Para los que estén interesados en lo que le pasa a la Universidad española hoy en día, algo que ya hemos tratado en otros hilo, os dejo este pequeño opúsculo que me ha parecido expone una visión explicativa muy acertada del tema. Es un poco largo, pero merece la pena.
José Carlos Bermejo Barrera: El funcionario mediocre y el futuro de la universidad española
José Carlos Bermejo Barrera, catedrático de Historia Antigüa, Universidade de Santiago de Compostela
Uno de los elementos fundamentales para entender la crisis económica mundial que estamos padeciendo es sin duda la comprensión de la delimitación que debe existir entre los ámbitos económicos de lo público y lo privado. No ha dejado de llamar la atención el hecho de que, si bien se apela a la libertad del individuo, que se encarnaría en ese ámbito de la libertad por excelencia que es el mercado, cuando se refiere a todos los procesos de regulación de empleo, despidos y reconversiones que afectan a los trabajadores, sin embargo se apela al interés público y al bien común, cuando se trata de utilizar los recursos públicos para refinanciar la banca, o para nacionalizar sus pérdidas, afirmando que de ello depende básicamente el bien común.
Fue esa misma banca privada, tan necesaria para el mantenimiento del bien común, la que contribuyó decisivamente al desarrollo de la crisis financiera actual, detrayendo del control de los diferentes estados y de su sistemas fiscales el dinero sucio, que circula a través del sistema de los paraisos fiscales, un dinero cuyo monto estima Raymond A.Baker (R.A.Baker,2005) en más de un billón de dólares, y al que ese mismo autor- que cree firmemente en las virtudes del capitalismo- ha denominado como “ el talón de Aquiles del capitalismo”. O, dicho en otros términos, el elemento básico que puede hacer que todo el sistema capitalista se precipite en un estrepitoso fracaso, debido a la pérdida de sus bases éticas y a la incapacidad de los distintos estados, cada vez más evidente, de controlar la economía financiera globalizada.
Si hay un campo en el que el debate entre lo público y lo privado está viviendo también un momento crucial es sin duda el campo de la educación, en el que los discursos privatizadores se alzan con una voz creciente, defendiendo, cuando se cree conveniente la capacidad de adaptación a la realidad y la agilidad de los mercados, y apelando, cuando se cree necesario a la necesidad de contar con la ayuda de los fondos públicos, para prestar lo que - cuando conviene- se decide llamar un servicio público.
No voy a trata ahora de analizar en modo alguno este gigantesco proceso privatizador de la educación, que está afectando a la mayor parte del mundo, y del que son vícitmas las universidades. Muchos autores lo han hecho ya, y han puesto de manifiesto, como ocurre en el caso de Frank Donoghue (F. Donoghue, 2008), que una pieza clave del mismo es la supresión de la figura del profesor universitario, que pueda disponer de una cierta seguridad económica, de amplia libertad académica y de investigación, y que no esté sometido a un rígido control político o empresarial.
Esa figura, encarnada en los EEUU en los tenure, o puestos académicos más o menos estables, en los que la independencia académica es fundamental para el cultivo de todas las disciplinas de las humanidades y las ciencias sociales, tiende a ser sustituida por un sistema de contratos más o menos precarios, que llevan a los profesores a tener que trabajar simultáneamente en otras profesiones o en varias universidades, y a un sistema de degradación de la docencia
Un instrumento fundamental de la degradación de la docencia lo constituye el discurso de las competencias y las habilidades, un discurso que pretende uniformizar todo el proceso educativo, partiendo del principio de que la educación es una tecnología neutra, o una especie de rama de la ingeniería , como gustaba decir el antiguo Secretario de Estado de Universidades, Miguel Angel Quintanilla (M:A.Quintanilla,2005, págs.263/274), responsable en gran parte de la situación actual de las universidades españolas.
De acuerdo con este tipo de discursos la educación sería una tecnología más, y como todas las tecnologías debe estar regida por los principios de estandartización, de simplificación de los procedimientos, y de ajuste a las necesidades reales de los mercados. En los mercados mundiales se manejan dos tipos de recursos, necesarios para la producción de bienes: los recursos materiales y los recursos humanos. La educación sería en ese discurso un proceso teconológico orientado a la producción y consumo de un determinado tipo de mercancías, que pueden venderse y comprarse en los mercados mundiales: las habilidades laborales de los recursos humanos.
En ese proceso de estandartización y simplificación de la educación aparece ahora como algo fundamental el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que permite desarrolar con mucha más facilidad - aunque ello no se debería derivar necesariamente del uso de este tipo de tecnologías - la simplificación de los contenidos docentes, que ha de permitir, como señala F. Donoghue (Op.cit.), prescindir de la figura europea del profesor universitario y conseguir que cualquier profesor sea perfectamente intercambiable por otro, del msimo modo que cualquier trabajador puede ser sustituido por otro que posea el mismo nivel de competencias, cuando se trata de una cadena de producción.
La ventaja del uso de las tecnologías de la información es que permiten elaborar paquetes de información, o unidades didácticas neutras, que pueden ser vendidas y comercializadas en un ámbito inter-universitario, creando así cadenas de universidades con marca propia, como señala F. Donoghue, que serían algo así como McDonalds académicos. En dichas cadenas de universidades es posible optimizar el uso de los recursos, disminuir el número de trabajadores y rebajar sus salario, a la vez que se incrementan los beneficios de quiénes son los propietarios de las universidades. En ese sentido el mercado universitario se enmarcaría en el contexto de la evolución de la economía global, en la que, como señala R.A. Baker (Op.cit.), puede comprobarse un incremento constante de los beneficios del capital y un decrecimiento constante de los salarios de los trabajadores, que va unido a la pérdida de su capacidad de consumo.
Ese proceso económico, del que las universidades de muchos paises van ya a formar parte, traerá como consecuencia, a su vez, que las universidades pasen a estar integradas en el marco de la economía financiera - en la que los capitales se desplazan de un sector a otro constantemente- y en el que el capital especulativo gana cada vez más terreno frente al capital productivo, o dicho en otros términos, en el que la economía financiera puede llegar a asfixiar a la “economía real”, tal y como ya está ocurriendo en la actualidad.
