locales y Autonómicas. No solamente los impuestos y sus recargos, sino también las tasas y precios públicos deben recoger principios de equidad, suficiencia y progresividad para lograr una fiscalidad justa. Esto es especialmente importante en el IBI y en el IAE.

Desarrollar una fiscalidad especial hacia actividades sustitutorias del empleo, a través de ordenanzas municipales, etc. Por ejemplo, la tasa sobre cajeros automáticos (vigente en algunos sitios), tasa sobre gasolineras de autoservicios, etc. Desarrollar a través de las ordenanzas una fiscalidad verde (ver apartado medio ambiente).
No se trata de más o menos impuestos, sino de justicia fiscal.

4. FRAUDE FISCAL

Tenemos que acabar con la economía sumergida y el Fraude Fiscal y para ello se hace necesario la reforma de la legislación tributaria, sancionadora e inspectora, mejorar la AEAT y perseguir las operaciones en paraísos fiscales.

5. CAMBIO DE MODELO PRODUCTIVO

Queremos planificar una economía que supere el modelo perverso que ha agravado la crisis en nuestro país. Apoyaremos a la pequeña empresa y a la economía social y cooperativa en una economía que no se base en el sector servicios o el turismo de bajos salarios.

Necesitamos un cambio de modelo productivo, con inversión y empresas públicas, que prioricen los sectores básicos (construcción, automoción, turismo y química verde), los emergentes (agricultura ecológica, naval, material ferroviario, servicios sanitarios y sociales) y los sectores de futuro (mecatrónica, biología médica, aparatos médicos y biocombustibles).

Proponemos la reconversión ecológica y social de la construcción y el turismo. Tanto a nivel local como autonómico desarrollaremos programas de apoyo a la pequeña y mediana empresa y los autónomos, de impulso del turismo de calidad, consolidación del pequeño comercio, las cooperativas y la economía social.

Estableceremos mecanismos para que en las licitaciones públicas existan criterios de discriminación positiva para las pequeñas empresas y para que los pliegos de condiciones den ventaja a las empresas que propongan criterios ecológicos o de cantidad y calidad del empleo involucrado en cada contrato.

6. REMUNICIPALIZAR SERVICIOS
Defendemos el papel de lo público en la economía, por lo que proponemos remunicipalizar servicios privatizados y la creación de Consorcios públicos en sectores estratégicos.

También introduciremos mecanismos de colaboración público-social (con cooperativas y empresas de la economía social) para la gestión de determinadas actividades y servicios, que no sustituyan a los servicios básicos de propiedad y gestión pública.

7. CREAR EMPLEO DIGNO Y DE CALIDAD

Uno de los objetivos principales de nuestra gestión es que CC.AA., Ayuntamientos y otras entidades locales sean un factor importante de apoyo a la creación de empleo digno y de calidad y a la contratación laboral. Lo anteriormente reseñado será de aplicación inmediata en las relaciones laborales de las CC.AA. y Ayuntamientos en cuyo
gobierno participemos en el ámbito de las competencias propias. Fuera de ellas, plantearemos como exigencia política la anulación de las medidas contenidas en las dos últimas reformas laborales, que serán sustituidas en el ámbito de estas instituciones por los resultados de la negociación colectiva, que consideramos prioritaria. Aspiramos a un nuevo modelo de relaciones laborales. Proponemos el objetivo “empleo precario o en lo público”.

Esta es una cuestión central para la próxima legislatura. Consideramos necesario introducir la planificación autonómica y local, acompañada de la correspondiente financiación y con la participación de los sindicatos para adoptar las medidas necesarias tendentes a definir una Estrategia por el Empleo. Partes importantes de esta
Estrategia serán:

−Un Plan Multisectorial por el Empleo que contemple todas las iniciativas que tengan por objetivo la creación de empleo.

−Introducir la perspectiva de empleo en toda la ordenación territorial y urbanística y en los procedimientos de contratación pública.

−Diseñar y aplicar las medidas de colaboración con otras administraciones para un Plan Urgente Empleo Formación para parados de larga duración.

−Poner en marcha una política especial de empleo juvenil y de igualdad en el empleo.

−Crear un observatorio por el empleo con participación ciudadana, sindical y social para seguir la evolución del empleo en el ámbito territorial del que se trate y proponer las medidas adecuadas.

