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David Ros (Colegio de Economistas de Cataluña): “Para el BCE la independencia es como modificar un código postal"
Fuente: ENTREVISTA. David Ros (Colegio de Economistas de Cataluña): "Para el BCE la independencia es poco más que la modificación de un código postal"
David Ros es economista, miembro de la comisión de economía catalana del Colegio de Economistas de Cataluña e interventor de la administración local. Ha participado en diferentes estudios, libros y artículos sobre el impacto económico de la independencia y se ha especializado en el estudio de la deuda y el reparto de activos y pasivos. Amablemente, ha aceptado la invitación de Capital Vasco para explicarnos cuáles son las oportunidades y riesgos que ofrece la independencia para Cataluña.
Capital Vasco: Antes de iniciarse el proceso soberanista, las instituciones y una buena parte de la sociedad catalana solicitaron al gobierno central un pacto fiscal más justo ya que, según aseguraban, Cataluña era un territorio contribuyente neto, que pagaba a las arcas estatales mucho más de lo que recibía. ¿Por qué no aceptó negociar Madrid un nuevo sistema de financiación para Cataluña?
David Ros: Efectivamente no hay ninguna duda de que Cataluña es aportadora neta a las arcas del Estado. Una visión inteligente desde Madrid habría sido la de potenciar la economía de catalana mediante inversiones productivas, facilitando las comunicaciones ferroviarias de ancho internacional y las de carretera. Si uno tiene una buena gallina ponedora, es absurdo ahogarla. Al contrario, una buena gallina bien cuidada podría haberse convertido para el Estado en la gallina de las narices de oro.
La visión electoralista populista del Partido Popular y del PSOE, a cambio de los votos que les mantiene en el poder de forma frágil, ha preferido realizar inversiones improductivas e insostenibles antes que inversiones en Cataluña que hubieran beneficiado la economía de todo el estado. A mi modo de ver, ambos partidos se han comportado con ceguera política. Con su política excluyente han cercenado los recursos económicos que genera Cataluña, han limitado sus competencias normativas y han sembrado la desconfianza de un pueblo, que desde la sentencia del Estatuto en 2010, no ha parado de incrementarse. A mi modo de ver Madrid no aceptó negociar un sistema de financiación por ceguera política. El mal es irreparable.
Frente a otros procesos independentistas donde los elementos culturales, lingüísticos o identitarios son más relevantes, el catalán se ha destacado por un intenso debate sobre las cuestiones económicas. Si el gobierno central hubiera aprobado un nuevo sistema fiscal para Cataluña, ¿es posible que el referéndum del próximo 1 de octubre jamás se hubiera convocado?
Es obvio que el pueblo de Cataluña, como pueblo con instituciones y constituciones milenarias, quiere recuperar el autogobierno pleno por razones históricas, culturales, lingüísticas… Cierto es también, que la crisis ha afectado seriamente a los catalanes y a las empresas catalanas. Siendo el catalán un pueblo indudablemente solidario, el trato fiscal discriminatorio recibido le ha obligado a sufrir serios recortes en sanidad, enseñanza, bienestar social y un largo etcétera.
Si el régimen salido de 1978 había creado ciertas esperanzas, la realidad es que el trato fiscal recibido ha potenciado la necesidad de autogobierno a sectores no tradicionalmente independentistas. Con un sistema de financiación diferente posiblemente no se habría llegado a la situación actual, que es absolutamente irreversible.
Si el ejecutivo de Mariano Rajoy ofrece, antes del 1 de octubre, a Cataluña un modelo de financiación como el cupo vasco o navarro, ¿se detendría el proceso soberanista o ya es demasiado tarde?
La situación actual, repito, es irreversible. Son tantas las promesas incumplidas que ninguna promesa nueva pude detener la voluntad de un pueblo que ha perdido la confianza en el Estado español, y de forma clara con los gobiernos del PP y del PSOE.
