CEOE afirma que la presión de Hacienda en Castilla y León deslocaliza más empresas que los impuestos

García-Gallardo insiste en que las inspecciones de la Agencia Tributaria «son una sanción en sí misma» para las empresas que impide a Castilla y León «exprimir todo su potencial empresarial»
Imagen de archivo de trabajadores en Renault. ICAL

RICARDO GARCÍA | VALLADOLID30 DE AGOSTO DE 2022, 7:30

La presión que Hacienda ejerce sobre las empresas de Castilla y León provoca que muchas de ellas decidan trasladarse fuera de la Comunidad, principalmente hacia Madrid. Es la advertencia que trasladan desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales en Castilla y León (CEOE), que se suma a la denuncia realizada por el vicepresidente de la Junta para señalar que este constante flujo de inspecciones «provoca más deslocalización que los propios impuestos».

El secretario general de la patronal castellana y leonesa, David Esteban, aseguró ayer en declaraciones a este periódico que la denuncia realizada por García-Gallardo a través de una respuesta por escrito a una pregunta parlamentaria formulada por el PSOE con respecto a unas declaraciones del número dos del ejecutivo autonómico de hace unos meses, no podría estar más en consonancia con lo que los empresarios vienen advirtiendo «desde hace mucho tiempo», aunque se muestran «encantados» de que el número dos del ejecutivo regional la recoja.

• 
  
  El vicepresidente de la Junta critica que la presión de Hacienda a las empresas de Castilla y León triplica a las de Madrid

Esteban confirmó que, tal y como apuntaba García-Gallardo, el número de inspecciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria a las empresas asentadas en Castilla y León es mucho mayor que en Madrid, hasta el triple según el vicepresidente.

En este sentido, desde Ceoe Castilla y León remarcan que cada sociedad recibe aproximadamente un inspección «cada año y medio o dos años», y es por esto que reclaman «una unidad única» que haga que la presión de Hacienda se homogeneice en todo el país. «Queremos igualdad entre comunidades autónomas», demandan.
Por otra parte, Esteban también señala que con cada inspección las empresas tienen que dedicar una serie de recursos para asesorarse, algo que varía mucho en función del tipo de procedimiento para, entre otras cosas, hallar «cómo contestar de la mejor manera posible» a la información solicitada por la AEAT.
Pero más allá de esta advertencia, lo que pide la patronal es que también se tenga en consideración el «ratio de acierto» de todas esas inspecciones. Según señalan, «el 50% los pierde Hacienda», lo que supone que «en una de cada dos el juez decide que no se ha cometido ninguna infracción». Finalmente, también inciden en que lo más apremiante no es avasallar a las empresas con inspecciones casi constantes, si no «ir contra la economía sumergida».
Por su parte, Juan García-Gallardo volvió a hacer declaraciones ayer al respecto de esta cuestión, en las que consideró las inspecciones de Hacienda «una sanción en sí misma» para las empresas debido a la «carga» que supone para estas últimas, aunque acabe sin sanción, por «el hecho de tener a una persona administrativa teniendo que atender los requerimientos documentales y las peticiones de la Agencia Tributaria».
García-Gallardo reiteró, como ya publicó la Agencia Ical, que esto supone «un desincentivo para la instalación y el mantenimiento de empresas en Castilla y León». El vicepresidente incidió de nuevo, en el Centro Especializado de Alto Rendimiento ‘Río Esgueva’ de Valladolid, en que existe «un agravio comparativo» en este aspecto entre Castilla y León y la Comunidad de Madrid, ya que pese a que en la autonomía castellana y leonesa la recaudación fiscal «es menor y hay menos empresas», el nivel relativo de inspectores es mayor, lo que se traduce en «inspecciones de Hacienda con mayor frecuencia» y «una carga» para las actividades.
Por ello, García-Gallardo aseguró que desde la Junta van a seguir señalando a la Agencia Tributaria «dependiente del Gobierno central socialista» para que «dejen de discriminar a Castilla y León en esta materia y dejen de perseguir fiscalmente a las empresas», ante una situación que «además, afecta en particular a las empresas más grandes, que dan un mejor empleo, de más calidad, más estable y mejor retribuido» y que impide al conjunto de la Comunidad «exprimir todo su potencial empresarial».
Te recomendamos

Pues sí. En proporción, en las provincias de CyL hay 4 empresas y 2 inspectores y en Madrid (por ejemplo) hay 5000 empresas y 50 inspectores, así que en CyL se inspeccionan prácticamente cada año.

A eso habría que sumar el privilegio medieval de los fueros vascos y navarros, que son un agravio brutal para todas las regiones de España pero sobre todo para las regiones vecinas a estos territorios.