Todo este proceso de empobrecimiento material e intelectual de la educación superior norteamericana, sobre todo en el campo de las humanidades y las ciencias sociales, al que Victor David Hanson y John Heath.han dedicado un libro (V-D-Hanson, J.Heath, 2001) con el significativo título Who killed Homer?, desemboca en una realidad en la que, en el caso de la mayor parte de los profesores se tiende a abandonar la verdadera enseñanza y a sustituirla por la práctica -académicamente más rentable -de una investigación cada vez más carente de sentido. Una investigación medida por el número de publicaciones logradas por cada profesor, unas publicaciones que han de ajustarse a unos parámetros estándar.
El primer motor de la llamada investigación es la” presión de publicación”, que deben sufrir los profesores, que les lleva a elaborar unas publicaciones cuyos contenidos son cada vez más triviales. Se trata de una investigación que se puede gestionar con criterios de mercado, y sobre la que se pueden escribir manuales, como el de Abby Day (A. Day,2007), que explica cómo un investigador puede “colocar” sus trabajos en las revistas que le pueden ser útiles para su curriculum, partiendo de un principio según el cual no se debe aspirar a escribir trabajos de gran calidad, sino de la calidad suficiente para que puedan ser admitidos en las revistas más adecuadas.para nuestra promoción académica (ver también Ch.Bazerman y J.Paradis,1991).
Todo esto traería como consecuencia, entre otras cosas, el creciente desprestigio de la función docente, el desinterés por ella de la mayor parte de los profesores y la pérdida por parte de los mismos de los conocimientos globales de cada una de sus materias, sin la cual una enseñanza rigurosa es totalmente imposible, como también ha señalado Martha Nussbaum (M. Nussbaum,2001). Unos conocimientos globales que son los únicos que pueden permitir valorar lo que es nuevo o viejo, lo que es trivial y lo que puede ser interesante a la hora de examinar los resultados de un trabajo de investigación.
Lo mismo que está ocurriendo en los EEUU y en gran parte de Europa se está dando también en España. Sin embargo, vivimos en España en medio de una enorme paradoja, puesto que nuestras universidades son mayoritariamente públicas y sus profesores son masivamente funcionarios. Unos funcionarios, sobre todo cuando ocupan puestos de responsabilidad, que están desarrollando un discurso totalmente paradójico, puesto que hablan del mercado como si estuviesen en los EEUU, a pesar de que nuestras universidades, por suerte, todavía no se mueven en el mercado real.
El mercado sería definido, por su parte, como la única realidad que pudiera permitir explicarlo todo. A pesar de que la realidad de esos mismos mercados es algo que ni entienden ni les interesa objetiva ni subjetivamente, puesto que la suya es básicamente una mentalidad burocrática, propia de unos cuerpos de funcionarios más o menos esclerotizados, que parecen haber olvidado en qué consiste la función pública y cuáles son las responsabilidades de quien ha de garantizar el derecho constitucional a la educación, que ha de estar financiado por el Estado.
Conocemos la existencia de los servidores públicos desde hace muchos miles de años, y por ello muchos sociólogos, entre ellos Max Weber o K. Wittfogel (M. Weber, 1964; K.Wittfogel, 1966) han conseguido analizar con detenimiento cuales son las características básicas de sus modos de pensar y actuar.
Los funcionarios públicos han sido y son parte fundamental de la estructura de los diferentes estados, desde al Antiguo Egipto o la China Imperial hasta la actualidad. Los funcionarios públicos (a partir de ahora los denominaré simplemente funcionarios) se caracterizan en primer lugar porque poseen un conocimiento especializado, en el cual es fundamental, desde hace ya cinco mil años, el uso de la escritura. Un uso asociado a sus capacidades de organización, de cálculo y de previsión, y al control de los recursos públicos, ya fuesen en forma de rentas en especie o en dinero.
Fue ese saber letrado y la capacidad organizativa de los escribas y los funcionarios lo que permitió la coordinación de la fuerza de trabajo de los grandes imperios y la movilización de los recursos necesarios para el reclutamiento de los ejércitos y la planificación y la ejecución de la guerra o para la construcción de las grandes obras públicas y la prestación de determinados servicios necesarios para la comunidad (K. Wittfogel,1966). En ese sentido podríamos afirmar que, al hablar de los funcionarios, no hay nada nuevo bajo el sol.
Ahora bien, es necesario distinguir, como señalan Weber y Wittfogel a nivel general y Nicolas Hayoz (N. Hayoz, 1997), al analizar la mentalidad burocrática de la antigua URSS, las funciones necesarias que los funcionarios desempeñan, de la idea que los funcionarios se hacen de sí mismos. Una idea mediante la que intentan, también desde hace unos cinco mil años, marcar la distinción entre ellos mismos y el resto de la población, con el fin de justificar sus privilegios económicos, sociales y políticos. Y es una parte fundamental de esa idea la importancia que los escribas, letrados y funcionarios otorgan a sus largos, trabajosos y complejos procesos de formación. La educación letrada pasaría así a ser una de las bases esenciales que les permitirían reivindicar sus privilegios, como ha señalado Pierre Bourdieu (P. Bourdieu, 1984).
Los escribas y los funcionarios tienden a mantenerse alejados de la realidad económica y social. Los funcionarios suelen tender a creer que se puede vivir en un mundo perfecto, en el que todo está regulado al milímetro y en el que todo se puede explicar, y en el que por lo tanto todo está perfectamente justificado. En el caso de la Antigua China, algunos sociólogos denominaron a ese tipo de funcionarios, eficaces, sí, pero obsesionados por la jerarquía y los rangos, así como por los signos externos de distinción, los gestos y el ceremonial: la burocracia celestial.
Si nos centramos ahora en Europa, veremos que el nacimiento de la función pública en la Europa del siglo XIX sería lo que habría permitido, según Max Weber, desarrollar el proceso de racionalización de la administración estatal y garantizar la neutralidad de los servicios que la función pública ha necesariamente de prestar, entre los cuales estaría naturalmente la educación. Este proceso de racionalización sería indisociable, para el propio Weber, del desarrollo del capitalismo y de la ciencia y la tecnología modernas, y sería el rasgo distintivo de la civilización occidental, luego exportado al resto del mundo, a través del proceso de globalización de la economía, o del capitalismo, analizado también por Karl Marx.
La existencia de una forma de autoridad burocrática es indisociable de la existencia del Estado y es la única garantía de que muchos de los derechos de los ciudadanos, de los que el propio Estado es responsable, puedan hacerse posibles. En el ejercicio de ese tipo de autoridad es fundamental garantizar la neutralidad de los funcionarios, que debe ir necesariamente unida a la objetividad en el ejercicio de sus funciones y debe quedar al margen del control político partidista o de las presiones económicas de los particulares, sobre todo de los empresarios, que son los que pueden ejercer esa presión en mayor medida, puesto que son los que poseen mayores cantidades de dinero.