En mi opinión, el proceso democrático en el que está inmerso Cataluña no se detendría con promesas de financiación. El pueblo catalán conoce que los recursos que se generan en Cataluña, unos 80.000 millones de euros anuales, se verán incrementados con la independencia, con más actividad económica, con mayor empleo, con más cotizaciones a la seguridad social catalana. Recursos que son sobradamente suficientes para ofrecer los servicios y las infraestructuras que la población y las empresas necesitan.
Lejos de desestabilizar la economía, a medida que avanza el proceso democrático hacia la independencia, más son las empresas que toman posiciones, sabedoras de que Cataluña día a día se está convirtiendo en la puerta sur y en la capital económica del sur de Europa.
Una cuestión muy polémica sería el reparto de la deuda pública. ¿Asumiría la Cataluña independiente su parte alícuota o proporcional de la estatal?
No habrá polémica, habrá negociación. El Estado español debe un billón de euros, recordemos que cuando Yugoeslavia se separó debía 15.000 millones y cuando Rusia se quedó con la deuda de la Unión Soviética esta ascendía a 50.000 millones. Es obvio que cuando dos estados se separan deben negociar por el bien de todos. Estado predecesor y estado sucesor deben negociar con los árbitros internacionales. ¿Qué árbitros? Fundamentalmente con los acreedores, aquí aparecerán en escena el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, el Club de París de acreedores públicos, el Club de Londres de acreedores privados y la Unión Europea.
Cataluña es un país responsable que está presente en el mercado internacional. Con la independencia, Cataluña seguirá, sin ninguna duda en Europa, en todas las instituciones, a través de un derecho tras*itorio de readmisión.
Evidentemente, Cataluña, en base a la Convención de Viena de 1983, de separación de activos, pasivos y archivos, se quedará con los activos que le correspondan como estado sucesor y asimismo con la parte de pasivos que le correspondan.
Hay voces dentro del independentismo que reclaman no aceptarla ni pagarla puesto que no ha sido emitida por la Generalitat sino por el Estado. ¿Sería factible?
No se oyen voces que hablen de repudiar la deuda. Caso de que existan, estas voces son minoritarias. En todos los foros en que se habla de deuda e independencia se ha asumido que a Cataluña le corresponde una parte de la deuda del estado español, pero, repito, no sólo la deuda sino también de los activos. Activos y pasivos se deberán negociar con criterios de territorialidad, contribución histórica, proporcionalidad, etcétera y siempre en base al derecho internacional.
Otro problema serían las infraestructuras construidas por el Estado en Cataluña como, por ejemplo, aeropuertos y puertos. ¿Abonaría Cataluña su coste total o parcialmente o asumiría su propiedad sin realizar compensación alguna a Madrid?
¿Abonaría Madrid la parte de la T4 que se ha financiado con la aportación de Cataluña? ¿Las inversiones en el puerto de Algeciras, se verán afectadas por la independencia de Cataluña? ¿Acaso Cataluña no forma parte del Estado y participa con un 20 % aproximadamente en las inversiones del resto de puertos y aeropuertos? La convención de Viena en este sentido es contundente: “Los bienes del Estado predecesor situados en el territorio al cual se refiere la sucesión pasan al Estado sucesor”. ¿Con que mecanismos? Normalmente los estados, aún partiendo de situaciones incómodas llegan a negociar en base a los principios del derecho internacional.
La recaudación tributaria también es una cuestión clave. ¿A partir de qué momento deberán pagar los catalanes sus impuestos a la nueva agencia tributaria?
Los catalanes pagarán a la nueva agencia tributaria a partir del momento en que Cataluña sea un estado. Independientemente de las tensiones de una situación de separación, todos sabremos ver el momento en queCataluña será un estado.
Y si, durante la tras*ición a la independencia, reciben una notificación de pago por parte de las dos agencias, ¿a cuál de ellas deberán realizar el abono?
