La Ley de Memoria Histórica del PSOE, que aboga por la quema de libros y la censura de prensa, será aprobada esta legislatura
El proyecto de Ley de Memoria Histórica del PSOE, que aboga por la censura del pensamiento conservador, que propone penas de prisión para quienes se atrevan a cuestionar los planteamientos históricos permitidos por la extrema-izquierda y que apuesta por el encarcelamiento de escritores y periodistas díscolos, será aprobada a lo largo de esta legislatura. Así lo ha confirmado el secretario de Justicia socialista, Andrés Perdió, que ha afirmado que "posiblemente, en lo que queda de legislatura, tendremos una nueva ley de memoria histórica”.
El secretario de Justicia y Nuevos Derechos del PSOE ha indicado que la nueva ley recogerá que "las exhumaciones tendrán que ser políticas públicas, se planteará la nulidad de todos los juicios del franquismo, se dará solución a la situación del Valle de los Caídos y se prohibirá la apología del franquismo y del fascismo para equipararnos a los democracias europeas más consolidadas porque una nación demuestra su decencia cuando trata bien a sus muertos, y tenemos una deuda histórica con los muertos y con sus familias”.
Concretamente, y como ya adelantó en su momento La Tribuna del País Vasco, la nueva Ley de Memoria Histórica del PSOE se construirá sobre varios elementos fundamentales: Adoctrinamiento ideológico en las escuelas y universidades para hacer “comprender” a niños y jóvenes todos los males que se derivaron de la Guerra Civil y del franquismo; censura férrea a los medios de comunicación (penas de guandoca incluidas) para evitar que éstos traten de plantear posturas críticas con la lectura “oficial” que "ha de hacerse" del pasado más reciente de España; ruptura de la propiedad privada y expropiaciones de terrenos particulares si éstas son necesarias para hallar enterramientos de la Guerra Civil y, por supuesto, aprobación de una nueva normativa de símbolos que anule gran parte del siglo XX español y que suma en el más profundo olvido casi seis décadas de nuestra historia.
La propuesta de la extrema izquierda socialista, que por supuesto no dice nada de la ilegalidad democrática en la que se declaró la II República y que obvia cualquier crítica a la dictadura roja de socialistas, comunistas y anarquistas que desembocó en el levantamiento del 18 de julio de 1936, atemoriza por su agresividad doctrinaria, por su fanatismo intelectual, su ignorancia histórica y, sobre todo, por su carga censora y dictatorial.
Este objetivo integrista y retrógrado de la propuesta legislativa de los socialistas subyace a lo largo de todo el articulado de la norma, pero llega a su grado máximo de expresión en los apartados que hacen referencia a controlar a quienes “públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al repruebo, hostilidad, discriminación o violencia contra las víctimas de la Guerra Civil Española y del franquismo por su condición como tales” (…) “Quienes produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para fomentar, promover, o incitar directa o indirectamente al repruebo, hostilidad, discriminación o violencia contra las víctimas de la Guerra Civil Española o del franquismo por su condición como tales”. Para estas personas u organizaciones, el PSOE pide cuatro años de prisión, y además, la demanda de guandoca se extiende especialmente a quienes lleven a cabo estos hechos “a través de un medio de comunicación social, por medio de internet o mediante el uso de tecnologías de la información, de modo que, aquel se hiciera accesible a un elevado número de personas”.
Y, por si quedara alguna duda de la voluntad liberticida del PSOE, la propuesta de ley de este partido, firmada por Margarita Robles, exige a los jueces “la destrucción, borrado o inutilización de los libros, archivos, documentos, artículos y cualquier clase de soporte objeto del delito a que se refieren los apartados anteriores o por medio de los cuales se hubiera cometido. Cuando el delito se hubiera cometido a través de tecnologías de la información y la comunicación, se acordará la retirada de los contenidos. En los casos en los que, a través de un portal de acceso a internet o servicio de la sociedad de la información, se difundan exclusiva o preponderantemente los contenidos a que se refiere el apartado anterior, se ordenará el bloqueo del acceso o la interrupción de la prestación del mismo”.
