El Pionero
Alcalde y presidente de Fútbol Paco premium
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de León acaba de reconocer con una indemnización de 150.000 euros a H.T.M., un funcionario de 66 años del Ayuntamiento de León. En concreto, el tribunal le otorga esta cantidad por daños y perjuicios debido a «una excesiva sobrecarga laboral que soportó durante años«. El fallo establece que H.T.M. se vio obligado a asumir las tareas de hasta tres empleados, lo que le causó un perjuicio grave a lo largo del tiempo.
La sobrecarga comenzó en 2014, cuando H.T.M., abogado del área jurídica del Ayuntamiento con más de cuatro décadas de servicio, se quedó sin el apoyo necesario tras la baja indefinida de uno de sus compañeros, cuya plaza nunca fue cubierta tras su fallecimiento, según cuenta El País. El equipo de tres abogados quedó reducido a dos, pero entre 2016 y 2019 la situación empeoró cuando el otro letrado del departamento también tuvo largas ausencias por enfermedad sin ser sustituido. Finalmente, en 2020, ese compañero pasó a servicios especiales y su puesto fue cubierto de forma temporal sólo por ocho meses. Así, durante gran parte del periodo entre 2014 y 2022, H.T.M. trabajó solo, y enfrentó una carga que normalmente sería asumida por tres personas.
En 2022, tras dos meses de baja por salud, la situación llevó al Ayuntamiento a contratar a dos letrados interinos que hoy, junto a H.T.M., continúan en sus puestos. Sin embargo, la sentencia destaca que la «inacción» del Ayuntamiento y su negativa a contratar sustitutos generaron un perjuicio continuado y que se trata de un claro caso de «daños continuados».
El juez del caso responsabiliza directamente al Ayuntamiento y señala que, a lo largo de los años, H.T.M. informó de forma verbal y por escrito a los responsables de recursos humanos sobre la situación sin recibir una respuesta adecuada. La sentencia también subraya que esta sobrecarga laboral afectó la salud y seguridad del trabajador, y vulneró su derecho a la protección en el ámbito laboral, un deber recogido en la Constitución española.
Pese a que H.T.M. presentó una reclamación más elevada, la indemnización fue calculada teniendo en cuenta los salarios y complementos de las vacantes no cubiertas, aunque se han excluido ciertos pagos por productividad. No obstante, el funcionario sigue insatisfecho, ya que considera que la cifra otorgada, que asciende a unos 150.000 euros, es menos de la mitad de lo solicitado. Según él, este fallo beneficia en exceso al Ayuntamiento, que ahorró dinero al no cubrir las plazas durante años.
H.T.M. también está disgustado por la forma en que el Ayuntamiento respondió a su demanda. El Consistorio alegó que el funcionario asumió de manera voluntaria la carga de trabajo, algo que él niega rotundamente. Explica que no tenía otra opción, ya que su trabajo incluye cumplir con plazos judiciales y otras responsabilidades que no pueden ser pospuestas sin comprometer la defensa legal del Ayuntamiento.
Aunque el fallo judicial le ha sido favorable, el Ayuntamiento ha recurrido la sentencia, por lo que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León deberá pronunciarse en los próximos meses. Se estima que este proceso podría durar hasta diez meses más, por lo que el desenlace definitivo todavía está por verse.
La sobrecarga comenzó en 2014, cuando H.T.M., abogado del área jurídica del Ayuntamiento con más de cuatro décadas de servicio, se quedó sin el apoyo necesario tras la baja indefinida de uno de sus compañeros, cuya plaza nunca fue cubierta tras su fallecimiento, según cuenta El País. El equipo de tres abogados quedó reducido a dos, pero entre 2016 y 2019 la situación empeoró cuando el otro letrado del departamento también tuvo largas ausencias por enfermedad sin ser sustituido. Finalmente, en 2020, ese compañero pasó a servicios especiales y su puesto fue cubierto de forma temporal sólo por ocho meses. Así, durante gran parte del periodo entre 2014 y 2022, H.T.M. trabajó solo, y enfrentó una carga que normalmente sería asumida por tres personas.
En 2022, tras dos meses de baja por salud, la situación llevó al Ayuntamiento a contratar a dos letrados interinos que hoy, junto a H.T.M., continúan en sus puestos. Sin embargo, la sentencia destaca que la «inacción» del Ayuntamiento y su negativa a contratar sustitutos generaron un perjuicio continuado y que se trata de un claro caso de «daños continuados».
El juez del caso responsabiliza directamente al Ayuntamiento y señala que, a lo largo de los años, H.T.M. informó de forma verbal y por escrito a los responsables de recursos humanos sobre la situación sin recibir una respuesta adecuada. La sentencia también subraya que esta sobrecarga laboral afectó la salud y seguridad del trabajador, y vulneró su derecho a la protección en el ámbito laboral, un deber recogido en la Constitución española.
Pese a que H.T.M. presentó una reclamación más elevada, la indemnización fue calculada teniendo en cuenta los salarios y complementos de las vacantes no cubiertas, aunque se han excluido ciertos pagos por productividad. No obstante, el funcionario sigue insatisfecho, ya que considera que la cifra otorgada, que asciende a unos 150.000 euros, es menos de la mitad de lo solicitado. Según él, este fallo beneficia en exceso al Ayuntamiento, que ahorró dinero al no cubrir las plazas durante años.
H.T.M. también está disgustado por la forma en que el Ayuntamiento respondió a su demanda. El Consistorio alegó que el funcionario asumió de manera voluntaria la carga de trabajo, algo que él niega rotundamente. Explica que no tenía otra opción, ya que su trabajo incluye cumplir con plazos judiciales y otras responsabilidades que no pueden ser pospuestas sin comprometer la defensa legal del Ayuntamiento.
Aunque el fallo judicial le ha sido favorable, el Ayuntamiento ha recurrido la sentencia, por lo que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León deberá pronunciarse en los próximos meses. Se estima que este proceso podría durar hasta diez meses más, por lo que el desenlace definitivo todavía está por verse.
