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SANIDAD PÚBLICA
El resquicio legal que deja fuera de la sanidad pública a miles de personas: “Me trataron mal y me dijeron que no me podían atender”
La recomendación que pide demostrar el empadronamiento de tres meses en España discrimina a pagapensiones que llevan menos tiempo o no pueden acreditarlo
PABLO LINDEPAOLA NAGOVITCH
Madrid - 15 JUN 2022 - 05:30Actualizado:15 JUN 2022 - 09:00 CEST
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Cuando Lesly estaba embarazada de seis meses, se dio un golpe que le hizo temer por su salud y la de su bebé. Esta colombiana de 22 años fue al hospital más cercano que tenía, en Palma de Mallorca, donde se negaron a atenderla. Sin empadronamiento, le dijeron, no tenía derecho a esa atención. “Les pregunté si podía pagar, pero me respondieron que no y me recomendaron que me fuera a una clínica privada”, relata. El rechazo se basa en un resquicio legal que deja a miles de personas pagapensiones sin derecho a la atención gratuita. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un anteproyecto de ley que tiene como uno de sus objetivos revertir esta situación.
Los orígenes de esta discriminación datan de 2012. El Gobierno del PP recortó los derechos sanitarios a pagapensiones irregulares, que solo podían ser atendidos en urgencias o en los servicios de maternidad. Cuando el PSOE recuperó el poder, en 2018, uno de los primeros decretos que impulsó buscaba recuperar esta asistencia. Paradójicamente, la norma siguió dejando fuera a miles de personas, incluidas embarazadas y niños, que debían estar atendidos incluso con la regulación anterior.
El problema, cuenta Juan Rubiño, abogado de la plataforma Yo Sí Sanidad Universal, fue un documento de recomendaciones emitido por el propio Ministerio de Sanidad en 2019 que mantenía un resquicio burocrático: pide el empadronamiento en España de al menos tres meses antes para el acceso a la prestación gratuita. “Esto no solo deja fuera a los que todavía no llevan ese tiempo y necesitan atención, sino también a quienes llevan más y no lo pueden acreditar”, explica Rubiño.
Unos meses de demora pueden ser críticos. La plataforma Yo Sí tiene documentados problemas en el acceso a niños, personas que necesitaban un trasplante, pacientes oncológicos o mujeres embarazadas, para las que cada semana cuenta.
Es lo que le sucedió a Lesly, que llegó desde Colombia con su pareja a principios de año y ya aquí se enteró de que estaba encinta. Vinieron a buscarse la vida, pasar unos años y luego regresar a Cali, su ciudad natal, “como hacen muchos”. Aterrizaron sin papeles y se fueron a Valencia, donde tenían unos amigos. “Allí iba al hospital y me atendían sin ningún problema, no me pedían nada. A los dos meses nos mudamos para Palma, y pensé que sería igual. Pero en el hospital que teníamos más cerca me trataban fatal y me decían que si no estaba empadronada no podían hacer nada”, relata. A través de unos conocidos, la pareja acudió a Médicos del Mundo, donde les remitieron a otro hospital donde sí les atendieron “de una”, sin problemas y sin pedir papeles.
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La norma en vigor deja este resquicio de arbitrariedad. Y cada comunidad autónoma lo gestiona a su manera. Hay algunas que lo han articulado de forma que la atención es inmediata. Pero otras ponen un sinfín de requisitos. No hay datos oficiales, pero Marta Pérez, de Yo Sí, señala Canarias, Castilla y León y Madrid como algunas donde los usuarios se encuentran con más problemas. Médicos del Mundo, que atiende a muchos de los que quedan sin asistencia, suma a esta lista a Galicia.
En Madrid, que ambas organizaciones señalan como la más problemática, hasta que no se acreditan los 90 días de residencia no se puede empezar a pedir la solicitud para la atención sanitaria, que tiene otra lista de espera. Pérez asegura que en Vallecas la demora está en 176 días (adicionales a los tres meses). “Esto afecta también a los niños. Los pediatras se encuentran con menores a los que les faltan banderillas”, asegura.
La Consejería de Sanidad de Madrid no ha aclarado a EL PAÍS cuáles son las esperas medias para el trámite, pero asegura que desde la puesta en marcha de las siete unidades de gestión que existen han facilitado el acceso sanitario público a más de 23.000 extranjeros en situación irregular y que se ha habilitado una octava de refuerzo. “En el caso de solicitantes con necesidades especiales, se dispone de un procedimiento específico para el anticipo de cita que se gestiona a través de los profesionales de Trabajo Social de las Unidades de Tramitación. En todo caso, la atención de urgencias y la continuidad de tratamientos de VIH u otros medicamentos de uso hospitalario están garantizadas a cualquier ciudadano, independientemente de su situación administrativa y de si tiene o no tarjeta sanitaria”, asegura una portavoz.
