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Cobro de tasas para completar la matrícula, ingresos obligatorios en concepto de fotocopias, obligación de aportar rollos de papel higiénico o gel hidroalcohólico... Los problemas de financiación de muchos centros públicos de primaria y secundaria de Canarias les lleva a buscar recursos, infringiendo, en ocasiones, la legalidad. Así lo han denunciado en las últimas semanas diversas las federaciones insulares de asociaciones de madres y padres de alumnos en toda Canarias. Es el último capítulo de una práctica que ha suscitado las quejas de familias en toda España.
La Consejería de Educación del Gobierno de autónomo asegura que ha remitido una circular. “Sabemos que existe un problema muy grande de financiación de los centros”, explica Marian Álvarez, portavoz de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado Galdós. “Se ha generalizado que, en vez de que los equipos directivos exijan esos fondos a la Consejería de Educación, se los pidan a los padres y las madres. Y, como se ha generalizado, parece normal. Pero no lo es, y tampoco es legal”, completa el presidente de la organización, Sergio de la Fe, en un comunicado de prensa. “No se debe pagar por matricular a un alumno en la enseñanza obligatoria, ni por un servicio o material que debe sufragarse con el dinero que se da a cada centro para su funcionamiento”. “No es una práctica inusual”, asevera Xavier Bonal, catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona.
La Constitución recoge la gratuidad de la educación obligatoria (de 6 a 16 años) en España en su artículo 27.4. Una resolución del Gobierno de Canarias que se remonta a mayo de 1995, recoge, sin embargo, determinados ingresos que sí pueden ser recaudados por los centros públicos —aunque en ningún caso el cobro de tasas por la matrícula—, siempre con la aprobación previa por el Consejo Escolar (donde están representados, entre otros, los padres y madres de los alumnos). Entre ellas, “la venta de fotocopias” —establece un límite de 15 pesetas (0,0902 euros) por cada unidad—. Este es el punto que puede amparar el cobro de ciertos servicios, si bien la FAPA Galdós sostiene que la ley se redactó para unos usos que nada tienen que ver con los que se dan 27 años después de su promulgación. “Pasar por el consejo escolar, en todo caso, no convierte estos pagos ni en normales ni en legales”, sentencia Álvarez.
“El tema de los copagos se ha ido normalizando a lo lago del tiempo”, advierte María del Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, en Madrid y exvicepresidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa, con 11.000 colegios públicos asociados de toda España). “Situaciones como estas no son aisladas: de hecho, se repiten en bastantes centros en toda España”, añade, y amplía la casuística a, por ejemplo, las excursiones organizadas por los centros. La Ceapa publicó en 2017 un informe en el que se sostenía que el 13,8% de los centros en toda España afronta pagos mensuales relacionados con la escolarización de sus hijos en colegios públicos.
Leticia Cardenal, su presidenta entonces, aseguró a este periódico que “de unos años a esta parte” y cada vez más los centros públicos —también los concertados— piden a las familias, especialmente a través de las asociaciones de familias, unas cuotas “habituales” a principio de curso que son “ilegales”. “Por 20 euros, una familia no se quiere meter en un pleito legal y termina haciendo ese pago encubierto” bajo el epígrafe de “para fotocopias”.
Reunión
La consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Manuela Armas, se reunió el pasado 30 de agosto con las familias de los alumnos, y se comprometió a emitir una circular a los centros advirtiendo de la ilegalidad de pedir dinero a las familias. “El cobro de tasas es ilegal”, aseguran fuentes oficiales del departamento. “Aunque de buena fe, se están haciendo cosas no permitidas”, manifestó la propia Armas a los padres y madres, según el comunicado emitido por las propias organizaciones. Esta circular, asegura el Ejecutivo, se ha emitido a los centros denunciados por las asociaciones de familias, y la portavoz de la consejería aseguró que la inspección educativa “va a estar especialmente atenta de estos centros”. Este periódico ha reclamado la circular a la consejería, pero no ha obtenido respuesta alguna. “A nosotros no nos consta que se haya enviado”, sostiene Álvarez. “Hemos contactado con algunos centros en los que tenemos fuentes en los equipos directivos y nos dicen que no han recibido la circular”.
“La ilegalidad está en todas partes”, explica Bonal. “La no gratuidad no debería ocurrir ni en la pública ni en la concertada, dado que, por ley, todos los servicios deberían ser gratuitos. Sin embargo, existe un tipo de escuela pública que ofrece más servicios de los básicos y acaba por pedir cuotas”. Bonal alerta de que “el problema de este copago es cuando se convierte en un instrumento de exclusión: familias que ya ni piden una escuela porque saben que se copaga”.
Esta misma preocupación la expresa Natalia Álvarez, presidenta del Consejo Escolar de Canarias, el órgano de participación social de todos los sectores de la enseñanza no universitaria. “Hemos contactado con algunos centros en los que tenemos fuentes en los equipos directivos y nos dicen que no han recibido la circular”. “La inflación está afectando a las familias”, sentencia y subraya “el apoyo” de la organización que preside a los padres. Además, reclama, que se revisen los protocolos sanitarios en las escuelas.