Aplicado todo esto al campo de la enseñanza, y una vez que la enseñanza pasó a ser definida como un derecho constitucional, deberían cumplirse una serie de condiciones para que la enseñanza pública.pueda ser posible.
En primer lugar esa enseñanza debe estar estructurada en torno a un núcleo de valores jovenlandesales y políticos compartidos por los habitantes de cada país en el que un estado ejerce su autoridad política. La salvaguarda de esos mismos valores es una responsabilidad estatal y puede ejercerse tanto en el ámbito de la enseñanza pública, como en el de la enseñanza privada, si esta segunda se ajusta a ese mismo núcleo de valores. Aunque será siempre el Estado el encargado de garantizar el derecho constitucional a la educación a toda la población en unos determinados niveles.
Los encargados de la educación pública suelen ser funcionarios, pues ésta suele ser la única garantía de que no estén sometidos a las presiones que sobre los trabajadores pueden ejercer sus empresarios. Esos funcionarios deben disponer de la suficiente autonomía como para poder desarrollar su actividad docente sin estar controlados por ningún partido político concreto - y por ello la seguridad de sus puestos puede ser muchas veces la garantía de su independencia política-. Y, a su vez, de acuerdo con la definición de Weber, deben poder cumplir su misión docente de acuerdo con unos criterios de racionalidad y objetividad, que han de estar determinados tanto por el contenido como por los métodos con los que se puede enseñar.
Del mismo modo que no puede haber un control político partidista sobre el Estado o la educación, a menos que el Estado y el partido se confundan, como fue el caso soviético, o los actuales casos chino o cubano, tampoco debería haber un control económico de los mismos. Por ello no puede definirse la educación pública como un mero instrumento dedicado a la producción de bienes (recursos humanos), necesarios para la producción de todo tipo de mercancías, cuya producción y cuyos flujos han de estar regulados por el mercado - cuando el mercado funciona bien - subordinado a las necesidades y los intereses de los empresarios. Tal y como se intenta lograr con el discurso de las competencias y habilidades, un discurso social y político muy concreto, que se pretende ofrecer como un saber objetivo y neutro sobre la educación, y que incluso pretendería cumplir los requisitos exigidos por Weber para la administración burocrática racional, a pesar de que los contradice constantemente a nivel de los hechos concretos.
Dichos requisitos no se cumplen en modo alguno en las universidades españolas actuales, que si bien están, en lo fundamental, al margen de las fluctuaciones del mercado, lo que podría ser una garantía de su calidad y su objetividad, sin embargo se alejan cada vez más de estos dos objetivos weberianos, puesto que tienen cada vez menos claro cuales son los valores jovenlandesales y políticos en torno a los que deberían estructurarse, debido a que tienden a representarse a sí mismas en torno a los parámetros , la terminología y el discurso del mercado. Todo ello, a pesar de que quienes las gobiernan y la mayor parte de sus miembros: profesores y PAS, son esencialmente funcionarios. Pero, eso sí, unos funcionarios que parecen haber querido exacerbar todas las caracterísiticas negativas de la función pública, repitiendo unos tics y unos vicios que ya estaban presentes entre sus predecesores desde hace cinco mil años. Veamos cómo.
La sociología de los grupos de funcionarios ha conseguido estudiar las características psicosociales básicas de estos grupos de personas. Partiendo de ella procederemos a continuación a analizar, en el caso de las universidades españolas, cómo se articulan en concreto estas características, observando sus aspectos positivos y negativos, o lo que sería lo mismo, expresado en el lenguaje de la gestión empresarial, que tanto se utiliza en nuestras universidades: las fortalezas y debilidades observables en cada uno de estos aspectos, que enumeraremos a continuación.
Se sobreentiende que básicamente hablaremos de los funcionarios docentes, de los profesores, no sólo por formar cuantitativamente la mayoría del personal de las universidades, sino también porque son ellos los que desempeñan las funciones fundamentales: docencia e investigación y los que ocupan casi todos los cargos de gobierno y responsabilidad
1) Los profesores funcionarios forman un cuerpo cerrado, consumidor de la renta estatal y aislado de la realidad circundante.
Ésta es una de las características de todos los cuerpos de funcionarios. Son cuerpos cerrados a los que se accede mediante mecanismos de cooptación que tienen como fin garantizar la competencia de aquellas personas que han de ejercer la función pública.
Un elemento clave de esos mecanismos de cooptación es la exigencia de un nivel educativo determinado, al que se accede normalmente de forma escalonada en un tiempo normalmente bastante dilatado, que tras*curre desde la educación primaria a la superior. La larga preparación de los funcionarios y escribas está documentada en los textos históricos desde unos cuatro mil años, en unos textos en los que podemos ver ya cómo los escribas egipcios o mesopotámicos o los letrados chinos destacan los esfuerzos que tuvieron que hacer en sus larguísimos procesos educativos, unos esfuerzos que les permitieron aprender las difíciles artes de la escritura y caligrafía de sus tiempos y todas las técnicas de la administración, el gobierno y el estudio de las leyes y todo tipo de textos.
Los funcionarios se describen siempre a sí mismos como letrados, y por eso aman los textos, su estudio y su comentario, pudiendo llegar a obsesionarse con los detalles de la correccción gramatical, con las sutiliezas de le exégesis y la interpretación textual, sea legal o no, y siempre estarán orgullosos de poder producir ellos mismos esos textos, o al menos sus comentarios. Esto ocurre desde hace milenios y sigue ocurriendo exactamente igual en la actualidad.
El mundo de los funcionarios tiende a ser un mundo cerrado porque es el mundo del gobierno y la administración económica, ya sea de los templos o los palacios imperiales, de las cortes reales y las casas nobles, o de los monasterios y los grandes dominios eclesiásticos, parte de los cuales fueron las universidades europeas de las Edades Media y Moderna.
Como los funcionarios y los letrados viven de las rentas del Rey o el Emperador, del Estado, de la Iglesia o de la nobleza (recuérdese que las universidades europeas anteriores al siglo XIX vivían de sus rentas de la tierra), tienden a situarse por encima de la realidad económica, del mundo de la producción y el consumo, puesto que siempre tienden a tener unos ingresos garantizados. Por esa razón solían despreciar el trabajo físico, como se puede ver en la “Sátira de los oficios” que leían los escribas egipcios, en los textos sumerios y acadios, o en los textos de los mandarines chinos, para los que el cultivo de unas muy largas uñas era un símbolo de distinción social porque mostraba su libertad de no tener que trabajar con sus manos.
