El cipotecón
Madmaxista
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Así es amigos. No hay dinero para farmacias pero sí para las selecciones deportivas catalanas, que son una entidad privada, para La Vanguardia, para embajadas, para Omnium cultural, la ANC y su querida progenitora.
Hace años que tenían que haber fiscalizado lo que prestan a estos delincuentes. Total, como se van a independizar y son muy astutos, después echarán cuentas...o no.
Que le pidan el dinero al maestro armero. :
El coste oculto de la independencia
Hace años que tenían que haber fiscalizado lo que prestan a estos delincuentes. Total, como se van a independizar y son muy astutos, después echarán cuentas...o no.
Que le pidan el dinero al maestro armero. :
EL COSTE OCULTO DE LA INDEPENDENCIA
La Generalitat de Cataluña lleva gastados alrededor de 500 millones de euros en promocionar la secesión del resto del Estado.
El Gobierno catalán ha gastado ya cientos de millones de euros, si se suman las partidas dedicadas directamente al referéndum, a la acción exterior para dar a conocer el “conflicto catalán” en el mundo, al mantenimiento de las polémicas embajadas, a subvenciones relacionadas con la identidad catalana, al Museo del Born (un macroproyecto estrictamente barcelonés), y a los actos para conmemorar el Tricentenario de 1714, año en que Barcelona fue conquistada por las tropas de Felipe V. “Aventurar una cifra es muy arriesgado, porque hay partidas escondidas dentro de conceptos como publicaciones, imprentas o fomento cultural que pasan desapercibidas. Se podría hablar de unos 500 millones de euros en estos dos últimos años. Pero la realidad podría disparar la cifra hasta más del 10% del presupuesto”, dice a Tiempo el diputado del PP José Antonio Coto. Y el presupuesto del Gobierno catalán supera los 30.000 millones anuales, lo cual da una idea de las cifras de vértigo que se manejan.
No obstante, el mejor espejo para atisbar por dónde van los tiros y cuáles son los dineros oscuros de la independencia son los presupuestos para 2014. Desde las elecciones del 25 de noviembre de 2012, Cataluña tuvo que funcionar con sus presupuestos prorrogados, puesto que la minoría parlamentaria de CiU le impidió aprobar sus cuentas anuales el año pasado. Pero hace escasos días, Artur Mas pudo aprobar sus primeros presupuestos en esta legislatura, que salieron adelante con el apoyo de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). El resto de los partidos los rechazaron. Para algunos de los partidos opositores, lo que se aprobó fue un mecanismo que está dirigido exclusivamente a la creación de estructuras de Estado y de campaña proindependencia. Para el Gobierno, son “los presupuestos más sociales de la última década, los que tienen un mayor porcentaje de gasto destinado a ayudar a los ciudadanos y las familias”.
Uno de los puntos más conflictivos fue la inclusión de una partida en Vicepresidencia de 5.075.000 euros para consultas populares. Esta partida, ampliable a 15 millones, hizo que el PP llevase en diciembre los presupuestos al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) y retrasase su aprobación por el Parlamento hasta este mes de enero. El CGE dio, finalmente, el visto bueno a la partida.
Las subvenciones.
Pero estos pocos millones son solo la punta del iceberg. “Hemos detectado ayudas de 65 millones de euros a las entidades que apoyan el Pacto por el derecho a decidir”, explica Coto. Ese organismo, creado el pasado 26 de junio, engloba a más de una cincuentena de las entidades más representativas de la sociedad catalana, incluyendo a los agentes sociales y a las patronales, excepción hecha de la gran patronal Fomento del Trabajo.