Marian Álvarez, en todo caso, reclama apoyo de la Administración para hacer frente a un problema que considera extendido. “Nosotros tenemos centenares de ejemplos, pero hay más de 1.000 colegios y no podemos chequearlos todos. Solo somos cinco padres y madres voluntarios”.
elpais.com
La Consejería de Educación del Gobierno de autónomo asegura que ha remitido una circular. “Sabemos que existe un problema muy grande de financiación de los centros”, explica Marian Álvarez, portavoz de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado Galdós. “Se ha generalizado que, en vez de que los equipos directivos exijan esos fondos a la Consejería de Educación, se los pidan a los padres y las madres. Y, como se ha generalizado, parece normal. Pero no lo es, y tampoco es legal”, completa el presidente de la organización, Sergio de la Fe, en un comunicado de prensa. “No se debe pagar por matricular a un alumno en la enseñanza obligatoria, ni por un servicio o material que debe sufragarse con el dinero que se da a cada centro para su funcionamiento”. “No es una práctica inusual”, asevera Xavier Bonal, catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona.
La Constitución recoge la gratuidad de la educación obligatoria (de 6 a 16 años) en España en su artículo 27.4. Una resolución del Gobierno de Canarias que se remonta a mayo de 1995, recoge, sin embargo, determinados ingresos que sí pueden ser recaudados por los centros públicos —aunque en ningún caso el cobro de tasas por la matrícula—, siempre con la aprobación previa por el Consejo Escolar (donde están representados, entre otros, los padres y madres de los alumnos). Entre ellas, “la venta de fotocopias” —establece un límite de 15 pesetas (0,0902 euros) por cada unidad—. Este es el punto que puede amparar el cobro de ciertos servicios, si bien la FAPA Galdós sostiene que la ley se redactó para unos usos que nada tienen que ver con los que se dan 27 años después de su promulgación. “Pasar por el consejo escolar, en todo caso, no convierte estos pagos ni en normales ni en legales”, sentencia Álvarez.
“El tema de los copagos se ha ido normalizando a lo lago del tiempo”, advierte María del Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, en Madrid y exvicepresidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa, con 11.000 colegios públicos asociados de toda España). “Situaciones como estas no son aisladas: de hecho, se repiten en bastantes centros en toda España”, añade, y amplía la casuística a, por ejemplo, las excursiones organizadas por los centros. La Ceapa publicó en 2017 un informe en el que se sostenía que el 13,8% de los centros en toda España afronta pagos mensuales relacionados con la escolarización de sus hijos en colegios públicos.
Leticia Cardenal, su presidenta entonces, aseguró a este periódico que “de unos años a esta parte” y cada vez más los centros públicos —también los concertados— piden a las familias, especialmente a través de las asociaciones de familias, unas cuotas “habituales” a principio de curso que son “ilegales”. “Por 20 euros, una familia no se quiere meter en un pleito legal y termina haciendo ese pago encubierto” bajo el epígrafe de “para fotocopias”.
Reunión
La consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Manuela Armas, se reunió el pasado 30 de agosto con las familias de los alumnos, y se comprometió a emitir una circular a los centros advirtiendo de la ilegalidad de pedir dinero a las familias. “El cobro de tasas es ilegal”, aseguran fuentes oficiales del departamento. “Aunque de buena fe, se están haciendo cosas no permitidas”, manifestó la propia Armas a los padres y madres, según el comunicado emitido por las propias organizaciones. Esta circular, asegura el Ejecutivo, se ha emitido a los centros denunciados por las asociaciones de familias, y la portavoz de la consejería aseguró que la inspección educativa “va a estar especialmente atenta de estos centros”. Este periódico ha reclamado la circular a la consejería, pero no ha obtenido respuesta alguna. “A nosotros no nos consta que se haya enviado”, sostiene Álvarez. “Hemos contactado con algunos centros en los que tenemos fuentes en los equipos directivos y nos dicen que no han recibido la circular”.
“La ilegalidad está en todas partes”, explica Bonal. “La no gratuidad no debería ocurrir ni en la pública ni en la concertada, dado que, por ley, todos los servicios deberían ser gratuitos. Sin embargo, existe un tipo de escuela pública que ofrece más servicios de los básicos y acaba por pedir cuotas”. Bonal alerta de que “el problema de este copago es cuando se convierte en un instrumento de exclusión: familias que ya ni piden una escuela porque saben que se copaga”.
Esta misma preocupación la expresa Natalia Álvarez, presidenta del Consejo Escolar de Canarias, el órgano de participación social de todos los sectores de la enseñanza no universitaria. “Hemos contactado con algunos centros en los que tenemos fuentes en los equipos directivos y nos dicen que no han recibido la circular”. “La inflación está afectando a las familias”, sentencia y subraya “el apoyo” de la organización que preside a los padres. Además, reclama, que se revisen los protocolos sanitarios en las escuelas.
Marian Álvarez, en todo caso, reclama apoyo de la Administración para hacer frente a un problema que considera extendido. “Nosotros tenemos centenares de ejemplos, pero hay más de 1.000 colegios y no podemos chequearlos todos. Solo somos cinco padres y madres voluntarios”.
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