paconan
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Como esto es un foro cloaca ,pues aquí va un tema perfecto y urgente
El látigo de la justicia atenaza al PP de Casado
El nuevo curso judicial ha empezado repartiendo juego con los numerosos procedimientos en los que está inmerso el PP. Y el balance, si esto fuera un encuentro de fútbol, habría sido de empate a 1. El primer día hábil de septiembre terminó con el mito de la inmunidad de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, tras ser considerada por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, la ideóloga de la financiación irregular del partido donde tenía poder. Y dos días después el partido fue absuelto del delito de daños informáticos por el que se sentó en el banquillo por destruir los ordenadores que su extesorero Luis Bárcenas guardaba en la sede central del partido, en la madrileña calle de Génova.
Pese a que se trata de un buen ejemplo de que las imputaciones no siempre acaban en condena, porque si no, nos podríamos ahorrar el juicio, la sentencia absolutoria no declara la honradez del PP que este intentó vender a través de sus portavoces. Solo se limita a decir que no hay pruebas suficientes para tener la certeza de que en los aparatos destruidos estuviera su contabilidad b y que al hacerla desaparecer se quisiera torpedear la investigación de la caja b que entonces se iniciaba.
GÜRTEL Y LA CAJA B
La absolución no significa que se niegue la financiación en b que se le atribuye en distintos procedimientos: el ‘caso Púnica’, Lezo y varias piezas de la Gürtel. Esa contabilidad en neցro será juzgada el próximo año en la Audiencia Nacional, cuya Sección Segunda de lo Penal revisará si las obras de la sede de Génova del partido se pagaron en neցro, según acreditaban las notas manuscritas que durante años había hecho Bárcenas. Y no será el último juicio de la Gürtel de 2020, porque en marzo se celebrará el de la visita del Papa a Valencia.
La parte de la financiación ilegal del partido a través de donaciones de empresarios presuntamente beneficiados de adjudicaciones de obra pública de los ministerios de Fomento y Medio Ambiente se sigue investigando en el Juzgado Central de Instrucción número 5. El juez José de la Mata reabrió la investigación a partir de las palabras del cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, en el juicio de la primera época, cuya sentencia significó el fin del gobierno de Mariano Rajoy.
'PÚNICA Y LEZO'
Pero para desgracia del PP las causas penales abiertas en relación con su caja b no se agotan ahí. Los jueces de la Audiencia Nacional se repartieron los indicios en función del ámbito: el nacional se lo quedó De la Mata y el madrileño, García-Castellón, con el ‘caso Púnica’ y Lezo.
En estas dos causas es fácil perderse, porque afectan a ámbitos muy diversos que giran en torno a sus dos actores principales: el exconsejero y exsecretario del PP de Madrid Francisco Granados, de Púnica, y el expresidente madrileño Ignacio González, en Lezo.
Como muestra, la Púnica, dividida en 11 piezas por distintos actos de corrupción. Entre ellos figuran el cobro de comisiones por la adjudicación de terrenos y licencias para construir colegios concertados en Madrid, las recibidas de Cofely por los certificados de eficiencia energética que debían hacer los ayuntamientos o los trabajos reputacionales encargados al conseguidor Alejandro de Pedro, que llegaron a extenderse hasta Murcia y la Diputación de León.
Aún así lo descrito en esas piezas, pese a su gravedad, queda eclipsado por la número 9, con 72 imputados, entre ellos, las expresidentas Aguirre y Cristina Cifuentes. En ella se describen los “diversos artificios” que, según el juez, “ideó” la primera para financiar al PPCM. Y lo hizo nada más llegar al Gobierno madrileño tras el ‘tamayazo’, con el que se lo arrebató en el último momento al socialista Rafael Simancas por la traición de dos de sus diputados.
La versión de la propia Aguirre no se oirá en la Audiencia Nacional hasta el próximo 18 de octubre, día en el que se cerrará el desfile de nuevos imputados en esta causa que comenzará a mediados de septiembre.
'CASO BANKIA'
Por si eso fuera poco para el PP, simultáneamente, se celebra el juicio contra la salida a bolsa de Bankia, en el que su principal acusado es nada menos que Rodrigo Rato, vicepresidente con José María Aznar, ya condenado por las tarjetas ‘black’ y pendiente del procedimiento abierto por fraude fiscal y blanqueo por su patrimonio.
Chaves y Griñán, una sentencia que salpicará al PSOE
El PSOE también podría temblar este otoño, quién sabe si en campaña electoral, por otra sentencia judicial de gran calado político que se espera siete años de instrucción después: la del primer juicio de la macrocausa de los ERE de Andalucía.
