Alami
Madmaxista
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La Via Catalana rompe estrategias y obliga a los gobiernos a mover ficha
El éxito de la cadena desconcierta a los ministros y descoloca al PSOE
La respuesta catalana: "Para saber dónde está la mayoría, lo mejor es dejar que la gente vote"
La movilización de la Diada presiona al Govern para acelerar la gestión del proceso
García-Margallo: La movilización "ha sido un éxito y el Gobierno tiene que escuchar a la calle"
Sáenz de Santamaría: "El Gobierno ha de velar por las mayorías silenciosas que no se manifiestan"
La conclusión más unánime de partidos, intelectuales, observadores políticos y medios de comunicación después de la movilización sin precedentes que consiguió la Via Catalana cap a la Independència ha sido que el Gobierno español no tiene más remedio que afrontar la situación y mover ficha. La unanimidad se limita a exigir a Mariano Rajoy que reaccione, porque las formas que se proponen de reacción son opuestas por el vértice: frente a los que reclaman diálogo y voluntad de acuerdo, surge la derecha extrema exigiendo medidas de represión contra el soberanismo.
El éxito de la movilización rompe, pues, la estrategia del Gobierno español, que fingía hasta ahora ignorar el asunto; ha descolocado al PSOE, que sigue cerrado en banda a aceptar el derecho a decidir reivindicado por las bases socialistas en Catalunya, y también ha puesto presión al Gobierno de la Generalitat respecto al ritmo de mayor celeridad en el proceso soberanista que se dejó oír en la Diada.
Que la movilización de la Diada ha pillado con el paso cambiado al Gobierno de Rajoy se pudo comprobar con las contradicciones de los ministros en la valoración del acontecimiento y en las reacciones que se proponían. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y sobre todo el ministerio del Interior trataron de minimizar las cifras de asistencia a la Via Catalana. Jorge Fernández Díaz rebajó la cifra de asistentes a 400.000, un dato que resultaría a todas luces insuficiente para cubrir los 480 kilómetros del itinerario de la cadena, sin contar las concentraciones en varias capitales y muy especialmente en Barcelona. En cualquier caso, los organizadores de la Via evitaron entrar en polémica y Carme Forcadell, presidenta de la ANC; el propio conseller de Interior, Ramon Espadaler; el conseller de Presidència, Francesc Homs, y hasta el propio president Mas respondieron políticamente con el mismo argumento: "Para salir de dudas y saber cuánta gente está a favor de la independencia, lo mejor es convocar la consulta y dejar que la gente vote".
Sin embargo, la contradicción más visible la protagonizaron la propia vicepresidenta con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo. Sáenz de Santamaría insinuó que los participantes de la Diada eran una minoría. "El Gobierno -dijo- tiene la obligación de escuchar a todos los españoles y, entre ellos, también a los que se quedan en sus casas, a los que se ha calificado de mayorías silenciosas que tienen derecho a que velemos por sus libertades y también por sus opiniones". En cambio, el ministro de Exteriores admitió que la Via Catalana cap a la Independència fue "un éxito de convocatoria, organización, logística y comunicación". El jefe de la diplomacia española sostuvo que "el Gobierno tiene que escuchar a la calle", aunque advirtiendo que como "la política no se hace en la calle", se debe propiciar un " diálogo entre las instituciones". Margallo no ocultó su tristeza por el hecho de que "una parte de la sociedad catalana no quiera seguir siendo española" y advirtió que "la secesión de Catalunya sería una amputación extraordinariamente dolorosa".
El líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, situó la pelota en el tejado de Rajoy: "El Gobierno es muy aficionado a dejar que el tiempo resuelva los problemas", dijo, pero la delicada situación entre Catalunya y el resto de España sólo empeorará, "y si no se hace nada dentro de un año será aún peor". Rubalcaba interpeló asimismo al presidente de la Generalitat: "Su obligación es encauzar ese sentimiento de forma que no conduzca a Catalunya a una situación sin salida". La idea de Rubalcaba es buscar un pacto entre políticos que dé salida a alguna de las reivindicaciones catalanas que reduzca los apoyos al soberanismo, porque para el líder socialista la consulta y la independencia son lisa y llanamente un imposible político.