−Desarrollar en cada ámbito medidas para implantar un sistema de Trabajo Social Garantizado (ver punto 9). Nos oponemos a los salarios bajos, la precariedad y la desregulación de las relaciones laborales. Necesitamos cambiar el modelo de relaciones laborales. Consideramos el pleno empleo, digno y de calidad como eje determinante del nuevo modelo productivo, con políticas de reparto del trabajo y producción sostenible: jornada de 35 horas, recuperar la jubilación a los 65 años y trabajar para su ampliación progresiva hasta los 60, limitación de horas extra, salario mínimo de 1100 euros y establecer un salario máximo. Y ante todo, recuperar la primacía de la negociación colectiva.


8. POLÍTICA DE GASTO AUSTERA Y RACIONAL

Defendamos una política de gasto austera y racional, pero que priorice los servicios públicos y la inversión para crear empleo. Por ello, proponemos eliminar la modificación del art. 135 de la Constitución, que prioriza el pago de la deuda al gasto público y nos oponemos al límite del 3% de déficit.

En todos los proyectos de obras y servicios será preceptivo un informe previo de impacto social y sobre el empleo.


9. PROPUESTA DE TRABAJO GARANTIZADO

La propuesta de Trabajo o Empleo Garantizado (EG) es simple: el Estado tiene la obligación de garantizar un puesto de trabajo remunerado (con condiciones dignas) a cualquier persona que no haya podido encontrar empleo en el sector privado o en el sector público tradicional, y que esté preparada y dispuesta a trabajar, sin importar su experiencia profesional, cualificación, sesso, renta o edad. El EG parte de la premisa de que hay muchas personas que no ocupan ningún puesto de trabajo, pero hay mucho trabajo por hacer y mucho trabajo que se realiza y que no es remunerado. Que no haya empleo no quiere decir que no haya trabajo. Es absurdo y contraproducente en términos económicos y sociales que haya personas inactivas que pueden y desean trabajar
mientras las necesidades no estén cubiertas porque al sector privado no le es rentable o porque el Estado no ha decidido realizarlas.

Necesidades económicas, sociales y ecológicas. Necesitamos cuidar de los mayores, adultos dependientes, hijos e hijas y enfermos, apoyo psicológico y educativo, cuidar la fauna y flora, los bosques y espacios verdes, retirar residuos, habilitar edificios de forma eficiente, reparación, reutilización y reciclaje, servicios de ocio, deporte y cultura, cuidar infraestructuras urbanas de muchos barrios, aumentar y mejorar los servicios sanitarios y educativos, atender a grupos discriminados y vulnerables, construir y mantener centros de producción de energía renovable… Hay necesidades y donde hay necesidades hay economía, hay puestos de trabajo y generación de renta.

Por lo tanto, se trata de:

1. Reforzar las actividades económicas y sociales que hoy son insuficientes (educación pública, sanidad pública, culturales, deportivas, generación de energía renovable…)

2. Crear nuevas actividades (sobretodo ecológicas: reutilización y reparación de materiales y productos, optimizar rendimiento energético de edificios…)

3. Remunerar, visibilizar y dignificar el trabajo de cuidados y otros trabajos voluntarios repartiendo esas actividades de forma solidaria. Se pueden crear muchos puestos de trabajo. Un botón: la Encuesta de Empleo del Tiempo de 2010 del INE señala que en el cuidado de niños se dedicó en 2010, horas equivalentes a más de

1.5 millones de puestos de trabajo (1.579.259) a jornada completa. En el cuidado de adultos dependientes la cantidad equivalente de puestos de trabajo sería de 374.708.
Financiación y gestión. El Estado financia el EG, pero lo diseñan y gestionan los ayuntamientos en participación con la sociedad civil (respetando ciertas directrices para que las actividades redunden en beneficio de la sociedad y la naturaleza). El Estado se encarga de remunerar el trabajo directamente mediante un pago a la cuenta bancaria del participante del EG, de forma que se eviten intermediarios y tentaciones perversas en la gestión del dinero. La retribución no es sólo salarial, sino que incluye otros cotizaciones a la Seguridad Social, ayudas para tras*porte, permiso por paternidad/maternidad, enfermedad, vacaciones... Debe haber supervisión para que los
trabajos se realicen bien. Quien no cumpla las reglas será penalizado.

