¿Quién sabe dónde están los límites de este gobierno? Desde luego
los límites internos parecen escasos. De hecho, parece que el único límite interno reconocible es la conservación del poder. Y ese es precisamente el problema, que si ese es el único límite que reconoce Pedro Sánchez, ¿hasta dónde puede llegar? Esta pregunta, a su vez, nos lleva a la cuestión de los
límites externos. El límite externo típico al poder de un gobierno es
la Constitución. Lo inquietante es que con el Tribunal Constitucional totalmente controlado por los peones elegidos por las formaciones del gobierno, la Constitución ya no se puede considerar un límite fiable a las arbitrariedades y abusos del poder del gobierno. O sea, si en la Constitución pone “blanco”, pero el gobierno dice que pone “neցro”, será el TC el que tenga que determinar si dice blanco o neցro, y evidentemente el TC dirá lo que diga que dice el gobierno.
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El panorama descrito abre la puerta a la posibilidad de que se interprete que en la Constitución Española cabe la autodeterminación, la poligamia, la castración de los calvos o lo que el gobierno quiera dar por incluido o excluido del texto constitucional. Pero no sólo eso.
El control del Constitucional abre también la puerta a la ilegalización del PP o de VOX. La ilegalización de VOX sería más sencilla en cuanto que es el blanco fácil y hasta podría ser aplaudida por el PP. Lo temible es que con el control del TC es algo que por un lado al PSOE le podría funcionar para ganar las elecciones, y por otro no tendría ningún obstáculo legal final para hacerlo.
El dilema para el PSOE dentro de unos meses podría ser: mantener la legalidad de VOX y perder la mayoría o ilegalizarlo y mantener el poder. Sin duda la ilegalización planteada en esos términos sería para el PSOE una gran tentación. ¿Qué sería entonces lo que le podría impedir incurrir en ella? ¿El amor sincero por el juego limpio y la democracia?
La Ley de Partidos determina que un partido puede ser ilegalizado “cuando vulnere de forma continuada, reiterada y grave la exigencia de una estructura interna y un funcionamiento democráticos”, o “cuando de forma reiterada y grave su actividad vulnere los principios democráticos o persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático”. Dentro del apartado anterior se considera el “vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas, o la exclusión o persecución de personas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sesso u orientación sensual”. Claro, leído así podría entenderse que es el PSOE si intentara ilegalizar a VOX el que debería ser a su vez ilegalizado, pero lo cierto es que un partido como VOX podría ser perfectamente ilegalizado tras ser tachado de
homófobo, xenófobo o machista, o acusado de poner el peligro la democracia.
Dirán ustedes que es un disparate, que a ver qué dice VOX para que se le pueda tachar de homófobo, xenófobo, machista o antidemócrata, pero lo cierto es que se trata de calificativos que le llueven constantemente desde la izquierda por parte de los partidos que podrían promover su ilegalización, que a su vez son los partidos que han nombrado a los magistrados que ahora tienen la mayoría del Tribunal Constitucional. Las declaraciones de Pedro Sánchez en Davos implícitamente destinadas a VOX pueden entenderse como una andanada más, o como una prejustificación internacional ante un futuro intento de ilegalización.
El único obstáculo de hecho para la ilegalización de VOX sería la composición del
Tribunal Supremo, pendiente de renovación. Si el gobierno consigue renovar a su conveniencia el Supremo como ha conseguido con el Constitucional, VOX se podría dar por ilegalizado, al menos si la intención del gobierno es ilegalizarlo, porque lo que en último término decidiría el nuevo Constitucional superado el obstáculo del Supremo ya podemos adivinarlo con bastante claridad.