No se dará la circunstancia de que actúen dos estados sobre un mismo territorio. Habrá un solo estado. Se negociará. La secesión de Cataluña será negociada. Madrid no puede tener una actitud de enroque. Madrid se verá obligada a negociar. Un Estado que debe un billón de euros, que necesita cada mes financiación para pagar los funcionarios, las pensiones y la propia deuda, es un estado que no tiene autoridad presupuestaria ni financiera en los mercados. O estabilidad y negociación o inestabilidad y suicidio financiero del Estado.
Un tema espinoso es el de las pensiones. Desde el Estado se alega que la Seguridad Social es una caja única y que si Cataluña se independiza, las pensiones no correrían a cuenta de Madrid, desentendiéndose de su pago. De hecho, esto es algo que ya se ha aplicado pues los saharauis que cotizaron al sistema estatal antes de su independencia no han cobrado nunca su pensión. ¿Ha desarrollado la Generalitat algún mecanismo para evitar que los pensionistas catalanas pudieran dejar de cobrar mensualmente en el caso de que el Estado se negara a pagar?
Cierto, es un tema espinoso. Más que todo porqué en España, de modo análogo al resto de países próximos, las pensiones han entrado en una situación de difícil sostenibilidad. A mediados de este ejercicio el Fondo de Reserva de la Pensiones se ha agotado y la Seguridad Social debe acceder a financiación externa. La Autoridad Independiente de Autoridad Fiscal ha previsto un déficit anual en las pensiones de 15.000 millones anuales en los próximos seis años.
La sostenibilidad se obtiene por dos vías, rebajando gastos, es decir rebajando las pensiones, que es la opción que se ha hecho en España, alargando la edad de jubilación, añadiendo factores correctivos de forma que los pensionistas pierden la revalorización y el poder adquisitivo de año en año. La otra opción para mantener las pensiones de forma sostenible es actuar en los ingresos, en las cotizaciones. En este sentido estudios realizados por economistas han puesto en relación los puestos de trabajo que se crearían en Cataluña como consecuencia de la reversión de los recortes en los servicios públicos y las inversiones en infraestructuras que se harían con la administración de los recursos que se generan en Cataluña. Una de las conclusiones de estos trabajos es que en cinco años las cotizaciones a la seguridad social catalana se incrementarían en 3.000 millones de euros.
En base al propio derecho español sobre la Seguridad Social, en base al derecho internacional sobre pensiones, en base al derecho comunitario y en concreto en base a los convenios suscritos por la Seguridad Social española, pero también en concreto en base a las disposiciones que regulan la separación de activos y pasivos, el supuesto de que los pensionistas pudieran de dejar de cobrar no tiene fundamento. No obstante el discurso del miedo, al que nos tiene acostumbrados el PP en boca de Sánchez-Camacho y de García-Albiol no parará de repetir y mentir sobre que Cataluña no podrá pagar las pensiones.
Recientemente, el presidente de la Unión Europea Jean-Claude Junker ha asegurado, basándose en la llamada doctrina Prodi, que si Cataluña se independiza, quedará automáticamente fuera de la comunidad debiendo solicitar su ingreso a través de los procedimientos existentes. En el caso de que la Cataluña independiente se viera temporalmente fuera de la Unión Europea, ¿cómo afectaría esto a la economía?
Recientemente hemos sabido que José Manuel García Margallo ha reconocido que el gobierno central ha tenido que intervenir activamente para evitar que muchos Estados se pronunciaran abiertamente a favor del proceso soberanista de Cataluña.
Por ello no sorprenden muchas de las declaraciones de representantes y jefes de Estado. Sin embargo Juncker también ha dicho que la Unión Europea “no se puede posicionar” sobre la independencia de Cataluña. El presidente de la comisón ha afirmado que “cualquier estado europeo” que respete los principios establecidos por los tratados “podrá solicitar el ingreso como miembro de la Unión Europea”.
