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Madmaxista
Cobro del paro 907 euros para que mi inquiokupa (trabajando) y su hija (en la universidad) vivan a costa de lo que mis tres niñas necesitan y yo no se lo puedo dar». Es el cartel con el que Amaya se planta todos los días en el Ayuntamiento de Portugalete (Vizcaya) clamando por una justicia que lleva buscando desde noviembre de 2023, cuando la mujer cubana de 44 años a la que alquiló su piso dejó de pagar la mensualidad sin previo aviso.
Es decir, pasó a ser una inquiokupa. Desde entonces, todo el dinero que cobra del paro va destinado en exclusiva a la hipoteca del piso y al abogado. «No me queda nada», lamenta Amaya en conversación con THE OBJECTIVE. La mujer vive con su progenitora, gravemente enferma, que fue quien hace 19 años pagó el piso con los ahorros que había conseguido tras toda una vida como trabajadora de la limpieza. Vive pendiente de un juicio que no llega, ya que se ha pospuesto en varias ocasiones.
Su inquiokupa ha conseguido paralizar el desahucio dos veces alegando que tenía una intervención quirúrgica. Amaya teme ahora que pueda lograrlo una tercera aferrándose al polémico decreto antidesahucios del Gobierno, en teoría dirigido a personas en situación de vulnerabilidad. «Ella está ahora trabajando, y yo llevo así casi un año en esta situación y ya no puedo más», denuncia.
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Carmen Obregón
Amaya, que no tiene estudios universitarios y ha trabajado desde joven en la hostelería, tiene también hijas (de cinco y seis años, respectivamente) y se encuentra en una situación más vulnerable económicamente que su inquiokupa. «Entró el 15 de diciembre de 2022, y desde el primer día tardaba pagarme. Los últimos cuatro meses tuvo que hacerlo su empleador. Ella sabía que soy mileurista, que vivo al día y necesito el dinero para pagar la hipoteca. La ofrecí el piso a 650 euros cuando está tasado en 800/900. No haya derecho», denuncia.
Es decir, pasó a ser una inquiokupa. Desde entonces, todo el dinero que cobra del paro va destinado en exclusiva a la hipoteca del piso y al abogado. «No me queda nada», lamenta Amaya en conversación con THE OBJECTIVE. La mujer vive con su progenitora, gravemente enferma, que fue quien hace 19 años pagó el piso con los ahorros que había conseguido tras toda una vida como trabajadora de la limpieza. Vive pendiente de un juicio que no llega, ya que se ha pospuesto en varias ocasiones.
Su inquiokupa ha conseguido paralizar el desahucio dos veces alegando que tenía una intervención quirúrgica. Amaya teme ahora que pueda lograrlo una tercera aferrándose al polémico decreto antidesahucios del Gobierno, en teoría dirigido a personas en situación de vulnerabilidad. «Ella está ahora trabajando, y yo llevo así casi un año en esta situación y ya no puedo más», denuncia.
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Ayuntamiento de Portugalete
Desesperada, y sin haber conseguido ser escuchada por las autoridades municipales, ha decidido acudir a la puerta del consistorio portugalujo. Este mismo lunes, cuenta, se encontró con la alcaldesa socialista, María José Blanco Gavieiro, que se detuvo con curiosidad a leer el letrero. «Tuvo buenas palabras y me dijo que iba a mandar a los Servicios Sociales a hablar conmigo, pero he estado toda la mañana y no ha venido nadie», se queja amargamente a este medio.Amaya, que no tiene estudios universitarios y ha trabajado desde joven en la hostelería, tiene también hijas (de cinco y seis años, respectivamente) y se encuentra en una situación más vulnerable económicamente que su inquiokupa. «Entró el 15 de diciembre de 2022, y desde el primer día tardaba pagarme. Los últimos cuatro meses tuvo que hacerlo su empleador. Ella sabía que soy mileurista, que vivo al día y necesito el dinero para pagar la hipoteca. La ofrecí el piso a 650 euros cuando está tasado en 800/900. No haya derecho», denuncia.