UGT y CCOO recibieron 2,8 y 2,3 millones respectivamente. USO apenas sobrepasó los 575.000 euros y la patronal Cecot se sitúa en 661.000 euros, mientras que Unió de Pagesos, el sindicato agrario, se benefició de casi 410.000 euros. Quien se lleva la palma de las subvenciones identitarias, no obstante, es Òmnium Cultural, que pasa por ser la entidad cívica con más peso de Cataluña: casi 3,2 millones de euros desde 2011. El Consejo Nacional de la Juventud, integrante, asimismo, del Pacto por el Derecho a Decidir, se llevó en el mismo periodo más de 890.000 euros, mientras que el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (Conca) recibió 20,6 millones. La Plataforma por la Lengua y el colectivo L’Esbarzer recibieron, asimismo, 934.800 euros en este periodo, mientras que un organismo parecido, el Ciemen, se conformó con 179.000 euros. Los populares destacan también como partidas importantes los más de 13 millones de euros de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (Ufec), los 10,7 millones del Institut d’Estudis Catalans (IEC) y los 753.000 euros de la Asociación de Publicaciones Periódicas en Catalán (APPC). El PP confeccionó un listado con subvenciones del año 2013 “con un motivo muy definido, claramente vinculado al soberanismo”. Esas partidas se sitúan en torno a los 300.000 euros.
La acción exterior.
Los populares identifican también un dispendio de 35 millones de euros destinados a mantener la red de delegaciones y embajadas en el exterior. El presupuesto de Diplocat, la organización que se encarga de esa red, también se duplica, y pasa en 2014 de 1,3 a 2,6 millones de euros. “Y luego, los actos del Tricentenario: solo en el Museo del Borne, el Ayuntamiento de Barcelona ha presupuestado 84 millones de euros que no están pagados todavía. Lo han hecho en base a su endeudamiento”.
Desde el Gobierno se rechaza que el gasto en relaciones externas sea muy elevado. “De hecho, hay algunos conceptos y partidas que son inferiores a los de otras comunidades. Pero como estos son de Cataluña, parece que hay bula para cargar contra ellos. Lo que se denominan ‘embajadas’ son en realidad oficinas de representación y existen las de Cataluña como existen las de Madrid, Asturias o La Rioja. Son mecanismos que tenemos los Gobiernos autonómicos para desarrollar nuestras políticas y estrategias exteriores, captar inversiones, etcétera”, explica a Tiempo una fuente de la Generalitat. Pero reconocen, no obstante, que las embajadas catalanas tienen un plus más de política que las de cualquier otra comunidad.
A esos 200 millones largos desgranados hasta aquí, el PP añade el gasto que supone la creación de diversas “estructuras de Estado”. “La estructura política de Cataluña está sobredimensionada. Para empezar, tenemos un Parlamento con 135 diputados, cuando otras comunidades, por ejemplo, Andalucía, con un millón más de habitantes, tiene solo 109 diputados Y aquí tenemos también 200 organismos autónomos públicos, si contamos agencias, consorcios o entes autónomos. Y tenemos 40 consejos comarcales, una superestructura en la que enterramos cada año 600 millones de euros y que sirven exclusivamente para repartir dinero a los amiguetes, puesto que todos ellos están controlados por CiU y ERC. Para el Centro de Seguridad de la Información (Cesicat), el organismo que debía desarrollar el CNI catalán, este año habrá un presupuesto multiplicado por cinco y según el proyecto que había sobre la mesa, pensaban llegar a 30 millones anuales. En resumen, lo que existe es una política brutal de clientelismo”, explica José Antonio Coto.
Desde el Gobierno se rechazan algunas partidas identificadas como de “estructuras de Estado”. Un ejemplo: el Cesicat multiplica por cinco su presupuesto pero “no es porque se quiera hacer una agencia de espionaje, sino porque su personal aumentó de 9 a 23 personas. Y ese personal, así como la dotación presupuestaria, no es que se crease nueva, sino que se trata de una partida traspasada del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI). Por tanto, lo que se hizo fue reforzar el Cesicat, que es quien debe velar por la seguridad de las redes de comunicación de la Administración, en detrimento del CTTI”. Para la oposición, no obstante, “el refuerzo del Cesicat demuestra la importancia que este organismo tiene para el Gobierno. Y si no se convierte en el CNI catalán es porque su proyecto ha salido a la luz”.
Y se rechaza también que se quiera ver despilfarro en otras iniciativas, como la creación de consejos asesores o similares, ya que sus integrantes no cobran. Sin embargo, en la penumbra se mantienen incógnitas sobre cuánto cuesta, por ejemplo, la estructura fiscal que está montando silenciosamente el Gobierno autonómico para encararse en su momento al fisco español. En la estructura que diseña trabajan ya decenas de personas que suponen un desembolso importante para el erario. Y, además, se han encargado sucesivos informes que inciden directamente en la estrategia de crear estructuras paralelas que también suponen gasto público. Pero esta política de gasto se mantiene en absoluto secreto para no dar argumentos a la oposición... ni a la ciudadanía.
