Silverdaemon6
Madmaxista
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Tomaaaaaaa
y no descartan EXPROPIAR para garantizar el acceso a la vivienda (ya sabemos a quienes, claro....)
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Héctor Illueca desembarcó en la vicepresidencia del Gobierno valenciano en manos de Unidas Podemos en plena tormenta en el partido y tras pasar por la dirección de la Inspección de Trabajo en el Ministerio de Yolanda Díaz.
¿Cuáles son los objetivos que se plantea como responsable de Vivienda?
Hay una idea fundamental: garantizar el derecho a la vivienda. Que sea algo más que palabras, palabras, palabras, que sea una auténtica obligación de los poderes públicos y que podamos poner en pie políticas y herramientas para satisfacer esa expectativa, que es un derecho constitucional. La segunda sería contribuir a la modernización del sector de la construcción, que ha sido y debe seguir siendo un sector estratégico para nuestra economía.
Una prioridad es el aumento del parque público de vivienda, ¿cuál es el balance?
En esta legislatura se han adquirido 700 viviendas por valor de casi 37 millones de euros, con todos los instrumentos administrativos y normativos de los que disponemos. De ellas 442 fueron adquiridas mediante el uso del derecho de tanteo y retracto, 187 por adquisición directa y 71 por concurso de compra. Para 2022 como mínimo deberíamos estar en torno a las 400 viviendas, como este año.
Uno de los instrumentos contemplados es la colaboración público-privada, pero los concursos no acaban de arrancar
Tenemos previsto la construcción de 2.457 viviendas de protección publica y más de 1.300 de esas viviendas serán en régimen de colaboración publico privada con previsión de cesión de suelo. Eso significa que los constructores van a acceder a suelo público en condiciones muy ventajosas, van a poder disfrutar de ayudas previstas para los fondos europeos y van a poder gestionar el alquiler social de las viviendas. Estamos elaborando el concurso de solares en contacto con el sector y conocemos sus expectativas. Hemos corregido donde habíamos fallado para garantizar que sea eficaz y hemos incorporado el acceso los fondos europeos.
¿No hay temor en las empresas ante el rechazo al modelo de concesiones como las sanitarias?
En absoluto. Si se hacen las cosas con rigor y con seguridad jurídica, todo el mundo tiene que estar muy tranquilo. Estamos en diálogo permanente con el sector, saben cuáles son nuestros objetivos y saben que tienen que asumirlos porque la puesta en circulación del dinero publico ha de responder a objetivos políticos y no a otro tipo de criterios, como pasaba antes.
Acaban de poner en marcha el registro de viviendas deshabitadas para grandes tenedores.
Calculamos que puede haber 20.000 viviendas vacías en manos de grandes propietarios que están siendo excluidas del mercado. Cuando entre en vigor la norma pondrá medios para que esas viviendas en manos fundamentalmente entidades bancarias y fondos buitre salgan al mercado a precios asequibles. Por un lado incluye medidas de fomento, como el contrato de aseguramiento de los riesgos derivados del alquiler, como la propia renta o los desperfectos. Por otro, allí donde se declare que hay una vivienda deshabitada, si en seis meses no se pone en el mercado puede acabar con sanciones de hasta 350.000 euros.
Otras comunidades han ido más allá y plantean expropiar esas viviendas. ¿Está en sus planes?
Vamos a estudiar todos los mecanismos legales que existen en otras CCAA. Conviene no olvidar que esa posibilidad estaba prevista en la ley de Función Social de la Vivienda y fue declarada inconstitucional por un recurso del PP. En otros sitios no se ha recurrido y se ha consolidado en el ordenamiento, y no descartamos ningún medio para cumplir el objetivo fundamental: el equilibrio entre el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda.
Llegó en plena crisis interna de Podemos en la región, ¿le ha tocado hacer de pacificador?
Para mí forma parte del pasado, hemos empezado una nueva etapa. Tengo mucha esperanza en que nuestra fuerza política va a destacar por sus propuestas y no por sus peleas.
¿Preocupa en el partido en Valencia que la nueva alianza política que plantea Yolanda Díaz con Compromís pueda restarle apoyo electoral frente a éste?
No solo no nos preocupa, si no que nos ilusiona la idea. Yolanda Díaz nos representa. Creo que tiene la capacidad de poner en pie un proyecto político tras*versal, con vocación de Gobierno y al servicio de las clases populares.
Esa posible alianza, ¿puede provocar un adelanto electoral aquí?
Eso hay que preguntárselo a quien tiene la competencia para convocar elecciones, que es el presidente. Yo estoy centrado en mi labor y mi impresión es que todo el Gobierno valenciano está centrado en lo mismo. Creo que la sociedad no entendería que el desarrollo de las políticas públicas ahora se viera perturbado por intereses partidistas.
Me parece que estaba mas pensado para obras de interes general como carreteras, encauzamientos de rios y cosas así
En el caso de esta ley no hay un interes general, solo hay el interes del mugroso okupa que te quieren meter en tu propiedad a cambio de un alquiler social por debajo del precio del mercado.
Soy el primero en defender una política de vivienda social y en atacar lo mal que se ha hecho esto hasta ahora.
Pero pretender meterle al dueño de un piso 350.000 pavos por no alquilarlo me parece demencial.
y no descartan EXPROPIAR para garantizar el acceso a la vivienda (ya sabemos a quienes, claro....)
