Tensión. Los gobiernos central y vasco dan versiones opuestas sobre cuál fue la administración que en 2018 planteó primero su uso para acoger pagapensiones
de derechasda de la antigua clínica Arana de Vitoria, donde se ubicaría el centro de refugiados. /
Verano de 2018. España vive una de las mayores crisis migratorias de los últimos años. Solo entre el 1 de junio y finales de julio llegan a las costas de Andalucía y Canarias, principalmente, más de 11.000 personas. Se convierte en el mayor destino de recepción de pagapensiones de Europa, por encima de Italia y Grecia. Ante la saturación de las instalaciones en las provincias del sur, empiezan a fletarse autobuses para trasladar a los recién llegados a otras comunidades. Entre ellas, Euskadi. «Aquello fue un caos que nos desbordó a todos», recuerda en declaraciones a EL CORREO Jesús Loza, que acababa de ser nombrado delegado del Gobierno en Euskadi tras la llegada al poder de Pedro Sánchez. Su toma de posesión se produjo el 26 de junio, el mismo día que en La Moncloa se reunían por primera vez el nuevo presidente e Iñigo Urkullu. Fue en este contexto de urgencia donde surgió la posibilidad de utilizar el edificio de la antigua clínica Arana de Vitoria.
Es hasta aquí donde coinciden las versiones de los gobiernos central y vasco. Pero, a partir de ahí, las explicaciones sobre lo que sucedió se distancian en un punto que dentro de la polémica que ha estallado estos días adquiere una importancia simbólica: quién le ofreció a quién el edificio.
Loza lo tiene claro. «El que nos llamó fue el Gobierno vasco». Y lo hizo, además, el mismo día en que tomó posesión en la sede de la Delegación en Vitoria, a escasos metros de Ajuria Enea. De aquellos días, el excargo socialista -hoy jubilado- recuerda la colaboración entre todas las instituciones «para resolver aquel problemón». Pero insiste en que la idea surgió del Ejecutivo de Iñigo Urkullu. «Yo hablaba todos los días con Jonan Fernández», en ese momento secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno vasco. «Al menos hasta agosto, luego tomó el relevo Beatriz Artolazabal», consejera de Empleo y Políticas Sociales en 2018.
«Ellos nos pidieron si podrían utilizar la clínica Arana y yo no le vi problema. Se lo trasladé a la gente de Tesorería y me dijeron que no había ningún obstáculo, que se podía realizar una cesión entre administraciones». Y fue ahí, según Loza, donde surgieron los problemas. «El edificio estaba como estaba y necesitaba una inversión. Y ellos se negaron porque no querían meter dinero en una instalación que no era de su propiedad. Y lo puedo entender. La cosa quedó ahí y se buscaron otras opciones en Bilbao, Vitoria, San Sebastián, Irún...».
Con aluminosis
Pero esta versión choca, sobre todo en el punto de partida, con la del Ejecutivo de Vitoria. Artolazabal afirmó ayer, por el contrario, que la habilitación de este inmueble fue una «oferta» trasladada por Loza, que fue rechazada porque las características del edificio «no son acordes a un modelo individualizado e integrador» y porque el inmueble está afectado por «aluminosis».
Las antiguas instalaciones de la clínica Arana fueron visitadas por Monika Hernando y una representante de CEAR. Según el gabinete de Urkullu, al ver que las instalaciones no eran las adecuadas se abrió otro albergue en Oñati, que sigue operativo a día de hoy. El Gobierno Sánchez habría ofrecido en una segunda ocasión el edificio de Vitoria para acoger migrantes en tránsito, «pero volvió a rechazarse». Al menos, según el Ejecutivo vasco. Pero Loza insiste: «Eso no es correcto. Quienes nos lo pidieron fueron ellos».
de derechasda de la antigua clínica Arana de Vitoria, donde se ubicaría el centro de refugiados. /
Verano de 2018. España vive una de las mayores crisis migratorias de los últimos años. Solo entre el 1 de junio y finales de julio llegan a las costas de Andalucía y Canarias, principalmente, más de 11.000 personas. Se convierte en el mayor destino de recepción de pagapensiones de Europa, por encima de Italia y Grecia. Ante la saturación de las instalaciones en las provincias del sur, empiezan a fletarse autobuses para trasladar a los recién llegados a otras comunidades. Entre ellas, Euskadi. «Aquello fue un caos que nos desbordó a todos», recuerda en declaraciones a EL CORREO Jesús Loza, que acababa de ser nombrado delegado del Gobierno en Euskadi tras la llegada al poder de Pedro Sánchez. Su toma de posesión se produjo el 26 de junio, el mismo día que en La Moncloa se reunían por primera vez el nuevo presidente e Iñigo Urkullu. Fue en este contexto de urgencia donde surgió la posibilidad de utilizar el edificio de la antigua clínica Arana de Vitoria.
Es hasta aquí donde coinciden las versiones de los gobiernos central y vasco. Pero, a partir de ahí, las explicaciones sobre lo que sucedió se distancian en un punto que dentro de la polémica que ha estallado estos días adquiere una importancia simbólica: quién le ofreció a quién el edificio.
Loza lo tiene claro. «El que nos llamó fue el Gobierno vasco». Y lo hizo, además, el mismo día en que tomó posesión en la sede de la Delegación en Vitoria, a escasos metros de Ajuria Enea. De aquellos días, el excargo socialista -hoy jubilado- recuerda la colaboración entre todas las instituciones «para resolver aquel problemón». Pero insiste en que la idea surgió del Ejecutivo de Iñigo Urkullu. «Yo hablaba todos los días con Jonan Fernández», en ese momento secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno vasco. «Al menos hasta agosto, luego tomó el relevo Beatriz Artolazabal», consejera de Empleo y Políticas Sociales en 2018.
«Ellos nos pidieron si podrían utilizar la clínica Arana y yo no le vi problema. Se lo trasladé a la gente de Tesorería y me dijeron que no había ningún obstáculo, que se podía realizar una cesión entre administraciones». Y fue ahí, según Loza, donde surgieron los problemas. «El edificio estaba como estaba y necesitaba una inversión. Y ellos se negaron porque no querían meter dinero en una instalación que no era de su propiedad. Y lo puedo entender. La cosa quedó ahí y se buscaron otras opciones en Bilbao, Vitoria, San Sebastián, Irún...».
Con aluminosis
Pero esta versión choca, sobre todo en el punto de partida, con la del Ejecutivo de Vitoria. Artolazabal afirmó ayer, por el contrario, que la habilitación de este inmueble fue una «oferta» trasladada por Loza, que fue rechazada porque las características del edificio «no son acordes a un modelo individualizado e integrador» y porque el inmueble está afectado por «aluminosis».
Las antiguas instalaciones de la clínica Arana fueron visitadas por Monika Hernando y una representante de CEAR. Según el gabinete de Urkullu, al ver que las instalaciones no eran las adecuadas se abrió otro albergue en Oñati, que sigue operativo a día de hoy. El Gobierno Sánchez habría ofrecido en una segunda ocasión el edificio de Vitoria para acoger migrantes en tránsito, «pero volvió a rechazarse». Al menos, según el Ejecutivo vasco. Pero Loza insiste: «Eso no es correcto. Quienes nos lo pidieron fueron ellos».
