A seguridad tiene derecho cualquier persona, pero pública, solo la tienen ciertas personas. Una norma establece que una serie de cargos, como miembros del gobierno, jefe de la oposición o ex-presidentes del gobierno, entre otros, dispongan de ese dispositivo.
A otros se les concede, previa solicitud, si un análisis de riesgo concluye que hay una amenaza real sobre esa persona. Se hace una evaluación del riesgo que tiene cada persona.
Si no hubiera me gusta la fruta que lo ponen en riesgo, no tendría derecho a seguridad.