david53
Madmaxista
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La iniciativa de Sumar, que llega tras repetidos ataques de Sánchez a la prensa, tiene similitudes con la llamada Ley Fraga. Las asociaciones de periodistas critican este intento de "regulación política".
El punto 29, del apartado 5.3.1 (referido a la Cultura), del programa electoral de Yolanda Díaz huele a Ley Fraga. Incluso después de que fuentes cercanas a la vicepresidenta del Gobierno llamaran anoche a los medios de comunicación para asegurar que la redacción de ese punto fue publicada "por error".
En la versión inicial, ese artículo decía lo siguiente: "Aprobación de un Estatuto de la Información y el Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales (CEMA). Elaboraremos un Estatuto de la Información para proteger a los y las profesionales del sector e instaurar un código deontológico que acabe con las informaciones falsas y contemple graves sanciones y expulsión de la carrera periodística a quien manipule y desinforme. Se pondrá en marcha del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) como órgano regulador, supervisor y sancionador del sector".
Sumar había presentado por la mañana su programa para el 23-J, y EL ESPAÑOL y otros medios habían dado a conocer el contenido de ese artículo. Sin embargo, la rectificación se producía pasadas las once y media de la noche. Casi siete horas antes, este periódico había publicado la información: Yolanda Díaz promete "expulsar de la carrera" a los periodistas "que manipulen y desinformen".
Desde Sumar, se explicaba que el fallo se debía a "un error en el proceso de elaboración y tras*cripción del programa". Que, en realidad, lo que había salido impreso, "era una propuesta de un borrador previo que no debía haber llegado al documento definitivo".
Hecha la aclaración, las fuentes del partido de Yolanda Díaz informaban de la nueva redacción del punto 29, que quedaría así: "Aprobación de un Estatuto de la información y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA). Elaboraremos un Estatuto de la información para proteger a los y las profesionales del sector e instaurar un código deontológico. Se pondrá en marcha el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) como órgano regulador y supervisor del sector".
Es decir, queda suprimida la parte que contemplaba la "expulsión" de periodistas. Sin embargo, se trata de una rectificación a medias. En primer lugar, porque mantiene la creación de organismos supervisores de la profesión periodística. Pero también, porque en otro apartado del programa no corregido se piden cambios restrictivos en la normativa sobre libertad de expresión. Y se alude además a la necesidad de crear una ley sobre el derecho a dar y recibir "información veraz" y una revisión de los "delitos de opinión y de repruebo".
En concreto, el punto 5 del apartado 3.2, dedicado a la "Democracia de calidad", dice lo siguiente: "Por la libertad de expresión, contra el uso fraudulento de la información. La libertad de expresión y de comunicación son pilares de la democracia, de manera que necesitamos potenciar la primera y proteger la segunda de usos fraudulentos. En este sentido, proponemos una regulación soft; es decir, promover un debate público que culmine en códigos de buenas prácticas y compromisos de las partes. También nos parece imprescindible explorar algunas vías normativas concretas, como una ley orgánica sobre el derecho a dar y recibir información veraz o la reforma del derecho de rectificación de las informaciones falsas. Y, como hemos de proteger la libertad de expresión, deberemos revisar los delitos de opinión y de repruebo, así como modificar o, en su caso, derogar parcialmente la ley de seguridad ciudadana".
Critícas de FAPE y APM
Preguntado por el programa de Sumar, Miguel Ángel Noceda, de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), cree que los periodistas no necesitan una "regulación política". "Ya tenemos una regulación jurídica. Para eso está el Código Penal, para sancionar cuando se cometen delitos".
Por su parte, Luis Ayllón, portavoz de la Asociación de Periodistas de Madrid (APM) cree que el programa de Sumar "parece un intento de controlar a la prensa". "Lo lógico es que los periodistas controlen a los partidos, y no al revés", añade.
Pese a la rectificación a medias de Sumar, resulta llamativo que en un "borrador previo" se barajase una propuesta que coincide casi milimétricamente con apartados de la llamada Ley Fraga, la norma impulsada en 1966 por el entonces ministro de Información y Turismo de Franco, Manuel Fraga Iribarne.