A la espera de desenlace están los expresidentes autonómicos socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, seis de sus exconsejeros en la Junta andaluza y otros 14 exresponsables políticos acusados de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos, que hicieron que parte del dinero público (741 millones de euros, según la Fiscalía Anticorrupción) acabara en manos de "entidades y personas que no cumplían los criterios".
Chaves se enfrenta a 10 años de inhabilitación por prevaricación. Para Griñán se piden seis años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación. Ambos expresidentes dejaron de ser militantes del PSOE cuando fueron procesados, pero las derechas, que ahora dirigen la Junta de Andalucía, ya han avanzado que exigirán responsabilidades a la dirección del partido si Chaves y Griñán son condenados.
En la campaña de las últimas elecciones generales, en abril, el PP y Ciudadanos reclamaron sin éxito al candidato socialista, Pedro Sánchez, que se comprometiera a dimitir en caso de que hubiese condenas, recordando que el líder del PSOE usó la condena al PP en el 'caso Gürtel' para impulsar la moción de censura que le condujo a la Moncloa y destronó a Mariano Rajoy en el 2018.
Otros tentáculos del caso ERE y otras macrocausas seguirán su cauce en los juzgados de Sevilla, aunque con algún que otro contratiempo. La jueza instructora María Núñez Bolaños ha vuelto a darse de baja por motivos personales, al igual que hizo en junio, en este caso a los dos días de volver de sus vacaciones.
Villarejo y el hedor de unas cloacas inabarcables
El Rey emérito, políticos, abogados, ricos herederos, bancos… De una u otra forma todos ellos han aparecido en el procedimiento abierto contra el excomisario José Manuel Villarejo, principal motivo por el que es imposible hablar de los procedimientos abiertos por corrupción sin dedicar un apartado propio a la operación Tándem, en la que en noviembre de 2017 fue detenido el expolicía.
El número de piezas que forman la causa ya supera la docena, pero aumentará a medida que se analizan y desencriptan las decenas de terabytes de audios intervinidos en el domicilio y despacho de Villarejo o de su socio, el abogado Rafael Redondo.
Como en el momento de su arresto casi solo se le imputaba un presunto tráfico de influencias para beneficiar a ciudadanos guineanos, pocos vislumbraron entonces la importancia que el caso podía tener en el esclarecimiento de las cloacas policiales, de las que ha emergido la llamada operación Kitchen en la que se vigiló al extesorero del PP Luis Bárcenas.
En noviembre Villarejo hará dos años en prisión y el juez tendrá que decidir si le mantiene hasta el máximo legal de cuatro. Para entonces representantes de Anticorrupción ya habrán tomado declaración en Londres a Corinna Zu Sayn Wittgenstein, en relación con las supuestas comisiones pagadas por la construcción del AVE a la Meca en las que implicó a Juan Carlos. Está previsto que la diligencia se realice a mediados de mes, en el que entre otras diligencias también se interrogará al representante legal del BBVA, entidad a la que se ha imputado por los múltiples encargos que le hizo el excomisario para los que se habría podido acceder a 15.000 llamadas de miembros del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, empresarios y periodistas.
El 'caso Pujol' encara la recta final y el 3% empieza a rodar
El procedimiento seguido contra los líderes del ‘procés’ en el Tribunal Supremo y con la excúpula de los Mossos en la Audiencia Nacional ha tenido como efecto colateral que la lupa de la atención mediática se levantara de los dos principales casos catalanes de corrupción que se investigan en Madrid: el ‘caso Pujol’ y el del 3%.
'CASO PUJOL'
El primero comenzó en el 2012 por el Juzgado Central de Instrucción número 5, después de que la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente catalán, denunciara que le había acompañado a Andorra con bolsas con dinero. Han pasado siete años y la Fiscalía Anticorrupción considera que ha llegado el momento de concluir la investigación, aunque aún queden comisiones pendientes de respuesta.
Las peticiones de cooperación internacional tramitadas durante estos años a Andorra Alemania, EEUU, Francia, México, Malta, Panamá, Liechtenstein, Reino Unido, Suiza y Uruguay han ido aportando indicios para apuntalar los delitos que se imputan al clan familiar: cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la Hacienda Pública, falsificación de documentos y blanqueo de capitales en el extranjero.
Nada cambió en esa acusación cuando en 2015 declararon Jordi Pujol padre y su esposa, Marta Ferrusola, quienes ante el juez José de la Mata defendieron la versión de que el dinero que guardaban en cuentas en Andorra formaba parte de la herencia que les dejó el padre del primero, Florenci Pujol.
