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EDITORIAL
Esto es traición
Sánchez sitúa a España al borde del colapso institucional con un acto de traición constitucional que debe tener una respuesta legal, social y política
09/11/2023 Actualizada 12:25
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Todo lo que va a facilitar la investidura de Pedro Sánchez es ilegal, indecente, contraproducente o todo a la vez, empezando ya por las formas: es simplemente inadmisible que un acuerdo de estas características se rubrique y presente en el extranjero, de la mano de un prófugo de la Justicia al que se le rinde pleitesía por un interés privativo del PSOE que nada tiene que ver con los intereses ni los derechos de España y de sus ciudadanos.
Sánchez impulsa un acuerdo que es, a la vez, una rendición del Estado de derecho y de la propia democracia, humillados por un dirigente sin escrúpulos ni líneas rojas que lo sacrifica todo por un objetivo personal fraudulento: las negociaciones parlamentarias tienen límites, además de barreras jovenlandesales, y nunca deben incluir las burdas concesiones que Sánchez sin embargo impulsa siempre.
El mejor ejemplo de esto es Feijóo, que ganó sobradamente las elecciones generales pero no gobernará por negarse a sondear los pactos que su rival sí ha suscrito, con un desprecio infinito a la legalidad, al honor de los españoles y a las funestas consecuencias que va a tener.
Porque no solo se amnistía a delincuentes, sino que se tras*forma sus delitos y aspiraciones en derechos, que irán imponiendo ante la certeza de que el Gobierno dependerá de ellos y no tendrá otra opción que asumir una agenda anticonstitucional para subsistir a duras penas.
Sánchez ha amnistiado la independencia, en Cataluña o el País Vasco, y ha convertido a España en rehén de sus enemigos, cuya legitimación política abre el camino de la legalización de sus aspiraciones, irrelevantes en términos electorales pero decisivas en la aritmética del PSOE.
Nunca un partido había traicionado tanto al sistema al que se debe, y nunca un aspirante a presidente había caído tan bajo, por mucho que su poderosa maquinaria de propaganda quiera convertir este insoportable ejercicio de sumisión en un esfuerzo de pacificación imposible: los beneficiarios de las medidas las interpretan como una invitación a alcanzar sus metas, y no como una medida de gracia a cambio de su claudicación.
Lo único que va a conseguir Sánchez, aparte de satisfacer su infinita codicia, es tensar las costuras constitucionales de España, dividir a la sociedad, alterar la convivencia y añadir a la galopante crisis económica otra institucional de efectos inquietantes.
Porque España ha sabido defenderse siempre de sus enemigos, sea el independentismo radical o el terrorismo identitario, pero nunca ha tenido que aprender a hacerlo de quien, teóricamente, debía ser el gran custodio de sus derechos y esperanzas.
Calificar de traición todo lo que Sánchez está haciendo para conservar el poder no es ya una metáfora editorial. Es una evidencia incontestable que obliga a los ciudadanos, a las instituciones nacionales y europeas autónomas y a la disidencia política y mediática constitucional a aprender nuevos métodos de defensa desde el orden vigente, en su nombre y con sus limites pacíficos, democráticos y a la vez contundentes.
Porque es intolerable constatar que el mayor peligro público que tiene España, muy por encima del separatismo residual, esté al frente de un Gobierno implacable contra la Constitución y sumiso con quienes quieren demolerla y a este paso van a lograrlo con su ayuda.
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Todo lo que va a facilitar la investidura de Pedro Sánchez es ilegal, indecente, contraproducente o todo a la vez, empezando ya por las formas: es simplemente inadmisible que un acuerdo de estas características se rubrique y presente en el extranjero, de la mano de un prófugo de la Justicia al que se le rinde pleitesía por un interés privativo del PSOE que nada tiene que ver con los intereses ni los derechos de España y de sus ciudadanos.
Sánchez impulsa un acuerdo que es, a la vez, una rendición del Estado de derecho y de la propia democracia, humillados por un dirigente sin escrúpulos ni líneas rojas que lo sacrifica todo por un objetivo personal fraudulento: las negociaciones parlamentarias tienen límites, además de barreras jovenlandesales, y nunca deben incluir las burdas concesiones que Sánchez sin embargo impulsa siempre.
El mejor ejemplo de esto es Feijóo, que ganó sobradamente las elecciones generales pero no gobernará por negarse a sondear los pactos que su rival sí ha suscrito, con un desprecio infinito a la legalidad, al honor de los españoles y a las funestas consecuencias que va a tener.
Porque no solo se amnistía a delincuentes, sino que se tras*forma sus delitos y aspiraciones en derechos, que irán imponiendo ante la certeza de que el Gobierno dependerá de ellos y no tendrá otra opción que asumir una agenda anticonstitucional para subsistir a duras penas.
Sánchez ha amnistiado la independencia, en Cataluña o el País Vasco, y ha convertido a España en rehén de sus enemigos, cuya legitimación política abre el camino de la legalización de sus aspiraciones, irrelevantes en términos electorales pero decisivas en la aritmética del PSOE.
Nunca un partido había traicionado tanto al sistema al que se debe, y nunca un aspirante a presidente había caído tan bajo, por mucho que su poderosa maquinaria de propaganda quiera convertir este insoportable ejercicio de sumisión en un esfuerzo de pacificación imposible: los beneficiarios de las medidas las interpretan como una invitación a alcanzar sus metas, y no como una medida de gracia a cambio de su claudicación.
Lo único que va a conseguir Sánchez, aparte de satisfacer su infinita codicia, es tensar las costuras constitucionales de España, dividir a la sociedad, alterar la convivencia y añadir a la galopante crisis económica otra institucional de efectos inquietantes.
Porque España ha sabido defenderse siempre de sus enemigos, sea el independentismo radical o el terrorismo identitario, pero nunca ha tenido que aprender a hacerlo de quien, teóricamente, debía ser el gran custodio de sus derechos y esperanzas.
Calificar de traición todo lo que Sánchez está haciendo para conservar el poder no es ya una metáfora editorial. Es una evidencia incontestable que obliga a los ciudadanos, a las instituciones nacionales y europeas autónomas y a la disidencia política y mediática constitucional a aprender nuevos métodos de defensa desde el orden vigente, en su nombre y con sus limites pacíficos, democráticos y a la vez contundentes.
Porque es intolerable constatar que el mayor peligro público que tiene España, muy por encima del separatismo residual, esté al frente de un Gobierno implacable contra la Constitución y sumiso con quienes quieren demolerla y a este paso van a lograrlo con su ayuda.
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