Aquella ley —que venía a sustituir la legislación impulsada en plena Guerra Civil por Serrano Súñer— incluye medidas muy similares a la que contenía el programa de Sumar. Su artículo 33, por ejemplo, establecía la creación de un Estatuto de la Profesión Periodística que regulase "los requisitos para el ejercicio de tal actividad".
Bajo el apartado llamado Garantía de libertad, dicha ley franquista indicaba que sería la Administración la que garantizase "el ejercicio de las libertades y derechos" que se regulaban en aquel texto. Y se perseguiría "a través de los órganos competentes e incluso por vía judicial, cualquier actividad contraria a aquéllos". "Y, en especial, las que, a través de monopolios u otros medios intenten deformar la opinión pública o impidan la libre información, difusión o distribución".
También diseñaba un Jurado de Ética Profesional para "la vigilancia de sus principios jovenlandesales". Y señalaba "el respeto a la verdad" como una de las "limitaciones" para el ejercicio de la libertad de información, bajo amenaza una "suspensión de la actividad profesional" de los periodistas.
Por su parte, Sumar propone la creación de un Estatuto de la Información "para proteger a los y las profesionales" y la puesta en marcha de un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, que ejerza de "órgano regulador y supervisor del sector".
Jurisprudencia constitucional
Desde hace años, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) combate la aproximación simplista a la idea de verdad periodística que comparten tanto la Ley Fraga como el programa de Sumar.
Reiteradas sentencias de la corte de garantías señala que la Constitución no protege la mera difusión negligente de rumores o invenciones, sino que sólo ampara la información correctamente obtenida y que ha sido después sometida a una comprobación por parte del periodista. Esta labor de contraste es conocida como diligencia profesional.
Es decir, la veracidad, desde una óptica periodística, no supone "una conformación exacta con la realidad fáctica, sino más bien una aproximación que implica un comportamiento adecuado y diligente del profesional de la información", tal y como resumió el profesor de Derecho Constitucional de la URJC Jesús López de Lerma Galán.
Otra manera de explicarlo lleva la firma de Antonio Torres del jovenlandesal. "Si se impusiera la verdad como condición del derecho a informar, la única garantía de seguridad jurídica sería el silencio", señaló este prestigioso catedrático de Derecho Constitucional.
De hecho, la jurisprudencia del TC llega a excusar un error en una información periodística siempre que su autor la haya contrastado y haya actuado con diligencia y no se trata de un "claro menosprecio a la verdad".
Sánchez y la prensa
La propuesta de Sumar se hace pública después de que el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, haya arremetido durante las últimas semanas contra el —a su juicio— exceso de voces conservadores en el debate público.
También se ha presentado en varias entrevistas recientes como víctima de informaciones falsas que sólo buscarían desalojarle de la Moncloa a toda costa. Es más, a finales de mayo, Sánchez avisó a los diputados y senadores del PSOE en un acto en el Congreso, de la "campaña" en su contra por parte de "los grandes medios de comunicación".
"Van a tratar de crispar hasta límites insospechados para que no se escuchen los argumentos con el único empeño de que bajemos los brazos y que desmovilicemos a la mayoría. Desde la posición de dominio que tienen en las grandes empresas, en los grandes medios de comunicación, se va a desatar una campaña aún más feroz, de insultos y de descalificaciones", advirtió.
"Veremos en programas de máxima audiencia a gentes que solo se representan a ellos mismos pontificar e insultar sin derecho a la contestación ni a la réplica. Se van a inventar barbaridades, pero nada es nuevo, porque lo que están haciendo es copiar los métodos de sus maestros norteamericanos", añadió.