Beneficios. Al mismo tiempo que se logra el pleno empleo y los trabajadores reciben un ingreso y desarrollo personal, se satisfacen necesidades. Los beneficios del EG son innumerables: producción de bienes y servicios (y por tanto aumento del PIB), generar renta y riqueza, alivio de la pobreza, cuidado del medio ambiente, más y mejores construcciones comunitarias y redes sociales, mayor estabilidad social, política y económica, alivio de las enfermedades sociales derivadas del desempleo y otros multiplicadores sociales. Algunas estimaciones apuntan a que cualquier programa de EG tiene un coste económico inferior al coste que supone lidiar con los problemas derivados del desempleo a través de prestaciones sociales como las de desempleo, ayudas a familias sin recursos, apoyo psicológico, servicios penitenciarios, etc.

Economía sumergida y recaudación. Aplicando el EG buena parte de la economía sumergida afloraría, ya que muchas actividades ocultas serían abandonadas al existir una alternativa de empleo con derechos y estable.

Ello aumentaría la recaudación tributaria, al reducir la economía sumergida e incrementar los trabajadores y el consumo. Aumentaría el fondo de la Seguridad Social, ahuyentando las dudas sobre la sostenibilidad de las pensiones. Además, reduciría el coste por prestaciones de desempleo. El impacto en el saldo fiscal es menor de lo podría parecer.

Formación. Otros beneficios es que los participantes mantienen y desarrollan sus conocimientos y habilidades (a diferencia de lo que ocurre estando desempleados), lo que permite a) incrementar la productividad del trabajo y b) mantenerse preparados para acceder a puestos más cualificados y de mayor remuneración. Cuando
los empresarios del sector privado necesiten contratar a nuevos trabajadores, pueden acudir a la cartera de participantes del EG. Esto ocurrirá en períodos de expansión económica. En tiempos de recesión ocurrirá el proceso contrario: los empresarios despedirán a sus trabajadores y éstos podrán acogerse a un programa de EG.

Las oficinas actuales del desempleo pasan a convertirse en oficinas de empleo, donde efectivamente conectan demandantes de empleo con oferentes.

Control. El control público permite reducir la discriminación racial, sensual y de cualquier otro tipo, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito privado donde resulta más complicado supervisar al empleador en cuestión.

Salario. En nuestra propuesta inicial hay 3 tipos de trabajo por su cualificación y tres tipos de remuneración: 7€/h para alta cualificación, 6€/h para media cualificación, y 5€/h para baja cualificación. A jornada completa el salario bruto es de 1213 euros/mes (12 pagas) en puestos de cualificación alta, 1040 euros/mes si son de cualificación media, y 867 euros/mes los de cualificación baja (en neto: 1047€; 951€; 794€). Los salarios son
fijos en cada tramo, condición indispensable para evitar la competencia a la baja en los salarios, logrando que ese nivel de remuneración haga las veces de salario mínimo por debajo del cual ninguna persona trabajaría en el sector privado al tener la posibilidad de acogerse a un programa de EG. El sector privado se vería obligado a ofrecer salarios iguales o superiores. El precio fijo es además un ancla de precios para evitar tensiones inflacionistas.

Coste. La implementación del EG debería ser gradual para no provocar grandes cambios y poder corregir errores. Si en el primer año se diese empleo a 1.000.000 de desempleados (los más necesitados), el coste neto de la medida alcanzaría el 0,92% del PIB (9.408.796.613 euros). Es una cantidad inferior a lo que le costó al Estado en sólo un año responsabilizarse de la pérdida de valor de las inyecciones en entidades nacionalizadas (1,08% del PIB). Como coste neto se entiende el coste salarial y material menos lo que se ahorra en prestaciones por desempleo y lo que se recauda por IRFF, IVA e IS. El desembolso inicial sería de 15.303.592.000 euros, un 1,5% del PIB. Esto no correspondería con el aumento en el déficit público porque las cotizaciones sociales no restarían. El aumento inicial en el déficit público sería de 11.793.600.000, 1,2% del PIB.

Coste neto de un programa total. 21.482.326.055 euros, un 2,10% del PIB. Cantidad muy inferior a lo que el Estado paga cada año por intereses de deuda pública (3,77% del PIB) y muy inferior a lo que ha costado rescatar a la banca (6,3% en 2009-2012).

