Burt Lancaster
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Las acciones de solidaridad hacia las Madres de Plaza de Mayo en suelo español fueron seguidas de cerca por los funcionarios del régimen de Videla, que llegaron a obtener información directa del Ejecutivo del PSOE.
El expresidente del Gobierno, Felipe González, durante un coloquio en el Ateneo de Madrid el pasado 18 de febrero. — Carlos Luján / EUROPA PRESS
BILBAO
29/04/2022 21:42
DANILO ALBIN@DANIALRI
No había forma de esconder el horror. Tampoco era fácil salir vivo del infierno. Por unas razones y otras, España fue uno de los lugares de Europa al que llegaron refugiados argentinos y, al mismo tiempo, se convirtió también en uno de los escenarios donde se denunciaron los horrendos crímenes de la dictadura argentina y se mostró solidaridad y apoyo hacia las Madres de Plaza de Mayo.
Este sábado se cumplen 45 años de la primera marcha de aquel grupo de mujeres frente a la sede del Gobierno argentino, ocupada desde el 24 de marzo de 1976 por los militares golpistas. En ese contexto de graves violaciones a los derechos humanos, las Madres de la Plaza de Mayo pedían por la vida de sus hijas e hijos. El grito cruzó a este lado del Atlántico, donde se desplegaron distintas acciones contra el sanguinario régimen de Jorge Rafael Videla.
Consciente de la repercusión pública de esas denuncias, la dictadura no tardó en montar un dispositivo en Europa para hacer un detallado seguimiento de esas acciones y vigilar al cada vez más numeroso colectivo de exiliados argentinos en España.
La embajada argentina en Madrid y los consulados repartidos por distintas ciudades se convirtieron en los cuarteles principales donde operaban los enviados por la dictadura argentina, normalmente revestidos de personal diplomático.
Según consta en un documento al que ha tenido acceso Público, el Gobierno de Felipe González puso su grano de arena en esa tarea de control y seguimiento que realizaba el régimen argentino a este lado del Atlántico.
El 7 de noviembre de 1983, con la dictadura ya a punto de entregar el poder al presidente electo Raúl Alfonsín, el gobernador civil de Madrid, José María Rodríguez Colorado, se puso en contacto con la embajada argentina para avisarle de que empezarían a celebrarse concentraciones delante de la sede diplomática, que seguía a cargo de la dictadura.
En una nota remitida a la representación del régimen argentino en España, Rodríguez Colorado señalaba que "el delegado de Seguridad del Ayuntamiento de esta capital" había resuelto "conceder autorización a María Esther Argüelles Menéndez, quien en nombre de varias asociaciones de mujeres" había solicitado permiso "para llevar a cabo una concentración todos los primeros jueves de cada mes, a las 11 horas y con una duración de media hora, delante de esa embajada".
Además de aportar el nombre de la mujer que había solicitado la correspondiente autorización en el ayuntamiento, el gobernador civil indicaba además que tenía como objetivo "solidarizarse con las Madres de la Plaza de Mayo".
www.publico.es
El expresidente del Gobierno, Felipe González, durante un coloquio en el Ateneo de Madrid el pasado 18 de febrero. — Carlos Luján / EUROPA PRESS
BILBAO
29/04/2022 21:42
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No había forma de esconder el horror. Tampoco era fácil salir vivo del infierno. Por unas razones y otras, España fue uno de los lugares de Europa al que llegaron refugiados argentinos y, al mismo tiempo, se convirtió también en uno de los escenarios donde se denunciaron los horrendos crímenes de la dictadura argentina y se mostró solidaridad y apoyo hacia las Madres de Plaza de Mayo.
Este sábado se cumplen 45 años de la primera marcha de aquel grupo de mujeres frente a la sede del Gobierno argentino, ocupada desde el 24 de marzo de 1976 por los militares golpistas. En ese contexto de graves violaciones a los derechos humanos, las Madres de la Plaza de Mayo pedían por la vida de sus hijas e hijos. El grito cruzó a este lado del Atlántico, donde se desplegaron distintas acciones contra el sanguinario régimen de Jorge Rafael Videla.
Consciente de la repercusión pública de esas denuncias, la dictadura no tardó en montar un dispositivo en Europa para hacer un detallado seguimiento de esas acciones y vigilar al cada vez más numeroso colectivo de exiliados argentinos en España.
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DANILO ALBIN
La embajada argentina en Madrid y los consulados repartidos por distintas ciudades se convirtieron en los cuarteles principales donde operaban los enviados por la dictadura argentina, normalmente revestidos de personal diplomático.
Según consta en un documento al que ha tenido acceso Público, el Gobierno de Felipe González puso su grano de arena en esa tarea de control y seguimiento que realizaba el régimen argentino a este lado del Atlántico.
El 7 de noviembre de 1983, con la dictadura ya a punto de entregar el poder al presidente electo Raúl Alfonsín, el gobernador civil de Madrid, José María Rodríguez Colorado, se puso en contacto con la embajada argentina para avisarle de que empezarían a celebrarse concentraciones delante de la sede diplomática, que seguía a cargo de la dictadura.
En una nota remitida a la representación del régimen argentino en España, Rodríguez Colorado señalaba que "el delegado de Seguridad del Ayuntamiento de esta capital" había resuelto "conceder autorización a María Esther Argüelles Menéndez, quien en nombre de varias asociaciones de mujeres" había solicitado permiso "para llevar a cabo una concentración todos los primeros jueves de cada mes, a las 11 horas y con una duración de media hora, delante de esa embajada".
Además de aportar el nombre de la mujer que había solicitado la correspondiente autorización en el ayuntamiento, el gobernador civil indicaba además que tenía como objetivo "solidarizarse con las Madres de la Plaza de Mayo".
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Las acciones de solidaridad hacia las Madres de Plaza de Mayo en suelo español fueron seguidas de cerca por los funcionarios del régimen de Videla, que llegaron a obtener información directa del Ejecutivo del PSOE.
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