Vistas las cosas desde Catalunya, la impresionante movilización del miércoles también afecta a la estrategia del Gobierno catalán. El president Mas mantiene firme su compromiso con la consulta en el 2014 y su esperanza ahora es que el Gobierno español entienda que debe dialogar y cambiar, si no de posición, al menos de actitud. Mas pidió a Rajoy que "abra vías para que el pueblo catalán pueda ser consultado". La negociación requiere tiempo, pero tras la Diada todo son prisas en el movimiento soberanista, empezando por el partido que da estabilidad al Govern, ERC. Marta Rovira, secretaria general, dejó claro que en dos meses ha de haber fecha y pregunta para la consulta. No lo dijo, pero todo el mundo prevé que sin esas condiciones los republicanos no apoyarán los presupuestos. El proceso experimenta, pues, una presión aceleradora en los gobiernos catalán y español, de tal manera que si no llegan pronto a un acuerdo sobre la consulta, no se conoce la alternativa del Gobierno español, mientras que el Gobierno catalán ha advertido con la posibilidad de unas elecciones plebiscitarias para resolver lo que sería un escenario de conflicto en toda regla con el Estado español.
Que todo se está moviendo y que es imposible prever lo que deparará el futuro lo puso de manifiesto ayer la propia Comisión Europea, que se negó a comentar lo ocurrido en Catalunya. La portavoz Pia Ahrenkilde señaló que "no corresponde a la Comisión Europea comentar los acontecimientos de Catalunya y no tiene nada nuevo que decir hoy". Una actitud tan exquisitamente neutral es valorada por la Generalitat, teniendo en cuenta que el único interlocutor de la UE es el Estado español, que, además, ha lanzado una ofensiva diplomática para contrarrestar la atención que ha despertado la cuestión catalana.
Preocupa, por supuesto, al Gobierno español el interés de la prensa internacional por el éxito de la movilización independentista, fenómeno agravado con la negativa imagen que ofreció el ataque terrorista de la extrema derecha a la sede de la Generalitat de Catalunya en Madrid y a la librería Blanquerna. El mismo día que el president Artur Mas reunió a los corresponsales extranjeros para explicarles el catalan way, es decir, "la manera de hacer las cosas a la catalana con democracia, diálogo, legalidad, civismo, espíritu pacífico, amplias mayorías y respeto a las minorías", el grupo fascista usurpó violentamente una supuesta defensa de la españolidad de Catalunya que ayer mismo recibió la condena unánime del Congreso de los Diputados.
La Via Catalana rompe estrategias y obliga a los gobiernos a mover ficha
El éxito de la cadena desconcierta a los ministros y descoloca al PSOE
La respuesta catalana: "Para saber dónde está la mayoría, lo mejor es dejar que la gente vote"
La movilización de la Diada presiona al Govern para acelerar la gestión del proceso
García-Margallo: La movilización "ha sido un éxito y el Gobierno tiene que escuchar a la calle"
Sáenz de Santamaría: "El Gobierno ha de velar por las mayorías silenciosas que no se manifiestan"
La conclusión más unánime de partidos, intelectuales, observadores políticos y medios de comunicación después de la movilización sin precedentes que consiguió la Via Catalana cap a la Independència ha sido que el Gobierno español no tiene más remedio que afrontar la situación y mover ficha. La unanimidad se limita a exigir a Mariano Rajoy que reaccione, porque las formas que se proponen de reacción son opuestas por el vértice: frente a los que reclaman diálogo y voluntad de acuerdo, surge la derecha extrema exigiendo medidas de represión contra el soberanismo.
El éxito de la movilización rompe, pues, la estrategia del Gobierno español, que fingía hasta ahora ignorar el asunto; ha descolocado al PSOE, que sigue cerrado en banda a aceptar el derecho a decidir reivindicado por las bases socialistas en Catalunya, y también ha puesto presión al Gobierno de la Generalitat respecto al ritmo de mayor celeridad en el proceso soberanista que se dejó oír en la Diada.
Que la movilización de la Diada ha pillado con el paso cambiado al Gobierno de Rajoy se pudo comprobar con las contradicciones de los ministros en la valoración del acontecimiento y en las reacciones que se proponían. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y sobre todo el ministerio del Interior trataron de minimizar las cifras de asistencia a la Via Catalana. Jorge Fernández Díaz rebajó la cifra de asistentes a 400.000, un dato que resultaría a todas luces insuficiente para cubrir los 480 kilómetros del itinerario de la cadena, sin contar las concentraciones en varias capitales y muy especialmente en Barcelona. En cualquier caso, los organizadores de la Via evitaron entrar en polémica y Carme Forcadell, presidenta de la ANC; el propio conseller de Interior, Ramon Espadaler; el conseller de Presidència, Francesc Homs, y hasta el propio president Mas respondieron políticamente con el mismo argumento: "Para salir de dudas y saber cuánta gente está a favor de la independencia, lo mejor es convocar la consulta y dejar que la gente vote".