Financiación. El coste podría financiarse de muchas maneras:

1. Reforma fiscal, tipo del 35% del Impuesto de Sociedades a partir del millón de euros, reducir la economía sumergida en 10 puntos, impuesto sobre la riqueza, prohibición de las operaciones en corto contra la deuda pública, restricciones al sistema de módulos, SICAV, tipo de la Renta del Ahorro, y ganancias patrimoniales especulativas, e impuesto a las tras*acciones financieras. Con esta reforma fiscal, la recaudación superaría el 6,2% del PIB en un año, más que suficiente para ir aplicando la totalidad del EG propuesto.

2. Para el primer desembolso recurriremos a préstamos del BCE utilizando el ICO, que puede acceder a la ventanilla de la institución europea (a un coste inferior al que se financia el Estado en la subasta de deuda pública). Así lo hizo ya el ICO en 2012 por valor de 20.000.000.000 euros (un 1,96% del PIB) para financiar el gasto de las administraciones públicas. Podría volver a hacerlo por una cuantía menor (1,2%) y contribuir a la financiación del primer año del EG.

3. Quedaría como último recurso acudir a los acreedores privados. Si nos hemos endeudado para rescatar a bancos, podemos hacerlo para crear puestos de trabajo.

Más medidas en el documento: “50 medidas sobre Economía y Trabajo”:

http://www.izquierda-unida.es/sites/default/files/doc/0 50 propuestas para 50 Consejos.pdf[/SIZE]

SERVICIOS PÚBLICOS

Los Servicios Públicos garantizan derechos: a la educación, a la sanidad, a la justicia… ¿Qué medidas crees que habría que tomar para garantizar unos servicios públicos de calidad en condiciones de igualdad para toda la ciudadanía?

−Defendemos la escuela y la universidad públicas como garante del derecho universal a la educación en con- diciones de igualdad. Nos oponemos a la financiación con dinero público de la enseñanza privada.

−Entendemos que la salud es un derecho y no una mercancía, por lo que defendemos un sistema sanitario público y universal. Nos oponemos a la privatización de la salud y defendemos un sistema sanitario público, universal, integral, solidario y de calidad.

−Queremos unos Servicios Sociales públicos que garanticen la protección social, suspendiendo los procesos de privatización, para la prevenir y eliminar las causas que conducen a la exclusión social desde unos servicios sociales públicos, universales y descentralizados.

−Consideramos la vivienda como un derecho y proponemos que las administraciones ofrezcan parques públicos de vivienda en alquiler y para compra a precios asequibles. Exigimos la dación en pago y el fin de losdesahucios.

−Proponemos democratizar la Justicia y tras*formar su administración en un servicio público, trasparente y ágil. Defendemos el derecho a la justicia gratuita como garante de igualdad ante la ley.

−Queremos democratizar los medios de comunicación a través de leyes que garanticen un reparto equitativo entre el servicio público, las iniciativas sociales y los negocios privados. Defendemos la promoción y el acceso a la cultura desde las administraciones públicas.

1. EDUCACIÓN PÚBLICA DE TOD@S Y PARA TOD@S

IU apuesta ante todo por la educación pública y gratuita, como única garante del derecho universal a la educación en condiciones de igualdad y democracia; y como base de la cohesión social y de la formación de personas más iguales, más libres y más críticas.

Para ello proponemos los siguientes ejes y líneas de actuación como marco común de las propuestas programáticas concretas que se planteen en el ámbito autonómico y municipal

1.1 EL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y SU FINANCIACIÓN

−Ampliar la red de centros educativos, de titularidad y gestión pública, para cubrir todas las necesidades de escolarización en las diferentes etapas y modalidades educativas, garantizando que el suelo público sea sólo para la escuela pública. Se prestará atención especial a la educación temprana mediante la creación de plazas públicas suficientes de 0 a 3 años.

−Gratuidad total de la enseñanza pública, desde la primera infancia hasta la Universidad, dotándola de recursos suficientes, incluyendo materiales didácticos, libros, servicio de comedor y de tras*porte escolar, así como becas de residencia o becas-salario para el alumnado que lo necesite.

−Supresión progresiva de los conciertos educativos hasta su completa desaparición, mediante la integración voluntaria y negociada de los centros privados concertados en una red única de centros públicos, arbitrando medidas para la integración y homologación de su profesorado. Con carácter inmediato se suprimirán los conciertos con centros que discriminen por razón de sesso o utilicen mecanismos encubiertos para seleccionar a su alumnado por razones económicas, ideológicas u otras características culturales o personales.

