ciberecovero
Será en Octubre
Los 50.000 inversores pillados en solares: jubilados, agricultores, maestros, mecánicos, fontaneros...
PUBLICADO 30/07/2013 04:00
Antonio Arévalo y Ángel Cañizares son dos agricultores de Pozoblanco (Córdoba). Arévalo, además, cuenta con una pequeña empresa de azulejos que por razones obvias ahora no pasa por sus mejores momentos.
Ellos dos y muchos otros ciudadanos del pueblo en el que murió Paquirri decidieron, a finales de la pasada década, meter sus ahorros en un negocio interesante: el desarrollo de la energía solar fotovoltaica, premiada con altas rentabilidades (se ofrecían retornos superiores al 15% en 2008), con el aval del Estado, con la tranquilidad que da recibir una concesión de explotación a 25 años y, cómo no, con la satisfacción personal que supone luchar contra el cambio climático, evitar emisiones de CO2, crear un proyecto de energía renovable y, además, contribuir al desarrollo de la España rural.
Vamos, una perita en dulce. Entre los vecinos del pueblo se corrió la voz de que se estaban poniendo en marcha pequeños huertos solares de entre 50 y 100 kilovatios. "Profesores de instituto, jubilados, agricultores, pequeñas y medianas empresas de la zona y mucha más gente nos metimos en el negocio. Cada propietario compró una parte, aquello que cada uno pudo o quiso comprar, y se hizo un parque grande, formado por unas 55 plantas, creando un gran huerto solar en Pozoblanco", señala Arévalo en conversación telefónica con Vozpópuli.
No había problemas de financiación. Los bancos en aquella época daban créditos hipotecarios al 100%, vendían preferentes o concedían préstamos para cualquier proyecto empresarial. Y en el caso fotovoltaico, los apalancamientos eran de entre el 80% y 90% para las plantas de entre 50 y 100 kilovatios.
Los pequeños ahorradores de la zona se enrolaron en los proyectos con créditos que van desde los 200.000 a los 600.000 euros, representando éstos entre el 80% y 90% del coste total de la inversión. Pero poco pudieron disfrutar de la prometida rentabilidad: en 2010, el Gobierno de Zapatero, el mismo que sentó las bases de la burbuja fotovoltaica en su primera legislatura, les pegó el primer hachazo.
Se limitaron las horas de generación eléctrica que recibían prima por producir, de unas 1.600 horas a las dichosas 1.250 horas, "de forma que cuando llega el 28 o 29 de agosto, nuestra planta deja de cobrar la prima de producción y la luz la cobras al precio de mercado.
La energía solar abrasa los ahorros de 55.000 familias
El estallido de la burbuja fotovoltaica por los recortes del Gobierno ha atrapado a grandes fortunas y a pequeños inversores
Plataforma solar en Sanlúcar la Mayor, cerca de Sevilla. / Marcelo del Pozo-Reuters
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
VALLADOLID
Lunes, 12 agosto 2013, 14:25
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
El ingeniero catalán Ángel Miralda invirtió la indemnización que recibió por su prejubilación en IBM y buena parte de sus ahorros. Además pidió un crédito avalado con su casa. Juntó en total 500.000 euros que colocó en una planta fotovoltaica de Huesca (su aportación fueron 50 kilovatios) con la idea de asegurarse unas ganancias que complementasen su pensión. Ahora tiene 65 años y puede perder la vivienda. Los sucesivos recortes aplicados a las renovables por los Gobiernos de Zapatero y Rajoy el último hace solo unas semanas han desbaratado sus planes y los ingresos no cubren los gastos.
La situación de Juan José Palau es igual de desesperada. Este valenciano de 38 años también se dejó encandilar por las generosas primas que prometía la legislación española en 2007 para las tecnologías limpias. No solo metió sus ahorros sino también los de sus padres y sus suegros en un parque solar.
Algo similar le ocurrió al zamorano Juan Manuel Valvuena, de 47 años, que decidió cambiar de actividad y vendió su bar en Toro para generar energía solar. Ahora está al borde de la ruina y sin perspectivas. Estas tres historias son sólo una muestra de las miles de pequeñas tragedias que se encuentran detrás de cada pequeña planta fotovoltaica.
Miralda, Palau y Valvuena son tres de los afectados que han prestado su rostro y testimonio a la campaña de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier). Con ella se pretende evidenciar que no solo hay grandes fondos de inversión nacionales y extranjeros en este negocio. Es cierto que la inversión fotovoltaica se convirtió en una de los productos estrella de los gestores de grandes patrimonios cuando en 2007 la burbuja inmobiliaria comenzó a perder aire. Pero también hay pequeños ahorradores 55.000, según Anpier, muchos del entorno rural, que confiaron en las promesas del Boletín Oficial del Estado (BOE) para colocar sus ahorros e incluso el dinero de su jubilación.
