En Febrero de 1791 se marca una diferencia bastante grande entre sacerdotes juramentados o constituyentes, y los refractarios o no juramentados quienes no aceptan lo estipulado en la constitución y se manifiestan de diversas maneras tanto en los ritos religiosos como con actos incluso irreligiosos, satánicos o de descristianización. Todos aquellos sacerdotes que no aceptaran el juramento se consideraban fuera de su cargo, por el contrario los juramentados eran considerados como funcionarios del Estado. El proceso de juramentación tuvo ciertas particularidades; algunos curas aceptaron el juramento por miedo a que su falta al Estado les produjera incursiones en lo político o espiritual, otros luego de haberse juramentado se lamentaban de su decisión pues no comparten del proceso del que son parte y otros son excluidos u obligados a juramentarse en contra de su voluntad, viéndose incluso envueltos en grandes problemas sociales. Por otro lado, otros clérigos muy convencidos de sus actos defendían sus posiciones y poco a poco la rivalidad entre refractarios y juramentados se fue convirtiendo en toda una guerra.
A partir del 29 de noviembre de 1791, un decreto de la Asamblea Legislativa (la cual no estuvo vigente por mucho tiempo) extiende la obligación del juramento a todos los eclesiásticos , incluso a los que no están al servicio y pago del Estado. Un años más tarde, en agosto de 1792 se les exige a los sacerdotes un nuevo juramento sobre la nación (“Juro ser fiel a la Nación y mantener la libertad y la igualdad, o morir defendiéndola”), al que algunos pese a estar en contra de la Constitución Civil del Clero, aceptan pronunciarlo. Los que se niegan son enviados a prisión y en setiembre gran parte son asesinados.
