Nacho Escolar se pone serio y escribe un artículo en el que según él "desmonta los bulos de Abascal en el debate

fieraverde dijo:

Que cara de estulto tiene el colega..

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a) El art. 155.1 CE no especifica las medidas en las que puede materializarse la coerción estatal, pues elude tasar las que el Gobierno puede proponer y la Cámara Alta autorizar. Tampoco exige que las medidas aprobadas por el Senado hayan de ser necesariamente autoaplicativas, en el sentido de que no requieran ulteriores disposiciones y actos de aplicación. El art. 155.1 permite tomar “las medidas necesarias”, y las que se adopten en cada caso dependerán de la gravedad del incumplimiento o del atentado al interés general; se otorga así a los órganos constitucionales llamados a su aplicación un margen de discrecionalidad para la determinación de las medidas que procedan atendiendo a la situación que se trata de afrontar.No es admisible, por tanto, como pretende la demanda, que las “medidas necesarias” hayande agotarse en la imposición de obligaciones de hacer a la comunidad autónoma, lo que en ningún caso se infiere del precepto constitucional;tampoco pueden confundirse tales

70medidas con las instrucciones a que alude el art. 155.2, y que, a efectos de su ejecución,puede el Gobierno dirigir a las autoridades autonómicas. Las instrucciones y la potestad de impartirlas a que se refiere el art. 155.2 no son propiamente una medida,sino un excepcional instrumento jerárquico, previsto en la propia Constitución y puesto a disposición del Gobierno,para conseguir ejecutar las “medidas necesarias”.b) Entre las “medidas necesarias” pueden llegar a estar, en atención a las circunstancias, las de carácter sustitutivo mediante las que la Cámara apodere al Gobierno para:i) subrogarse en actuaciones o funciones de competencia autonómica; u ii) ocupar el lugar, previo desplazamiento institucional, de determinados órganos de la comunidad autónoma. En cuanto a lo primero, el ejercicio por el ejecutivo estatal de determinadas actuacionesparaimponer a la comunidad autónoma el “cumplimiento forzoso” de sus obligaciones constitucionales o legales incumplidas, o para la “protección” del interés nacional frente al que hubiere atentado gravemente. Esa posible sustitución, que no es factible en las relaciones competenciales entre las comunidades autónomas y el Estado,sí lo es en el procedimiento instituido en el art. 155 CE;ámbito en el que los órganos del Estado son llamados por la Constitución a limitar la autonomía,en mayor o menor medida, no a título competencial, sino para garantizar la integridad del orden constitucional frente a contravenciones del mismo noreparables por las vías ordinarias de control.Por la misma razón, la amplitud del concepto constitucional de “medidas necesarias”, a los efectos del art. 155 CE, puede amparar la asunción íntegra por el Gobierno, si el Senado así lo considerara, de todas las funciones que corresponden a un determinado órgano u órganos de la comunidad autónoma, sustituidos por el Gobierno o por quien él designe. Esta sustitución no implica, sin embargo,la supresión de la comunidad autónoma, pues ésta subsiste como tal durante la intervención coercitiva, aun cuando sean los órganos estatales los que, a ciertos efectos, decidanpor ella;siendo de advertir queen el desempeño de las funciones de sustitución el Gobierno o las autoridades que al efecto pudiera llegar a designar, quedarían siempre sujetos al deber de observar un comportamiento leal para con la comunidad autónoma así intervenida.El art. 155 permite así constreñir o limitar la autonomía que la Constitución garantiza a las comunidades autónomas por medio de sus respectivos Estatutos. Consecuentemente, la apreciación acerca de la validez o invalidez de las reglas adoptadasy aquí recurridas no puede

71hacerse por referencia a las normas que en el bloque de constitucionalidad delimitan la autonomía, sino atendiendo a la norma constitucional que permite excepcionar o desplazar aquellas normas

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