En principio no demasiado, salvo que ya forma parte del procedimiento feminista radical estándar para la expulsión del hombre de la vivienda habitual en el caso de un divorcio por el motivo que sea y con hijos (y en muchos casos aún sin ellos) de por medio.
Es una pieza más en medio de un orednamiento jurídico aberrante que, lejos de aplicar la igualdad que pregonan las feminista radicals, concede de forma automática la custodia de los hijos al cónyuge de sesso femenino, salvo casos extremos (yonkis, taradas completas) que deben de ser demostrados fehacientemente.
Y claro, como ya es parte del procedimiento estándar y recomendado bajo cuerda (e incluso a veces sobre ella) de los abogados, suelen ser denuncias falsas en la mayoría de los casos.
La distorsión que esto genera en la economía y el mercado de la vivienda no puede considerarse poco apreciable.
Aparte está la cuestión de la inseguridad jurídica.