No es lo que ven en Yo Sí. “La Comunidad de Madrid tiene muy pocos recursos y la gestión está completamente saturada”, dice Rubiño, que ha atendido como letrado varios casos de rechazo de asistencia sanitaria. “El más sangrante”, narra el abogado, “fue de una chica de 21 años, solicitante de asilo político, que tenía leucemia. Necesitaba un trasplante de médula que se retrasó dos o tres meses. Se lo llegaron a hacer, pero murió poco después”.
Rubiño asegura que cuando llegan a los tribunales, ganan los casos. “Algunas comunidades hacen una mala interpretación de la norma, es difícil decir por qué motivos, pero niegan el derecho sanitario en un marco que se lo reconoce a todas las personas de forma muy amplia. ¿Por qué? Porque la ley no es clara y lo permite”, razona.
En los últimos cuatro años, Médicos del Mundo ha recibido 5.000 solicitudes relativas a esta exclusión sanitaria. “Muchos son casos graves”, asegura Nieves Turienzo, su presidenta. Entre ellos, 73 de cáncer, 53 cardiovasculares, 80 de diabetes, 68 de hipertensión aguda, 28 enfermedades respiratorias graves, 80 de salud mental y 77 casos de VIH. “Esto rompe con la norma de la obligación de asistencia a personas que necesitan tratamiento por una enfermedad infecto-contagiosa. Sin tratamiento, evidentemente van a subir los contagios”, afirma Turienzo, quien cree que esto es solo la punta del iceberg: “Habrá muchas otras situaciones que no detectamos”.
El problema del acceso al aborto
Casos críticos son los de las interrupciones voluntarias del embarazo. Cristina (nombre ficticio) se quedó embarazada el verano pasado. A las dos semanas decidió ponerle término. La joven argentina tenía 26 años y había migrado a España ocho meses antes, pero, en plena crisis del cobi19, aún no tenía ni papeles ni trabajo. No estaba empadronada ni tenía tarjeta sanitaria. En julio acudió a su centro de salud en Almería para pedir el aborto, donde la derivaron a una clínica acreditada. Allí, al no tener acceso a la sanidad pública, le dijeron que le cobrarían el procedimiento, hasta 500 euros. “Yo no tenía absolutamente nada, no lo podía pagar”, recuerda. “Tenía ganas de quitarme la vida”.
Es un requisito que muchas no pueden cumplir, según denuncia Estefanny Molina, abogada y experta en salud reproductiva en Women’s Link. “Estamos hablando de una ley del aborto que reconoce el derecho con plazos estrictos, por lo que a menudo intentar conseguir el empadronamiento de 90 días puede hacer que se pasen del plazo y simplemente no puedan acceder al aborto. En ese caso, estas mujeres se enfrentan a maternidades no deseadas”, señala.
Organizaciones que acompañan a mujeres en esta situación destacan la realidad de migrantes atrapadas en la prespitación o víctimas de trata sensual, quienes a veces se quedan embarazadas por agresiones que sufren mientras ejercen la prespitación. En 2019, Women’s Link y la Comisión para la Investigación de Malos Tratos denunciaron ante el Defensor del Pueblo los “obstáculos y demoras” a las que fueron sometidas seis mujeres migrantes sin autorización para vivir en España que, entre 2016 y 2018, intentaron abortar en la Comunidad de Madrid. Entre ellas estaba una mujer víctima de trata, embarazada de nueve semanas. Esperó 15 días el documento de asistencia sanitaria. Cuando por fin lo obtuvo, llevaba 11 semanas embarazada, cercano al límite legal de 14.
Sanidad asegura que la modificación legal que llegará al Congreso de forma inminente solucionará todos estos problemas. Pero el borrador, del pasado noviembre, no deja del todo tranquilas a las organizaciones que pelean por estos derechos, que creen que necesitará enmiendas en el Parlamento para no caer en el mismo error que la modificación de 2018. “Pedimos que la nueva ley garantice explícitamente la atención sanitaria con cargo a las arcas públicas a todas las personas que residan en España, sin ningún requisito”, resume la presidenta de Médicos del Mundo.