Es ese aislamiento de la realidad económica y de sus fluctuaciones, unido al alto concepto que los funcionarios suelen tener de sí mismos, lo que hace que tiendan a sobrevalorar la importancia de su trabajo, cuya necesidad no se puede discutir , y a creer que siempre merecerían estar mejor pagados y que sus instituciones son merecedoras de recibir más dinero. Como los funcionarios poseen una mentalidad de rentista suelen tener una cierta tendencia, típica de esa mentalidad, a no medir los gastos, e incluso a despilfarrar el dinero en lo que ellos consideran como lo más importante: su propia promoción y el cultivo de sus propios sistemas de honores y valores.
2) Los profesores funcionarios poseen un sistema de valores propio.
Es ésta una característica propia de los cuerpos sociales cerrados, como los clérigos, los militares, o los funcionarios de diferentes tipos.
Estos valores nunca deben ser los mismos que los del resto de la sociedad, en algunos aspectos, puesto que las funciones específicas de cada tipo de funcionarios exigen que se creen sistemas de valores propios, más adecuados para que puedan ejercer dichas funciones. Así, el valor físico, la disciplina y la eficacia operativa serán los valores básicos en el caso de los militares; y el sacrificio, la abnegación, la práctica de la virtud y el servicio a los demás, serán los valores propios de los religiosos y los clérigos.
En el caso de los funcionarios públicos en general, sus valores fundamentales han de ser su entrega al servicio público, su eficacia y su neutralidad, así como la subordinación de sus intereses al bien común. Siendo estos valores propios también de los funcionarios docentes, aunque en su caso habría que añadir la conciencia de la importancia de su labor propia, que se derivaría del interés fundamental que ha de poseer la educación en los procesos de formación de ciudadanos y de profesionales, así como en el uso de la propia educación como un instrumento clave que puede contribuir a nivelar las desigualdades sociales en muchos casos.
En todos y cada uno de los casos citados esos valores específicos pueden correr el riesgo de convertirse en meros instrumentos de justificación de los privilegios económicos, sociales y políticos de los que pueden disfrutar los diferentes tipos de funcionarios. Y así la solidaridad de grupo o el “espíritu de cuerpo” necesario para la existencia de cualquier grupo de funcionarios pueden tras*formarse en una solidaridad de clase, cerrada frente al exterior, y orientada ante todo al mantenimiento y a la expansión del propio grupo, a costa de la supervivencia de otros grupos y en perjuicio del bien común.
Sería debido a esa visión errónea como los cuerpos de funcionarios, entre los que se incluirían los de profesores, pueden pasar a considerar como su objetivo fundamental el crecimiento cunatitativo de su propio grupo, independientemente de sus funciones económicas, sociales o políticas reales, y su promoción interna, ya sea económica, profesional o simbólica, dentro de él.
Esto es lo que ya está ocurriendo en las universidades españolas, muy bien dotadas, o excedidas de profesorado, con una media de 12,2 alumnos por docente (ver El País,8 de abril de 2009,pág.36), pero con un profesorado distribuido de una manera caótica, en función de los distintos factores coyunturales que permitieron la reproducción de diferentes colectividades de profesores, guiada muchas veces más por la necesidad de incrementar su número a toda costa, que por el crecimiento de las necesidades reales que pudiesen haber justificado ese crecimiento.
3) Los profesores funcionarios están jerarquizados y respetan y admiran la jerarquía.
En todos los cuerpos de funcionarios que han existido a lo largo de la historia ha sido una necesidad perentoria jerarquizar a las diferentes personas y a sus funciones, reconociendo siempre el principio de autoridad y el valor de la disciplina, siempre esenciales, pero claves en los casos de algunos cuerpos, como son los cuerpos militares.
Hasta llegar al siglo XIX y a la creación del Estado contemporáneo los funcionarios y los letrados tuvieron siempre una posición muy frágil, ya que dependían del poder, e incluso del capricho de un Emperador, un Rey, unos sacerdotes o de unas cortes nobiliarias, por lo cual solían ser no sólo displinados, sino además sumisos, pudiendo llegar a la práctica de la abyección, de la delación y de la traición, con el fin de promocionarse a sí mismos frente a otros funcionarios, e intentando siempre lograr una relación privilegiada con quien en cada momento histórico ejerciese el poder.
Sólo con la creación del Estado contemporáneo, basado en procedimientos racionales de gobierno, unos procedimientos nacidos en la Europa Moderna y bautizados antiguamente con el nombre de “cameralística”, y gracias al reconocimiento de la especifidad de la función pública y la regulación de los derechos y deberes de los funcionarios fue posible intentar superar esos márgenes, a veces enormes, de arbitrariedad y de posibles favoritismos.Y ello mismo ocurrió también en el caso de la profesión docente, que poco a poco consiguió liberarse del control de las diferentes iglesias y cuya neutralidad solo llegó a ser reconocida desde el siglo XIX. Porque se consideró fundamental para la creación de una educación y unas universidades modernas que pudiesen pasar a ser las creadoras y tras*misoras de conocimiento. Eso fue lo que ocurrió por primera vez en el caso del país que creó la universidad contemporánea: Alemania, una universidad cuya sociología fue estudiada por Fritz Ringer (F. Ringer,1990), centrándose en el caso de los grupos de profesores.
.El ejercicio de la función pública puede verse pervertido en lo que al ejercicio de la autoridad se refiere, si se deja de reconocer la neutralidad y el prestigio de los funcionarios, en nuestro caso de los funcionarios docentes, o si estos, al perder sus referencias a los sistemas de valores que les han de ser propios, buscan el favor de quienes ejercen el poder político, de quienes controlan la economía, o de quienes manejan los mecanismos del prestigio social.
En el caso de la propia Alemania los profesores universitarios cayeron en la tentación de someterse al poder político, una tentación que llegaría a su paroxismo con la llegada del nazismo (F. Ringer, 1990), y con la que traicionaron el propio sistema de los valores académicos, contribuyendo de ese modo notoriamente al desastre político y a la ruina jovenlandesal y económica a la que Hiltler condujo a su país. Ello mismo ocurrió con los académicos soviéticos, como ha señalado N. Hayoz (Op.cit.),o con los casos de otros regímenes totalitarios, como la España de Franco o la Italia de Mussolini.