−Incremento de la inversión pública educativa hasta alcanzar el 7% del PIB en 2020. Todos los recursos públicos se destinarán exclusivamente a financiar los centros de titularidad pública.

1.2 CALIDAD CON EQUIDAD

−Queremos una educación que reconozca el derecho de tod@s a obtener aprendizajes relevantes, que contribuya por tanto al éxito escolar de todo el alumnado en la enseñanza obligatoria, introduciendo cambios curriculares, metodológicos y organizativos para ofrecer mejores respuestas a la diversidad del alumnado, con especial atención a quienes tienen más dificultades, y dedicando mayores recursos a zonas y centros con más alumnado en desventaja social.

−Para combatir el abandono educativo temprano y asegurar, en su caso, una preparación adecuada para la inserción laboral, se propiciará la generalización de la educación hasta los 18 años, con diversos itinerarios y modalidades formativas desde los 16, donde se contemple una vía más ocupacional que incluya estudio y prácticas remuneradas.

−Ampliación de las plantillas de profesorado y de otros profesionales de la educación para reducir el número de escolares por grupo y por docente, y poder responder a las distintas necesidades del alumnado.

−Currículo laico, intercultural, inclusivo, igualitario y ecológico, que sea desarrollado por los centros escolares y la comunidad educativa en virtud de su autonomía pedagógica. Cualquier religión, incluidos sus actos o símbolos quedará fuera del ámbito escolar.

−La evaluación formativa de los aprendizajes, de la práctica docente, del funcionamiento de los centros y del sistema educativo debe servir para la mejora de la acción educativa en sus diferentes vertientes.

−Plan de diagnóstico y seguimiento permanente de los problemas y logros de la educación pública para acometer nuevas mejoras. En ningún caso las evaluaciones externas sobre rendimiento del alumnado se utilizarán para fomentar la competitividad entre centros.

1.3 PROFESORADO

−Cuerpo único de profesorado a partir de una formación inicial con rango de postgrado.

−Formación inicial y permanente del profesorado de todos los niveles que combine teoría y práctica, para garantizar su óptima capacitación docente y disciplinar en la etapa y especialidad correspondiente.

−Regulación acordada con los sindicatos del marco de condiciones de trabajo de los docentes y demás pro- fesionales de la educación.

−Estabilidad de las plantillas de los centros y reconocimiento de la experiencia del personal interino en las bolsas de trabajo. Las plazas interinas se reducirán al mínimo imprescindible.

1.4 AUTONOMÍA Y PARTICIPACIÓN

−Ampliar la autonomía pedagógica de los centros para organizar sus enseñanzas y poder ofrecer una respuesta educativa ajustada a las necesidades de su alumnado. En ningún caso debe servir para seleccionar o segregar al alumnado o fomentar la competitividad entre los centros.

−Participación democrática de todos los sectores de la comunidad educativa en la organización y gestión de los centros y de los distritos escolares. Los Claustros y los Consejos escolares, como órganos de gobierno de los centros, tendrán capacidad decisoria plena en los asuntos de su competencia.

−Construcción de escuelas democráticas en el marco de ciudades y entornos educadores, promoviendo la participación del alumnado en la dinámica educativa de su centro y en la configuración de su ciudad, así como la implicación vecinal en el funcionamiento y mejora de su educación pública; y haciendo de la ciudad y su entorno un auténtico recurso educativo.

1.5 UNIVERSIDAD E INVESTIGACIÓN

−IU aboga por paralizar la llamada “Estrategia Universidad 2015” y abrir un debate entre toda la comunidad universitaria para consensuar una alternativa compartida de universidad pública al servicio de la sociedad y no de los intereses del mercado.

−Planteamos como objetivo la gratuidad de las enseñanzas universitarias, fijando mientras tanto tasas mínimas y con un sistema generalizado de becas-salario para garantizar el acceso de los sectores económicamente desfavorecidos. Para garantizar financiación pública suficiente de las universidades públicas se destinará al menos el 2% del PIB.

−Potenciar y financiar modelos alternativos de investigación que promuevan un desarrollo sostenible. Asegurar el carácter público de los resultados de toda investigación financiada con fondos públicos.

