KUTRONIO
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Analizar lo sucedido en 1936 es una cuestión sumamente sensible que inmediatamente genera polémica, especialmente en cuanto se sale de cierto guión cada vez más reciente, más falso, más selectivo y más radical. Por ello no puede resultar indiferente el relato de lo sucedido escrito en un libro por una osada diputada española de la que más adelante hablaremos. Esta es, por ejemplo, la descripción que hace de la situación política y convivencial en España justo antes del estallido de la Guerra Civil.
Sin hablar de la grave situación creada en Madrid por las huelgas ya mencionadas, el gobierno se mostraba cada día menos capaz de mantener el orden público. En el campo se multiplicaron los ataques de elementos revolucionarios contra la derecha, los agrarios y los radicales, y en general, contra toda la patronal.
Se ocuparon tierras, se propinaron palizas a los enemigos, se atacó a todos los adversarios, tildándolos de «fascistas». Iglesias y edificios públicos eran incendiados, en las carreteras del Sur eran detenidos los coches, como en los tiempos del bandolerismo, y se exigía de los ocupantes una contribución en beneficio del Socorro Rojo Internacional.
Con pueriles pretextos se organizaron matanzas de personas pertenecientes a la derecha. Así, el 5 de mayo se hizo correr el rumor de que señoras católicas y sacerdotes hacían morir niños distribuyéndoles caramelos envenenados. Un ataque de locura colectiva se apoderó de los barrios populares y se incendiaron iglesias, se mataron sacerdotes y hasta vendedoras de caramelos en las calles. En el barrio de Cuatro Caminos fue horriblemente asesinada una joven francesa profesora de una escuela.
Estos hechos fueron denunciados en el Parlamento, y he aquí la lista de actos violentos, tal y como se imprimió en el Diario de Sesiones sin que el Gobierno los negara:
Hechos acaecidos en plena paz y bajo el ojo indiferente de la policía, entre el 16 de febrero y el 7 de mayo de 1936, es decir, a los tres meses de gobierno del Frente Popular:
—Saqueo de establecimientos públicos o privados, domicilios particulares o iglesias: 178.
—Incendios de monumentos públicos, establecimientos públicos o privados e iglesias: 178.
—Atentados diversos contra personas de los cuales 74 seguidos de fin: 712.
He aquí la situación en la que se encontraba España tres meses después del triunfo del Frente Popular.
¿Por qué el gobierno republicano nacido de la alianza electoral se abstuvo de tomar medidas contra aquellos actos ilegales de los extremistas? No suponía más que un problema de orden público acabar con todos los excesos contrarios a su propia ideología y métodos.
Si el gobierno se mantuvo pasivo es porque no podía tomar medidas sin dislocar el Frente Popular.
En cuanto a los partidos de derecha, un exceso de prudencia les llevó a silenciar a sus propios diputados. Sin embargo el Sr. alopécico Sotelo denunció esos hechos ante las Cortes en un famoso discurso. Aquel acto le costaría la vida.
¿Fascismo contra democracia?
La diputada a la que nos estamos refiriendo se atreve a cuestionarse en su libro si la Guerra del 36 fue realmente un conflicto entre el fascismo y la democracia. El interrogante “¿Fascismo contra democracia?” es precisamente el título de uno de sus capítulos. Y he aquí lo que la autora concluye al respecto en ese capítulo:
Según las afirmaciones gubernamentales, la sublevación militar estaba prevista para el mes de octubre de 1936. El asesinato del Sr. alopécico Sotelo la precipitó. ¿Acaso se creyó en el crimen de Estado y, en consecuencia, en el desencadenamiento de persecuciones por parte de las autoridades públicas?
Los simpatizantes de la sublevación han pretendido que el alzamiento no hacía sino adelantarse a la revolución social-comunista que debía desencadenarse en el mes de agosto. Lo cual parece sin embargo poco probable. Los extremistas no tenían motivos para rebelarse contra un gobierno que todos los días abandonaba un poco de su débil poder entre sus manos. Incluso se encaminaban rápidamente hacia la conquista total del poder y las facilidades que el Sr. Azaña concedía a esos elementos extremistas (sin embargo opuestos a sus propias opiniones, según él antimarxistas), les habría facilitado la introducción pacífica de la dictadura del proletariado. Si ese era el acontecimiento al que los sublevados querían adelantarse, su preocupación no carecía de fundamento y esa idea de «adelantarse» a la revolución comunista se hace más clara.