José Carlos Bermejo Barrera: El funcionario mediocre y el futuro de la universidad española
José Carlos Bermejo Barrera, catedrático de Historia Antigüa, Universidade de Santiago de Compostela
Uno de los elementos fundamentales para entender la crisis económica mundial que estamos padeciendo es sin duda la comprensión de la delimitación que debe existir entre los ámbitos económicos de lo público y lo privado. No ha dejado de llamar la atención el hecho de que, si bien se apela a la libertad del individuo, que se encarnaría en ese ámbito de la libertad por excelencia que es el mercado, cuando se refiere a todos los procesos de regulación de empleo, despidos y reconversiones que afectan a los trabajadores, sin embargo se apela al interés público y al bien común, cuando se trata de utilizar los recursos públicos para refinanciar la banca, o para nacionalizar sus pérdidas, afirmando que de ello depende básicamente el bien común.
Fue esa misma banca privada, tan necesaria para el mantenimiento del bien común, la que contribuyó decisivamente al desarrollo de la crisis financiera actual, detrayendo del control de los diferentes estados y de su sistemas fiscales el dinero sucio, que circula a través del sistema de los paraisos fiscales, un dinero cuyo monto estima Raymond A.Baker (R.A.Baker,2005) en más de un billón de dólares, y al que ese mismo autor- que cree firmemente en las virtudes del capitalismo- ha denominado como “ el talón de Aquiles del capitalismo”. O, dicho en otros términos, el elemento básico que puede hacer que todo el sistema capitalista se precipite en un estrepitoso fracaso, debido a la pérdida de sus bases éticas y a la incapacidad de los distintos estados, cada vez más evidente, de controlar la economía financiera globalizada.
Si hay un campo en el que el debate entre lo público y lo privado está viviendo también un momento crucial es sin duda el campo de la educación, en el que los discursos privatizadores se alzan con una voz creciente, defendiendo, cuando se cree conveniente la capacidad de adaptación a la realidad y la agilidad de los mercados, y apelando, cuando se cree necesario a la necesidad de contar con la ayuda de los fondos públicos, para prestar lo que - cuando conviene- se decide llamar un servicio público.
No voy a trata ahora de analizar en modo alguno este gigantesco proceso privatizador de la educación, que está afectando a la mayor parte del mundo, y del que son vícitmas las universidades. Muchos autores lo han hecho ya, y han puesto de manifiesto, como ocurre en el caso de Frank Donoghue (F. Donoghue, 2008), que una pieza clave del mismo es la supresión de la figura del profesor universitario, que pueda disponer de una cierta seguridad económica, de amplia libertad académica y de investigación, y que no esté sometido a un rígido control político o empresarial.
Esa figura, encarnada en los EEUU en los tenure, o puestos académicos más o menos estables, en los que la independencia académica es fundamental para el cultivo de todas las disciplinas de las humanidades y las ciencias sociales, tiende a ser sustituida por un sistema de contratos más o menos precarios, que llevan a los profesores a tener que trabajar simultáneamente en otras profesiones o en varias universidades, y a un sistema de degradación de la docencia
Un instrumento fundamental de la degradación de la docencia lo constituye el discurso de las competencias y las habilidades, un discurso que pretende uniformizar todo el proceso educativo, partiendo del principio de que la educación es una tecnología neutra, o una especie de rama de la ingeniería , como gustaba decir el antiguo Secretario de Estado de Universidades, Miguel Angel Quintanilla (M:A.Quintanilla,2005, págs.263/274), responsable en gran parte de la situación actual de las universidades españolas.
De acuerdo con este tipo de discursos la educación sería una tecnología más, y como todas las tecnologías debe estar regida por los principios de estandartización, de simplificación de los procedimientos, y de ajuste a las necesidades reales de los mercados. En los mercados mundiales se manejan dos tipos de recursos, necesarios para la producción de bienes: los recursos materiales y los recursos humanos. La educación sería en ese discurso un proceso teconológico orientado a la producción y consumo de un determinado tipo de mercancías, que pueden venderse y comprarse en los mercados mundiales: las habilidades laborales de los recursos humanos.
En ese proceso de estandartización y simplificación de la educación aparece ahora como algo fundamental el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que permite desarrolar con mucha más facilidad - aunque ello no se debería derivar necesariamente del uso de este tipo de tecnologías - la simplificación de los contenidos docentes, que ha de permitir, como señala F. Donoghue (Op.cit.), prescindir de la figura europea del profesor universitario y conseguir que cualquier profesor sea perfectamente intercambiable por otro, del msimo modo que cualquier trabajador puede ser sustituido por otro que posea el mismo nivel de competencias, cuando se trata de una cadena de producción.
La ventaja del uso de las tecnologías de la información es que permiten elaborar paquetes de información, o unidades didácticas neutras, que pueden ser vendidas y comercializadas en un ámbito inter-universitario, creando así cadenas de universidades con marca propia, como señala F. Donoghue, que serían algo así como McDonalds académicos. En dichas cadenas de universidades es posible optimizar el uso de los recursos, disminuir el número de trabajadores y rebajar sus salario, a la vez que se incrementan los beneficios de quiénes son los propietarios de las universidades. En ese sentido el mercado universitario se enmarcaría en el contexto de la evolución de la economía global, en la que, como señala R.A. Baker (Op.cit.), puede comprobarse un incremento constante de los beneficios del capital y un decrecimiento constante de los salarios de los trabajadores, que va unido a la pérdida de su capacidad de consumo.
Ese proceso económico, del que las universidades de muchos paises van ya a formar parte, traerá como consecuencia, a su vez, que las universidades pasen a estar integradas en el marco de la economía financiera - en la que los capitales se desplazan de un sector a otro constantemente- y en el que el capital especulativo gana cada vez más terreno frente al capital productivo, o dicho en otros términos, en el que la economía financiera puede llegar a asfixiar a la “economía real”, tal y como ya está ocurriendo en la actualidad.
Todo este proceso de empobrecimiento material e intelectual de la educación superior norteamericana, sobre todo en el campo de las humanidades y las ciencias sociales, al que Victor David Hanson y John Heath.han dedicado un libro (V-D-Hanson, J.Heath, 2001) con el significativo título Who killed Homer?, desemboca en una realidad en la que, en el caso de la mayor parte de los profesores se tiende a abandonar la verdadera enseñanza y a sustituirla por la práctica -académicamente más rentable -de una investigación cada vez más carente de sentido. Una investigación medida por el número de publicaciones logradas por cada profesor, unas publicaciones que han de ajustarse a unos parámetros estándar.
