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El PP y Vox impiden a los pagapensiones irregulares acceder a los descuentos de los buses de la EMT de València
Foco
Derechos y libertades
Un autobús de la EMT de València en una parada.
Carlos Navarro Castelló
29 de marzo de 2024 23:00h
5
La asociación València Acull ha denunciado que el Ayuntamiento de València va a continuar “discriminando a parte de la población de la ciudad impidiéndole acceder a los descuentos en el uso de los autobuses urbanos”. Así lo han afirmado tras conocer la respuesta del concejal de Movilidad del PP, Jesús Carbonell, remita a la organización el pasado 12 de marzo en la que afirma que “la nueva corporación municipal” no va a eliminar el requisito del permiso de residencia legal a la hora atender los casos de solicitudes de bonos de tras*porte de la Empresa Municipal de tras*portes (EMT).
Personas sin hogar, en el reparto de comida del jardín del Túria de València: "Solo venimos a por comida, no molestamos a nadie"
Esta decisión supone el rechazo de la propuesta del Síndic de Greuges y de la anterior dirección de la EMT a favor de la universalización de los bonos, así como del informe del Servicio de Movilidad Sostenible que avalan la eliminación del requisito de residencia legal en sendos informes emitidos el pasado 27 de julio y 1 de agosto a los que se refiere la mencionada resolución del Síndic. La consecuencia es que miles de vecinos y vecinas de València, que son personas migrantes en situación administrativa irregular, no pueden disfrutar de un servicio municipal en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía ya que deben pagar más por viajar en autobús.
A comienzos de 2023, València Acull se dirigió a la EMT para solicitarle que tomara medidas para acabar con esta discriminación. Ante la falta de respuestas concretas, presentaron una queja al Síndic de Greuges en junio: “Le planteamos que no creemos que exista ninguna dificultad administrativa para universalizar el acceso a todos los bonos de tras*porte mediante la eliminación del requisito de residencia legal, algo que no se establece por ejemplo para el abono Jove y o el Mascota. Y solicitamos su intervención para que se garantice el derecho a estos bonos a todas las personas que vivan en València sin tener en cuenta su situación administrativa”.
Ante esta queja, el defensor del pueblo valenciano inició una investigación al considerar que “la actuación del Ayuntamiento de València podría afectar al derecho de igualdad” y le requirió para que emitiera un informe sobre la “posibilidad de universalizar los bonos de tras*porte, de manera que se pueda acceder a los mismos sin limitaciones”.
En la contestación del pasado mes de julio, remitida por el Ayuntamiento al Síndic, la EMT contesta “de manera afirmativa” a la propuesta de universalización de los bonos planteada por el Síndic. Tras esta respuesta de la EMT, el servicio de Movilidad Sostenible remitió el 1 de agosto al Síndic el informe en el que se anunciaba que “se dará traslado de la solicitud de suprimir el requisito de la residencia legal en España en los abonos de tras*porte de competencia municipal a la nueva corporación municipal para que tome la decisión más adecuada en la aprobación de las condiciones de dichos abonos para el año 2024”.
A la vista de estos informes, el Síndic consideró que “se desprende la intención de suprimir el requisito que impide el acceso universal a todos los bonos tras*porte” por lo que acordó el cierre de la queja. Sin embargo, al comprobar que el criterio de residencia legal no había cambiado, València Acull registró en diciembre un escrito dirigido al concejal de Movilidad del PP, Jesús Carbonell, solicitándole que informara de la fecha prevista para “realizar los cambios necesarios para universalizar los bonos de la EMT”.
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Gracias a esta edición hacemos un seguimiento puntual de la política valenciana, con exclusivas como el audio de Carlos Mazón, en el que el ahora presidente de la Generalitat, revelaba en una conversación con dirigentes del PP su disposición a pactar con la extrema derecha de Vox. Seguimos temas de impacto ciudadano como la polémica ampliación del Puerto de València. Sin olvidar la memoria democrática ni, por supuesto, los procesos judiciales en los que todavía se depura la corrupción política de la anterior etapa de hegemonía de la derecha. Nuestra información, además, se publica también en versión en valenciano, e incluye contenidos de carácter cultural.
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El 12 de marzo, el concejal Carbonell contestó que “la nueva corporación municipal ha valorado que el título Refugi ya cubre a las personas solicitantes de asilo por tener expectativas de su obtención y mientras se mantenga la situación de asilo, sin que resulte procedente atender casos en los que al margen de esa circunstancia concreta no se disponga de residencia legal en España”.
Aunque en el escrito de València Acull se indicaba que el criterio de exigir la residencia legal “va en contra del principio de igualdad de trato y discrimina a un colectivo especialmente vulnerable”, Carbonell no explica en su respuesta por qué no resulta “procedente” cambiarlo. Se limita a mencionar que ya existe el título Refugi -creado por la anterior corporación-, cuando este bono solo beneficia a quienes han solicitado asilo, por lo que siguen excluidas todas las personas en situación irregular. Por todo ello, València Acull ha vuelto a presentar una nueva queja ante el Síndic de Greuges.