Esa tesis la ha seguido desarrollando en la precampaña en varias entrevistas, asegurando, por ejemplo, que "el 90% de los medios" tienen un sesgo conservador y, por tanto, colige, enemigos de la izquierda.
www.elespanol.com
El punto 29, del apartado 5.3.1 (referido a la Cultura), del programa electoral de Yolanda Díaz huele a Ley Fraga. Incluso después de que fuentes cercanas a la vicepresidenta del Gobierno llamaran anoche a los medios de comunicación para asegurar que la redacción de ese punto fue publicada "por error".
En la versión inicial, ese artículo decía lo siguiente: "Aprobación de un Estatuto de la Información y el Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales (CEMA). Elaboraremos un Estatuto de la Información para proteger a los y las profesionales del sector e instaurar un código deontológico que acabe con las informaciones falsas y contemple graves sanciones y expulsión de la carrera periodística a quien manipule y desinforme. Se pondrá en marcha del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) como órgano regulador, supervisor y sancionador del sector".
Sumar había presentado por la mañana su programa para el 23-J, y EL ESPAÑOL y otros medios habían dado a conocer el contenido de ese artículo. Sin embargo, la rectificación se producía pasadas las once y media de la noche. Casi siete horas antes, este periódico había publicado la información: Yolanda Díaz promete "expulsar de la carrera" a los periodistas "que manipulen y desinformen".
Desde Sumar, se explicaba que el fallo se debía a "un error en el proceso de elaboración y tras*cripción del programa". Que, en realidad, lo que había salido impreso, "era una propuesta de un borrador previo que no debía haber llegado al documento definitivo".
Hecha la aclaración, las fuentes del partido de Yolanda Díaz informaban de la nueva redacción del punto 29, que quedaría así: "Aprobación de un Estatuto de la información y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA). Elaboraremos un Estatuto de la información para proteger a los y las profesionales del sector e instaurar un código deontológico. Se pondrá en marcha el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) como órgano regulador y supervisor del sector".
Es decir, queda suprimida la parte que contemplaba la "expulsión" de periodistas. Sin embargo, se trata de una rectificación a medias. En primer lugar, porque mantiene la creación de organismos supervisores de la profesión periodística. Pero también, porque en otro apartado del programa no corregido se piden cambios restrictivos en la normativa sobre libertad de expresión. Y se alude además a la necesidad de crear una ley sobre el derecho a dar y recibir "información veraz" y una revisión de los "delitos de opinión y de repruebo".
En concreto, el punto 5 del apartado 3.2, dedicado a la "Democracia de calidad", dice lo siguiente: "Por la libertad de expresión, contra el uso fraudulento de la información. La libertad de expresión y de comunicación son pilares de la democracia, de manera que necesitamos potenciar la primera y proteger la segunda de usos fraudulentos. En este sentido, proponemos una regulación soft; es decir, promover un debate público que culmine en códigos de buenas prácticas y compromisos de las partes. También nos parece imprescindible explorar algunas vías normativas concretas, como una ley orgánica sobre el derecho a dar y recibir información veraz o la reforma del derecho de rectificación de las informaciones falsas. Y, como hemos de proteger la libertad de expresión, deberemos revisar los delitos de opinión y de repruebo, así como modificar o, en su caso, derogar parcialmente la ley de seguridad ciudadana".
Critícas de FAPE y APM
Preguntado por el programa de Sumar, Miguel Ángel Noceda, de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), cree que los periodistas no necesitan una "regulación política". "Ya tenemos una regulación jurídica. Para eso está el Código Penal, para sancionar cuando se cometen delitos".
Por su parte, Luis Ayllón, portavoz de la Asociación de Periodistas de Madrid (APM) cree que el programa de Sumar "parece un intento de controlar a la prensa". "Lo lógico es que los periodistas controlen a los partidos, y no al revés", añade.
Pese a la rectificación a medias de Sumar, resulta llamativo que en un "borrador previo" se barajase una propuesta que coincide casi milimétricamente con apartados de la llamada Ley Fraga, la norma impulsada en 1966 por el entonces ministro de Información y Turismo de Franco, Manuel Fraga Iribarne.