El primer motor de la llamada investigación es la” presión de publicación”, que deben sufrir los profesores, que les lleva a elaborar unas publicaciones cuyos contenidos son cada vez más triviales. Se trata de una investigación que se puede gestionar con criterios de mercado, y sobre la que se pueden escribir manuales, como el de Abby Day (A. Day,2007), que explica cómo un investigador puede “colocar” sus trabajos en las revistas que le pueden ser útiles para su curriculum, partiendo de un principio según el cual no se debe aspirar a escribir trabajos de gran calidad, sino de la calidad suficiente para que puedan ser admitidos en las revistas más adecuadas.para nuestra promoción académica (ver también Ch.Bazerman y J.Paradis,1991).
Todo esto traería como consecuencia, entre otras cosas, el creciente desprestigio de la función docente, el desinterés por ella de la mayor parte de los profesores y la pérdida por parte de los mismos de los conocimientos globales de cada una de sus materias, sin la cual una enseñanza rigurosa es totalmente imposible, como también ha señalado Martha Nussbaum (M. Nussbaum,2001). Unos conocimientos globales que son los únicos que pueden permitir valorar lo que es nuevo o viejo, lo que es trivial y lo que puede ser interesante a la hora de examinar los resultados de un trabajo de investigación.
Lo mismo que está ocurriendo en los EEUU y en gran parte de Europa se está dando también en España. Sin embargo, vivimos en España en medio de una enorme paradoja, puesto que nuestras universidades son mayoritariamente públicas y sus profesores son masivamente funcionarios. Unos funcionarios, sobre todo cuando ocupan puestos de responsabilidad, que están desarrollando un discurso totalmente paradójico, puesto que hablan del mercado como si estuviesen en los EEUU, a pesar de que nuestras universidades, por suerte, todavía no se mueven en el mercado real.
El mercado sería definido, por su parte, como la única realidad que pudiera permitir explicarlo todo. A pesar de que la realidad de esos mismos mercados es algo que ni entienden ni les interesa objetiva ni subjetivamente, puesto que la suya es básicamente una mentalidad burocrática, propia de unos cuerpos de funcionarios más o menos esclerotizados, que parecen haber olvidado en qué consiste la función pública y cuáles son las responsabilidades de quien ha de garantizar el derecho constitucional a la educación, que ha de estar financiado por el Estado.
Conocemos la existencia de los servidores públicos desde hace muchos miles de años, y por ello muchos sociólogos, entre ellos Max Weber o K. Wittfogel (M. Weber, 1964; K.Wittfogel, 1966) han conseguido analizar con detenimiento cuales son las características básicas de sus modos de pensar y actuar.
Los funcionarios públicos han sido y son parte fundamental de la estructura de los diferentes estados, desde al Antiguo Egipto o la China Imperial hasta la actualidad. Los funcionarios públicos (a partir de ahora los denominaré simplemente funcionarios) se caracterizan en primer lugar porque poseen un conocimiento especializado, en el cual es fundamental, desde hace ya cinco mil años, el uso de la escritura. Un uso asociado a sus capacidades de organización, de cálculo y de previsión, y al control de los recursos públicos, ya fuesen en forma de rentas en especie o en dinero.
Fue ese saber letrado y la capacidad organizativa de los escribas y los funcionarios lo que permitió la coordinación de la fuerza de trabajo de los grandes imperios y la movilización de los recursos necesarios para el reclutamiento de los ejércitos y la planificación y la ejecución de la guerra o para la construcción de las grandes obras públicas y la prestación de determinados servicios necesarios para la comunidad (K. Wittfogel,1966). En ese sentido podríamos afirmar que, al hablar de los funcionarios, no hay nada nuevo bajo el sol.
Ahora bien, es necesario distinguir, como señalan Weber y Wittfogel a nivel general y Nicolas Hayoz (N. Hayoz, 1997), al analizar la mentalidad burocrática de la antigua URSS, las funciones necesarias que los funcionarios desempeñan, de la idea que los funcionarios se hacen de sí mismos. Una idea mediante la que intentan, también desde hace unos cinco mil años, marcar la distinción entre ellos mismos y el resto de la población, con el fin de justificar sus privilegios económicos, sociales y políticos. Y es una parte fundamental de esa idea la importancia que los escribas, letrados y funcionarios otorgan a sus largos, trabajosos y complejos procesos de formación. La educación letrada pasaría así a ser una de las bases esenciales que les permitirían reivindicar sus privilegios, como ha señalado Pierre Bourdieu (P. Bourdieu, 1984).
Los escribas y los funcionarios tienden a mantenerse alejados de la realidad económica y social. Los funcionarios suelen tender a creer que se puede vivir en un mundo perfecto, en el que todo está regulado al milímetro y en el que todo se puede explicar, y en el que por lo tanto todo está perfectamente justificado. En el caso de la Antigua China, algunos sociólogos denominaron a ese tipo de funcionarios, eficaces, sí, pero obsesionados por la jerarquía y los rangos, así como por los signos externos de distinción, los gestos y el ceremonial: la burocracia celestial.
Si nos centramos ahora en Europa, veremos que el nacimiento de la función pública en la Europa del siglo XIX sería lo que habría permitido, según Max Weber, desarrollar el proceso de racionalización de la administración estatal y garantizar la neutralidad de los servicios que la función pública ha necesariamente de prestar, entre los cuales estaría naturalmente la educación. Este proceso de racionalización sería indisociable, para el propio Weber, del desarrollo del capitalismo y de la ciencia y la tecnología modernas, y sería el rasgo distintivo de la civilización occidental, luego exportado al resto del mundo, a través del proceso de globalización de la economía, o del capitalismo, analizado también por Karl Marx.
La existencia de una forma de autoridad burocrática es indisociable de la existencia del Estado y es la única garantía de que muchos de los derechos de los ciudadanos, de los que el propio Estado es responsable, puedan hacerse posibles. En el ejercicio de ese tipo de autoridad es fundamental garantizar la neutralidad de los funcionarios, que debe ir necesariamente unida a la objetividad en el ejercicio de sus funciones y debe quedar al margen del control político partidista o de las presiones económicas de los particulares, sobre todo de los empresarios, que son los que pueden ejercer esa presión en mayor medida, puesto que son los que poseen mayores cantidades de dinero.