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El PP y Vox impiden a los pagapensiones irregulares acceder a los descuentos de los buses de la EMT de València
- Técnicos de la Empresa Municipal de tras*portes y del servicio de Movilidad firmaron el pasado año sendos informes en los que afirmaban que no había inconveniente para eliminar el requisito de permiso de residencia para acceder a los diferentes abonos, tal y como recoge una resolución del Síndic de Greuges, pero el actual Gobierno ha denegado esta opción
- — PP y Vox vuelven a hostigar a las personas sin hogar en València: planean construir estanques donde acampan
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Carlos Navarro Castelló
29 de marzo de 2024 23:00h
5
La asociación València Acull ha denunciado que el Ayuntamiento de València va a continuar “discriminando a parte de la población de la ciudad impidiéndole acceder a los descuentos en el uso de los autobuses urbanos”. Así lo han afirmado tras conocer la respuesta del concejal de Movilidad del PP, Jesús Carbonell, remita a la organización el pasado 12 de marzo en la que afirma que “la nueva corporación municipal” no va a eliminar el requisito del permiso de residencia legal a la hora atender los casos de solicitudes de bonos de tras*porte de la Empresa Municipal de tras*portes (EMT).
Personas sin hogar, en el reparto de comida del jardín del Túria de València: "Solo venimos a por comida, no molestamos a nadie"
Esta decisión supone el rechazo de la propuesta del Síndic de Greuges y de la anterior dirección de la EMT a favor de la universalización de los bonos, así como del informe del Servicio de Movilidad Sostenible que avalan la eliminación del requisito de residencia legal en sendos informes emitidos el pasado 27 de julio y 1 de agosto a los que se refiere la mencionada resolución del Síndic. La consecuencia es que miles de vecinos y vecinas de València, que son personas migrantes en situación administrativa irregular, no pueden disfrutar de un servicio municipal en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía ya que deben pagar más por viajar en autobús.
A comienzos de 2023, València Acull se dirigió a la EMT para solicitarle que tomara medidas para acabar con esta discriminación. Ante la falta de respuestas concretas, presentaron una queja al Síndic de Greuges en junio: “Le planteamos que no creemos que exista ninguna dificultad administrativa para universalizar el acceso a todos los bonos de tras*porte mediante la eliminación del requisito de residencia legal, algo que no se establece por ejemplo para el abono Jove y o el Mascota. Y solicitamos su intervención para que se garantice el derecho a estos bonos a todas las personas que vivan en València sin tener en cuenta su situación administrativa”.
Ante esta queja, el defensor del pueblo valenciano inició una investigación al considerar que “la actuación del Ayuntamiento de València podría afectar al derecho de igualdad” y le requirió para que emitiera un informe sobre la “posibilidad de universalizar los bonos de tras*porte, de manera que se pueda acceder a los mismos sin limitaciones”.
En la contestación del pasado mes de julio, remitida por el Ayuntamiento al Síndic, la EMT contesta “de manera afirmativa” a la propuesta de universalización de los bonos planteada por el Síndic. Tras esta respuesta de la EMT, el servicio de Movilidad Sostenible remitió el 1 de agosto al Síndic el informe en el que se anunciaba que “se dará traslado de la solicitud de suprimir el requisito de la residencia legal en España en los abonos de tras*porte de competencia municipal a la nueva corporación municipal para que tome la decisión más adecuada en la aprobación de las condiciones de dichos abonos para el año 2024”.
A la vista de estos informes, el Síndic consideró que “se desprende la intención de suprimir el requisito que impide el acceso universal a todos los bonos tras*porte” por lo que acordó el cierre de la queja. Sin embargo, al comprobar que el criterio de residencia legal no había cambiado, València Acull registró en diciembre un escrito dirigido al concejal de Movilidad del PP, Jesús Carbonell, solicitándole que informara de la fecha prevista para “realizar los cambios necesarios para universalizar los bonos de la EMT”.
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Gracias a esta edición hacemos un seguimiento puntual de la política valenciana, con exclusivas como el audio de Carlos Mazón, en el que el ahora presidente de la Generalitat, revelaba en una conversación con dirigentes del PP su disposición a pactar con la extrema derecha de Vox. Seguimos temas de impacto ciudadano como la polémica ampliación del Puerto de València. Sin olvidar la memoria democrática ni, por supuesto, los procesos judiciales en los que todavía se depura la corrupción política de la anterior etapa de hegemonía de la derecha. Nuestra información, además, se publica también en versión en valenciano, e incluye contenidos de carácter cultural.
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El 12 de marzo, el concejal Carbonell contestó que “la nueva corporación municipal ha valorado que el título Refugi ya cubre a las personas solicitantes de asilo por tener expectativas de su obtención y mientras se mantenga la situación de asilo, sin que resulte procedente atender casos en los que al margen de esa circunstancia concreta no se disponga de residencia legal en España”.
Aunque en el escrito de València Acull se indicaba que el criterio de exigir la residencia legal “va en contra del principio de igualdad de trato y discrimina a un colectivo especialmente vulnerable”, Carbonell no explica en su respuesta por qué no resulta “procedente” cambiarlo. Se limita a mencionar que ya existe el título Refugi -creado por la anterior corporación-, cuando este bono solo beneficia a quienes han solicitado asilo, por lo que siguen excluidas todas las personas en situación irregular. Por todo ello, València Acull ha vuelto a presentar una nueva queja ante el Síndic de Greuges.