'CASO 3%'
En contraposición aparece el otro caso: el del 3%, que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 asumió en 2018, después de que se inhibiera a su favor el juzgado que había iniciado las pesquisas, el de instrucción número 1 de El Vendrell. De la Mata es tan concienzudo que aún anda tomando declaración a los imputados. De hecho, este martes está citado el exgerente de TV-3 Oriol Carbó por su presunta participación en la presunta financiación ilegal de Convergència.
Según el juez, Carbó, entonces alto ejecutivo de la productora Triacom Audiovisual, siguió "instrucciones especificas” del que era gerente de CDC y luego fue conseller de Justicia, Germà Gordó, para que pagara una deuda que el partido tenía con el empresario Joan Manuel Parra desde la campaña electoral del 2010.
El propio Parra tuvo que comparecer en la Audiencia Nacional después de que este diario publicara que había aportado una prueba de la presunta financiación ilegal del partido en un juzgado de Barcelona. Se trata de la grabación de la conversación que mantuvo en octubre del 2011 con Gordó.
El juez todavía no ha citado al 'exconseller' a declarar, aunque lo hizo ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, cuando era aforado. Lo que no le llevó tanto tiempo fue imputar en el procedimiento al PDECat por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo, al considerarle un mero sucesor de Convergència. El magistrado cifra en 278 millones de euros el dinero que la formación catalana habría recibido en comisiones a lo largo de 11 años.
'CASO BORRÀS'
La carpeta catalana se completa en Barcelona, donde la jueza que investiga los contratos a dedos otorgados por la diputada de JxCat Laura Borràs, cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes, inició el pasado julio los trámites para enviar al Tribunal Supremo la causa. La jueza pidió al Congreso que certificara si Borràs es diputada, a lo que la Cámara baja contestó que ese trámite debe hacerse a través de sus "más altos órganos" judiciales, es decir, del Supremo.
Según fuentes jurídicas, el alto tribunal aún no ha recibido la causa. Bajo la lupa están, al menos, tres contratos por un valor de 45.550 euros a un antiguo colaborador de Borràs, I. H. F. Los investigadores sospechan que se habría troceado el importe del coste real para contratar sin necesidad de concurso público, informa J. G. Albalat.
Otoño de corrupción al rojo vivo
El látigo de la justicia atenaza al PP de Casado
El nuevo curso judicial ha empezado repartiendo juego con los numerosos procedimientos en los que está inmerso el PP. Y el balance, si esto fuera un encuentro de fútbol, habría sido de empate a 1. El primer día hábil de septiembre terminó con el mito de la inmunidad de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, tras ser considerada por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, la ideóloga de la financiación irregular del partido donde tenía poder. Y dos días después el partido fue absuelto del delito de daños informáticos por el que se sentó en el banquillo por destruir los ordenadores que su extesorero Luis Bárcenas guardaba en la sede central del partido, en la madrileña calle de Génova.
Pese a que se trata de un buen ejemplo de que las imputaciones no siempre acaban en condena, porque si no, nos podríamos ahorrar el juicio, la sentencia absolutoria no declara la honradez del PP que este intentó vender a través de sus portavoces. Solo se limita a decir que no hay pruebas suficientes para tener la certeza de que en los aparatos destruidos estuviera su contabilidad b y que al hacerla desaparecer se quisiera torpedear la investigación de la caja b que entonces se iniciaba.
GÜRTEL Y LA CAJA B
La absolución no significa que se niegue la financiación en b que se le atribuye en distintos procedimientos: el ‘caso Púnica’, Lezo y varias piezas de la Gürtel. Esa contabilidad en neցro será juzgada el próximo año en la Audiencia Nacional, cuya Sección Segunda de lo Penal revisará si las obras de la sede de Génova del partido se pagaron en neցro, según acreditaban las notas manuscritas que durante años había hecho Bárcenas. Y no será el último juicio de la Gürtel de 2020, porque en marzo se celebrará el de la visita del Papa a Valencia.
La parte de la financiación ilegal del partido a través de donaciones de empresarios presuntamente beneficiados de adjudicaciones de obra pública de los ministerios de Fomento y Medio Ambiente se sigue investigando en el Juzgado Central de Instrucción número 5. El juez José de la Mata reabrió la investigación a partir de las palabras del cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, en el juicio de la primera época, cuya sentencia significó el fin del gobierno de Mariano Rajoy.