Aquella ley —que venía a sustituir la legislación impulsada en plena Guerra Civil por Serrano Súñer— incluye medidas muy similares a la que contenía el programa de Sumar. Su artículo 33, por ejemplo, establecía la creación de un Estatuto de la Profesión Periodística que regulase "los requisitos para el ejercicio de tal actividad".
Bajo el apartado llamado Garantía de libertad, dicha ley franquista indicaba que sería la Administración la que garantizase "el ejercicio de las libertades y derechos" que se regulaban en aquel texto. Y se perseguiría "a través de los órganos competentes e incluso por vía judicial, cualquier actividad contraria a aquéllos". "Y, en especial, las que, a través de monopolios u otros medios intenten deformar la opinión pública o impidan la libre información, difusión o distribución".
También diseñaba un Jurado de Ética Profesional para "la vigilancia de sus principios jovenlandesales". Y señalaba "el respeto a la verdad" como una de las "limitaciones" para el ejercicio de la libertad de información, bajo amenaza una "suspensión de la actividad profesional" de los periodistas.
Por su parte, Sumar propone la creación de un Estatuto de la Información "para proteger a los y las profesionales" y la puesta en marcha de un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, que ejerza de "órgano regulador y supervisor del sector".
Jurisprudencia constitucional
Desde hace años, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) combate la aproximación simplista a la idea de verdad periodística que comparten tanto la Ley Fraga como el programa de Sumar.
Reiteradas sentencias de la corte de garantías señala que la Constitución no protege la mera difusión negligente de rumores o invenciones, sino que sólo ampara la información correctamente obtenida y que ha sido después sometida a una comprobación por parte del periodista. Esta labor de contraste es conocida como diligencia profesional.
Es decir, la veracidad, desde una óptica periodística, no supone "una conformación exacta con la realidad fáctica, sino más bien una aproximación que implica un comportamiento adecuado y diligente del profesional de la información", tal y como resumió el profesor de Derecho Constitucional de la URJC Jesús López de Lerma Galán.
Otra manera de explicarlo lleva la firma de Antonio Torres del jovenlandesal. "Si se impusiera la verdad como condición del derecho a informar, la única garantía de seguridad jurídica sería el silencio", señaló este prestigioso catedrático de Derecho Constitucional.
De hecho, la jurisprudencia del TC llega a excusar un error en una información periodística siempre que su autor la haya contrastado y haya actuado con diligencia y no se trata de un "claro menosprecio a la verdad".
Sánchez y la prensa
La propuesta de Sumar se hace pública después de que el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, haya arremetido durante las últimas semanas contra el —a su juicio— exceso de voces conservadores en el debate público.
También se ha presentado en varias entrevistas recientes como víctima de informaciones falsas que sólo buscarían desalojarle de la Moncloa a toda costa. Es más, a finales de mayo, Sánchez avisó a los diputados y senadores del PSOE en un acto en el Congreso, de la "campaña" en su contra por parte de "los grandes medios de comunicación".
"Van a tratar de crispar hasta límites insospechados para que no se escuchen los argumentos con el único empeño de que bajemos los brazos y que desmovilicemos a la mayoría. Desde la posición de dominio que tienen en las grandes empresas, en los grandes medios de comunicación, se va a desatar una campaña aún más feroz, de insultos y de descalificaciones", advirtió.
"Veremos en programas de máxima audiencia a gentes que solo se representan a ellos mismos pontificar e insultar sin derecho a la contestación ni a la réplica. Se van a inventar barbaridades, pero nada es nuevo, porque lo que están haciendo es copiar los métodos de sus maestros norteamericanos", añadió.
Esa tesis la ha seguido desarrollando en la precampaña en varias entrevistas, asegurando, por ejemplo, que "el 90% de los medios" tienen un sesgo conservador y, por tanto, colige, enemigos de la izquierda.
Yolanda Díaz propone en su programa regular la prensa como hacía Franco y luego rectifica a medias
La iniciativa de Sumar, que llega tras repetidos ataques de Sánchez a la prensa, tiene similitudes con la llamada Ley Fraga. Las asociaciones de periodistas critican este intento de "regulación política".
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