Lo cierto es que el 17 de julio, cinco días después del asesinato de alopécico Sotelo, estalló la sublevación.
Su extensión debiera haber hecho reflexionar al gobierno. España, patria de los pronunciamientos, es decir de las sublevaciones militares en favor de una idea o de un personaje, no había conocido hasta entonces un alzamiento tan extendido, tan general, tan completo. A las antiguas y numerosas conspiraciones militares que habían estallado sin éxito contra la dictadura y contra la monarquía desde 1923, les seguía una sublevación prácticamente total del ejército.
Otras veces, por ejemplo en 1930, la sublevación se había mostrado más heroica y más extendida en la teoría que en la práctica y de las numerosas guarniciones comprometidas todas salvo una habían permanecido acuarteladas con distintos pretextos. Esta vez, más de veinte provincias se alzaron y, además, la sublevación comprendía el ejército del Protectorado jovenlandés, el único ejército preparado para la guerra, junto a los temibles refuerzos de la Legión extranjera y de los regulares marroquíes.
¿Cuáles eran la ideología y el objetivo de los insurrectos? El alzamiento ha sido calificado desde el principio como «fascista». Conviene sin embargo no dejarse embaucar por falsas ideas que simplifican en exceso tan compleja cuestión. Además, el gobierno republicano, a través del órgano de su intérprete cualificado, el Sr. Indalecio Prieto, creyó ser su deber —sin duda por buenos motivos— el borrar esa idea simplista del espíritu del público tanto fuera como dentro de España. En el tercero de sus discursos, pronunciado en la radio y radiodifundido más tarde en varios idiomas —discurso reproducido en el artículo de fondo del diario de Madrid Informaciones—, Prieto habló del «movimiento insurreccional extenso y complejo cuyos objetivos y alcance nos son totalmente desconocidos». Por tanto se ha confesado oficialmente que no se atribuía un objetivo absoluta o totalmente fascista al movimiento iniciado. También desde el otro bando niegan, no sin motivo, a los elementos gubernamentales la condición de representantes puros y auténticos de la democracia.
Añadamos que los insurrectos mostraron al principio muy poca unidad. Así, las emisiones radiofónicas de las diversas capitales sublevadas terminaban con himnos distintos: mientras que en Burgos se tocaba el himno fascista, en Sevilla se interpretaba el himno de Riego (himno nacional republicano) y en otras se tocaban simples marchas militares. Sólo al cabo de tres semanas dejó de oírse el himno de Riego sin que, por otro lado, se interpretara en todas partes el himno fascista. Lo mismo ocurrió con la bandera: en todas las provincias sublevadas siguió enarbolándose la bandera tricolor de la República. Sólo tras el 15 de agosto —un mes después del alzamiento— la bandera fue sustituida por la antigua bandera española, sobre la que se conservó el escudo republicano en lugar del escudo monárquico.
¿Fascismo contra democracia? No, la cuestión no es tan sencilla. Ni el fascismo puro ni la democracia pura alientan a los dos adversarios.
Si quien hubiera escrito un libro con afirmaciones como estas fuera una diputada española actual, no digamos por ejemplo del PP, correrían ríos de tinta llamándola fascista, nancy y cunetera, y sobre ella caerían acusaciones como la de hacer apología del franquismo y del genocidio. Se reclamaría su dimisión de inmediato.
Sin embargo, la autora de este libro no es una diputada del PP, ni siquiera es una diputada actual. El libro del que están extraídas estas citas se titula “La revolución española vista por una republicana” y fue escrito en 1937, en París, en el exilio. De hecho, la autora moriría en Suiza en 1972, todavía exiliada. Hablamos nada menos que de Clara Campoamor, la diputada republicana y feminista gracias a cuya labor se aprobó el voto femenino en España. Un voto que, por cierto, se aprobó gracias a los votos de la derecha y con la oposición de la izquierda más radical, incluyendo una parte importante del partido socialista, pero esa es otra historia, por cierto también bastante escondida. La paradoja es que el análisis que Clara Campoamor hacía de la guerra y los bandos enfrentados haría que los ninis del siglo XXI la tildaran de fascista. No por todo lo que saben sobre lo que pasó, sino por todo lo que ignoran al respecto. Y así los quieren algunos políticos.