'PÚNICA Y LEZO'
Pero para desgracia del PP las causas penales abiertas en relación con su caja b no se agotan ahí. Los jueces de la Audiencia Nacional se repartieron los indicios en función del ámbito: el nacional se lo quedó De la Mata y el madrileño, García-Castellón, con el ‘caso Púnica’ y Lezo.
En estas dos causas es fácil perderse, porque afectan a ámbitos muy diversos que giran en torno a sus dos actores principales: el exconsejero y exsecretario del PP de Madrid Francisco Granados, de Púnica, y el expresidente madrileño Ignacio González, en Lezo.
Como muestra, la Púnica, dividida en 11 piezas por distintos actos de corrupción. Entre ellos figuran el cobro de comisiones por la adjudicación de terrenos y licencias para construir colegios concertados en Madrid, las recibidas de Cofely por los certificados de eficiencia energética que debían hacer los ayuntamientos o los trabajos reputacionales encargados al conseguidor Alejandro de Pedro, que llegaron a extenderse hasta Murcia y la Diputación de León.
Aún así lo descrito en esas piezas, pese a su gravedad, queda eclipsado por la número 9, con 72 imputados, entre ellos, las expresidentas Aguirre y Cristina Cifuentes. En ella se describen los “diversos artificios” que, según el juez, “ideó” la primera para financiar al PPCM. Y lo hizo nada más llegar al Gobierno madrileño tras el ‘tamayazo’, con el que se lo arrebató en el último momento al socialista Rafael Simancas por la traición de dos de sus diputados.
La versión de la propia Aguirre no se oirá en la Audiencia Nacional hasta el próximo 18 de octubre, día en el que se cerrará el desfile de nuevos imputados en esta causa que comenzará a mediados de septiembre.
'CASO BANKIA'
Por si eso fuera poco para el PP, simultáneamente, se celebra el juicio contra la salida a bolsa de Bankia, en el que su principal acusado es nada menos que Rodrigo Rato, vicepresidente con José María Aznar, ya condenado por las tarjetas ‘black’ y pendiente del procedimiento abierto por fraude fiscal y blanqueo por su patrimonio.
Chaves y Griñán, una sentencia que salpicará al PSOE
El PSOE también podría temblar este otoño, quién sabe si en campaña electoral, por otra sentencia judicial de gran calado político que se espera siete años de instrucción después: la del primer juicio de la macrocausa de los ERE de Andalucía.
A la espera de desenlace están los expresidentes autonómicos socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, seis de sus exconsejeros en la Junta andaluza y otros 14 exresponsables políticos acusados de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos, que hicieron que parte del dinero público (741 millones de euros, según la Fiscalía Anticorrupción) acabara en manos de "entidades y personas que no cumplían los criterios".
Chaves se enfrenta a 10 años de inhabilitación por prevaricación. Para Griñán se piden seis años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación. Ambos expresidentes dejaron de ser militantes del PSOE cuando fueron procesados, pero las derechas, que ahora dirigen la Junta de Andalucía, ya han avanzado que exigirán responsabilidades a la dirección del partido si Chaves y Griñán son condenados.
En la campaña de las últimas elecciones generales, en abril, el PP y Ciudadanos reclamaron sin éxito al candidato socialista, Pedro Sánchez, que se comprometiera a dimitir en caso de que hubiese condenas, recordando que el líder del PSOE usó la condena al PP en el 'caso Gürtel' para impulsar la moción de censura que le condujo a la Moncloa y destronó a Mariano Rajoy en el 2018.
Otros tentáculos del caso ERE y otras macrocausas seguirán su cauce en los juzgados de Sevilla, aunque con algún que otro contratiempo. La jueza instructora María Núñez Bolaños ha vuelto a darse de baja por motivos personales, al igual que hizo en junio, en este caso a los dos días de volver de sus vacaciones.
Villarejo y el hedor de unas cloacas inabarcables
El Rey emérito, políticos, abogados, ricos herederos, bancos… De una u otra forma todos ellos han aparecido en el procedimiento abierto contra el excomisario José Manuel Villarejo, principal motivo por el que es imposible hablar de los procedimientos abiertos por corrupción sin dedicar un apartado propio a la operación Tándem, en la que en noviembre de 2017 fue detenido el expolicía.
El número de piezas que forman la causa ya supera la docena, pero aumentará a medida que se analizan y desencriptan las decenas de terabytes de audios intervinidos en el domicilio y despacho de Villarejo o de su socio, el abogado Rafael Redondo.
Como en el momento de su arresto casi solo se le imputaba un presunto tráfico de influencias para beneficiar a ciudadanos guineanos, pocos vislumbraron entonces la importancia que el caso podía tener en el esclarecimiento de las cloacas policiales, de las que ha emergido la llamada operación Kitchen en la que se vigiló al extesorero del PP Luis Bárcenas.