Aplicado todo esto al campo de la enseñanza, y una vez que la enseñanza pasó a ser definida como un derecho constitucional, deberían cumplirse una serie de condiciones para que la enseñanza pública.pueda ser posible.
En primer lugar esa enseñanza debe estar estructurada en torno a un núcleo de valores jovenlandesales y políticos compartidos por los habitantes de cada país en el que un estado ejerce su autoridad política. La salvaguarda de esos mismos valores es una responsabilidad estatal y puede ejercerse tanto en el ámbito de la enseñanza pública, como en el de la enseñanza privada, si esta segunda se ajusta a ese mismo núcleo de valores. Aunque será siempre el Estado el encargado de garantizar el derecho constitucional a la educación a toda la población en unos determinados niveles.
Los encargados de la educación pública suelen ser funcionarios, pues ésta suele ser la única garantía de que no estén sometidos a las presiones que sobre los trabajadores pueden ejercer sus empresarios. Esos funcionarios deben disponer de la suficiente autonomía como para poder desarrollar su actividad docente sin estar controlados por ningún partido político concreto - y por ello la seguridad de sus puestos puede ser muchas veces la garantía de su independencia política-. Y, a su vez, de acuerdo con la definición de Weber, deben poder cumplir su misión docente de acuerdo con unos criterios de racionalidad y objetividad, que han de estar determinados tanto por el contenido como por los métodos con los que se puede enseñar.
Del mismo modo que no puede haber un control político partidista sobre el Estado o la educación, a menos que el Estado y el partido se confundan, como fue el caso soviético, o los actuales casos chino o cubano, tampoco debería haber un control económico de los mismos. Por ello no puede definirse la educación pública como un mero instrumento dedicado a la producción de bienes (recursos humanos), necesarios para la producción de todo tipo de mercancías, cuya producción y cuyos flujos han de estar regulados por el mercado - cuando el mercado funciona bien - subordinado a las necesidades y los intereses de los empresarios. Tal y como se intenta lograr con el discurso de las competencias y habilidades, un discurso social y político muy concreto, que se pretende ofrecer como un saber objetivo y neutro sobre la educación, y que incluso pretendería cumplir los requisitos exigidos por Weber para la administración burocrática racional, a pesar de que los contradice constantemente a nivel de los hechos concretos.
Dichos requisitos no se cumplen en modo alguno en las universidades españolas actuales, que si bien están, en lo fundamental, al margen de las fluctuaciones del mercado, lo que podría ser una garantía de su calidad y su objetividad, sin embargo se alejan cada vez más de estos dos objetivos weberianos, puesto que tienen cada vez menos claro cuales son los valores jovenlandesales y políticos en torno a los que deberían estructurarse, debido a que tienden a representarse a sí mismas en torno a los parámetros , la terminología y el discurso del mercado. Todo ello, a pesar de que quienes las gobiernan y la mayor parte de sus miembros: profesores y PAS, son esencialmente funcionarios. Pero, eso sí, unos funcionarios que parecen haber querido exacerbar todas las caracterísiticas negativas de la función pública, repitiendo unos tics y unos vicios que ya estaban presentes entre sus predecesores desde hace cinco mil años. Veamos cómo.
La sociología de los grupos de funcionarios ha conseguido estudiar las características psicosociales básicas de estos grupos de personas. Partiendo de ella procederemos a continuación a analizar, en el caso de las universidades españolas, cómo se articulan en concreto estas características, observando sus aspectos positivos y negativos, o lo que sería lo mismo, expresado en el lenguaje de la gestión empresarial, que tanto se utiliza en nuestras universidades: las fortalezas y debilidades observables en cada uno de estos aspectos, que enumeraremos a continuación.
Se sobreentiende que básicamente hablaremos de los funcionarios docentes, de los profesores, no sólo por formar cuantitativamente la mayoría del personal de las universidades, sino también porque son ellos los que desempeñan las funciones fundamentales: docencia e investigación y los que ocupan casi todos los cargos de gobierno y responsabilidad
1) Los profesores funcionarios forman un cuerpo cerrado, consumidor de la renta estatal y aislado de la realidad circundante.
Ésta es una de las características de todos los cuerpos de funcionarios. Son cuerpos cerrados a los que se accede mediante mecanismos de cooptación que tienen como fin garantizar la competencia de aquellas personas que han de ejercer la función pública.
Un elemento clave de esos mecanismos de cooptación es la exigencia de un nivel educativo determinado, al que se accede normalmente de forma escalonada en un tiempo normalmente bastante dilatado, que tras*curre desde la educación primaria a la superior. La larga preparación de los funcionarios y escribas está documentada en los textos históricos desde unos cuatro mil años, en unos textos en los que podemos ver ya cómo los escribas egipcios o mesopotámicos o los letrados chinos destacan los esfuerzos que tuvieron que hacer en sus larguísimos procesos educativos, unos esfuerzos que les permitieron aprender las difíciles artes de la escritura y caligrafía de sus tiempos y todas las técnicas de la administración, el gobierno y el estudio de las leyes y todo tipo de textos.
Los funcionarios se describen siempre a sí mismos como letrados, y por eso aman los textos, su estudio y su comentario, pudiendo llegar a obsesionarse con los detalles de la correccción gramatical, con las sutiliezas de le exégesis y la interpretación textual, sea legal o no, y siempre estarán orgullosos de poder producir ellos mismos esos textos, o al menos sus comentarios. Esto ocurre desde hace milenios y sigue ocurriendo exactamente igual en la actualidad.
El mundo de los funcionarios tiende a ser un mundo cerrado porque es el mundo del gobierno y la administración económica, ya sea de los templos o los palacios imperiales, de las cortes reales y las casas nobles, o de los monasterios y los grandes dominios eclesiásticos, parte de los cuales fueron las universidades europeas de las Edades Media y Moderna.
Como los funcionarios y los letrados viven de las rentas del Rey o el Emperador, del Estado, de la Iglesia o de la nobleza (recuérdese que las universidades europeas anteriores al siglo XIX vivían de sus rentas de la tierra), tienden a situarse por encima de la realidad económica, del mundo de la producción y el consumo, puesto que siempre tienden a tener unos ingresos garantizados. Por esa razón solían despreciar el trabajo físico, como se puede ver en la “Sátira de los oficios” que leían los escribas egipcios, en los textos sumerios y acadios, o en los textos de los mandarines chinos, para los que el cultivo de unas muy largas uñas era un símbolo de distinción social porque mostraba su libertad de no tener que trabajar con sus manos.