Sin embargo más allà de los titulares hay que considerar varios aspectos: Uno, los catalanes son ciudadanos europeos, y según los propios tribunales europeos, la ciudadanía no se pierde salvo por renuncia, sea cual sea la buena o mala relación entre los estados. Dos, Cataluña tiene adaptada toda su legislación a la de la Unión Europea. Tres, en Cataluña hay unas 6.000 multinacionales que quieren seguir operando con toda normalidad. Cuatro, de la Unión Europea no se sale fácilmente, el proceso está previsto en el artículo 50 del tratado y debe ser una decisión voluntaria unilateral de quién se quiere separar. Cinco, existen opiniones de técnicos que lo que proponen es la tramitación de un derecho tras*itorio para la readmisión automática de Cataluña como la de Yves Gounin del Consejo de Estado francés o la de Kai-Olaf Lang, asesor del parlamento alemán. Y seis, hoy Catalunya no está representada directamente en ningún organismo de la unión Europea. La representación se realiza a través del Estado español, representación que no atiende normalmente a los intereses de Cataluña como, por ejemplo, en la política agraria común, con el corredor mediterráneo.
¿Podría seguir usando Cataluña el euro si termina siendo, al menos inicialmente, un Estado fuera de la Unión Europea? ¿Estaría obligada a crear una moneda propia? ¿Cuál sería el mecanismo contemplado para hacer frente a esta situación?
No hay ningún agente económico en Europa, ni en el mundo entero tampoco, que tenga interés en que Cataluña no utilice el euro. Para el Banco Central Europeo la secesión de Cataluña es poco más que una modificación de un código postal entre dos territorios. El Banco Central Europeo y la Unión están interesados en la unidad del mercado europeo, en mantener la moneda, el sistema unificado de pagos, en la supervisión de los bancos sistémicos, en garantizar la liquidez… Un estado puede adoptar la moneda que mejor le convenga, pero en Cataluña nadie plantea una opción diferente al euro.
El Banco Central Europeeo tiene un mecanismo, al que el Estado no se podría oponer, como es el acuerdo monetario por el que el nuevo Estado catalán podría utilizar con toda normalidad el euro de la misma manera que lo utiliza Andorra, San Marino, Ciudad el Vaticano, Mónaco y otros países.
En este sentido, algunas voces autorizadas afirman que Cataluña debe olvidarse de entrar de nuevo a la Unión Europea y que debería seguir un modelo similar al suizo. ¿Es esto factible?
La voluntad europea de Cataluña es insobornable, nadie plantea otra opción. Si alguien quiere hacer un ejercicio intelectual, claro que cabrían otras opciones, como la EFTA, que es la forma mediante la cual Suiza está, junto a Islandia, Liechtenstein y Noruega, en el Espacio económico Europeo. Pero el practicismo de la Unión Europea hará que los 30.000 camiones que pasan cada día por La Junquera pasen exactamente igual el dia después del referéndum.
Desde el soberanismo se ha asegurado que una Cataluña independiente se convertiría en la Dinamarca del Mediterráneo. ¿Es esta declaración un brindis al sol o una realidad posible?
Cataluña está haciendo esfuerzos en sectores como la investigación, la biomedicina, la formación, la automoción, la industria agroalimentaria… El día que el modelo económico catalán disponga de un estado emprendedor centrado en la productividad basada en la investigación y el talento, la productividad económica y los beneficios económicos de las empresas pasarán de basarse en salarios bajos a basarse en la eficiencia del sistema. Sí, Cataluña puede ser la Dinamarca del Mediterráneo.
¿Veremos una Cataluña independiente tras el referéndum del 1 de octubre?
Si el pueblo catalán responde afirmativamente a la pregunta del referéndum, el Parlamento y el Gobierno de Cataluña tendrán la legitimidad de las urnas ante España y el resto del mundo para ser un estado independiente.
Fuente: ENTREVISTA. David Ros (Colegio de Economistas de Cataluña): "Para el BCE la independencia es poco más que la modificación de un código postal"