¿Voto electrónico?
En Ciutadans, las cuentas no son muy diferentes de las del Partido Popular: “El Diplocat dobla su presupuesto, pero la Secretaría de Asuntos Exteriores contará también con más de 9 millones de euros este año. Y estamos estudiando una partida de casi 367 millones de euros del CTTI, que gestiona toda la red tecnológica del Gobierno. Este organismo repartirá ese dinero entre las consejerías pero hay partidas que no sabemos a qué están destinadas. Hay informaciones que apuntan a que una empresa con fuertes vinculaciones políticas quiere vender la tecnología del voto electrónico a la Generalitat, lo que no está previsto en ninguna norma”, explica a Tiempo Carina Mejías, portavoz de Ciutadans. El gasto en este sistema podría ser, en principio, cubierto con la partida abierta en Vicepresidencia.
Ciutadans critica especialmente el gasto en subvenciones a entidades que defienden aspectos identitarios. “Hay asociaciones que solo se dedican a publicitar el etiquetaje en catalán o a amplificar el discurso independentista y que viven del erario público. Algunas entidades incluso reciben dinero para objetivos que no son los suyos. Y otras entidades interfieren en administraciones ajenas. Por ejemplo, Acció Cultural del País Valencià recibió más de un millón de euros, entre otras cosas, para pagar la hipoteca de su sede central en el edificio El Siglo de Valencia. Y la asociación Amics de La Bressola, del sur de Francia, recibió más de 420.000 euros. La Obra Cultural Balear también se embolsó 85.500 euros para la promoción de la lengua en Baleares, como si el Gobierno de las islas no la promocionase suficientemente. Y Òmnium Cultural se llevó casi 1,4 millones”, añade Carina Mejías.
En el Gobierno catalán rebaten las acusaciones de la oposición. “Mezclan conceptos y acaban por presentar una visión totalmente manipulada de todos los temas. Por ejemplo, las subvenciones a las entidades del Pacto por el Derecho a Decidir no fueron concedidas por el hecho de formar parte de ese pacto, sino que son subvenciones que las entidades reciben todos los años. Y no solo bajo los Gobiernos de CiU, sino que ya recibían las ayudas antes, con el Gobierno tripartito. En otras comunidades, se dan subvenciones similares y por conceptos iguales en muchas ocasiones. Por tanto, el argumento de querer presentar estas ayudas como un pago de favores queda totalmente desacreditado”, explica a Tiempo una fuente de la Generalitat.
Los socialistas, cautos.
Carina Mejías detalla más gastos asociados a la independencia: “Para los actos del Tricentenario, el Gobierno catalán ha presupuesto más de 3 millones de euros. Y el Ayuntamiento de Barcelona, 2,5 millones. A ello, hay que sumar los más de 80 millones del Museo del Born, en el lugar donde debía ir la biblioteca provincial, que ya estaba pactada y presupuestada”. Y critica con especial intensidad que una de las actividades de la comisión del Tricentenario es promover que la gente “vaya al Arco de Triunfo con una tableta y, en un mapa dibujado en el suelo, si uno se pone en determinado lugar, la tableta relata una batalla y el momento de la misma”.
Más cautos se muestran los socialistas. “Nosotros solo sumamos la partida abierta destinada a la consulta, el dinero que se va a Diplocat y las partidas de los actos del Tricentenario, en total, alrededor de 15 millones. Lo que se llama gasto ideológico es más discutible. Subvenciones existen en todos los Gobiernos, aunque aquí son muy exagerados con ese tema. Pero, para nosotros, las subvenciones identitarias son solo un argumento accesorio”, señala el diputado del PSC Ferran Pedret.Los socialistas afirman que “lo verdaderamente alarmante es que los presupuestos de Artur Mas no tengan como finalidad la paridad o la disminución de las desigualdades. Estos presupuestos llevan la marca del PP y de CiU y por eso parece increíble que hayan sido avalados por ERC. El único elemento donde se puede notar la marca de ERC es en el notable incremento de tasas”, argumenta el diputado socialista.
El coste oculto de la independencia
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