melchor rodriguez
Madmaxista
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El ayuntamiento como un polígono industrial expropia y urbaniza suelo (sobre todo en la periferia) pero en este caso para viviendas en régimen de alquiler.
A cambio, fundaciones privadas y públicas mediante concurso público construyen y gestionen las viviendas en régimen de alquiler por una concesión administrativa de 99 años (cuando vence vuelve la titularidad al ayuntamiento).
Las fundaciones que gestionen el parque de viviendas no pueden superar la renta del alquiler (incluida gasto de la comunidad y el alquiler del aparcamiento) los 7 euros por metro cuadrado a los alquilinos. Sólo puede subir el límite si justifican los optantes a las parcelas públicas que han subido los costes de edificación y de financiación tanto que peligran su existencia. Debe autorizarlo el ente local que supervise estos parques de vivienda.
Las edificaciones serían de tipo en bloque o en formato torre y serían de uso mixto. Además de viviendas protegidas habría oficinas y locales comerciales que tendrán el mismo límite que las viviendas al pagar el alquiler.
Con una política de colaboración púbiica y privada el ayuntamiento con pocos recursos públicos económicos (el coste de expropiar y urbanizar las parcelas) con ayuda de la iniciativa privada por parte de fundaciones (sin ánimo de lucro) puede construir decenas de miles de viviendas protegidas en régimen de alquiler limitando el precio.
La clave es que las autonomías (con mejores recursos económicos) apoyasen los ayuntamientos y ésta tipología de vivienda protegida en régimen de alquiler sea uno de los mayores tenedores del mercado. Marque el precio de referencia.
Tiene sus pros y sus contras. Pero falta voluntad política (como de consenso) y hay que esperar quinquenios para ver sus resultados. Sobre todo, cuando los primeros bloques acaben de pagar los créditos bancarios para construirlos y puedan, sustancialmente, reducir la cuota total del alquiler.
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A cambio, fundaciones privadas y públicas mediante concurso público construyen y gestionen las viviendas en régimen de alquiler por una concesión administrativa de 99 años (cuando vence vuelve la titularidad al ayuntamiento).
Las fundaciones que gestionen el parque de viviendas no pueden superar la renta del alquiler (incluida gasto de la comunidad y el alquiler del aparcamiento) los 7 euros por metro cuadrado a los alquilinos. Sólo puede subir el límite si justifican los optantes a las parcelas públicas que han subido los costes de edificación y de financiación tanto que peligran su existencia. Debe autorizarlo el ente local que supervise estos parques de vivienda.
Las edificaciones serían de tipo en bloque o en formato torre y serían de uso mixto. Además de viviendas protegidas habría oficinas y locales comerciales que tendrán el mismo límite que las viviendas al pagar el alquiler.
Con una política de colaboración púbiica y privada el ayuntamiento con pocos recursos públicos económicos (el coste de expropiar y urbanizar las parcelas) con ayuda de la iniciativa privada por parte de fundaciones (sin ánimo de lucro) puede construir decenas de miles de viviendas protegidas en régimen de alquiler limitando el precio.
La clave es que las autonomías (con mejores recursos económicos) apoyasen los ayuntamientos y ésta tipología de vivienda protegida en régimen de alquiler sea uno de los mayores tenedores del mercado. Marque el precio de referencia.
Tiene sus pros y sus contras. Pero falta voluntad política (como de consenso) y hay que esperar quinquenios para ver sus resultados. Sobre todo, cuando los primeros bloques acaben de pagar los créditos bancarios para construirlos y puedan, sustancialmente, reducir la cuota total del alquiler.
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