Sera la verdad según Sánchez y Robles (santos y mártires)
La Ley de Memoria Histórica del PSOE, que aboga por la quema de libros y la censura de prensa, será aprobada esta legislatura
El proyecto de Ley de Memoria Histórica del PSOE, que aboga por la censura del pensamiento conservador, que propone penas de prisión para quienes se atrevan a cuestionar los planteamientos históricos permitidos por la extrema-izquierda y que apuesta por el encarcelamiento de escritores y periodistas díscolos, será aprobada a lo largo de esta legislatura. Así lo ha confirmado el secretario de Justicia socialista, Andrés Perdió, que ha afirmado que "posiblemente, en lo que queda de legislatura, tendremos una nueva ley de memoria histórica”.
El secretario de Justicia y Nuevos Derechos del PSOE ha indicado que la nueva ley recogerá que "las exhumaciones tendrán que ser políticas públicas, se planteará la nulidad de todos los juicios del franquismo, se dará solución a la situación del Valle de los Caídos y se prohibirá la apología del franquismo y del fascismo para equipararnos a los democracias europeas más consolidadas porque una nación demuestra su decencia cuando trata bien a sus muertos, y tenemos una deuda histórica con los muertos y con sus familias”.
Concretamente, y como ya adelantó en su momento La Tribuna del País Vasco, la nueva Ley de Memoria Histórica del PSOE se construirá sobre varios elementos fundamentales: Adoctrinamiento ideológico en las escuelas y universidades para hacer “comprender” a niños y jóvenes todos los males que se derivaron de la Guerra Civil y del franquismo; censura férrea a los medios de comunicación (penas de guandoca incluidas) para evitar que éstos traten de plantear posturas críticas con la lectura “oficial” que "ha de hacerse" del pasado más reciente de España; ruptura de la propiedad privada y expropiaciones de terrenos particulares si éstas son necesarias para hallar enterramientos de la Guerra Civil y, por supuesto, aprobación de una nueva normativa de símbolos que anule gran parte del siglo XX español y que suma en el más profundo olvido casi seis décadas de nuestra historia.
La propuesta de la extrema izquierda socialista, que por supuesto no dice nada de la ilegalidad democrática en la que se declaró la II República y que obvia cualquier crítica a la dictadura roja de socialistas, comunistas y anarquistas que desembocó en el levantamiento del 18 de julio de 1936, atemoriza por su agresividad doctrinaria, por su fanatismo intelectual, su ignorancia histórica y, sobre todo, por su carga censora y dictatorial.
Este objetivo integrista y retrógrado de la propuesta legislativa de los socialistas subyace a lo largo de todo el articulado de la norma, pero llega a su grado máximo de expresión en los apartados que hacen referencia a controlar a quienes “públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al repruebo, hostilidad, discriminación o violencia contra las víctimas de la Guerra Civil Española y del franquismo por su condición como tales” (…) “Quienes produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para fomentar, promover, o incitar directa o indirectamente al repruebo, hostilidad, discriminación o violencia contra las víctimas de la Guerra Civil Española o del franquismo por su condición como tales”. Para estas personas u organizaciones, el PSOE pide cuatro años de prisión, y además, la demanda de guandoca se extiende especialmente a quienes lleven a cabo estos hechos “a través de un medio de comunicación social, por medio de internet o mediante el uso de tecnologías de la información, de modo que, aquel se hiciera accesible a un elevado número de personas”.
Y, por si quedara alguna duda de la voluntad liberticida del PSOE, la propuesta de ley de este partido, firmada por Margarita Robles, exige a los jueces “la destrucción, borrado o inutilización de los libros, archivos, documentos, artículos y cualquier clase de soporte objeto del delito a que se refieren los apartados anteriores o por medio de los cuales se hubiera cometido. Cuando el delito se hubiera cometido a través de tecnologías de la información y la comunicación, se acordará la retirada de los contenidos. En los casos en los que, a través de un portal de acceso a internet o servicio de la sociedad de la información, se difundan exclusiva o preponderantemente los contenidos a que se refiere el apartado anterior, se ordenará el bloqueo del acceso o la interrupción de la prestación del mismo”.
Sera la verdad según Sánchez y Robles (santos y mártires)
La Ley de Memoria Histórica del PSOE, que aboga por la quema de libros y la censura de prensa, será aprobada esta legislatura