Más información en:
Área de Educación | IZQUIERDA UNIDA
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2. LA SALUD ES UN DERECHO Y NO UNA MERCANCÍA

Por lo que defendemos un sistema sanitario público y universal. Nos oponemos a la privatización de la salud y defendemos un sistema sanitario público, universal, integral, solidario y de calidad.

PUNTOS BASICOS

−Mantener el sector sanitario en la esfera de lo público recuperando para este sector público los servicios privatizados: titularidad pública, financiación pública, gestión pública, provisión pública.

−Financiación a través de los presupuestos de las administraciones públicas por vía impositiva directa y no por impuestos indirectos. No copagos.

−Aseguramiento único y público, con garantía de cobertura universal, equidad y sin selección de riesgos.

−Provisión pública de servicios garantes de mayores niveles de calidad y eficacia.

−Equidad y accesibilidad para todos los ciudadanos.

−Orientación del Sistema Federal de Salud hace la salud pública, la prevención de la enfermedad, la promoción de la salud y la educación sanitaria.

−Potenciación de la atención primaria y extensión a toda la población.

−Garantizar la gestión democrática del Sistema Público de Salud (Sistema Federal de Salud).

−Actuación de las distintas Administraciones Públicas sobre los determinantes sociales de salud: trabajo, educación, vivienda….

−Informe previo de Evaluación del impacto en salud de leyes, planes y proyectos.

−Incorporar como derechos ciudadanos los derechos a:

−Salud sensual y reproductiva.

−Interrupción voluntaria embarazo.

−Cuidados paliativos y tratamiento del dolor.

−Privacidad y titularidad de la historia clínica.

−Derecho a una fin digna.

−Asegurar la eficiencia y calidad del Sistema Federal de Salud implantando medidas que mejoren la eficacia, la eficiencia y la calidad, mejora de la utilización de los recursos, políticas de personal tendente a incentivarlos adecuadamente y garantizar su promoción profesional, racionalizar el gasto sanitario.

−Corresponsabilidad de profesionales y usuarios con instrumentos eficaces y reales de participación.

PROPUESTAS

−Aumentar el gasto sanitario público hasta alcanzar la suficiencia financiera.

−Priorizar el aumento del gasto sanitario en atención primaria y salud pública.

−Elaborar los planes de salud de cada comunidad autónoma.

−Adaptación de los mapas sanitarios a la realidad.

−Adaptación de los recursos hospitalarios a las necesidades reales.

−Gestión directa de los nuevos hospitales recuperando en gestión directa otras formas de gestión.

−Completar los centros de salud con sus equipos atención primaria hasta alcanzar el 100 × 100 de cobertura.

−Acrecentar los recursos profesionales y materiales en atención primaria para garantizar que los tiempos de consulta y el número de pacientes respondan a parámetros de suficiencia y eficacia.

−Desarrollar un servicio de urgencias, emergencias y tras*porte sanitario que garanticen eficacia suficiencia y tiempos de respuesta apropiados.

−Incrementar los recursos de salud mental para alcanzar los “ratios” pertinentes en profesionales y recursos.

−Dotación publica de recursos para la atención psico-social y rehabilitadora.

−Realizar un Plan Socio Sanitario que dé respuesta a las demandas de las personas mayores y que contemple la implementación de recursos geriátricos en todas las áreas sanitarias.

−Geriatría: Incorporación de la geriatría y la gerontología en la atención primaria, creación de unidades geriátricas en los hospitales, desarrollo y potenciación de la coordinación socio sanitaria, participación del sistema sanitario público en el desarrollo de la ley de dependencia.

−Incorporación de la salud laboral a las prestaciones del sistema público de salud.

−Política de recursos humanos que dignifiquen la situación de los trabajadores sanitarios dotando al Sistema Sanitario Público de: plantillas suficientes, formación adecuada, carrera profesional y recuperación de los derechos perdidos.

−Potenciar la participación ciudadana dotando de contenido los órganos de participación de zona básica de salud área de salud y el Consejo de salud de la comunidad.

−Desarrollar una Política farmacéutica que contemple la creación de una Distribuidora estatal pública, el desarrollo de una política pública de investigación biomédica y farmacéutica y la creación de una Industria Farmacéutica Pública.

−Modificación de las leyes sanitarias de las comunidades autónomas para garantizar servicios sanitarios públicos suficientes, eficaces, equitativos y solidarios. Potenciar y desarrollar los Recursos Rehabilitadores en sus diversos niveles con titularidad pública.