Sin hablar de la grave situación creada en Madrid por las huelgas ya mencionadas, el gobierno se mostraba cada día menos capaz de mantener el orden público. En el campo se multiplicaron los ataques de elementos revolucionarios contra la derecha, los agrarios y los radicales, y en general, contra toda la patronal.
Se ocuparon tierras, se propinaron palizas a los enemigos, se atacó a todos los adversarios, tildándolos de «fascistas». Iglesias y edificios públicos eran incendiados, en las carreteras del Sur eran detenidos los coches, como en los tiempos del bandolerismo, y se exigía de los ocupantes una contribución en beneficio del Socorro Rojo Internacional.
Con pueriles pretextos se organizaron matanzas de personas pertenecientes a la derecha. Así, el 5 de mayo se hizo correr el rumor de que señoras católicas y sacerdotes hacían morir niños distribuyéndoles caramelos envenenados. Un ataque de locura colectiva se apoderó de los barrios populares y se incendiaron iglesias, se mataron sacerdotes y hasta vendedoras de caramelos en las calles. En el barrio de Cuatro Caminos fue horriblemente asesinada una joven francesa profesora de una escuela.
Estos hechos fueron denunciados en el Parlamento, y he aquí la lista de actos violentos, tal y como se imprimió en el Diario de Sesiones sin que el Gobierno los negara:
Hechos acaecidos en plena paz y bajo el ojo indiferente de la policía, entre el 16 de febrero y el 7 de mayo de 1936, es decir, a los tres meses de gobierno del Frente Popular:
—Saqueo de establecimientos públicos o privados, domicilios particulares o iglesias: 178.
—Incendios de monumentos públicos, establecimientos públicos o privados e iglesias: 178.
—Atentados diversos contra personas de los cuales 74 seguidos de fin: 712.
He aquí la situación en la que se encontraba España tres meses después del triunfo del Frente Popular.
¿Por qué el gobierno republicano nacido de la alianza electoral se abstuvo de tomar medidas contra aquellos actos ilegales de los extremistas? No suponía más que un problema de orden público acabar con todos los excesos contrarios a su propia ideología y métodos.
Si el gobierno se mantuvo pasivo es porque no podía tomar medidas sin dislocar el Frente Popular.
En cuanto a los partidos de derecha, un exceso de prudencia les llevó a silenciar a sus propios diputados. Sin embargo el Sr. alopécico Sotelo denunció esos hechos ante las Cortes en un famoso discurso. Aquel acto le costaría la vida.
¿Fascismo contra democracia?
La diputada a la que nos estamos refiriendo se atreve a cuestionarse en su libro si la Guerra del 36 fue realmente un conflicto entre el fascismo y la democracia. El interrogante “¿Fascismo contra democracia?” es precisamente el título de uno de sus capítulos. Y he aquí lo que la autora concluye al respecto en ese capítulo:
Según las afirmaciones gubernamentales, la sublevación militar estaba prevista para el mes de octubre de 1936. El asesinato del Sr. alopécico Sotelo la precipitó. ¿Acaso se creyó en el crimen de Estado y, en consecuencia, en el desencadenamiento de persecuciones por parte de las autoridades públicas?
Los simpatizantes de la sublevación han pretendido que el alzamiento no hacía sino adelantarse a la revolución social-comunista que debía desencadenarse en el mes de agosto. Lo cual parece sin embargo poco probable. Los extremistas no tenían motivos para rebelarse contra un gobierno que todos los días abandonaba un poco de su débil poder entre sus manos. Incluso se encaminaban rápidamente hacia la conquista total del poder y las facilidades que el Sr. Azaña concedía a esos elementos extremistas (sin embargo opuestos a sus propias opiniones, según él antimarxistas), les habría facilitado la introducción pacífica de la dictadura del proletariado. Si ese era el acontecimiento al que los sublevados querían adelantarse, su preocupación no carecía de fundamento y esa idea de «adelantarse» a la revolución comunista se hace más clara.