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Héctor Illueca: ''No descartamos expropiar para garantizar el acceso a la vivienda''
Héctor Illueca desembarcó en la vicepresidencia del Gobierno valenciano en manos de Unidas Podemos en plena tormenta en el partido y tras pasar por la dirección de la Inspección de Trabajo en el Ministerio de Yolanda Díaz.
www.eleconomista.es
Héctor Illueca desembarcó en la vicepresidencia del Gobierno valenciano en manos de Unidas Podemos en plena tormenta en el partido y tras pasar por la dirección de la Inspección de Trabajo en el Ministerio de Yolanda Díaz.
¿Cuáles son los objetivos que se plantea como responsable de Vivienda?
Hay una idea fundamental: garantizar el derecho a la vivienda. Que sea algo más que palabras, palabras, palabras, que sea una auténtica obligación de los poderes públicos y que podamos poner en pie políticas y herramientas para satisfacer esa expectativa, que es un derecho constitucional. La segunda sería contribuir a la modernización del sector de la construcción, que ha sido y debe seguir siendo un sector estratégico para nuestra economía.
Una prioridad es el aumento del parque público de vivienda, ¿cuál es el balance?
En esta legislatura se han adquirido 700 viviendas por valor de casi 37 millones de euros, con todos los instrumentos administrativos y normativos de los que disponemos. De ellas 442 fueron adquiridas mediante el uso del derecho de tanteo y retracto, 187 por adquisición directa y 71 por concurso de compra. Para 2022 como mínimo deberíamos estar en torno a las 400 viviendas, como este año.
Uno de los instrumentos contemplados es la colaboración público-privada, pero los concursos no acaban de arrancar
Tenemos previsto la construcción de 2.457 viviendas de protección publica y más de 1.300 de esas viviendas serán en régimen de colaboración publico privada con previsión de cesión de suelo. Eso significa que los constructores van a acceder a suelo público en condiciones muy ventajosas, van a poder disfrutar de ayudas previstas para los fondos europeos y van a poder gestionar el alquiler social de las viviendas. Estamos elaborando el concurso de solares en contacto con el sector y conocemos sus expectativas. Hemos corregido donde habíamos fallado para garantizar que sea eficaz y hemos incorporado el acceso los fondos europeos.
¿No hay temor en las empresas ante el rechazo al modelo de concesiones como las sanitarias?
En absoluto. Si se hacen las cosas con rigor y con seguridad jurídica, todo el mundo tiene que estar muy tranquilo. Estamos en diálogo permanente con el sector, saben cuáles son nuestros objetivos y saben que tienen que asumirlos porque la puesta en circulación del dinero publico ha de responder a objetivos políticos y no a otro tipo de criterios, como pasaba antes.
Acaban de poner en marcha el registro de viviendas deshabitadas para grandes tenedores.
Calculamos que puede haber 20.000 viviendas vacías en manos de grandes propietarios que están siendo excluidas del mercado. Cuando entre en vigor la norma pondrá medios para que esas viviendas en manos fundamentalmente entidades bancarias y fondos buitre salgan al mercado a precios asequibles. Por un lado incluye medidas de fomento, como el contrato de aseguramiento de los riesgos derivados del alquiler, como la propia renta o los desperfectos. Por otro, allí donde se declare que hay una vivienda deshabitada, si en seis meses no se pone en el mercado puede acabar con sanciones de hasta 350.000 euros.
Otras comunidades han ido más allá y plantean expropiar esas viviendas. ¿Está en sus planes?
Vamos a estudiar todos los mecanismos legales que existen en otras CCAA. Conviene no olvidar que esa posibilidad estaba prevista en la ley de Función Social de la Vivienda y fue declarada inconstitucional por un recurso del PP. En otros sitios no se ha recurrido y se ha consolidado en el ordenamiento, y no descartamos ningún medio para cumplir el objetivo fundamental: el equilibrio entre el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda.
Llegó en plena crisis interna de Podemos en la región, ¿le ha tocado hacer de pacificador?
Para mí forma parte del pasado, hemos empezado una nueva etapa. Tengo mucha esperanza en que nuestra fuerza política va a destacar por sus propuestas y no por sus peleas.
¿Preocupa en el partido en Valencia que la nueva alianza política que plantea Yolanda Díaz con Compromís pueda restarle apoyo electoral frente a éste?
No solo no nos preocupa, si no que nos ilusiona la idea. Yolanda Díaz nos representa. Creo que tiene la capacidad de poner en pie un proyecto político tras*versal, con vocación de Gobierno y al servicio de las clases populares.
Esa posible alianza, ¿puede provocar un adelanto electoral aquí?
Eso hay que preguntárselo a quien tiene la competencia para convocar elecciones, que es el presidente. Yo estoy centrado en mi labor y mi impresión es que todo el Gobierno valenciano está centrado en lo mismo. Creo que la sociedad no entendería que el desarrollo de las políticas públicas ahora se viera perturbado por intereses partidistas.
Me parece que estaba mas pensado para obras de interes general como carreteras, encauzamientos de rios y cosas así
En el caso de esta ley no hay un interes general, solo hay el interes del mugroso okupa que te quieren meter en tu propiedad a cambio de un alquiler social por debajo del precio del mercado.
Soy el primero en defender una política de vivienda social y en atacar lo mal que se ha hecho esto hasta ahora.
Pero pretender meterle al dueño de un piso 350.000 pavos por no alquilarlo me parece demencial.
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