−Derogación de las leyes 15/97 y 16/2012 garantía para conseguir la universalidad de atención sanitaria, la equidad en sus prestaciones, la reversión privatizaciones y la gratuidad en el momento de uso, sin repago o copago.

PROGRAMA MUNICIPAL DE SALUD

Los municipios como lugares de convivencia y donde se desarrollan las actividades que condicionan nuestra vida y nuestro estado de salud: económicas, sociales, culturales, educativas... son lugares idóneos para desarrollar y poner en marcha actuaciones en las políticas públicas para mejorar el nivel de salud y de vida en nuestras ciudadanas y ciudadanos:

−Desarrollando las competencias municipales en materia de sanidad, consumo y salud medioambiental y demás cometidos que establece la ley general de sanidad para los municipios.

−Reivindicando el papel de los ayuntamientos en materia de control de salud elemental, consumo y demás cometidos que establece la ley General de sanidad.

−Creación de estructuras municipales integradas en la red sanitaria pública única para desarrollar labores de inspección y control en las competencias municipales y en particular:

−control de la calidad de las aguas de consumo.

−vigilancia y control de aguas residuales.

−control de la contaminación atmosférica.

−vigilancia de nivel de ruidos y vibraciones

−control de la higiene en lugares públicos de restauración, comercio minorista, mercados, hoteles, escuelas, zonas de ocio y recreo etcétera.

−higiene de mataderos, vaquerizas, cabrerizas.

−salubridad y habitabilidad de las viviendas y centros públicos.

−control higiénico de la distribución y suministro de alimentos bebidas y otros artículos de consumo humano.

−control de la eliminación de residuos urbanos e industriales.

−programas de lucha anti vectorial.

−control sanitario de los cementerios y policía sanitaria mortuoria.

−desarrollo de actividades y programas de promoción de la salud: hábitos saludables en materia de alimentación, educación sensual, actividad física beneficiosa para la salud, prevención de infecciones permiso sensual.

Todo ello enmarcado en una red sanitaria pública única.

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2. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

No queremos gobernar por delegación, sino con participación. La participación ciudadana se constituye en el eje vertebral y trasversal de nuestra propuesta, que se fundamenta en el convencimiento de que a mayor participación, mayor democracia.
Desde la Administración se debe trabajar conjuntamente con la sociedad civil y trabajar porque la gente participe. No debemos dejar el control democrático a banqueros o empresas y, por ello, queremos impulsar desde el ámbito autonómico y municipal procesos de intervención directa en las decisiones que se toman en los municipios y en sus Comunidades.

Se trata de avanzar a una democracia participativa que ponga a los ciudadanos y ciudadanas en el centro de la política y la economía y que posibilite su participación en las decisiones de los Gobiernos, en la planificación y ejecución de las políticas públicas y en la gestión de los servicios públicos.

−Reforma del procedimiento de las Iniciativas Legislativas Populares, permitiendo que se usen para crear, reformar o derogar normas en cualquier órgano de competencia normativa y reduciendo el número de firmas exigidos.

−Establecer mecanismo de consultas populares o referéndums para asuntos de trascendencia autonómica o municipal.

−Fomentar la participación ciudadana en la gestión de los bienes y servicios públicos, que permita a la ciudadanía participar en la elección de los modelos de organización, funcionamiento y definición de objetivos de los servicios públicos. El ejercicio de este derecho se puede realizar a través de mecanismos como la democracia representativa, directa y comunitaria, como pueden ser las audiencias públicas, las asambleas de barrio, los consejos autónomos municipales o los observatorios populares.

−Establecimiento de presupuestos participativos, para que en la gestación, gestión y control de los presupuestos de las administraciones públicas haya participación de los ciudadanos/as.

−Defendemos la participación de los ciudadanos/as y de los trabajadores/as en los órganos de dirección de los organismos autónomos o empresas públicas.

−Revocabilidad de los cargos públicos o moción de censura ciudadana de los presidentes de las Comunidades Autónomas y alcaldes y de los diputados y senadores, adaptándolo a los diferentes procedimientos de elección de cada uno de estos cargos. El procedimiento de revocación se podría poner en marcha tras*currida la mitad del período para el cual fue elegido el cargo público, por un número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras de la circunscripción. Una vez conseguidas las firmas suficientes se sometería a votación popular la propuesta de revocación.

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