El fotovoltaico parecía un negocio redondo en 2007, cuando la legislación española remuneraba esta tecnología a 450 euros el megavatio hora, diez veces por encima del precio de la electricidad en el mercado mayorista. Esta voluminosa prima suponía una rentabilidad cercana al 12% para la inversión en parques solares, una cifra muy por encima de cualquier otra alternativa. Se produjo entonces un verdadero 'boom' que desbordó la planificación del Gobierno. A finales del año 2008 había 3.463 megavatios de potencia (en la actualidad hay conectados 4.588 MW) cuando la previsión era de 500. Un desmadre.
En Castilla y León
Uno de cada diez megavatios instalados 485 exactamente lo están en Castilla y León, que se sitúa así como la cuarta comunidad por detrás de Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura. La región cuenta con algo más de 1.000 productores de un sector que emplea a cerca de 1.300 personas, entre fabricantes e instaladores. Castilla y León, con una decena de plantas de material fotovoltaico, es la primera comunidad autónoma productora del sector.
La expansión de instalaciones se repartió en los últimos años a partes iguales entre empresas del sector, fondos de inversión y particulares. En esa época la crisis todavía no había hecho estragos y la banca no tuvo ningún problema en financiar los proyectos hasta en un 100% de su cuantía. Se calcula que su exposición a esta burbuja, que puede estallarle en las manos como la inmobiliaria, asciende a 20.000 millones de euros. Lo más habitual entre los pequeños ahorradores era pedir el 80% para una inversión de entre 200.000 y 500.000 euros. El crédito se amortizaba en 10 o 15 años y a partir de ahí los ingresos eran todos para el particular. Por eso muchos se lo plantearon como un complemento de la pensión.
Pero llegó la crisis y con ella una enorme presión para meter en cintura el exorbitante déficit de tarifa. El Gobierno de Zapatero, el mismo que infló la burbuja en 2007, fue el que comenzó a pincharla en 2010. Primero un real decreto que exigía nuevas adaptaciones técnicas y limitaba la remuneración a 25 años. Unos meses más tarde, otro más duro todavía que recortaba las horas con derecho a prima hasta el punto de que muchas instalaciones agotan el cupo a finales de agosto. Con Rajoy la cosa no mejoró. Todo lo contrario. A primeros de este año entró en vigor un impuesto del 7% y la no actualización de las tarifas conforme al IPC. En total, un tijeretazo del 40% en los ingresos.
El último golpe fue a mediados de julio, pero todavía faltan aclaraciones para poder calibrarlo. La reforma energética aprobada el día 12 elimina el sistema de primas vigente hasta ahora y lo sustituye por la promesa de una «rentabilidad razonable» del 7,5%, ligada a unos estándares de inversión todavía por definir. El sector está sumido en la incertidumbre porque no sabe a lo que se enfrenta. Los augurios son malos dado que el Gobierno prevé obtener un ahorro del 15% que se sumaría al 40% ya aplicado.
«A ver qué consideran un proyecto estándar y eso de la remuneración del 7,5% hay que matizarlo. Si le aplicas el impuesto ya es un 5,2% y sin tener en cuenta los costes financieros», denuncia José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica (Unef), que advierte de que muchos inversores van a quedar abocados a la quiebra y obligados a entregar la instalación al banco.
Esas son las grandes cifras. Juan Antonio Cabrero, delegado de Anpier en Navarra, aporta las suyas propias, las de su desgracia particular. «En 2008 trabajaba en una empresa china de paneles solares. Me ofrecieron entrar en un parque de 1 MW. Invertí 100.000 euros en 10 kilovatios. Contraté un crédito con Caja Navarra por el 80% de esa cantidad a diez años, con la garantía de mi vivienda. Me lo planteé como un plan de pensiones», relata. Pero sus cálculos han saltado por los aires. La previsión era ingresar 8.700 euros al año y pagar al banco 9.000 durante los diez años del préstamo. Con los recortes a las primas, afronta un agujero anual de 3.700 euros y el temor a otro tijeretazo cuando se concrete la última reforma.
La jubilación
«Tengo 57 años y se han volatilizado mis planes para la jubilación. Pero hay mucha gente en peor situación que yo. Por lo menos tengo trabajo y puedo aguantar, aunque es duro saber que puedes perder la casa», señala. Navarra es, junto con Murcia y Cataluña, una de las comunidades con más afectados.
Los inversores atrapados en la energía solar se comparan con los preferentistas y afirman que su caso presenta además la agravante de que no es un banco el que les ha engañado sino el Gobierno, con los sucesivos cambios regulatorios. Denuncian que se ha metido la tijera a las renovables para no desairar al lobby eléctrico. «Solo así se explica que en la última reforma energética no se haya tocado para nada la formación del precio en el mercado mayorista, principal causa del déficit de tarifa», señala un alto ejecutivo del sector. Las compañías tradicionales responden que no tiene sentido que la fotovoltaica se lleve el 30% de las primas a las renovables 1.597 millones de euros en el primer semestre si solo cubre el 3,5% de la demanda.