En noviembre Villarejo hará dos años en prisión y el juez tendrá que decidir si le mantiene hasta el máximo legal de cuatro. Para entonces representantes de Anticorrupción ya habrán tomado declaración en Londres a Corinna Zu Sayn Wittgenstein, en relación con las supuestas comisiones pagadas por la construcción del AVE a la Meca en las que implicó a Juan Carlos. Está previsto que la diligencia se realice a mediados de mes, en el que entre otras diligencias también se interrogará al representante legal del BBVA, entidad a la que se ha imputado por los múltiples encargos que le hizo el excomisario para los que se habría podido acceder a 15.000 llamadas de miembros del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, empresarios y periodistas.
El 'caso Pujol' encara la recta final y el 3% empieza a rodar
El procedimiento seguido contra los líderes del ‘procés’ en el Tribunal Supremo y con la excúpula de los Mossos en la Audiencia Nacional ha tenido como efecto colateral que la lupa de la atención mediática se levantara de los dos principales casos catalanes de corrupción que se investigan en Madrid: el ‘caso Pujol’ y el del 3%.
'CASO PUJOL'
El primero comenzó en el 2012 por el Juzgado Central de Instrucción número 5, después de que la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente catalán, denunciara que le había acompañado a Andorra con bolsas con dinero. Han pasado siete años y la Fiscalía Anticorrupción considera que ha llegado el momento de concluir la investigación, aunque aún queden comisiones pendientes de respuesta.
Las peticiones de cooperación internacional tramitadas durante estos años a Andorra Alemania, EEUU, Francia, México, Malta, Panamá, Liechtenstein, Reino Unido, Suiza y Uruguay han ido aportando indicios para apuntalar los delitos que se imputan al clan familiar: cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la Hacienda Pública, falsificación de documentos y blanqueo de capitales en el extranjero.
Nada cambió en esa acusación cuando en 2015 declararon Jordi Pujol padre y su esposa, Marta Ferrusola, quienes ante el juez José de la Mata defendieron la versión de que el dinero que guardaban en cuentas en Andorra formaba parte de la herencia que les dejó el padre del primero, Florenci Pujol.
'CASO 3%'
En contraposición aparece el otro caso: el del 3%, que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 asumió en 2018, después de que se inhibiera a su favor el juzgado que había iniciado las pesquisas, el de instrucción número 1 de El Vendrell. De la Mata es tan concienzudo que aún anda tomando declaración a los imputados. De hecho, este martes está citado el exgerente de TV-3 Oriol Carbó por su presunta participación en la presunta financiación ilegal de Convergència.
Según el juez, Carbó, entonces alto ejecutivo de la productora Triacom Audiovisual, siguió "instrucciones especificas” del que era gerente de CDC y luego fue conseller de Justicia, Germà Gordó, para que pagara una deuda que el partido tenía con el empresario Joan Manuel Parra desde la campaña electoral del 2010.
El propio Parra tuvo que comparecer en la Audiencia Nacional después de que este diario publicara que había aportado una prueba de la presunta financiación ilegal del partido en un juzgado de Barcelona. Se trata de la grabación de la conversación que mantuvo en octubre del 2011 con Gordó.
El juez todavía no ha citado al 'exconseller' a declarar, aunque lo hizo ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, cuando era aforado. Lo que no le llevó tanto tiempo fue imputar en el procedimiento al PDECat por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo, al considerarle un mero sucesor de Convergència. El magistrado cifra en 278 millones de euros el dinero que la formación catalana habría recibido en comisiones a lo largo de 11 años.
'CASO BORRÀS'
La carpeta catalana se completa en Barcelona, donde la jueza que investiga los contratos a dedos otorgados por la diputada de JxCat Laura Borràs, cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes, inició el pasado julio los trámites para enviar al Tribunal Supremo la causa. La jueza pidió al Congreso que certificara si Borràs es diputada, a lo que la Cámara baja contestó que ese trámite debe hacerse a través de sus "más altos órganos" judiciales, es decir, del Supremo.
Según fuentes jurídicas, el alto tribunal aún no ha recibido la causa. Bajo la lupa están, al menos, tres contratos por un valor de 45.550 euros a un antiguo colaborador de Borràs, I. H. F. Los investigadores sospechan que se habría troceado el importe del coste real para contratar sin necesidad de concurso público, informa J. G. Albalat.
Otoño de corrupción al rojo vivo