Lo cierto es que el 17 de julio, cinco días después del asesinato de alopécico Sotelo, estalló la sublevación.
Su extensión debiera haber hecho reflexionar al gobierno. España, patria de los pronunciamientos, es decir de las sublevaciones militares en favor de una idea o de un personaje, no había conocido hasta entonces un alzamiento tan extendido, tan general, tan completo. A las antiguas y numerosas conspiraciones militares que habían estallado sin éxito contra la dictadura y contra la monarquía desde 1923, les seguía una sublevación prácticamente total del ejército.
Otras veces, por ejemplo en 1930, la sublevación se había mostrado más heroica y más extendida en la teoría que en la práctica y de las numerosas guarniciones comprometidas todas salvo una habían permanecido acuarteladas con distintos pretextos. Esta vez, más de veinte provincias se alzaron y, además, la sublevación comprendía el ejército del Protectorado jovenlandés, el único ejército preparado para la guerra, junto a los temibles refuerzos de la Legión extranjera y de los regulares marroquíes.
¿Cuáles eran la ideología y el objetivo de los insurrectos? El alzamiento ha sido calificado desde el principio como «fascista». Conviene sin embargo no dejarse embaucar por falsas ideas que simplifican en exceso tan compleja cuestión. Además, el gobierno republicano, a través del órgano de su intérprete cualificado, el Sr. Indalecio Prieto, creyó ser su deber —sin duda por buenos motivos— el borrar esa idea simplista del espíritu del público tanto fuera como dentro de España. En el tercero de sus discursos, pronunciado en la radio y radiodifundido más tarde en varios idiomas —discurso reproducido en el artículo de fondo del diario de Madrid Informaciones—, Prieto habló del «movimiento insurreccional extenso y complejo cuyos objetivos y alcance nos son totalmente desconocidos». Por tanto se ha confesado oficialmente que no se atribuía un objetivo absoluta o totalmente fascista al movimiento iniciado. También desde el otro bando niegan, no sin motivo, a los elementos gubernamentales la condición de representantes puros y auténticos de la democracia.
Añadamos que los insurrectos mostraron al principio muy poca unidad. Así, las emisiones radiofónicas de las diversas capitales sublevadas terminaban con himnos distintos: mientras que en Burgos se tocaba el himno fascista, en Sevilla se interpretaba el himno de Riego (himno nacional republicano) y en otras se tocaban simples marchas militares. Sólo al cabo de tres semanas dejó de oírse el himno de Riego sin que, por otro lado, se interpretara en todas partes el himno fascista. Lo mismo ocurrió con la bandera: en todas las provincias sublevadas siguió enarbolándose la bandera tricolor de la República. Sólo tras el 15 de agosto —un mes después del alzamiento— la bandera fue sustituida por la antigua bandera española, sobre la que se conservó el escudo republicano en lugar del escudo monárquico.
¿Fascismo contra democracia? No, la cuestión no es tan sencilla. Ni el fascismo puro ni la democracia pura alientan a los dos adversarios.
Si quien hubiera escrito un libro con afirmaciones como estas fuera una diputada española actual, no digamos por ejemplo del PP, correrían ríos de tinta llamándola fascista, nancy y cunetera, y sobre ella caerían acusaciones como la de hacer apología del franquismo y del genocidio. Se reclamaría su dimisión de inmediato.
Sin embargo, la autora de este libro no es una diputada del PP, ni siquiera es una diputada actual. El libro del que están extraídas estas citas se titula “La revolución española vista por una republicana” y fue escrito en 1937, en París, en el exilio. De hecho, la autora moriría en Suiza en 1972, todavía exiliada. Hablamos nada menos que de Clara Campoamor, la diputada republicana y feminista gracias a cuya labor se aprobó el voto femenino en España. Un voto que, por cierto, se aprobó gracias a los votos de la derecha y con la oposición de la izquierda más radical, incluyendo una parte importante del partido socialista, pero esa es otra historia, por cierto también bastante escondida. La paradoja es que el análisis que Clara Campoamor hacía de la guerra y los bandos enfrentados haría que los ninis del siglo XXI la tildaran de fascista. No por todo lo que saben sobre lo que pasó, sino por todo lo que ignoran al respecto. Y así los quieren algunos políticos.