Es ese aislamiento de la realidad económica y de sus fluctuaciones, unido al alto concepto que los funcionarios suelen tener de sí mismos, lo que hace que tiendan a sobrevalorar la importancia de su trabajo, cuya necesidad no se puede discutir , y a creer que siempre merecerían estar mejor pagados y que sus instituciones son merecedoras de recibir más dinero. Como los funcionarios poseen una mentalidad de rentista suelen tener una cierta tendencia, típica de esa mentalidad, a no medir los gastos, e incluso a despilfarrar el dinero en lo que ellos consideran como lo más importante: su propia promoción y el cultivo de sus propios sistemas de honores y valores.
2) Los profesores funcionarios poseen un sistema de valores propio.
Es ésta una característica propia de los cuerpos sociales cerrados, como los clérigos, los militares, o los funcionarios de diferentes tipos.
Estos valores nunca deben ser los mismos que los del resto de la sociedad, en algunos aspectos, puesto que las funciones específicas de cada tipo de funcionarios exigen que se creen sistemas de valores propios, más adecuados para que puedan ejercer dichas funciones. Así, el valor físico, la disciplina y la eficacia operativa serán los valores básicos en el caso de los militares; y el sacrificio, la abnegación, la práctica de la virtud y el servicio a los demás, serán los valores propios de los religiosos y los clérigos.
En el caso de los funcionarios públicos en general, sus valores fundamentales han de ser su entrega al servicio público, su eficacia y su neutralidad, así como la subordinación de sus intereses al bien común. Siendo estos valores propios también de los funcionarios docentes, aunque en su caso habría que añadir la conciencia de la importancia de su labor propia, que se derivaría del interés fundamental que ha de poseer la educación en los procesos de formación de ciudadanos y de profesionales, así como en el uso de la propia educación como un instrumento clave que puede contribuir a nivelar las desigualdades sociales en muchos casos.
En todos y cada uno de los casos citados esos valores específicos pueden correr el riesgo de convertirse en meros instrumentos de justificación de los privilegios económicos, sociales y políticos de los que pueden disfrutar los diferentes tipos de funcionarios. Y así la solidaridad de grupo o el “espíritu de cuerpo” necesario para la existencia de cualquier grupo de funcionarios pueden tras*formarse en una solidaridad de clase, cerrada frente al exterior, y orientada ante todo al mantenimiento y a la expansión del propio grupo, a costa de la supervivencia de otros grupos y en perjuicio del bien común.
Sería debido a esa visión errónea como los cuerpos de funcionarios, entre los que se incluirían los de profesores, pueden pasar a considerar como su objetivo fundamental el crecimiento cunatitativo de su propio grupo, independientemente de sus funciones económicas, sociales o políticas reales, y su promoción interna, ya sea económica, profesional o simbólica, dentro de él.
Esto es lo que ya está ocurriendo en las universidades españolas, muy bien dotadas, o excedidas de profesorado, con una media de 12,2 alumnos por docente (ver El País,8 de abril de 2009,pág.36), pero con un profesorado distribuido de una manera caótica, en función de los distintos factores coyunturales que permitieron la reproducción de diferentes colectividades de profesores, guiada muchas veces más por la necesidad de incrementar su número a toda costa, que por el crecimiento de las necesidades reales que pudiesen haber justificado ese crecimiento.
3) Los profesores funcionarios están jerarquizados y respetan y admiran la jerarquía.
En todos los cuerpos de funcionarios que han existido a lo largo de la historia ha sido una necesidad perentoria jerarquizar a las diferentes personas y a sus funciones, reconociendo siempre el principio de autoridad y el valor de la disciplina, siempre esenciales, pero claves en los casos de algunos cuerpos, como son los cuerpos militares.
Hasta llegar al siglo XIX y a la creación del Estado contemporáneo los funcionarios y los letrados tuvieron siempre una posición muy frágil, ya que dependían del poder, e incluso del capricho de un Emperador, un Rey, unos sacerdotes o de unas cortes nobiliarias, por lo cual solían ser no sólo displinados, sino además sumisos, pudiendo llegar a la práctica de la abyección, de la delación y de la traición, con el fin de promocionarse a sí mismos frente a otros funcionarios, e intentando siempre lograr una relación privilegiada con quien en cada momento histórico ejerciese el poder.
Sólo con la creación del Estado contemporáneo, basado en procedimientos racionales de gobierno, unos procedimientos nacidos en la Europa Moderna y bautizados antiguamente con el nombre de “cameralística”, y gracias al reconocimiento de la especifidad de la función pública y la regulación de los derechos y deberes de los funcionarios fue posible intentar superar esos márgenes, a veces enormes, de arbitrariedad y de posibles favoritismos.Y ello mismo ocurrió también en el caso de la profesión docente, que poco a poco consiguió liberarse del control de las diferentes iglesias y cuya neutralidad solo llegó a ser reconocida desde el siglo XIX. Porque se consideró fundamental para la creación de una educación y unas universidades modernas que pudiesen pasar a ser las creadoras y tras*misoras de conocimiento. Eso fue lo que ocurrió por primera vez en el caso del país que creó la universidad contemporánea: Alemania, una universidad cuya sociología fue estudiada por Fritz Ringer (F. Ringer,1990), centrándose en el caso de los grupos de profesores.
.El ejercicio de la función pública puede verse pervertido en lo que al ejercicio de la autoridad se refiere, si se deja de reconocer la neutralidad y el prestigio de los funcionarios, en nuestro caso de los funcionarios docentes, o si estos, al perder sus referencias a los sistemas de valores que les han de ser propios, buscan el favor de quienes ejercen el poder político, de quienes controlan la economía, o de quienes manejan los mecanismos del prestigio social.
En el caso de la propia Alemania los profesores universitarios cayeron en la tentación de someterse al poder político, una tentación que llegaría a su paroxismo con la llegada del nazismo (F. Ringer, 1990), y con la que traicionaron el propio sistema de los valores académicos, contribuyendo de ese modo notoriamente al desastre político y a la ruina jovenlandesal y económica a la que Hiltler condujo a su país. Ello mismo ocurrió con los académicos soviéticos, como ha señalado N. Hayoz (Op.cit.),o con los casos de otros regímenes totalitarios, como la España de Franco o la Italia de Mussolini.
