cuñado de bar
Hablando sin tener ni idea
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El Gobierno ha bajado 32 a 12 meses el plazo máximo para pagar deudas.
Desde este martes, el tejido empresarial español lidia con una nueva ley concursal que, entre otras modificaciones, viene a endurecer el tratamiento aplicable a las deudas tributarias aplazadas o fraccionadas. Los cambios introducidos, que entrarán en vigor a comienzos de 2023, van a acortar significativamente los plazos permitidos para liquidar obligaciones pendientes con el fisco.
Como es lógico, cualquier empresa prefiere pagar sus impuestos en plazo y forma, pero esto no siempre es posible. Por motivos de tesorería, caídas puntuales en las ventas o razones similares, muchas sociedades se ven obligadas a aplazar o fraccionar sus contribuciones. Esto permite suavizar el impacto de la fiscalidad y acompasarla a la situación empresarial y la liquidez disponible.
Acogerse a este tipo de mecanismo no es automático. De hecho, implica presentar documentación de todo tipo, incluyendo avales bancarios, seguros de caución y otras garantías. Por tanto, la Administración no ofrece esta posibilidad a aquellas sociedades que no cumplan los requisitos procedentes en materia de solvencia. Estamos pues, ante un sistema que venía funcionando bien para las dos partes.
Nuevo golpe a las empresas
Sin embargo, como avanzó Expansión, todo esto va a cambiar con la nueva ley concursal que acaba de entrar en vigor. Hasta ahora, la ley permitía alcanzar una demora de hasta 32 meses en los pagos al fisco. Sin embargo, la regulación aplicable desde enero de 2023 en adelante recorta drásticamente los plazos aplicables e instaura una horquilla comprendida entre los 6 y los 12 meses, añadiendo también nuevos condicionamientos y requisitos.
De modo que los plazos permitidos se estrechan notablemente, con todo lo que ello puede suponer para las empresas afectadas, que han soportado directa o indirectamente parte importante de las 42 subidas de impuestos aprobadas por el gobierno de Pedro Sánchez. Y, no lo olvidemos, la regulación fiscal aplicada a las empresas es un 31% mayor en España que en la Unión Europea.
Así se empobrecen los trabajadores cuando el Gobierno sube los impuestos a las empresasDiego Sánchez de la Cruz
Al continuo deterioro del tratamiento fiscal que reciben las empresas hay que sumarle otros dos problemas adicionales: por un lado, los costes de producción están disparados, a raíz de la mayor inflación de las cuatro últimas décadas; por otro lado, la demanda evoluciona a la baja, deprimiendo las ventas de las compañías. Uno y otro problema inciden directamente en el agravamiento de las tensiones de tesorería, que precisamente concentran el impacto del nuevo cambio anunciado en la ley concursal.
Hacienda asesta otro 'palo' a las empresas en plena oleada de quiebras - Libre Mercado https://www.libremercado.com/2022-0...tofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#
Desde este martes, el tejido empresarial español lidia con una nueva ley concursal que, entre otras modificaciones, viene a endurecer el tratamiento aplicable a las deudas tributarias aplazadas o fraccionadas. Los cambios introducidos, que entrarán en vigor a comienzos de 2023, van a acortar significativamente los plazos permitidos para liquidar obligaciones pendientes con el fisco.
Como es lógico, cualquier empresa prefiere pagar sus impuestos en plazo y forma, pero esto no siempre es posible. Por motivos de tesorería, caídas puntuales en las ventas o razones similares, muchas sociedades se ven obligadas a aplazar o fraccionar sus contribuciones. Esto permite suavizar el impacto de la fiscalidad y acompasarla a la situación empresarial y la liquidez disponible.
Acogerse a este tipo de mecanismo no es automático. De hecho, implica presentar documentación de todo tipo, incluyendo avales bancarios, seguros de caución y otras garantías. Por tanto, la Administración no ofrece esta posibilidad a aquellas sociedades que no cumplan los requisitos procedentes en materia de solvencia. Estamos pues, ante un sistema que venía funcionando bien para las dos partes.
Nuevo golpe a las empresas
Sin embargo, como avanzó Expansión, todo esto va a cambiar con la nueva ley concursal que acaba de entrar en vigor. Hasta ahora, la ley permitía alcanzar una demora de hasta 32 meses en los pagos al fisco. Sin embargo, la regulación aplicable desde enero de 2023 en adelante recorta drásticamente los plazos aplicables e instaura una horquilla comprendida entre los 6 y los 12 meses, añadiendo también nuevos condicionamientos y requisitos.
De modo que los plazos permitidos se estrechan notablemente, con todo lo que ello puede suponer para las empresas afectadas, que han soportado directa o indirectamente parte importante de las 42 subidas de impuestos aprobadas por el gobierno de Pedro Sánchez. Y, no lo olvidemos, la regulación fiscal aplicada a las empresas es un 31% mayor en España que en la Unión Europea.
Así se empobrecen los trabajadores cuando el Gobierno sube los impuestos a las empresasDiego Sánchez de la CruzAl continuo deterioro del tratamiento fiscal que reciben las empresas hay que sumarle otros dos problemas adicionales: por un lado, los costes de producción están disparados, a raíz de la mayor inflación de las cuatro últimas décadas; por otro lado, la demanda evoluciona a la baja, deprimiendo las ventas de las compañías. Uno y otro problema inciden directamente en el agravamiento de las tensiones de tesorería, que precisamente concentran el impacto del nuevo cambio anunciado en la ley concursal.
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