Sin embargo, la contradicción más visible la protagonizaron la propia vicepresidenta con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo. Sáenz de Santamaría insinuó que los participantes de la Diada eran una minoría. "El Gobierno -dijo- tiene la obligación de escuchar a todos los españoles y, entre ellos, también a los que se quedan en sus casas, a los que se ha calificado de mayorías silenciosas que tienen derecho a que velemos por sus libertades y también por sus opiniones". En cambio, el ministro de Exteriores admitió que la Via Catalana cap a la Independència fue "un éxito de convocatoria, organización, logística y comunicación". El jefe de la diplomacia española sostuvo que "el Gobierno tiene que escuchar a la calle", aunque advirtiendo que como "la política no se hace en la calle", se debe propiciar un " diálogo entre las instituciones". Margallo no ocultó su tristeza por el hecho de que "una parte de la sociedad catalana no quiera seguir siendo española" y advirtió que "la secesión de Catalunya sería una amputación extraordinariamente dolorosa".
El líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, situó la pelota en el tejado de Rajoy: "El Gobierno es muy aficionado a dejar que el tiempo resuelva los problemas", dijo, pero la delicada situación entre Catalunya y el resto de España sólo empeorará, "y si no se hace nada dentro de un año será aún peor". Rubalcaba interpeló asimismo al presidente de la Generalitat: "Su obligación es encauzar ese sentimiento de forma que no conduzca a Catalunya a una situación sin salida". La idea de Rubalcaba es buscar un pacto entre políticos que dé salida a alguna de las reivindicaciones catalanas que reduzca los apoyos al soberanismo, porque para el líder socialista la consulta y la independencia son lisa y llanamente un imposible político.
Vistas las cosas desde Catalunya, la impresionante movilización del miércoles también afecta a la estrategia del Gobierno catalán. El president Mas mantiene firme su compromiso con la consulta en el 2014 y su esperanza ahora es que el Gobierno español entienda que debe dialogar y cambiar, si no de posición, al menos de actitud. Mas pidió a Rajoy que "abra vías para que el pueblo catalán pueda ser consultado". La negociación requiere tiempo, pero tras la Diada todo son prisas en el movimiento soberanista, empezando por el partido que da estabilidad al Govern, ERC. Marta Rovira, secretaria general, dejó claro que en dos meses ha de haber fecha y pregunta para la consulta. No lo dijo, pero todo el mundo prevé que sin esas condiciones los republicanos no apoyarán los presupuestos. El proceso experimenta, pues, una presión aceleradora en los gobiernos catalán y español, de tal manera que si no llegan pronto a un acuerdo sobre la consulta, no se conoce la alternativa del Gobierno español, mientras que el Gobierno catalán ha advertido con la posibilidad de unas elecciones plebiscitarias para resolver lo que sería un escenario de conflicto en toda regla con el Estado español.
Que todo se está moviendo y que es imposible prever lo que deparará el futuro lo puso de manifiesto ayer la propia Comisión Europea, que se negó a comentar lo ocurrido en Catalunya. La portavoz Pia Ahrenkilde señaló que "no corresponde a la Comisión Europea comentar los acontecimientos de Catalunya y no tiene nada nuevo que decir hoy". Una actitud tan exquisitamente neutral es valorada por la Generalitat, teniendo en cuenta que el único interlocutor de la UE es el Estado español, que, además, ha lanzado una ofensiva diplomática para contrarrestar la atención que ha despertado la cuestión catalana.
Preocupa, por supuesto, al Gobierno español el interés de la prensa internacional por el éxito de la movilización independentista, fenómeno agravado con la negativa imagen que ofreció el ataque terrorista de la extrema derecha a la sede de la Generalitat de Catalunya en Madrid y a la librería Blanquerna. El mismo día que el president Artur Mas reunió a los corresponsales extranjeros para explicarles el catalan way, es decir, "la manera de hacer las cosas a la catalana con democracia, diálogo, legalidad, civismo, espíritu pacífico, amplias mayorías y respeto a las minorías", el grupo fascista usurpó violentamente una supuesta defensa de la españolidad de Catalunya que ayer mismo recibió la condena unánime del Congreso de los Diputados.
La Via Catalana rompe estrategias y obliga a los gobiernos a mover ficha
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